Según la ENEDIS (2012) la Constitución Política del Perú de 1979 es la primera norma de rango constitucional de un país de América Latina que reconoce los derechos de las personas con discapacidad. Específicamente, el artículo 19 menciona que “la persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad…”. Este artículo constituyó el sustento para la posterior emisión de una primera generación de normas legislativas sobre discapacidad.
En la Constitución Política del Perú de 1993 se explicitan los derechos de las personas con alguna discapacidad o limitación en los artículos 7 (“Todos tienen derecho a la protección de su salud (…) La persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad”) 16 (“El Estado coordina la política educativa (…) Supervisa su cumplimiento y la calidad de la educación. Es deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación adecuada por razón de su situación económica o de limitaciones mentales o físicas”) y 23 (“El trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido que trabajan”). A partir de estos artículos de la Constitución Política del Perú de 1993 se emitieron diferentes leyes sobre discapacidad, siendo las siguientes las más relevantes:
Ley N° 27050, Ley General de la Persona con Discapacidad (diciembre 1998).
Esta Ley tiene por finalidad establecer el régimen legal de protección, de atención de salud, trabajo, educación, rehabilitación, seguridad social y prevención, para que la persona con discapacidad alcance su desarrollo e integración social, económica y cultural.
En su artículo 2 define a la persona con discapacidad como “aquella que tiene una o más deficiencias evidenciadas con la pérdida significativa de alguna o algunas de sus funciones físicas, mentales o sensoriales, que impliquen la disminución o ausencia de la capacidad de realizar una actividad dentro de formas o márgenes considerados normales limitándola en el desempeño de un rol, función o ejercicio de actividades y oportunidades para participar equitativamente dentro de la sociedad”.
Se crea el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) para el logro de los fines y la aplicación de la Ley. El CONADIS tiene como objetivo contribuir a resolver los altos niveles de exclusión de las personas con discapacidad en los ámbitos de la educación, salud, empleo y accesibilidad .
Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad (diciembre 2012)
Esta Ley, pone más énfasis (respecto a la Ley 27050, a la cual deroga) en el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad y en la inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás personas. Este mayor énfasis se pone de manifiesto en la finalidad de la Ley y en la definición de las personas con discapacidad.
Esta Ley tiene la finalidad de establecer el marco legal para la promoción, protección y realización, en condiciones de igualdad, de los derechos de la persona con discapacidad, promoviendo su desarrollo e inclusión plena y efectiva en la vida política, económica, social, cultural y tecnológica. La Ley incluye en su artículo 2 una nueva definición de persona con discapacidad: “La persona con discapacidad es aquella que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente que, al interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno, no ejerza o pueda verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás”.
La Ley establece beneficios en favor de las personas con discapacidad, tales como el establecimiento de cuotas de empleo del 5% como obligación de las entidades públicas y del 3% en la actividad privada, o el derecho a pensiones no contributivas para personas con discapacidad severa. La Ley también precisa las funciones de la Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad (OREDIS) y de la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED).
Ley N° 28683, Ley de Atención Preferente en Lugares de Atención al Público (febrero 2006)
El objeto de la Ley es disponer que en los lugares de atención al público las mujeres embarazadas, las niñas, niños, las personas adultas mayores y con discapacidad, deben ser atendidas y atendidos preferentemente. Asimismo, los servicios y establecimientos de uso público de carácter estatal o privado deben implementar medidas para facilitar el uso y/o acceso adecuado para las mismas.
De esta manera, Perú cumple con lo establecido en la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2006 respecto a la responsabilidad vinculante de los Estados para asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos, económicos, sociales, culturales y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad.
Para Altonji y Blank (1999), la discriminación en los mercados laborales puede definirse como la situación en la que personas que proveen su fuerza laboral y que son igualmente productivas, son tratadas con una inequidad tal que puede relacionarse a características de su raza o etnia. Este trato desigual puede expresarse en diferencias en salarios o en diferencias en las demandas por sus servicios dados un nivel salarial. No obstante, es importante resaltar que las simples diferencias en ingresos no son suficientes para hablar de discriminación.
Una persona puede recibir un menor ingreso debido a que sus menores niveles educativos se reflejan en una menor productividad en su trabajo (Becker, 1993). América Latina es una región con una gran diversidad étnica y es asimismo, después de África, la región con mayor desigualdad de ingresos del mundo (Banco Mundial, 2003). Sin embargo, la investigación académica sobre discriminación étnica no es abundante en la región, a diferencia de la referida a discriminación de género, por ejemplo.
Esto puede explicarse sobre todo por la poca disponibilidad de información sobre el tema en las encuestas nacionales. Cabe señalar, que con el crecimiento de los niveles de ingreso en gran parte de los países de la región, la agenda académica, política y mediática ha pasado de enfocarse en el problema de la pobreza a interesarse más en el problema de la desigualdad en la distribución de dicho crecimiento. Entre los más recientes estudios sobre discriminación salarial destaca el de Atal, Ñopo y Winder (2009), realizado en siete países de América Latina (Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Perú), alrededor del año 2005.
Romero (2007) realiza un estudio sobre las diferencias en el ingreso laboral atribuidas al género y la raza en las trece principales ciudades de Colombia, empleando la metodología de Blinder-Oaxaca para realizar las descomposiciones se encontró, que los individuos que se autoreconocen como negros, mulatos, afrocolombianos o palanqueros reciben en promedio 32% menos de ingresos por hora laborada que los colombianos que no se identifican con estos grupos. La metodología logró explicar el 24% de dicha brecha bruta, por lo que el 8% restante se refiere a la diferencia en la valoración de las características de los individuos, es decir, a la posible presencia de discriminación.
Pena y Wills (2010) estudiaron la brecha de ingresos independientes de indígenas y afrodescendientes en Colombia empleando la metodología de Ñopo, mostrando una brecha menor para los afrodescendientes en comparación a la hallada por Romero (2007). Pena y Wills concluyeron lo siguiente: (i) Las minorías tienen menos probabilidad de acceder a ciertos tipos de empleo y a empleos formales, lo cual representa un tercio de la brecha de indígenas que no puede ser explicada por diferencias de capital humano y género, y aproximadamente un quinto de la población de afro descendientes y (ii) La importancia del lugar de residencia, ya que las minorías viven en lugares más oprimidos, la cual representa casi toda la parte no explicada de la brecha de los afrodescendientes y aproximadamente un quinto de la de indígenas.
De esta manera, encontraron que en el caso de los indígenas, los grupos no minoritarios ganan 67,8% más que ellos y, al controlar por todo un conjunto de variables, el 17,4% de la brecha permanece como no explicada. Mientras que para el caso de los afrodescendientes, los grupos no minoritarios ganan 16,8% más. Las investigaciones de Ñopo (2003, 2009) han estudiado las brechas de ingresos a través del análisis de emparejamiento discreto para analizar las causas de dichas diferencias. Saavedra (1997) descubre que la brecha de ingresos entre mujeres y hombres se ha reducido y que los retornos a la educación han aumentado más rápidamente para las mujeres que para los varones.
Sobre el tema de diferencias en los ingresos atribuidas a las características étnicas de los trabajadores, Ñopo, Saavedra y Torero (2004) construyen un indicador de «intensidad étnica» con respecto a cuatro grupos raciales: asiático, blanco, indígena y negro, basado en la lengua materna, migración y religión, así como en el reporte de los propios individuos y de los encuestadores sobre su raza. Figueroa y Barrón (2005) encuentran que dado el mismo nivel de educación, individuos de diferentes grupos étnicos tienen la misma probabilidad de ser contratados como empleados; sin embargo, los individuos predominantemente indígenas tienen una menor probabilidad de adquirir la educación necesaria.
Es decir, la exclusión es más importante que la discriminación para explicar la desigualdad en el Perú. Finalmente, Barrón (2008) encuentra para el caso del Perú la brecha de ingresos entre trabajadores blancos y no blancos se reduciría en 20% si no hubiera discriminación y en 28% si no hubiera exclusión.
Garavito (2009) encuentra que en Lima Metropolitana la brecha de ingresos por género es menor entre los trabajadores sindicalizados que entre los trabajadores no sindicalizados.
Garavito (2011) demuestra que las diferencias en los ingresos por hora por medio de pruebas de T de medias, determinan las diferencias de capital humano y físico, halla también que el sexo y la lengua materna explican en parte la desigualdad de los ingresos entre los trabajadores.
Yamada, Lizarzaburu y Samananud (2011) encuentran que persisten grandes diferencias de ingresos según grupo étnico en el mercado laboral peruano. Los peruanos indígenas (quechua, aymara y lenguas amazónicas) han pasado de ganar 49% menos a percibir 53% menos del ingreso de los no indígenas en años recientes. Al realizar descomposiciones mediante tres metodologías, Blinder-Oaxaca, Propensity Score Matching y Matching Exacto de Ñopo, se encuentra que la brecha de ingresos se debe fundamentalmente a diferencias en dotaciones de activos.
En particular, el nivel educativo alcanzado y el grado de ruralidad de la vivienda son las variables que más explican las brechas. Más aún, las diferencias educativas han incrementado su importancia explicativa en la brecha de ingresos en la última década, en la medida que ha habido mayores retornos monetarios para quienes ostentan educación superior (principalmente los no indígenas); mientras que los ingresos reales han caído para quienes no han completado la educación primaria (42% de los indígenas).
Galarza y Yamada (2012) para el caso de Lima Metropolitana, utilizando una metodología experimental a través de análisis de curriculums vitae, encuentran que una persona de raza blanca recibe casi el doble de llamadas para un mismo puesto de trabajo contra su par equivalente de raza quechua; asimismo, encuentran que los candidatos varones son preferidos frente a las mujeres. No obstante, este estudio no controla completamente el nivel de apariencia física de los postulantes.
Yamada y Galarza (2012) estudian el rol de la apariencia física en la tasa de discriminación observada en el mercado laboral de Lima. Diseñaron un modelo experimental para conocer la interacción de tres variables sobre la probabilidad de recibir una respuesta favorable de un reclutador cuando un candidato manda un currículo de vida (CV), los resultado siempre favorecen al blanco.
Para el análisis se ha adaptado la definición de pobreza de Casper et al. (1994) quienes examinan las diferencias de género relativo a la pobreza de hombres y mujeres de ocho países industrializados, ellos examinaron la importancia del género a través del análisis de variables específicas como el matrimonio, la paternidad y el empleo, obteniendo diferentes ratios de pobreza. Otros autores como Sorensen & Mc Lanahan, (1990) determinan que los factores particulares como el salario familiar y el ratio de dependencia en familia son importantes para poder conocer las brechas de pobreza.
Akerlof & Kranton, (2000) estudia la identidad asociada a diferentes categorias sociales, a través de la construcción de un modelo teórico que identifica como la identidad afecta las interacciones individuales. Los modelos de discriminación realizados por Akerlof determinan la discriminación en el lugar de trabajo, la economía de la pobreza, la exclusión social y la división del trabajo en el hogar. Por su parte Williams & Wilson, (2001) estudian la raza, etnicidad y el envejecimiento en las poblaciones de EEUU, encontrando que existen numerosos factores que pueden identificarse en diferentes minorías siendo la religión, la cultura, la pobreza entre otros los rasgo que definen la discriminación entre grupos. Elmelech, College, & Lu, (2001) analizan la relación entre las variables demográficas en cuanto a la brecha de género en ocho grupos raciales/étnicos.
En su estudio encontraron que las mujeres negras y puertorriqueñas sufren una doble desventaja por ser mujeres y miembros de un grupo minoritario. Sin embargo, en comparación con los blancos, encontraron que la desigualdad de género en pobreza entre grupos minoritarios es relativamente pequeña. Los autores usan una técnica de normalización para estimar la importancia de la composición demográfica y socioeconómica de género en la conformación de las diferencias en las tasas de pobreza de hombres y mujeres, tanto dentro como entre las líneas raciales / étnicas.
El análisis revela que las características sociodemográficas tienen un efecto distinto en la tasa de pobreza de las mujeres pertenecientes a minorías y que la forma y la magnitud del efecto varían según las líneas raciales / étnicas. En el caso peruano, Benavides & Valdivia (2004) analizan los avances en las metas del milenio y la problemática de la exclusión que sufre la población de origen indígena en el Perú.
Su estudio abarca las limitaciones que tiene la población para alcanzar los objetivos del milenio relacionados a los temas de salud y educación principalmente. Ellos desarrollan un análisis empírico para la población con lengua nativa, quechua y aymara; encontrando que aproximadamente un 40% de los grupos de lengua nativa han avanzado en la meta de la reducción de la pobreza extrema.
Escobal, Saavedra, & Torero (1999) analizan la posesión y acceso a activos por parte de los pobres en el Perú. Su análisis econométrico muestra un efecto positivo de la tenencia y acceso a activos públicos en el rendimiento de la educación, de la tierra, evidenciando el papel de la provisión de servicios públicos e infraestructura como mecanismo para potenciar la rentabilidad de activos privados.
Por su parte Torero, Saavedra, Ñopo, & Escobal, (2002) han desarrollado estudios en base a muestras urbanas donde han llegado a demostrar el menor acceso de individuos de características raciales indígenas a los mercados de trabajo, a la educación y el crédito. De otro lado Kudó (2004) evalúa la educación indígena en el Perú, subraya el rol de la educación como base primordial para un enfoque más incluyente y mejores oportunidades educativas para los niños indígenas, Kudó exploró las oportunidades educativas que tienen los pueblos indígenas así como conocer los avances y obstáculos.
FUENTE: INEI
Al conmemorarse este 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informa que en el país existen 16 millones 435 mil mujeres, las cuales representan el 50,4% de la población total del país. El 24,4% de ellas tienen menos de 15 años de edad; el 52,4% están en edad fértil (15 a 49 años), el 10,0% pertenecen al grupo de 50 a 59 años y el 13,2% son adultas mayores (60 a más años de edad).
El Día Internacional de la Mujer es un momento propicio para reflexionar acerca de los avances logrados con cambios hacia la igualdad y resaltar el papel desempeñado por las mujeres para su participación en todas las esferas de la sociedad en igualdad de condiciones con los hombres.
Importantes logros en la última década
Más niñas asisten al colegio
Es un hecho ampliamente reconocido que la expansión del sistema de educación formal benefició particularmente a las mujeres y el cambio más evidente en su condición social se expresa en su acceso a la educación.
Entre los años 2010 y 2019 las niñas de 3 a 5 años de edad que asisten a educación inicial se han incrementado de manera significativa, al pasar de 67,9% en el año 2010 a 84,0% en el 2019. Asimismo, se ha reducido la brecha en la asistencia escolar de niñas residentes entre áreas urbanas y rurales; así en el año 2010, la brecha en la asistencia escolar de las niñas era de 10,1 puntos porcentuales (70,8% urbana y 60,7% rural); en el 2019 se redujo a 1,4 puntos porcentuales (84,3% urbana Y 82,9% rural).
También aumentó en 5,7 puntos porcentuales la asistencia a educación secundaria. En el año 2010, el 79,0% de las mujeres de 12 a 16 años de edad asistieron a educación secundaria; en el año 2019 se elevó a 84,7%. El mayor incremento se produjo en el área rural que aumentó en 12,2 puntos porcentuales, al pasar de 66,1% a 78,3%. En el área urbana la asistencia a educación secundaria se elevó en 2,0 puntos porcentuales (85,3% en el año 2010 a 87,3% en el 2019).
En tanto, a educación primaria se observa un ligero incremento, ya que hace más de una década se logró la asistencia mayoritaria de las mujeres a este nivel educativo (93,3% en 2010 a 93,8% en 2019).
Mejora nivel educativo logrado por las mujeres
El acceso a la educación de las mujeres, la permanencia y la movilidad a lo largo del sistema, son indicadores importantes de sus logros en el plano de la igualdad social.
Según datos obtenidos de la Encuesta Nacional de Hogares al año 2019, el 32,1% de las mujeres de 15 a más años de edad lograron estudiar educación superior (17,3% universitaria y 14,9% superior no universitaria), habiendo aumentado en 5 puntos porcentuales respecto al año 2010 que fue de 27,1%; el mayor incremento se produjo en educación universitaria que creció en 4 puntos porcentuales (de 13,3% a 17,3%).
Mayor cobertura de seguro de salud
Durante las últimas décadas se han producido muchos adelantos que han llevado a mejoras en la salud de las mujeres y las niñas. Entre ellos cabe señalar el acceso al seguro de salud, la anticoncepción, parto en establecimientos de salud, entre otros.
En el año 2010, el 65,6% de las mujeres contaban con seguro de salud, para el año 2019 se ha incrementado a 80,1%. Por área de residencia, se aprecia que en el área urbana esta proporción ha crecido en 16,9 puntos porcentuales (60,7% en 2010 a 77,6% en 2019); y en el área rural, aumentó en 9,8 puntos porcentuales (79,7% a 89,5%).
De acuerdo con el tipo de seguro de salud, se aprecia que las mujeres con Seguro Integral de Salud aumentaron en 11,4 puntos porcentuales al pasar de 39,1% en el año 2010 a 50,5% en el 2019. En tanto aquellas que cuentan con Seguro Social de EsSalud (24,8%) se incrementaron en 3,2 puntos porcentuales.
Cabe resaltar que, en el área rural las mujeres afiliadas al SIS se han elevado en 8,3 puntos porcentuales al pasar de 75,0% a 83,3%.
Se incrementa mujeres gestantes que reciben control en el primer trimestre
En el año 2019 se apreció mejoras en la proporción de mujeres gestantes que recibieron su primer control prenatal en el primer trimestre. Así esta proporción llegó al 81,1% cifra mayor en 8,1 puntos porcentuales con relación al 2010. En el área urbana (83,5%) y en la rural (74,0%) aumentó 7,0 y 7,7 puntos porcentuales, respectivamente.
Aumenta mujeres que tienen parto en establecimientos de salud
Al año 2019 el porcentaje de partos institucionales alcanzó el 92,4%, cifra superior en 9,2 puntos porcentuales a lo reportado en el año 2010 (83,2%). Parto institucional es aquel parto atendido dentro del servicio de salud por personal especializado, que ayuda a reducir el riesgo y complicaciones tanto para la madre como para el recién nacido.
El incremento de este importante servicio se ve reflejado tanto en las zonas urbanas como rurales del país. En el área rural esta proporción (80,8%) se incrementó en 8,9 puntos porcentuales y en la urbana (96,3%) en 2,3 puntos porcentuales.
Mayor participación en el mercado de trabajo
Las últimas décadas han sido positivos para la situación de la mujer peruana en el mundo del trabajo. La cantidad actual de mujeres instruidas y con educación superior que participan en el mercado laboral no tiene precedentes. Actualmente el 34,7% de la población económicamente activa femenina tiene estudios superiores (18,4% estudios universitarios y el 16,3% superior no universitaria).
Por detrás de esta tendencia hay diferencias considerables en cuanto al acceso de la mujer y el hombre al mercado laboral. Así, el 64,5% de las mujeres en edad de trabajar participan en la actividad económica, en el caso de los hombres es el 81,1%.
Al año 2019 de los casi 8 millones de mujeres que forman parte de la fuerza de trabajo del país, sea en condición de ocupadas o buscan activamente un empleo, el 95,5% de ellas tienen empleo y el 4,5% se encuentran desempleadas.
Mayoría de mujeres son trabajadoras independientes
Según categoría de ocupación, en el año 2019, el 37,3% de las mujeres son trabajadoras independientes, resultado mayor en 0,9 puntos porcentuales en comparación con el año 2010 (36,4%). En tanto, las mujeres que son empleadas representan 28,0%, trabajadoras familiares no remunerados 15,6%, obreras 10,8% y 5,3% trabajadoras del hogar.
Mayor porcentaje de mujeres labora en Servicios y Comercio
De acuerdo con la rama de actividad en la que se desempeñan las mujeres, el 43,9% labora en Servicios y el 26,1% en Comercio, concentrando ambas actividades el 70,0% de las mujeres que trabajan. En tanto, el 21,5% lo hace en Agricultura, Pesca y Minería, 8,0% Manufactura y 0,6% en Construcción.
Mujeres laboran en micro y pequeñas empresas en mayor proporción
Según tamaño de empresa en la que trabajan, el 75,7% lo hace en empresas de 1 a 10 trabajadores, es decir, micro y pequeñas empresas, 18,1% en empresas de 51 y más trabajadores y el 6,2% en las de 11 y 50 trabajadores.
El poblamiento del territorio peruano se produjo hace, aproximadamente, 12000 años. Los primeros habitantes se dedicaron a actividades básicas de subsistencia, como la caza, pesca y recolección de los diversos recursos naturales, que encontraban en los variados parajes de la costa, sierra y selva de los Andes centrales. Así lo testimonian las evidencias arqueológicas de Paiján, en la costa o de Lauricocha, Junín y Toquepala, en la sierra.
Alrededor de los 8000 años ya se habían conformado pequeñas agrupaciones humanas sedentarias, algunas de las cuales ya incluían el cultivo de plantas entre sus actividades de subsistencia. Se ha identificado a grupos de cazadoresrecolectores en las zonas altoandinas; de horticultorescazadores, en los valles de la sierra y de pescadoresrecolectores, de pescados y moluscos en las playas, en las lomas y con prácticas de horticultura.
Estas poblaciones, además de poseer modos de vida y culturas distintivos, tuvieron diferentes ritmos de desarrollo.
Las evidencias recuperadas en Caral y otros asentamientos del valle de Supe, como Áspero, Miraya, Lurihuasi y Chupacigarro, así como Vichama en el valle de Huaura, han cambiado la historia del Perú, al mostrar que hace 5000 años, en el área norcentral, se formó una civilización de una antigüedad comparable a las del Viejo Continente.
Posteriormente, el desarrollo de la civilización andina se manifiesta también en la región norte, en Lambayeque, donde la población construyó el asentamiento denominado El Ventarrón. En este último lugar, hace 4000 años, los pobladores diseñaron y erigieron edificios de barro, ornados con pintura mural y motivos que – según Ignacio Alva – reflejan los recursos aprovechados en ese tiempo. Con las evidencias de este sitio se identifica un estilo y tradición local, frente a las otras tradiciones culturales del Arcaico Tardío, como Kotosh y Caral.
Por ese tiempo, la civilización se extendió, también, al área central-sur, como lo evidencian sitios como Bandurria o Chuquitanta.
En las otras áreas del Perú y de América, que estaban igualmente pobladas, sus habitantes mostraban un estadio menor de desarrollo.
FUENTE: https://www.zonacaral.gob.pe
La Civilización Caral se formó en el Área Norcentral del Perú, antes que en cualquier otro lugar de los Andes y de América. El desarrollo de las poblaciones de esta área fue precoz en comparación con otras que habitaban en el continente. Su datación solo es similar a los focos civilizatorios más antiguos del Viejo Mundo: cuando en Egipto se construía la antigua pirámide de Sakara o, posteriormente, las pirámides de Keops, Kefrén y Micerino, en el valle de Giza, o cuando se ocupaban las ciudades sumerias de Mesopotamia o crecían los mercados en la India, por esos tiempos, entre 3000 y 2500 a. C., ya se edificaban y remodelaban los edificios piramidales de Caral, y en sus plazas se realizaban periódicas congregaciones con fines económicos, sociales y religiosos.
Pero, mientras las civilizaciones del viejo continente intercambiaron entre sí bienes, conocimientos y experiencias, las sociedades de Caral y del Área Norcentral avanzaron al estadio civilizatorio precozmente, pues las otras poblaciones del Perú y de América quedaban en un estadio menor de desarrollo.
El Área Norcentral comprendió el espacio entre los ríos Santa y Chillón, el callejón de Huaylas, Conchucos, la puna de Junín y las cuencas de los ríos Marañon y Huallaga; incluye regiones de costa, sierra y selva andina. En esa extensión de, aproximadamente, 400 por 300 Km hubo un manejo transversal del territorio y sus recursos.
En la cuenca de Supe, y en las zonas bajo su influencia, una economía complementaria, pesquero-agraria, articulada por el comercio,, sustentó al sistema social, promovió la especialización laboral, la interacción interregional, la acumulación de riqueza y el desarrollo. El intercambio de anchovetas secas y mariscos (choros y machas) por productos agrícolas, industriales o alimenticios (algodón, mate, frijol, achira, zapallo, camote, etc.), iniciaba la cadena de comercio que, si bien se extendió a las otras regiones, enriqueció a los conductores de las poblaciones costeñas.
Los pobladores de Supe vivieron en asentamientos nucleados, de diversa extensión y complejidad, distribuidos por secciones del valle; en cada uno de ellos construyeron estructuras arquitectónicas, residenciales y públicas. Algunos asentamientos contienen impresionantes edificios monumentales, como en la denominada “zona capital de Caral”, que congregó a ocho centros poblados, entre ellos a la ciudad más extensa y compleja de la época, cuidadosamente planificada, con edificios piramidales, grandes plazas y varias agrupaciones residenciales.
Los asentamientos eran conducidos por sus respectivas autoridades pero se hallaban bajo el gobierno del «Huno» o señor de la cuenca.
Un sistema social jerarquizado dividía a la población en estratos con diferencias marcadas, que se expresaban en el tipo de ocupación laboral, en el acceso desigual a los bienes producidos y en el modo de vida.
La producción de conocimientos por parte de los especialistas (en matemáticas, geometría, astronomía, biología, etc.) fue aplicada en el diseño urbano; la construcción arquitectónica; la elaboración del calendario y la predicción del clima; el acondicionamiento de los campos de cultivo y la implementación de un sistema de riego; el mejoramiento de las especies agrícolas; la administración pública, etc. Los avances científicos y tecnológicos fomentaron cambios en beneficio, principalmente, de los gobernantes y del estrato social al que ellos pertenecían.
La medición del movimiento de los astros fue plasmada en la construcción de grandes geoglifos y alineamientos de piedras, que antecedieron en más de tres mil años a los trazados en la Pampas de Nasca.
La información fue registrada mediante cuerdas y nudos; con la civilización se inició el uso del quipu que perduró hasta el Imperio Inca, más de cuatro mil años después de Caral.
La religión fue el instrumento usado por la clase gobernante para fortalecer la identidad cultural y la cohesión social. A través de la religión, las autoridades ejercieron, simultáneamente, el control, justificaron sus privilegios, mantuvieron el orden y garantizaron la reproducción del sistema social.
Los pobladores participaban periódicamente en actividades colectivas de producción, que se combinaban con otras, sociales, económicas y religiosas. Así, el tejido de la estructura social fue mantenido y reforzado en eventos periódicos, donde los trabajos eran asociados con el dictado de disposiciones y regulaciones, con ferias o mercados y en un marco festivo, ceremonias, ritos, música, danzas, comidas y bebidas.
La práctica musical fue también colectiva; han sido recuperados conjuntos de instrumentos musicales: 32 flautas traversas, 38 cornetas y 4 antaras.
FUENTE: https://www.zonacaral.gob.pe/
Revaloremos el rol de la mujer en todos los ámbitos: sociales, económicos y políticos.
Las mujeres, hace miles de años, cumplieron un importante rol en el desarrollo de las sociedades antiguas, como lo señalan las evidencias recuperadas en los diferentes asentamientos de la Civilización Caral, la más antigua de América, formada en el área norcentral del Perú, hace 5000 años.
Ellas tuvieron acceso a funciones relevantes en la organización sociopolítica, económica y religiosa, y fueron cogestoras de una civilización que produjo ciencia, arte y tecnología.
Las sociedades ancestrales promovieron la relación en armonía entre ambos géneros y la necesidad de complementar sus funciones para lograr las condiciones de beneficio social general.
En Caral hubo mujeres con autoridad sociopolítica, como lo evidencian dos esculturas recuperadas en Miraya, valle de Supe, que representan a dos individuos importantes: la mujer, ataviada con una fina vestimenta y dos collares, y el hombre, con orejeras y collar, que la observa con temor. En Vichama, ubicado en el valle de Huaura, se recuperó una ofrenda con tres esculturas: una deidad o sacerdotisa y una pareja de autoridades. La mujer principal, parecida en sus rasgos a la de Miraya, está de pie, es de mayor tamaño, y exhibe un total de 28 dedos.
Asimismo, en uno de los edificios piramidales más importantes de Áspero, ciudad pesquera de Caral, llamado “Huaca de los Ídolos”, fue encontrado el cadáver de una mujer de entre 40 y 50 años de edad, que llevaba prendas indicadoras de su alto estatus. Se le denominó “Dama de los cuatro tupus”, por los cuatro prendedores con tallas de aves y monos, elaborados de huesos de mamíferos, que portaba.
En el ámbito económico, la mujer desarrolló actividades productivas al igual que el hombre. En la Ciudad Sagrada de Caral, ubicada en el valle de Supe, fue exhumado el entierro de una mujer adulta dedicada a la producción de tejidos. En Áspero se han recuperado contextos funerarios de mujeres que presentan exostosis auditiva bilateral, producida por inmersión continua, lo que demuestra su participación en la vida laboral marina, y su significativa contribución al desarrollo económico.
Por otro lado, los artistas de las sociedades de Caral y Vichama modelaron esculturas que representan a mujeres sosteniendo en brazos a bebés o dándoles de lactar. La representación de esta función y la ubicación de estas esculturas en contextos rituales, evidencian que el rol de la mujer como madre fue valorado más allá de una aparente cotidianidad.
Antiguamente, mujeres y hombres desarrollaron actividades complementarias en todos los ámbitos. Esto se evidencia incluso en la cosmovisión andina, que reconoce a deidades como Pachamama y Cochamama, madres y dadoras de los recursos terrestres y marinos, respectivamente. Eran hombres los cerros, apus o jircas, de donde bajaba el agua para regar los cultivos. La Luna o Quilla era la deidad femenina sideral cuyo par era el Sol, Inti o Huari masculino.
En los diseños de los centros urbanos de la civilización Caral se observa complementariedad y dualidad: los dividieron en mitades que representaban diferentes relaciones sociales, políticas y religiosas, y posiblemente a linajes femeninos y masculinos. En tiempos posteriores, las Capullanas o Tallaponas eran las gobernantes de sociedades costeñas, y la Coya era el equivalente de una reina en la sociedad Inca.
Mientras ambos géneros eran considerados diferentes en cuanto a las funciones que debían realizar, también había convicción en cuanto a su complementariedad. Ambos gozaban del mismo respeto y acceso a las diversas posiciones sociales, políticas y religiosas. Valor ancestral que sirve de reflexión para las sociedades del presente.
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Fuente: Comunicación e Imagen Institucional ZAC
Fecha de publicación: 06/03/2020
Fue entonces cuando comienza a surgir la idea de descentralizar la administración y gerenciar por resultados. El único modo de encontrar la dirección y medir todo lo que se está logrando y revertir el proceso antes descrito, fue la idea de descentralizar las decisiones y la de fijar los objetivos para cada área clave, para cada gerencia asociada a indicadores de medición de resultados, lo que fortaleció la posición de lograr la inversión pública de calidad que tanto se anhela.
Perspectiva de la nueva gerencia
Por otro lado, la fuerte orientación de parte de las entidades del sector público hacia el ciudadano-cliente, como sujeto obligado de la prestación de servicios públicos de calidad, de parte del Estado y no como ciudadano contribuyente cuya relación o vinculación Estado-ciudadano es indirecta, obliga a las entidades públicas a reorientar su misión y competencias hacia intervenciones con valor agregado, en la que se sustentan los modernos esquemas de gestión y gerencia haciendo que la atención en los servicios públicos sean más exigentes y de mejor calidad e impacto, promoviendo la necesidad de realizar profundos cambios en la manera de realizar gerencia y dirección.
Para ello, debemos de contar previamente con la voluntad política permanente y las decisiones firmes de cambiar el esquema anterior, con el marco normativo correspondiente, que trace los lineamientos preliminares que definan pautas y líneas de acción concretas, promoviendo el modelo de gerencia por resultados incluyendo los indicadores de medición correspondientes, la planificación estratégica, la gestión por resultados, la dirección por objetivos y otros lineamientos de similar envergadura.
Para Alarcón (2000) “la nueva gerencia pública debe promover un modelo constituido de manera distinta a la administración pública anterior, ‘pues ésta tiene como principio causal lo político, lo burocrático, la lentitud en las respuestas al ciudadano, la ineficacia de sus procedimientos, etc”. (P. 188)
Su foco orgánico es el Estado burocrático, político partidario por excelencia con sus relaciones de dominio y concentración de poder y su núcleo procesal es la jerarquía, es decir, una cadena de delegación de funciones sin objetivos y metas definidas, sin asumir la responsabilidad de lo actuado, etc. La nueva gerencia pública tiene su enfoque en los siguientes conceptos:
En resumen se puede mencionar que la administración pública debe basar sus valores en la ética y el servicio hacia la comunidad y generar un efecto social de bienestar colectivo, calidad de vida y desarrollo económico y social con inclusión, en tanto que la gerencia pública exalta la eficacia y la eficiencia, su efecto económico se orienta hacia el desarrollo de programas estratégicos e inversiones productivas.
El proceso de “cambio» en los modelos de gerencia y gestión pública en los países de Latinoamérica está cambiando aceleradamente; así, del criterio. «burocrático administrativo» al nuevo modelo de «gerencia pública moderna», y algo más aceptable y óptimo, al modelo de «gerencia pública por resultados»; Son tres conceptos diametralmente opuestos en su concepción y aplicación, éstos dos últimos temas no son tan novedosos, y se vienen aplicando con mucho éxito en la empresa privada, pero las dificultades que debe enfrentar el sector público para asimilar su desarrollo debe pasar primero por la voluntad política de sus gobernantes y no de declaraciones líricas de buena voluntad, así como contar con las condiciones necesarias de inversión en programas de capacitación y fortalecimiento institucional y promover un cambio en los paradigmas.
La manera de pensar de los funcionarios y gestores públicos. En otras palabras, cambiar el modelo de gestionar y gerenciar, pero en forma gradual, dando cuenta de la necesidad de continuar abriendo espacios’ de análisis y discusión para su tratamiento e implementación.
Es por ello que el presente artículo trata de abordar esta temática, tomando como marco contextual la imperiosa necesidad de cambio, enfatizando la necesidad de contar con un profundo y sostenido seguimiento de dicho proceso de cambio, con posibilidades de éxito en el mediano plazo.
Por otro lado, en la ejecución e implementación de las políticas públicas actuales, por lo menos en los últimos años, en varias de las entidades del sector público se han dado señales cada vez más claras sobre la intención de implementar a nivel nacional un sistema de profesionales de alto nivel con una concepción distinta de la administración pública de gerentes públicos formados con criterios asimilados en la empresa privada (rendimiento, productividad, rapidez y oportunidad en la ejecución de procesos y procedimientos, etc.) e incorporarlos a la administración pública asimilando el concepto de calidad en toda su cadena de valor, sin contar por supuesto a los gerentes que viene promoviendo la PCM en forma aislada, sin transparencia ni efecto multiplica dar, ni conocimiento de la ciudadanía, sólo sabemos que se están preparando cuadros de alto nivel gerencial que se incorporarán en el futuro a algunas de las entidades de los gobiernos subnacionales.
La gerencia por objetivos Sánchez (2001) lo define como: “Las acciones y esfuerzos realizados por los niveles de dirección y decisión, así como del personal en general hacia la realización de objetivos concretos por medio de los procesos, con miras a obtener resultados, incrementando el desarrollo de la organización, conciliando las metas de la entidad con los objetivos de las unidades orgánicas o áreas de actividad”. (P. 279)
Por tanto, la función de la gerencia consiste en vincular estrecha y formalmente las aspiraciones de los servidores públicos (metas y desempeño individual) con los objetivos específicos de la entidad. Esta idea fundamental se basa en la práctica de establecer formalmente los objetivos de las distintas áreas o unidades orgánicas de la organización que coadyuven con el objetivo general.
Mecánica de la gerencia por objetivos
La gerencia establece las metas y los objetivos así como los indicadores estándar de cumplimiento para los servidores públicos.
El empleo de los círculos de calidad para garantizar la consecución de los objetivos
Los círculos de calidad buscan mejorar la calidad del trabajo y de la persona en su realización, aumentando el grado de participación de los servidores públicos en las decisiones y la gestión de los resultados, sosteniendo que el trabajo en equipo fomenta la iniciativa, la creatividad y el trabajo coordinado.
Por lo tanto, los círculos de calidad se apoyan fundamentalmente en tres principios generales: