1. NUEVAS FUERZAS SOCIALES EN LA ESCENA: EL REFORMISMO DEMOCRÁTICO
Desde fines de la dictadura de Odría, puede apreciarse en la escena política el fortalecimiento de nuevas fuerzas sociales que confluyen gradualmente en opciones antioligárquicas y que se expresan en los partidos reformistas que aparecen desde 1956.
El contenido de estas posiciones reformistas está marcado por la demanda d e libertades democráticas que permitan la apertura de un espacio político donde expresar las demandas de los grupos sociales que representa. Esta demanda se opone al carácter cerrado que ha tenido el régimen político del estado oligárquico. Los intereses que se expresan en el reformismo democrático son, sin embargo mas complejos y tienen su origen en los cambios estructurales producidos: el fortalecimiento del polo urbano industrial de la economía, la quiebra del orden rural tradicional; el crecimiento de las ciudades. La expansión de los servicio del Estado ha acelerado este proceso y difícilmente puede detenerse por la presión que parte de los sectores urbanos.
En efecto, es en primer término el mundo de lo urbano el que adquiere mayor peso y con su demanda, acentúa el crecimiento de actividades tales como la construcción, la industria manufacturera y el comercio grande (subempleo) para los grandes sectores inmigrantes. La demanda de servicios en estos sectores se contrapone con la política de austeridad fiscal que la oligarquía propugna. Su situación de extrema miseria, puesta a la luz pública por ubicarse en la capital y las grandes ciudades, impulsa una mayor toma de conciencia de los sectores medios que a su vez comenzarán a jugar un rol político más decisivo.
La expansión de los sectores medios gira en torno al crecimiento del Estado y de la empleocracia industrial y comercial. Se incentiva con la expansión de la educación como una manera de canalizar la presión de estos grupos sociales: el “desarrollo económico” que ya en la época es un valor que se impone, se identifica con mayores niveles de educación, aunque ello resulte siendo una falacia si no se cambian las relaciones de poder. El crecimiento de la educación secundaria es explosivo: en la década de 1950 la educación secundaria crece en 270%, pasando de 72,526 alumnos en 1950 a 198.259 en 1960. En la década de 1960 este crecimiento explosivo se traslada a la Universidad, aunque ésta no pueda recibir a toda la población que egresa de secundaria. El crecimiento de los egresantes (postulantes potenciales) es de un 320%.
La población universitaria pasa de 15,919 alumnos en: 1950 a 30,983 alumnos en 1960 y a 92,402 en 1969. El número de universidades que en 1960 era de 9, pasa en 1970 a 34.
Los grupos medios-profesionales e empleocracia encontrarán también en la oligarquía un serio límite para sus aspiraciones. Como grupo cerrado que mira hacia fuera y resulta impermeable a los cambios, no incentiva ni el empleo, ni la ampliación de las oportunidades de ascenso social que estos sectores reclaman. Las periódicas devaluaciones y las medidas que privilegian la tradicional economía de exportación impactan de inmediato en restricciones para los sectores medios. Durante el gobierno de Odría este descontento llega a expresarse incluso en la Fuerza Armada. La percepción de sus propios intereses como algo contrapuesto a la oligarquía, se presentará tanto en profesionales y tecnócratas que gradualmente asumen posiciones desarrollistas y se ligan a la burguesía industrial y al capital extranjero en el indispensable rol de ejecutivos, asesores jurídicos e intermediarios como en sectores medios que se radicalizan desde la Universidad y asumen las banderas del movimiento popular, especialmente en lo que se refiere a la reforma agraria y a las demandas de las organizaciones sindicales. La variedad de posiciones reformists y revolucionarias que se presentan en la década del 60, parte de esta generalización de posiciones antioligárquicas.
A su vez, el movimiento campesino se va convirtiendo en una fuerza social, que agrede al sistema político en su conjunto, luchando por la tierra y explicitando su posición antigamonal en toda la sierra. Su efecto no se expresa a través de representantes directos en el sistema político, pero su impacto en los sectores medios e incluso en los grupos urbano-industriales se expresará en los partidos reformistas, que asumen la reforma agraria como bandera principal. Sea por temor a la movilización campesina o por identificación parcial o total con sus iniciales demandas, el hecho es que la reforma agraria es asumida como preocupación central por otras fuerzas sociales.
La emergencia política de los sectores medios y del movimiento campesino, se produce con parciales pero significativos apoyos de la burguesía urbano-industrial. Esta se beneficia de la expansión urbana, de la política de obras públicas, de la lenta pero significativa ampliación del mercado interno urbano. Cada incentivo es arrancado de la oligarquía con esfuerzo, pero gradualmente su importancia y su capacidad de articular directamente con el capital extranjero le dará una mayor capacidad de negociación en el bloque en el poder. No puede hablarse en la década del 50, de una decidida opción antioligárquica de la burguesía industrial. Esta no es una unidad y como conjunto parece preferir un doble juego: a la vez que incentiva y apoya partidos y posiciones reformistas, concilia con la oligarquía que pragmáticamente sirvan a sus intereses más inmediatos. De esta forma la burguesía industrial incentiva el reformismo democrático a partir de la diferenciación de intereses con la oligarquía, pero en cada coyuntura juega un rol mediatizador, que en el nivel político expresa en forma poco clara sus intereses. Su origen ligado a la diversificación de parte de la oligarquía, su necesidad operativa inmediata de funcionar ligada a ésta que le controla el crédito, los incentivos estatales, etc., la dificultad de no contar con un sistema político estable lo que la oligarquía siempre aprovechó mejor hace entre otros factores que la burguesía industrial crezca a partir de un doble juego en las décadas del 50 y 60: incentivando el reformismo y a la vez pactado con la oligarquía. En traponen a pesar de las medidas que logra arrancar a la fracción hegemónica: la ampliación del mercado interno supone y requiere cambios tanto en el agro, como en la estructura de ingresos, la promoción de una política efectivamente industrialista se contradice con los intereses agroexportadores, que reclaman políticas liberales del Estado, no incentivan la protección industrial, obtienen devaluaciones y se oponen a todo intento racionalizador de la economía en vistas por ejemplo a una planificación indicativa.
La presencia de estos grupos sociales en la escena política no tendrá ya al APRA como principal agente político. En su evolución hacia posiciones más conservadores, el APRA pacta directamente con la oligarquica hasta convertirse en su aliado político más poderoso. Se requieren así nuevos representantes políticos par las posiciones reformistas. La insurgencia de Acción Popular en 1956 con el liderazgo de Belaúnde se presentará como nueva opción reformista. La aparición de la Democracia Cristiana y del Movimiento Social Progresista será también expresión de nuevas opciones que buscan representar el reformismo y captar las fuerzas sociales antioligárquicas.
2. LA COYUNTURA ELECTORAL DE 1956 Y EL GOBIERNO DE PRADO
Las elecciones de 1956 tendrán en este panorama un triple significado: la oligarquía se presenta dividida; las nuevas fuerzas sociales se expresan en la candidatura de Belaúnde y en algunas candidaturas parlamentarias regionales (DC); la victoria de Prado con apoyo aprista, mantiene a la oligarquía en el poder, pero fuertemente cuestionada. EL APRA incorpora en apoyo de la oligarquía a los sectores que articula en la antigua clase media principalmente provinciana en los campesinos del norte y en algunos sectores obreros.
En efecto, la oligarquía divide su apoyo entre Prado y Lavalle. El primero es representante directo de la fracción financiera y logra un parcial apoyo de sectores industriales. El segundo recibe más bien apoyo de los terratenientes tradicionales, identificándose en el plano político con los seguidores de Odría, los agro-exportadores, hegemónicos pero cuestionados, dividen su apoyo entre uno y otro. Fernando Belaúnde representa a las nuevas fuerzas sociales, con apoyo de los sectores medios y el significado aporte de industriales reformistas y otros grupos moderno de la construcción y los servicios.
El gobierno de Prado está marcado tanto por la pugna interna de la oligarquía, al principio, como por la lucha principal con las nuevas fuerzas sociales. En esta última jugará un rol muy importante el movimiento campesino, cuyas luchas se traslucen en los diarios y debates parlamentarios, impactando en los partidos reformistas y poniendo sobre el tapete el problema de la reforma agraria.
Prado cuenta con mayoría en el Parlamento, pero tanto Acción Popular como la Democracia Cristiana forman un activo bloque opositor que afectará al gobierno y pondrá en debate temas de impacto como el de la Internacional Petroleum Comapny, la reforma agraria y la crítica a la política económica trazada por Pedro Beltrán. El gobierno enfrenta una difícil situación económica que hace disminuir el ritmo de las obras públicas y de la inversión extranjera. El gabinete Beltrán nombrado en Julio de 1959, vuelve a aplicar la política económica favorable a los agro-exportadores, devaluando la moneda y tomando las conocidas medidas liberales, que para recuperar el equilibrio reducen el gasto público, aumentan el desempleo y cargan en los sectores medios y las clases populares los costos del “equilibrio”.
Cumpliendo bien el tradicional rol de “bisagra”, Prado procura incorporar mejor a los industriales al bloque en el poder. Les brinda una ley de promoción industrial, que impulsa la industria manufacturera aliada al capital extranjero, aunque en este intento de conciliar intereses no se logra la efectiva política de industrialización reclamaba por esta fracción. Sigue siendo esta un grupo subordinado de la burguesía, que continúa su diversificación de intereses respecto de las fracciones oligárquicas. No puede decirse sin embargo, que en este régimen, típico de compromiso encabezado por su hábil negociador se dé una ruptura entre oligarquía y burguesía industrial.
La importancia del movimiento campesino, en especial la movilización de Hugo Blanco en la Convención y Lares ha de impactar a tal punto que el propio régimen oligárquico, con Pedro Beltrán a la cabeza, forma una Comisión de Reforma Agraria y Vivienda, cuyo informe con una propuesta de reforma agraria marginal y conservadora es archivado por el Congreso por afectar parcialmente los intereses oligárquicos mas tradicionales (gamonales).
Pero el efecto más decisivo se dará en las nuevas fuerzas sociales y políticas, que irán asumiendo como prioridad el planteo de reforma agraria. Incluso los sectores modernos industriales comprenderán que la tensión generada en la sierra amenaza sus intereses de capitalistas modernos.
La dinamización del movimiento campesino y del movimiento obrero a partir de un régimen que amplía las libertades democráticas y el impacto de la Revolución Cubana, generarán al final del gobierno de Prado nuevas fuerzas de izquierda, algunas muy ligadas al movimiento estudiantil. Comienza un proceso de sindicalización que siendo parte de un todo antioligárquico, se distanciará gradualmente del reformismo.
3. COYUNTURA ELECTORAL DE 1962
La coyuntura electoral de 1962 muestra la crisis del estado oligárquico, que se altera con la intervención militar. La insurgencia de nuevas fuerzas sociales (burguesía industrial, pequeña burquesía reformista) y la movilización sindical y popular de amplios sectores, hacen de las elecciones de 1962 un momento crítico.
EL APRA lanza candidatura de Haya de la Torre, con apoyo de las fracciones financieras de la oligarquía, y de parte de los agro-exportadores. Gana por pequeño margen, sin lograr la mayoría necesaria para asumir la Presidencia de la República.
El ex-dictador Odría reaparece en la escena política con un planteamiento populista de “obras públicas”, que impactó en barrios marginales y le dio dividendos. Apoyado por la fracción terrateniente tradicional (gamonales) y parte de los agro-exportadores, el General les ofrecía las condiciones para garantizar su hegemonía y marginar a los intrusos de la escena. El reformismo sale al frente con Belaúnde (de Acción Popular), mientras que la Democracia Cristiana y el Movimiento Social Progresista se lanzan por su cuenta obteniendo un rotundo fracaso. En un lapso de 6 años, el reformismo ha tomado cuerpo a partir de la acción de la pequeña burguesía, del acercamiento a sectores populares descontentos del pacto aprista y de la incorporación de sectores universitarios y capas burocráticas emergentes. La radicalización de estos sectores ha ido en aumento, especialmente en asuntos como la reforma agraria (habiéndose denunciado en la Cámara las condiciones de vida en la sierra), reforzándose las posiciones nacionalistas con el debate sobre la IPC. La imprecisión y tenue reformismo de sus planteamientos económicos los hace atractivos para la ascendencia burguesía industrial, que brinda su apoyo desde el primer momento a la candidatura de Belaúnde.
Grupos de izquierda, ligados al partido comunista, estarán presentes en la escena pero con poco impacto en ella. El Frente de Liberación Nacional será el más activo grupo de este sector, levantando la bandera de la nacionalización del petróleo.
Las elecciones del 62 dividen al escaso electorado en tres partes casi iguales, con una ligera ventaja de Haya. La oligarquía se ha presentado dividida: apoya a candidatos distintos sin unirse ante la insurgencia de nuevas fuerzas sociales, que se expresa en el Reformismo con apoyo parcial de los modernos industriales. Se expresa así en la escena la crisis de hegemonía del bloque en el poder que lleva a la primera intervención militar institucional y antioligárquica.
Los resultados electorales obligaban a una elección presidencial en el Congreso, para lo cual los representantes debían elegir entre los tres candidatos que habían logrado mayor votación (Haya, Odría, Belaúnde). Ello forzaba las alianzas y de hecho la oligarquía propició y obtuvo el pacto entre Haya y Odría (que consagraría a este último como Presidente de la República) articulando nuevamente a las fracciones agro-exportadora, financiera y gamonal de la clase dominante.
4. EL GOLPE INSTITUCIONAL DE 1962
La Fuerza Armada se opuso a este pacto. Obviamente en su decisión intervino un fuerte rezago de antiaprismo, pero no fue éste el factor principal del golpe. El antiaprismo de la Fuerza Armada no permitirá que Haya fuera Presidente pero sí podía aceptar otro período en que el APRA estuviera en el poder, compartiéndolo con Odría, General retirado y viejo garante del pacto oligárquico-militar contra el APRA (1948).
El golpe militar tuvo una motivación reformista, expresando el cambio de mentalidad del Ejército y su apoyo a los modernos industriales y a los sectores medios. En los militares habían impactado fuertemente la discusión sobre el petróleo y la demanda de la reforma agraria. Por su función comprendían los peligros de la movilización campesina en la sierra y la necesidad de introducir cambios.
El golpe institucional del 18 de julio de 1962 interrumpe nuevamente el régimen democrático formal instalado a partir de 1956. Pero a diferencia de las intervenciones militares anteriores, su resultante no favorece a la oligarquía. Esta había opatado ya en la coyuntura electoral de 1962 por la alianza del APRA con Odría, anunciada poco antes del golpe por el propio General Odría. Surge así un gobierno transitorio que marca el inicio de la ruptura de la tradicional alianza oligárquico-militar aunque ella no se exprese en toda la política de la Junta.
En lo esencial, la Junta Militar de Gobierno opta por apoyar las posiciones reformistas antioligárquicas, definiendo su misión como transitoria y poniendo su principal interés en la organización del proceso electoral de 1962. Poco trascendió la pugna interna, pero el desplazamiento del General Pérez Godoy a principios de 1963 y la hegemonía del General Lindley Comandante General del Ejército, se interpretó como un triunfo de las posiciones belaundistas. El general Pérez Godoy era hombre vinculado a Odría y pareciera que buscó alternativamente prolongarse en el poder o brindar apoyo al Odriísmo.
La actuación de la Junta Militar de Gobierno se produce en medio de una importante movilización campesina en la Convención y Lares, encabezada por Hugo Blanco. El gobierno de Prado no pudo ni contenerla, ni parar sus efectos en la escena política. Ante ella, la Junta dictó la Ley de Bases de la Reforma Agraria y con una ley particular complementaria la aplicó en la Convención y Lares, armando un operativo que hacia intervenir directamente a oficiales del Ejército en su ejecución. Entre ellos destacarán oficiales que como el entonces Comandante Gallegos, jugarán roles importantes en el período posterior a 1968. Es la primera Ley de Reforma Agraria y la primera aplicación efectiva, adoptando un carácter de respuesta a la movilización campesina.
No es la única respuesta de la Junta Militar de Gobierno al movimiento popular. Las hay también de forma tradicional. La redada de dirigentes y luchadores sociales de izquierda, realizada en enero de 1963 casi no tiene parangón en el período anterior cubrió toda la izquierda de su época. Se especuló sobre esta medida señalándola como última maniobra del Presidente Pérez Godoy para aglutinando a los militares contra el comunismo como enemigo común, lograr su permanencia en la Presidencia. En todo caso el efectos no fue duradero.
5. LA COYUNTURA ELECTORAL DE 1963 Y EL GOBIERNO DE BELAUNDE. EMPATE HEGEMONICO EN EL PODER
La coyuntura electoral de 1963 repite básicamente la constante política del año anterior, pero con un intermedio de doce meses que hace madurar las alianzas que se perfilaron entonces. En las elecciones el APRA vuelve a lanzar a su líder Máximo Haya de la Torre y el General Odría repite su candidatura, procurando ambos no explicitar el pacto que a última hora frustraron los militares del 62. Acción Popular y la Democracia Cristiana forman la alianza AP-DC para sumando fuerzas, incrementar los votos de Belaúnde. Este gana por estrecho margen la Presidencia de la República, pero no logra mayoría en el Parlamento. La inmediata formación de la Coalición APRA UNO, que sumando sus representantes logra mayoría en ambas cámaras, anuncia un período de álgida lucha política que reproducirá la pugna Parlamento-Ejecutivo que se produjo en 1945-1948.
La Fuerza Armada deja el poder tal como lo ofreció en 1962 y vuelve prestigiada a sus cuarteles, con la imagen resultante de un poder arbitral. En ella son evidentes entonces las simpatías por el nuevo gobierno reformista. Belaúnde no sabrá aprovechar esta fuente de poder y en el nuevo gobierno, tanto la Alianza como la Coalición, pugnarán por obtener la simpatía militar en términos tradicionales de prebendas, discursos y declaraciones. Ello será visible cuando aparecen las guerrillas en 1965 y el Ejércitos tiene éxito en eliminarlas garantizando con ello tranquilidad a la burguesía en su conjunto.
El gobierno de Belaúnde se inaugura en medio de gran expectativa y entusiasmo. Las ofertas políticas de la Alianza AP-DC son vagas e imprecisas, pero su sola mención y la presencia de hombres nuevos en el gobierno alientan la esperanza en sectores medios y populares. También la moderna burguesía urbano-industrial alienta la esperanza de reforzar su poder económico con el poder político recibido por los partidos reformistas, para así poder imponer su hegemonía sobre las fracciones oligárquicas y lograr una política económica que propicie la industrialización, favorezca la expansión de su base productiva y la penetración del capital extranjero en la industria. No sólo estos grupos sociales, sino también los sectores medios reformistas, esperan del capital extranjero algo así como la varita mágica que les permitirá el desarrollo sin mayor esfuerzo nacional. La ideología capitalista se presenta entonces muy clara en sus versiones tecnocráticas que se aceptan como válidas sin mayor análisis.
El triunfalismo expresado por las posiciones reformistas se estrellará sin embargo con la impermeabilidad política de una oligarquía que ya en decadencia no acepta “que algo cambie para que todo quede como está”. Los avances del movimiento popular van a impactar a la vez en una radicalización de los sectores medios y en una defensiva reacción de los terratenientes, tanto agro-exportadores como gamonales. Estos últimos serán uno de los mayores lastres de la oligarquía: agredidos en su base material por el movimiento campesino, van a exigir la represión como única respuesta. Los planteamientos de reforma agraria son inaceptables para ellos, incluso las propuestas más conservadores, pues suponen agredir al latifundio tradicional, sus relaciones del poder gamonal. En las guerrillas de 1965 encuentran pretexto para lograr sus objetivos de represión masiva.
6. LA OPCIÓN OLIGÁRQUICA
La oligarquía se hace así más rígida. Tiene poder económico importante en el a gro y en la Banca. Puede aliarse con sectores conexos tradicionales del comercio y algunas industrias; encuentra en el APRA un aliado importante para controlar el poder político directo, reemplazando su tradicional alianza con los militares que ahora, por la evolución política e institucional de éstos, se hace más difícil. EL APRA ofrece liderazgo y capacidad de articular sectores medios antiguos y de provincias, gran parte de los trabajadores rurales del Norte, y parte importante del movimiento obrero. A pesar el viraje de sus dirigentes, el APRA es el único partido de cuadros, con organización firme que cubre casi todo el país. Los seis años de la Convivencia con Prado le han dado recursos y poder que se expresa en votos. En ese período contaron con influencia decisiva en los Ministerios de Trabajo y Educación para fortalecer su presencia en obreros y maestros. Lograron recursos para obras regionales que prestigiaron a sus parlamentarios y pudieron así tener en las elecciones de 1962 y 1963 un caudal de votos de casi un tercio del electorado que les dio efectivo poder en el Parlamento.
El odriísmo, carta muy estimada por la oligarquía, había logrado impactar en la población que rodeaba Lima y al articulara a las fracciones más tradicionales de la oligarquía (gamonales) se benefició también con electores en algunas regiones deprimidas controladas por caciques locales. Ello era el complemento necesario para una alianza con el APRA, pues le exigía mucho menos a la oligarquía dado que como tal su clientela política sólo se satisfacía con obras públicas.
Se constituyó así la opción oligárquica en la escena política con fuerzas sociales lo suficientemente poderosas como para doblegar a su enemigo inmediato en la coyuntura: el bloque reformista.
Esta opción oligárquica representa a las tres fracciones tradicionalmente conocidas como la “oligárquica” enlazadas con minoritarios sectores industriales e inmobiliarios y en alianza con el APRA que le aporta la articulación parcial de trabajadores rurales del Norte, de parte del movimiento obrero y de una pequeña burguesía provinciana y antigua políticamente. El odriísmo es representante político directo y propio de la oligarquía, logrando articular con la imagen de las obras y servicios del ochenio, a sectores urbanos en su mayor parte sub-empleados y despolitizados.
7. LA OPCIÓN REFORMISTA
Frente a esta opción está el reformismo que articula las posiciones antioligárquicas de la mayoría de sectores medios, con el apoyo de la burguesía urbano industrial y otros sectores modernos, como la construcción, parte del comercio, la pesca y los servicios. Con el liderazgo de Acción Popular y Belaúnde logran el apoyo de parte del campesinado y el proletariado. El arquitecto Belaúnde recorre todo el país y logra movilizar aspiraciones a pesar de que su partido y la Democracia Cristiana, faltos de presencia y cuadros de base, no constituyen una militancia sólida.
En esta opción hay debilidades de base, tanto en la burguesía como en la pequeña burguesía. En cuanto a la primera su opción no es definitiva. Para fortalecer su base económica, jugará a “dos bandos” en más de una ocasión. Las reformas tienen valor sólo si aumentan su poder y producen mejores condiciones de negociación con las fracciones oligárquicas en su lucha por la hegemonía.
Hay grupos económicos que van a buscar representantes en todos los partidos jugando sólo en la óptica inmediata de la mayor ganancia económica. Tal es el caso de los pesqueros. Esta opción ambigua, o más bien complementariamente alternativa, puede representar lo que es la necesidad entonces sentida por la burguesía urbano industrial: recomponer el bloque en el poder subordinando mas no eliminando a las fracciones oligárquicas.
La pequeña burguesía intelectual, profesional y política que integra la opción reformista o antioligárquica, tiene como características una ambigüedad y pobreza ideológica que será muy significativa en el proceso 1963-68. Los programas de la alianza AP-DC son ambiguos por necesidad. Frente a problemas centrales como la nacionalización de la IPC o la reforma agraria, hay posiciones contradictorias que van en el primer caso desde la inclusión de los complejos agro-industriales hasta la sola referencia a expropiaciones en las haciendas más tradicionales.
Esta ambigüedad ideológica y programática permite la presencia de profesionales y políticas ligados claramente a grupos de poder económico modernos, junto a una pequeña burguesía en proceso de radicalización. En el período 1963-68 se producirá un destancamiento a su vez hará quebrar la Alianza AP-DC y los partidos que la integran. Se producen allí lo que denominamos más adelante como pugna entre un reformismo tecnocrático y reformismo social.
8. LA IZQUIERDA
Fuera de estas grandes opciones el período 1963-68 verá engrosarse y luego dividirse a la izquierda política. En ella la fuerza principal será el partido comunista peruano que al lograr un mayor margen de juego desde el gobierno de Prado, avanzará en su penetración dentro del movimiento sindical, capitalizando la frustación de elementos apristas y reformistas según avanza el período. Su principal objetivo es convertirse en una fuerza sindical decisiva a partir de su ruptura con la CTP aprista. A ello subordina la actuación de coyuntura, en la que aparecen más bien pequeños grupos de pequeña burguesía de izquierda, que articulan con el Partido Comunista tales como el Frente de Liberación Nacional (FLN). Es tradicional en el Partido Comunista la conciliación pragmática en la coyuntura, a un punto tal que a veces parecería que desde los años 30, hay una postergación definitiva de la lucha por el poder político, expresada en la coyuntura. Ello le hace perder cuadros, especialmente en el sector universitario donde logró en esta década importantes posiciones a costa del APRA. Ya en estos años se hace presente un nuevo factor: la ruptura del Partido Comunista a partir de la pugna entre China y Rusia, repercusión necesaria en un partido umbilicalmente ligado a las decisiones de afuera, que en parte por ello nunca logró un planteamiento político adecuado a la realidad nacional. Seguidores verbales de José Carlos Mariátegui no fueron capaces de realizar el mensaje del Amauta al respecto.
En este período la izquierda se diversifica con la presencia de tesis rupturista, que con influencia cubana y a partir de los problemas que ofrece el Partido Comunista, forman diversos y pequeños partidos marxistas-leninistas varios de los cuales optan en 1965 por la guerrilla rural, sin éxito.
En conjunto esta izquierda a la que se agregan grupos desprendidos del APRA y personas desilusionadas del reformismo no juega un rol definitivo en la coyuntura política del período. Su efecto se da indirecto en la pugna antioligárquica y en el trabajo que tiene a largo plazo como perspectiva.
9. LA PUGNA EJECUTIVO-PARLAMENTO EN EL GOBIERNO DE BELAUNDE
El enfrentamiento de la oligarquía y el reformismo se produce en forma intensa en los primeros años del régimen de Belaúnde. Este comienza con lo que se conoció como los 100 primeros días del Régimen, en los que se proyectó todo el entusiasmo y la energía acumulados en el proceso electoral. En ese corto plazo que inauguró Belaúnde al anunciar que en 90 días resolvería el problema de la IPC, se dio también la elaboración agraria; la nacionalización de la Caja de Depósitos y Consignaciones, convertida en Banco de la Nación; la creación del Programa de Cooperación Popular y otras medidas importantes.
Pero el problema central estaba planteado: el Presidente no tenía mayoría en el Parlamento. La coalición APRA-UNO lo controlaba y ello le daba poderes muy concretos para impedir las reformas y desgastar la imagen del gobierno.
Se vuelve a expresar en esta ocasión el conjunto de efectos que la Constitución de 1933 produce, al diseñar un híbrido de régimen presidencial y parlamentario, que sólo ha funcionado cuando el Presidente contaba con una dócil mayoría en el Parlamento, llevando al inmovilismo al régimen que no lograra esa condición.
Según la Constitución el Presidente es Jefe del Estado peruano con efectivo poder ejecutivo. Elegido por voto universal, nombra a su criterio al Presidente del Gabinete y con éste a los Ministros, pudiendo removerlos en cualquier momento. A partir de ello, ejerce el poder administrador con todos los atributos del caso, puede observar las leyes, derecho que si bien difiere el veto, obliga a una discusión, con lo cual posterga el problema a una nueva coyuntura política. Sin embargo, el Parlamento tiene también un poder que no se limita a legislar tiene derecho a iniciativa en el gasto presupuestal, con lo cual puede alterar las inversiones del ejecutivo, sin asignarle los ingresos adecuados. Puede censurar al Gabinete o a un Ministro en particular, con interpelación o sin ella, interviene en los ascensos de coroneles, generales y sus equivalentes en la Armada, así como en la elección de los Vocales Supremos. Tiene en suma poder suficiente para interferir a tal punto en la política del Ejecutivo que su acción puede llevar a una paralización o a conciliaciones parciales o totales.
Esto ocurre en el período 1963-1967 con particular intensidad. Se produce en el nivel estrictamente parlamentario aprobación de leyes y en el nivel ejecutivo. En lo primero el ejemplo más saltante es la aprobación de una Ley de Reforma Agraria distinta a la presentada por el Ejecutivo, en la que se exime a los grandes complejos azucareros de la reforma agraria y se posibilita esta en los latifundios tradicionales pero a un costo efectivo muy alto y complejo, que dependerá de los fondos que apruebe el Parlamento. Con tales limitaciones, la reforma agraria no pudo operar. En lo que a la intervención en funciones ejecutivas se refiere el panorama es más complejo. No se trata ya de la función propiamente legislativa, que es elemental derecho del Parlamento, sino de formas tales que es dudoso que puedan corresponder a un Congreso, como las Comisiones Fiscalizadores de Empresas Públicas (de carácter casi permanente) o la presencia de delegados del Poder Legislativo en organismos ejecutivos como el Consejo Nacional Agrario.
10. DETRÁS DE LA ESCENA POLÍTICA: CRISIS DE HEGEMONÍA EN EL BLOQUE EN EL PODER
La lucha política entre Ejecutivo y Parlamento está expresando en la escena política, la crisis de hegemonía en el bloque en el poder, que progresivamente se produce desde los años 50, conforme la expansión del polo urbano-industrial desafía la hegemonía de la burguesía agro-exportadora y el carácter oligárquico del bloque en el poder.
El estado oligárquico en crisis llega por evolución al punto máximo de la lucha política. De un verdadero monopolio del poder visible en los años 30 pasa a una coyuntura en la que incluso se dividen los aparatos institucionales del Estado. Las distintas fuerzas sociales en pugna, se agrupan de tal manera que cada una en bloques, adquiere mecanismos concretos del poder, siendo forzoso la conciliación o la ruptura del régimen político.
Hay así en este período una situación de vacancia hegemónica que da como resultado un Estado cuyas políticas son contradictorias sea por conciliación o por triunfo de una de las partes según el caso. Analizando la política económica puede decirse sin embargo, que la oligarquía consigue mantener la mejor parte de las medidas que favorecían a su fracción más importante: los agro-exportadores. Sucede así, pues en el reparto institucional, le favorece el control legislativo, indispensable para asignar nuevos tributos, implantar el control de cambios o tomar medidas que lleven eficazmente a la industrialización. La devaluación de 1967 beneficiará en este sentido a la burguesía agroexportadora, como en anteriores ocasiones. Debe señalarse además que en la burguesía industrial y en el reformismo hay ambigüedad en los planteamientos de mediano plazo, para implantar una política industrialista.
Ello ocurre no sólo por falta de mecanismos políticos, sino también porque gran parte de la burguesía industrial mantiene una posición liberal tradicional que se opone por ejemplo a un rol dinamizador del Estado en industrias básicas, control de recursos, etc. que resulta necesario en un proyecto industrialista para poder articular una economía tan diversa y con un sector exportador poderoso que la burguesía industrial no puede controlar sino a través del Estado.
11. CRISIS DEL REFORMISMO Y CAIDA DE BELAUNDE
La frustación de la reforma agraria, así como de los otros planteamientos del régimen de Belaúnde, marcan desde mediados de su período presidencial la crisis del reformismo. El Poder Oligárquico es tan fuerte como para impedir que en términos reales se afecten sus intereses y va doblegando no sólo a parte de los representantes políticos del Reformismos, sino a la propia burguesía urbano-industrial para buscar nuevas fórmulas de conciliación.
12. SE QUIEBRAN LOS PARTIDOS
Desde 1963 Belaúnde y la Alianza AP-DC tuvieron la disyuntiva de aceptar la mediatización de las reformas o recurrir al apoyo político del movimiento popular para enfrentar a la coalición oligárquica. Ello se planteó como alternativa de los dos primeros años, expresándose en propuestas concretas de movilización popular campesina o en el recurso al plebiscito, para zanjar conflictos entre Ejecutivo y Parlamento en referencia a la reforma agraria. Belaúnde optó por la primera alternativa y la resultante fue un cuadro complejo que lo llevó a perder la iniciativa política en la conyuntura y a desarrollar políticas de viraje y conciliación.
La otra tendencia parte de una óptica más social que económica, ubicándose en ella elementos de la pequeña burguesía que asumiendo más en serio los planteamientos reformistas en sus valores de justicia social continúan un proceso de radicalización. En ella se ubica el vicepresidente Edgardo Seoane, que presidió la Comisión de Reforma Agraria que elaboró el proyecto de ley del Ejecutivo, se ubica también la Democracia Cristiana liderada por el Senador Cornejo Chávez y parte de los dirigentes de Acción Popular que rompen con ese partido y forman Acción Popular Socialista en 1968.
En esta tendencia, minoritaria en el poder Ejecutivo y Legislativo, pueden verse rasgos que se expresan luego radicalizados en el gobierno de la Fuerza Armada (68-75), del cual muchos de estos hombres resultan asesores o funcionarios. Con la evolución política del gobierno de Belaúnde, han de pasar progresivamente a ser opositores, primero dentro y luego fuera del gobierno.
En la opción de Belaúnde por la conciliación con la oligarquía y el pacto con el APRA, juega un rol central la posición del Ejecutivo frente a las guerrillas de 1965. En sus inicios la alianza AP-DC procuró no reprimir al movimiento campesino. Con ello el gobierno de Belaúnde retrocedio aún más en su original intento reformista, pasando cada vez más a posiciones defensivas.
1. INICIOS DEL SIGLO XX
Durante el primer gobierno de don Augusto B. Leguía se presentaron diversos problemas fronterizos entre los que destaca el ocurrido con el vecino país de Colombia, entre 1911 y 1913. Este altercado se debió fundamentalmente a los choques producidos entre caucheros y tropas. A esto se sumaba la falta de delimitación del territorio.
Colombia le disputaba al Perú la zona de los ríos Caquetá o Yapurá y Putumayo sin tener derecho. Desde fines del siglo pasado la explotación del caucho en esa zona dio lugar a algunos conflictos que perturbaron la paz. La situación se agravó en 1911 al enviar el gobierno colombiano una expedición militar a la zona del bajo Caquetá para ocupar la orilla derecha que era del Perú, produciéndose un enfrentamiento entre las tropas peruanas y colombianas en el río Caquetá, cabe destacar el gesto heroico del Teniente A. P. Clavero, quien perdiera la vida en el enfrentamiento.
Asimismo se produjo también el incidente de la Pedrera, en la cual el señor presidente Augusto B. Leguía en justa defensa de la soberanía nacional, envió una expedición al mando del entonces Comandante Oscar R. Benavides, produciéndose los días 10, 11 y 12 de julio un encuentro armado en el lugar denominado La Pedrera, en el río Caquetá, que dió por resultado el desande de los colombianos y la ocupación de Puerto Córdoba por las tropas peruanas.
Más tarde un acuerdo firmado entre ambos países, restableció momentáneamente la paz en la región, pero quedando el asunto de la fijación de los límites sin resolverse ya que se sometería a un Arbitraje y lo cual terminaría con la confirmación del Tratado Salomón Lozano.
Don Augusto B. Leguía, candidato triunfante en las elecciones presidenciales de 1919, afrontaba la posibilidad de que se anulara su triunfo, en vista de haberse producido irregularidades durante el desarrollo de las elecciones. Ante esta situación, en la madrugada del 4 de julio se sublevó con la ayuda de sus partidarios y de las fuerzas de la gendarmería de la capital, asaltando el palacio de gobierno ante la pasividad del ejército, tomó preso al presidente Pardo y lo deportó a Europa. Leguía asumió el gobierno como presidente provisorio disolviendo el congreso, este nuevo régimen fue bautizado con el nombre de Patria Nueva, convocó a un plebiscito para reformar la constitución de 1860 y a elecciones para un nuevo Congreso de la República. El nuevo parlamento elegido adoptó el nombre de Asamblea Nacional y proclamó a Leguía Presidente Constitucional para un período de 5 años que empezó el 12 de octubre. Esta nueva Constitución fue promulgada el 18 de enero de 1920 y sus principales innovaciones fueron que elevó el período presidencial de 4 a 5 años, implantó la renovación total de las cámaras legislativas, creó los congresos regionales en el centro, norte y sur de la república, reconoció la existencia legal de las comunidades indígenas, entre otras disposiciones. El gobierno de Leguía, se caracterizó por un gobierno de carácter personal con orientación hacía la dictadura, violando los derechos ciudadanos que la nueva constitución garantizaba. Durante el inicio de su mandato presidencial los diarios El Comercio y La Prensa fueron asaltados, la Prensa fue confiscada, acabando con la libertad de expresión.
En el congreso se deshizo de la oposición, convirtiendo a este poder en sumiso a su mandato; las municipalidades elegidas por voto popular, fueron reemplazadas por personal designado por su gobierno, sus enemigos políticos fueron perseguidos, presos, deportados y hasta fusilados. Al termino de su mandato en 1924, el congreso sumiso a su mandato, reformó el artículo de la constitución que prohibía la reelección presidencial, y fue nuevamente elegido en elecciones fraudulentas. Muchas fueron las rebeliones que ocurrieron en la república contra la dictadura de los once años y muchas también las muertes producidas, siendo las mas notorias, la del Coronel Samuel de Alcázar, quien fue fusilado en Cajamarca en 1924 y la misteriosa muerte del Sr. Augusto Durand, a bordo del crucero Almirante Grau en donde estaba prisionero.
La política económica desarrollada durante el mandato presidencial de Leguía fue desastrosa para el país, a pesar que después de la guerra con Chile, la deuda externa del Perú quedó cancelada por el contrato Grace, durante la dictadura de los once años de Leguía se incrementó inconteniblemente la deuda externa por la contratación de 10 empréstitos en EE.UU., que determinaron la penetración capitalista norteamericana en nuestro país. Estos empréstitos fueron realizados para atender los servicios del estado, realizar obras de irrigación en la costa, cubrir déficit en los presupuestos, realizar obras públicas, y para cancelar saldos de los empréstitos anteriores. Los empréstitos y las obras públicas, produjeron una pasajera bonanza en la nación, favorecieron la formación de nuevas fortunas al amparo de la dictadura, pero al final el resultado fue la crisis económica en la nación que estalló incontenible en 1929. El proceso de industrialización nacional orientado por los gobiernos anteriores no prosiguió y el país sucumbió bajo el dominio del imperialismo.
Entre las obras públicas realizadas por el gobierno de los once años están la modernización de la capital, como la gran plaza San Martín con el bello monumento al fundador de nuestra independencia que en 1921 fue inaugurada con ocasión de celebrarse el primer centenario de la independencia Nacional. Surgieron nuevas urbanizaciones en torno a la antigua ciudad, se continuó la obra de pavimentación de las calles y avenidas, se construyeron nuevos edificios públicos, se construyó el parque de la reserva. se inició la construcción del terminal marítimo en el Callao. Se realizaron obras de irrigación en la costa, como la de pampas en el Imperial en Cañete; las pampas de Olmos en Lambayeque. Se hicieron obras de aguas y desagüe en varias ciudades, entre ellas, Lima y Balnearios, Callao Arequipa Piura, Ica. Se construyeron diversas carreteras en los departamentos con el producto de la Ley de Conscripción Vial que obligaba a todos los ciudadanos a colaborar en la construcción de carreteras. Se construyó el ferrocarril de Chimbote a Recuay, se inauguró el ferrocarril de Huancayo a Huancavelica y se terminó el del Cusco a Santa Ana. Se trató de construir el ferrocarril a la selva, partiendo de un punto en la costa norte hasta Yurimaguas, pero los diversos proyectos fracasaron.
El litigio de petróleo de la Brea y Pariñas recibió una desgraciada solución, causando grandes perjuicios al país beneficiando al imperialismo británico y Norteamericano, que en vez de someter el litigio al arbitraje internacional, como lo mandaba la ley 3016 dictada por el Congreso, se pactó con el representante británico en Lima (2 de marzo de 1922) un convenio por el cual se reconocía que la propiedad de la Brea y Pariñas comprendía 41,614 pertenencias, que se pagaría al gobierno durante cincuenta años treinta soles por pertenencia que no se hallare en trabajo al tiempo del pago, así mismo se fijó como único otro impuesto que los propietarios y arrendatarios pagarían el impuesto a la exportación del petróleo, el mismo que no podría ser aumentado durante veinte años. Por concepto de contribuciones u otro pago adeudado al estado peruano, el propietario de La Brea y Pariñas pagaba al estado un millón de dólares. Por este acuerdo, el gobierno exoneró a los explotadores de dicho yacimiento del importante impuesto denominado canon de producción, que hubiese reportado muchos millones de soles. Este acuerdo fue aprobado por un tribunal especial que se reunió en París, el 22 de abril de ese año de 1922, y que estuvo conformado por el Presidente de la Corte Federal de Suiza, un representante inglés y uno peruano. Este tribunal sustituyó al congreso de la Nación, lo que fue ilegal. A este convenio se le conoce con el nombre de Laudo de París. En 1925, la INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY compró a los sucesores de William Keswick sus derechos de propiedad sobre La Brea y Pariñas, quedando esta compañía con un privilegio desastroso para el país.
Otro convenio lesivo a los intereses del país fue el que firmó en 1928 (aprobado el 9 de noviembre) con la PERUVIAN CORPORATION por el cual se le cedía a perpetuidad los ferrocarriles nacionales que explotaba esta compañía imperialista inglesa, de acuerdo al contrato Grace y al convenio de 1907 y concediéndole la preferencia en toda construcción y explotación de ferrocarriles.
La política internacional del señor Leguía fue en esta etapa no solo inconveniente sino lesiva a los intereses nacionales. Durante la dictadura de los once años firmó el desastroso tratado de límites con Colombia y el inconveniente tratado con Chile. Entre otros hechos de gobierno de los once años cabe mencionar la reforma de la policía, para lo cual se contrató los servicios de una misión española de la Guardia Civil (1921). Se incorporó el arma aérea a la defensa nacional, creándose la base aérea militar de Las Palmas y en Ancón se instaló una base de hidroaviación. La armada se incrementó con cuatro submarinos. El aviador civil norteamericano Elmer J. Faucett inició el transporte comercial de pasajeros, dando nacimiento a la gran empresa que lleva su nombre. Se mejoró el servicio de Correos y telégrafos. Se promulgó el código penal de 1924. Se dieron varias leyes y resoluciones de carácter social, siendo la mas importante, la ley 4916 de 7 de febrero de 1924, que estableció la indemnización por tiempo de servicios en los empleados; se fijó el plazo para ser despedidos del trabajo y se estableció la obligación del empleador de otorgar póliza de vida al trabajador. Durante este gobierno se incrementó la inmigración Japonesa.
El 22 de agosto de 1930, la guarnición de Arequipa se sublevó contra el gobierno, este movimiento revolucionario estaba comandado por el comandante Luis Sánchez Cerro, quien recibió el apoyo del país, cansado de once años de dictadura, hasta que el 25 de agosto Leguía se vio obligado a renunciar del mando, produciéndose el asalto popular a la casa del expresidente y de sus principales colaboradores. El 27 llegó a Lima el comandante Sánchez Cerro y fue recibida apoteósicamente, formándose una Junta Militar de Gobierno bajo su presidencia. El señor Leguía quedó prisionero. Con Leguía separado del mandato presidencial de la república, el Perú entró en una etapa de profunda crisis política, económica y social, los partidos políticos tradicionales estaban en crisis y se produjo la aparición de otros nuevos de tendencia revolucionaria social, uno de ellos el partido Aprista, la grave crisis económica que padecía el Perú desde 1929 se agravó con la crisis política, el panorama social y político devino en disturbios de obreros y conflictos universitarios en diferentes lugares de la capital y del país. Esta situación hizo que Sánchez Cerro convocara a elecciones generales para Presidente de la República y de un nuevo congreso, presentándose como candidato. Esta nueva situación originó que ocurrieran levantamientos en el Callao, Arequipa y otros lugares, obligando a Sánchez Cerro a renunciar junto con los demás miembros de la Junta (1 de marzo de 1931). Después de 10 días de caos político, el 11 de marzo asumió el mando una Junta Nacional de Gobierno presidida por el ilustre político señor David Samanez Ocampo.
La Junta Nacional de Gobierno convocó a elecciones para presidente de la república y para un Congreso Constituyente que dictara una nueva constitución, además dictó otras disposiciones para hacer frente a la crisis económica y social que se vivía. La Junta cumplió con dar las más amplias garantías y libertad electoral, por lo cual se presentaron como candidatos, el comandante Sánchez Cerro apoyado por su partido la Unión Revolucionaria y la colaboración del partido civil; el señor Víctor Raúl Haya de la Torre por el partido Aprista, y los doctores Arturo Osores y José María de la Jara y Ureta. La lucha se concentró entre los dos primeros candidatos. Realizada las elecciones, el jurado nacional de elecciones proclamó presidente electo a Sánchez Cerro y a los representantes ganadores de la elección al congreso.
El 8 de diciembre se instaló el Congreso Constituyente y ese mismo día el comandante Sánchez Cerro juró el cargo de Presidente Constitucional, quien inició su mandato contando en el congreso con una mayoría que a los pocos dias lo ascendió a general de brigada, también existía una minoría integrada principalmente por miembros del partido Aprista quienes hicieron una gran oposición y que poco después en su mayor parte era apresada y deportada. Este congreso constituyente se dedicó a discutir la nueva constitución, que fue promulgada por el Presidente Sánchez Cerro el 9 de abril de 1933. Desde el primer momento, el gobierno y la oposición se enfrascaron en un gran enfrentamiento caracterizando a este gobierno por las continuas incidencias políticas que sumieron al país en una profunda intranquilidad. Para reprimir a la oposición, el congreso aprobó leyes muy severas que le fueron enviadas por el gobierno entre ellas una llamada ley de emergencia que otorgó al gobierno poderes especiales, lo que le permitió apresar y deportar a 23 representantes de la minoría, se clausuró la universidad de San Marcos y las persecuciones, prisiones y deportaciones fueron asunto de todos los días.
A pesar de lo drástica de La ley de emergencia, no consiguió imponer el orden, ocurriendo incidencias como el atentado en la Iglesia de Miraflores; una rebelión de marineros en los buques de la escuadra en el Callao; una sangrienta sublevación de civiles en Trujillo y Huaraz; una sublevación militar en Cajamarca, en la que falleció el jefe de la misma Comandante Jiménez y otras mas, que dieron como resultado la detención y ejecución de muchas personas ordenadas por cortes marciales.
A esta grave situación política y social que vivía el país, ocurrió un serio incidente con Colombia que condujo al país a un virtual estado de guerra con el país vecino. El incidente se originó el 1 de setiembre de 1932, cuando un grupo de civiles peruanos residentes en la población de Leticia ubicado dentro del llamado Trapecio Amazónico cedido a Colombia por el tratado firmado en la dictadura del señor Leguía, depusieron sin mayor violencia a las autoridades colombianas, dominaron a la policía local y se apoderaron del lugar. El hecho sorprendió tanto al gobierno de Colombia como al del Perú. Se iniciaron negociaciones con la colaboración de otros países para arreglar la situación, pero Colombia y el Perú enviaron sus fuerzas terrestres, navales y aéreas a la región, produciéndose varios choques armados en la zona fronteriza de Putumayo.
El gobierno peruano nombró como jefe de las fuerzas armadas al general Oscar R. Benavides y llamó a los ciudadanos a prestar su concurso para la defensa de la patria. El domingo 30 de abril de 1933, el Presidente Sánchez Cerro concurrió al antiguo hipódromo de Santa Beatriz (hoy campo de Marte), a la salida del hipódromo fue asesinado por un individuo quien le disparo por la espalda a quemarropa, el asesino Abelardo Mendoza Leyva, fue muerto en el mismo lugar de los hechos por los guardias y edecanes que custodiaban al Presidente. El Congreso Constituyente declaró el Estado de Sitio y suspendió las garantías individuales.
El mismo día del asesinato del presidente Sánchez Cerro, el Congreso designó al general Benavides como Presidente del Perú hasta 1936, tiempo en que terminaba el período presidencial del fallecido. En 1936 al concluir el período presidencial de Benavides, se convocó a elecciones, las cuales después de realizadas dio como ganador a don Luis Antonio Eguiguren del Partido Social Demócrata, pero ante denuncias del Ejecutivo de que los votos eran apristas (partido rechazado y proscrito por el Jurado Nacional de Elecciones), el Congreso declaró nulas las elecciones y prorrogó el mandato presidencial de Benavides hasta 1939.
El gobierno del general Oscar R. Benavides, con el apoyo del ejército, instauró un gobierno personalista buscando el orden interno tratando de imponer “paz y concordia”, dictó como primera medida una Ley de Amnistía general, prometiendo el establecimiento de las libertades públicas lo cual fue conseguido a costa de fuerza y autoritarismo. Durante el gobierno del general Benavides fue desapareciendo la crisis económica anterior, se dictó medidas que crearon confianza en la industria y el comercio. Se reinició el progreso material del país sin la necesidad de recurrir a los empréstitos extranjeros. Se terminó la modernización del puerto del Callao y se inició la construcción del de Matarani para impulsar el comercio. Se realizó una importante política vial con la construcción de la carretera Panamericana y otros caminos, entre ellos de penetración a la selva, rompiendo el aislamiento en que estaban muchos pueblos, y completando esta obra de vinculación se suprimió el impuesto del Peaje que se pagaba en muchos caminos y carreteras. Se realizaron obras de agua y desagüe en varias ciudades. Con motivo de cumplirse en 1935 el cuarto centenario de la fundación de Lima, se realizaron obras de modernización de la capital, entre ellas la del palacio de gobierno y la plaza de armas que adquirieron su actual estructura. La ley del Seguro Social fue presentada al Congreso el 26 de noviembre de 1935 por el Dr. Edgardo Rebagliati, quien después fue el primer gerente general y fundador del Seguro Social, obligatorio para los obreros; Se construyeron barrios obreros y restaurantes populares. En el campo de la educación superior, se reabrió la Universidad de San Marcos clausurada por el gobierno del general Sánchez Cerro.
En el aspecto internacional, el general Benavides invitó al presidente electo de Colombia don Alfonso López para dar una solución pacífica al conflicto fronterizo que desde la época del presidente Sánchez Cerro estaba pendiente, las conversaciones concluyeron en aceptar la fórmula propuesta por la Liga de las Naciones Unidas en la cual se establecía que el Perú desocuparía el territorio invadido o en disputa mientras se resolvía el problema. El 25 de marzo de 1934, se firmó en Ginebra un acuerdo por medio del cual se hizo el armisticio, Leticia fue desocupada, Perú y Colombia nombraban a sus representantes que se reunieron en Río de Janeiro bajo la presidencia del Ministro de Relaciones Exteriores del Brasil, Afranio Mello Franco, en la cual se acordó:
1. La reafirmación del Tratado de 1922, es decir definitivamente se le daba a Colombia el Trapecio Amazónico, dando validez al Tratado de Salomón-Lozano, efectuado durante la presidencia de Leguía.
2. Se garantizaba la libre navegación y tránsito por el Amazonas, complementándose con los acuerdos y convenios sobre pasaportes en la región amazónica, cooperación y ventajas aduaneras, tráfico de mercaderías e intercambios intelectuales y culturales, etc.
Próximo a terminar su período en 1939, el general Benavides convocó a elecciones generales para Presidente de la República y Congreso. Se presentaron como candidatos el Dr. Manuel Prado y el Dr. José Quesada.
El proceso electoral fue tranquilo, gozándose de libertades limitadas, que al término el Dr. Manuel Prado fue declarado Presidente Electo por el Jurado Nacional de Elecciones, asumiendo el mando ante el Congreso recién instalado, el 8 de diciembre de 1939.
El 13 de Mayo de 1830, Ecuador formó su República al separarse de la Gran Colombia, desde aquella fecha hasta estos días aquel país había realizado reclamos insistentes, provocaciones e incursiones en el territorio del Perú. Estos reclamos infundados que duran más de 110 años. Con la finalidad de hacer frente a estas incursiones ecuatorianas, el presidente Prado creó el Agrupamiento del Norte, bajo el comando del General de Brigada Eloy A. Ureta y del jefe de estado Mayor General, Tnte. Coronel Miguel A. Monteza Tafur, el Tnte. Coronel Gumercindo Egúsquiza, y el mayor Absalón Jaimes. En los primeros días de Julio las tropas peruanas fueron ubicadas en los puestos fronterizos de Aguas Verdes, Porvenir, Las Palmas, Uña de gato, Lechugal, Quebrada seca, Matapalo y El Coral.
2. LA VIDA POLÍTICA DESDE 1939 HASTA 1968
2.1. SITUACIÓN POLÍTICA DEL PFRU
Características
Entre l939 y l968 el Perú vive la llamada historia inmediata o historia del presente que en términos generales, y para dar necesaria visión, tiene las características siguientes:
a. Incapacidad política.- A raíz de la crisis económica del capitalismo en 1930, la sociedad peruana experimentó una di-versidad de cambios que ocasionaron una ola dé conflictos socia-les y políticos. Tales movimientos requirieron de una solución que obligaron la intervención de los distintos sectores dominantes y del Estado, sin Embargo en tales circunstancias. demostraron incapacidad política. No obstante, sería injusto ver el problema unílateralmente, tampoco los sectores medios atinaron a movilizar políticamente, y de manera eficaz a los sectores populares para acabar con la dominación oligárquica
b. Surgimiento de los partidos políticos de las clases medias y radicales.- Los partidos populares de tinte anti-imperialista o social-de¬mócrata organizados hacia 1930, dirigidos por profesionales de la política e inspirados en las grandes corrientes del pensamiento político mundial, como los partidos Aprista y Comunista, fueron desplazados ante la imposibilidad de efectuar los cambios de las estructuras tradicionales por un nuevo tipo de partido, que aglutino medias ascendentes, de Lima y provincias.
c. Pugna entre el ejército, el APRA y los partidos marxistas.- Los sectores tradicionales del país no fueron capaces de organizar un partido político afín a su ideología: capaz ele asumir la responsabilidad de promover cl desarrollo nacional Ante el surgimiento de los partidos populares que amenazaban sus; pri-vilegios, a las Fuerzas Armadas, enfrentándolas a los partidos políticos ya construidos, entre 1930 y 1968. De este modo se puso de manifiesto una pugna entre el Ejército y el APRA y después, entre el Ejército y los partidos marxistas.
d. El Ejército árbitro de la vida política.- La finalidad fundamental del Estado, que es velar por el bie¬nestar social, fue captada por las fuerzas conservadoras; después de su maduración ideológica, desarrolla su propio proyecto na¬cional orientado a favorecer a los estratos más necesitados. El ejército se transforma así en el árbitro indiscutible de la vida po¬lítica, en momentos de crisis, por el poder armado que dispone.
2.2. PERIODIFICACION
Para una mejor comprensión la etapa que estudiamos se puede dividir en varios periodos:
A. El gobierno del Dr. Manuel Prado Ugarteche (1939- 1945)
En l939 Benavides decidió convocar a comicios presidencia¬les. Previamente llevó a cabo un plebiscito con el propósito de aprobar algunas reformas constitucionales, como la de disminuir las facultades legislativas del Congreso en materia económica y aumentar el ejercicio presidencial a seis años. Con ellas aspiraba a robustecer el poder del Presidente de la República. Dichas enmiendas fueron aprobadas por el 870/o del electorado.
Al iniciar su periodo Manuel Prado dio una especie de am¬nistía, por la cual los presos apristas recobraron su libertad y el APRA salió de la clandestinidad.
Muy pronto dio muestras de ser político sagaz y realista. Rápidamente consiguió el respaldo del Parlamento. de los militares de importantes sectores políticos y de la ciudadanía que anhelaba la paz pública.
B. El gobierno del Dr. José Luis Bustamante y Rivero (1945-1948)
Esta etapa fue breve, intensa y violenta, dentro de un clima democrático. Empezó al término de la Segunda Guerra Mundial (1945) y concluyó sorpresivamente en 1948. El Doctor José Luis Bustamante y Rivero llegó al poder respaldado por una amplia corriente de oposición agrupada en el Frente Democratica Nacional, de la que formada parte el Partido Aprista, que derrotó a su opositor, al general Eloy G. Ureta, vencedor de Zarumilla, en la guerra con el Ecuador, y fuera propuesto por Unión Revolucionaria.
Bustamante asumió el poder el 28 de julio de 1945. Ese mismo día promulgó una ley de amnistía, excarcelando a los pre¬sos políticos y permitiendo el retorno de los desterrados.
El Frente Democrático Nacional empezó a desintegrarse dada su composición heterogénea y el Partido Aprista que era minoría en el Congreso, pasó a la oposición.
La oligarquía tradicional, que miraba con desconfianza la tendencia renovadora del gobierno optó también por la oposición.
C. El gobierno del general Manuel A. Odria (1948- 1956)
Odría instaló en el Perú un régimen de dictadura militante como tal no respetó la Constitución ni los derechos humanos elementales Persiguió ferozmente y desterró a militantes apristas y comunistas. En los inicios de la “guerra fría”, gracias a la ley de seguridad interior, Haya de la Torre se asiló en la embajada de Colombia, en donde permaneció hasta 1954, ante la negativa del gobierno para que abandone el país. Después de cinco años se le deportó, despojándole de la ciudadanía peruana, después que lo absolvió el Tribunal Internacional de La Haya.
La primera fue la Junta Militar de 1948 a 1950. En ese periodo, apoyado exclusivamente por el ejército, gobernó sin Parlamento mediante Decreto Leyes
La segunda etapa comprende de 1950 a 1956 como presi¬dente Constitucional. En 1950 fue elegido como candidato único, después de hacer apresar a su opositor el general Ernesto Montagne.
D. El segundo gobierno de Manuel Prado (1956 – 1962)
En 1956 Manuel A. Odría convocó a elecciones. Se presen¬taron tres candidatos: Manuel Prado, ex Presidente del Perú, re¬cién llegado de Europa, Hernando de Lavalle, apoyado por Odría e inicialmente por el Apra y Fernando Belaúnde por cl Frente Nacional de Juventúdes. El 17 de junio de 1956 triunfó Manuel Prado, favorecido por el Partido Aprista. Es que Prado hábilmente ofreció a Ramiro Prialé, secretario General del Par¬tido Aprista, la legalidad el mismo día en que asumía la pre¬sidencia.
Al amparo del acuerdo apro-pradista emergieron nuevos sec¬tores medios con planteamientos reformistas como el Partido De¬mócrata Cristiano, el Movimiento Social Progresista y Acción Po¬pular que buscaban representar los movimientos campesinos, la movilización de la población migrante hacinada en las barriadas y las luchas obreras.
Uno de sus Primeros actos, para limitar la presencia de los nuevos grupos políticos, fue la de constituir la “Comisión para la Reforma Agraria y la Vivienda” destinada a proponer solucio¬nes a los problemas agrarios y de la vivienda. De ese modo el Estado desorganizaba’ la creciente participación política de los sectores populares y de sus intermediarios.
E. El gobierno de la junta militar (1962 – 1963)
En junio de 1962 se realizaron las elecciones generales. De los 11 candidatos a la Presidencia sólo tres obtuvieron una vo¬tación importante: Víctor Raúl Haya de la Torre con 558 237 vo¬tos, Fernando Belaúnde Terry con 543828 y el general Manuel Odría 452404. Ninguno obtuvo la mayoría necesaria, por lo tanto el Congreso Nacional tenía que resolver el problema.
Durante su gestión decretó la reforma agraria en La Convención y logró apresar al jefe guerrillero Hugo Blanco. Se creó el Instituto Nacional de Planificación y se dio el nuevo Estatuto Electoral que establecía el sistema de la cifra repartidora, que permitía la presencia de la mayoría como de la mayoría como de la minoría en Parlamento.
En 1963 fueron a su promesa, la Junta Militar realizó elecciones generales.
Tres fueron los grandes bloques políticos. La Alianza Acción Popular-Democracia Cristiana, el Apra y la Unión Nacional Odriísta. Ganó el candidato de la Alianza, arquitecto Fernando Belaúnde Terry.
F. Primer gobierno de Fernando Beláunde Te¬rry (1963 – 1968)
El arquitecto Belaúnde asumió el mando supremo de la nación el 23 de julio de 1963 con el apoyo de la Democrática Cristiana, pero no logró tener mayoría en el Congreso Nacional en donde el partido Aprista y la Unión Nacional Odriísta tenían mayoría absoluta. En consecuencia, su gobierno se caracterizó por la pugna entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.
En el Congreso Nacional el APRA y la representación Odriísta se unieron y formaron la Coalición, que frenó el Pro¬grama del Ejecutivo. Esto fue considerado como una claudicación a los ideales apristas y motivó la renuncia de un grupo de dirigentes nacionales y la perdida definitiva de su ascendencia en la población universitaria. En el Congreso Nacional la Coalición parlamentaria se de¬dicó a censurar ministros, obligándolos a renunciar.
G. Movimiento Militar de Juan Velasco Alvarado
Siendo presidente de la República del Perú, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, y cuando faltaban 9 meses y 25 días para que terminara su mandato, el 3 de octubre de 1968 a las 3:30 horas de la madrugada fue violentamente sacado del Palacio de Gobierno, por oficiales del ejército y conducido a la división blindada, desde donde a las 7:02 a.m. fue embarcado en un avión especial y deportado con rumbo a Buenos Aires, Argentina. El movimiento militar fue encabezado por el general de división, Juan Velasco Alvarado, quien se desempeñaba como Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, quien a las doce horas del mismo día anunciaba la formación de la Junta Militar Revolucionaria, compuesta por un gabinete castrense del ejército, marina y aviación. Este acto fue calificado por los historiadores como otro de fuerza e imposición al orden democrático establecido en el país.
El golpe militar del general Juan Velasco Alvarado, justificaba su intervención por los siguientes puntos:
1. Por el descrédito creado como consecuencia de la devaluación monetaria, ejerciendo una enorme presión en las clases más necesitadas del país.
2. Por la proliferación del contrabando, actividad que fue apoyada por importantes hombres del gobierno y parlamento quienes también tuvieron participación en estos actos.
3. Por la falta de principio de autoridad del gobierno.
4. Por la inadecuada administración del dinero del estado, con el aumento exagerado de la burocracia motivos principales de la devaluación.
5. Por la inmoralidad parlamentaria, que dictaba leyes en beneficio propio.
6. Por el convenio y Acta de Talara los días 12 y 13 de agosto de 1968, con la International Petroleum Company, sobre la entrega de los yacimientos de la Brea y Pariñas y concesiones de explotación de hidrocarburos, en condiciones lesivas contra el país y atentando contra la soberanía y a la dignidad nacional.
7. Por la pérdida o retiro deliberado de la página 11 del referido contrato denunciado por el Ing. Carlos Loret de Mola, ex-presidente de la Petrolera Fiscal, que dejó al gobierno de Belaúnde sin la fuerza moral para sostenerse en el mando.
El Gobierno Revolucionario, dictó decretos leyes designando presidente de la República al general Juan Velasco Alvarado; declarando nulos el convenio y Acta de Talara, suscritos por el gobierno intervenido con la International Petroleum Company; reivindicando para el Estado la propiedad de los yacimientos petroquímicos de La Brea y Pariñas que indebidamente explotaban la International Petroleum Company por mas de 48 años entre otros. Siendo la una de la tarde del 9 de octubre de 1968, mientras el presidente de facto General Velasco Alvarado daba lectura a su mensaje dirigido al país, el General de brigada Fermín Málaga Prado, Comandante Militar de la 1ra. Región Militar, en representación del gobierno revolucionario tomó posesión de los yacimientos de la Brea y Pariñas y del complejo industrial de Talara.
El Gobierno Revolucionario del Gral. Juan Velasco Alvarado, en las medidas y obras que adoptó realizó drásticos cambios en la vida social, política y económica del país. Entre las principales medidas se encuentran:
Reestructuró la composición de los ministerios, suprimiendo a algunos y creando otros, con denominaciones y funciones de cada uno de ellos.
Implantó la reforma Agraria (24 de Junio de 1969), suprimiendo el latifundio y el minifundio, creando grandes cooperativas y sociedades agro-industriales de interés social, a quienes se les adjudicó los grandes complejos azucareros, ganaderos que quedaban bajo la administración de los trabajadores pero con intervención del gobierno revolucionario (CAPS y las SAIS).
Por Decreto otorga el estado los derechos para la refinación del cobre y la comercialización de los productos mineros (8 de Junio de 1969, MINERO PERU).
Crea la Ley General de Industrias, entregando al estado las industrias básicas (INDUPERU, SIDERPERU, ENTURPERU).
Dispone que en las empresas en que la totalidad del capital sea extranjero, garantiza mediante contrato con el gobierno, razonables márgenes de utilidad y plazos adecuados para recuperar la inversión, vencidos los cuales deben transferir a peruanos el 67% de sus acciones. Cuando el capital extranjero se asocie al nacional, el contrato fijará el plazo en que éste deberá poseer no menos del 51% del accionariado.
La Ley de la Comunidad Industrial, que señala una participación progresiva de todo el personal de la empresa en la propiedad y gestión de la misma, hasta llegar al 50% de las acciones y del directorio.
La Ley General de Pesquería, que encarga al Estado en régimen de exclusividad la comercialización del aceite y la harina de pescado y crea la Comunidad Pesquera, a través de la cual los empleados y obreros estables tomarán parte de la propiedad gestión y ganancias de su respectiva empresa (PESCAPERU).
La Ley General de la Minería, estableciendo en un 10% la participación de los trabajadores en las utilidades netas de su propia empresa.
La Ley General de Telecomunicaciones, que otorga al Estado la explotación de los servicios públicos del rubro y le da el control de los de radiodifusión. A tal efecto establece que la radio y la televisión comercial sólo pueden ser explotados por empresas oficiales o por compañías estables asociadas, en las que la nación participe con un mínimo de capital accionario 25% en las de radio y 51% en las de televisión y tenga en capacidad determinante en las decisiones (ENTEL PERU).
Establece la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE), y adquiere las acciones de los bancos Popular, Internacional, Continental y Progreso.
Después de siete años de gobierno del general Juan Velasco Alvarado, el 29 de Agosto de 1975, el general Francisco Morales Bermúdez lo “relevó” en el mando, asumiendo el control de la Junta de Gobierno, en su SEGUNDA FASE. Este segundo período del gobierno militar denominado Plan Túpac Amaru retornaron los exiliados, se reabrieron los diarios y revistas clausurados, y otros cambios dirigidos a buscar recobrar el desgaste que sufrieron las fuerzas armadas en el poder agravada con la crisis económica. El 28 de julio de 1977 el presidente anunció que el segundo semestre de 1978 se reuniría una Asamblea Constituyente, a la cual las Fuerzas Armadas entregarían el poder a la civilidad en 1980.
El 31 de Octubre de 1977, el gobierno revolucionario, presidido por el general de división Francisco Morales Bermúdez, convocó a elecciones para elegir a los miembros de la Asamblea Constituyente. El 16 de marzo de 1978, el Jurado Nacional de Elecciones, anunció que se habían inscrito doce listas de candidatos para elegir a los cien miembros de la Asamblea Constituyente. Para las elecciones votarían los ciudadanos peruanos mayores de 18 años, no tendrían voto los analfabetos.
Las elecciones se realizaron el 18 de junio de 1978, siendo el postulante que obtuvo mayor votación Víctor Raúl Haya de la Torre con 1’038,518 votos y su partido el APRA, logró obtener 37 puestos de los cien escaños. Fue seguido por el Partido Popular Cristiano (PPC) con 25 escaños; el Frente Obrero Campesino y Estudiantil del Perú (FOCEP) con 12; el Partido Social Revolucionario (PSR) 6; el Partido Comunista con 6; Unión Democrática del Perú (UDP) 4; el Frente Nacional de Trabajadores y Campesinos (FNTC) 4; la Democracia Cristiana 2; el MDP 2; la UNO 2.
Víctor Raúl Haya de la Torre, al ser el postulante elegido con la mayor cantidad de votos, presidió las sesiones de la Asamblea Constituyente, que tenía como única función discutir y aprobar la nueva Carta Magna. La nueva Constitución Política del país, se terminó de redactar en el mes de julio de 1979, bajo la presidencia del Dr. Luis Alberto Sánchez, en vista que el presidente de las sesiones Haya de la Torre, se encontraba enfermo, a pesar de su mal estado de salud llegó a firmar la Constitución, falleciendo posteriormente el 12 de agosto de 1979.
Terminada la Constitución Política del Perú, se convocó a elecciones presidenciales, para las cuales se inscribieron quince candidatos. Las elecciones fueron realizadas ordenadamente y sin incidencias, gracias al apoyo de las fuerzas armadas y policiales, el domingo 18 de mayo. Los resultados después del escrutinio de los votos fue entre el partido de Acción Popular, liderado por el ex-presidente Fernando Belaúnde Terry, y el candidato del APRA Sr. Alejandro Villanueva, el primero ganaría con el 45.36% de los votos frente al 23.40% del representante aprista. Estas elecciones sirvieron para elegir al nuevo Congreso, Acción Popular ganó la mayoría de los escaños en la Cámara de Diputados, y cerca en la de Senadores. El nuevo presidente constitucional, asumiría su cargo el 28 de Julio de 1980, fecha en que también entraría en vigencia la nueva Constitución del Perú.
h) La Dictadura de Alberto Fujimori Fujimori
Sin duda alguna, el Perú exhibió una caricatura de democracia, con un Presidente Alberto Fujimori que apoyado por las Fuerzas Armadas y su servicio de inteligencia destruyó el Estado de Derecho e impuso en su lugar un régimen dictatorial que a través de una pequeña “camarilla” domina todos los poderes del Estado.
Imitando a los pulpos, el presidente Fujimori extendio sus largos brazos a cada una de las instancias establecidas por la Constitución Nacional para fiscalizar y contrapesar la acción gubernamental. Fujimori y sus allegados civiles y militares, que aspiran a perpetuarse en el gobierno, han pervertido el ejercicio del poder político, utilizando sus cargos para obtener mezquinos intereses personales o de grupo.
Aún más, el gobierno se tomó la autoridad de desconocer la voluntad de cerca de 1 millón y medio de peruanos, que con sus firmas demandaron la realización de un Referéndum en contra de la llamada “Ley de Interpretación Auténtica”, aprobada por Fujimori para facilitar una nueva e ilegal reelección presidencial.
Cada parlamentario “de la mayoría”, cada Ministro de Estado, cada Juez o Fiscal en el Perú, cada Funcionario que ha deseado saborear los placeres del poder en los últimos diez años, ha tenido que renunciar a su independencia, abdicar a sus funciones y más bien convertirse en un títere de Fujimori, y de Montesinos, que los han manejado y los manejan a su capricho y en función a sus propios intereses. Quienes trataron de ejercer sus funciones con dignidad, con independencia, con criterio profesional, o bien fueron forzados a renunciar a sus principios, o tuvieron que sufrir las consecuencias de su decisión, sufriendo pronto las represalias.
Se acepto como normal en el Perú que cada Ministro o parlamentario, o juez nombrado por el gobierno recite los libretos elaborados por el Servicio de Inteligencia manejado por el ex capitán del Ejército Vladimiro Montesinos. Jamás en toda la historia del Perú Republicano se había llegado a tan inmensa degradación de la función judicial o política.
La sumisión al poder de Fujimori permite por ejemplo que la señora Blanca Nélida Colán se mantenga más de seis años como soberana de la Fiscalía de la Nación, y que en lugar de defender los intereses del estado y de la sociedad peruana, haya concentrado sus esfuerzos en lavarle la cara, con el dinero de todos los peruanos, tanto a Fujimori, como a su asesor Vladimiro Montesinos, y al general golpista Nicolás Hermoza Ríos, entre otros personajes de la farándula política del Perú.
El nepotismo que caracterizo al gobierno de Fujimori se practico desvergonzadamente en todos los niveles de la administración del estado. Tanto Fujimori, como su asesor Montesinos, y cualquier funcionario o congresista de la fila del gobierno, actuaron como que si el estado peruano fuese su propiedad privada, regalando puestos de trabajo a sus hermanos, hijas, sobrinos, y otros familiares directos e indirectos en funciones de gran responsabilidad, incluidos puestos de asesores ministeriales, diplomáticos, representantes en el exterior, jefes militares, sin considerar para nada la falta de calificación o de competencia para ejercer digna y eficientemente dichos puestos.
Para consolidar sus aspiraciones de convertirse en Presidente vitalicio del Perú, Fujimori fomento la corrupción económica de la mayoría de sus cercanos colaboradores, fundando una especie de hermandad de los ladrones de corbata y terno, que obligadamente, para evitar las sanciones correspondientes por sus delitos, tendrán que oponerse, con tanta fuerza como él, a cualquier cambio de gobierno o transición democrática.
Fueron numerosos los casos de los altos funcionarios del Estado envueltos en operaciones sucias, chantaje, enriquecimiento ilícito, entre otros delitos que se practican como parte de la función que se les ha asignado.
En su aventura totalitaria el presidente Fujimori aniquiló al Tribunal Constitucional, a fin de evitar que sus aspiraciones de reelección presidencial fueran rechazadas por este órgano supremo del Poder judicial en el Perú, que se atrevió a emitir un dictamen contrario al que Fujimori y sus aliados esperaban. Enseguida Fujimori, al margen de lo que manda la Constitución, creó organismos fantasmas, carentes de sustento constitucional, (“Comisiones Ejecutivas”) a fin de despojarle de sus funciones y someter bajo su autoridad a los Tribunales de Justicia y a la Fiscalía de la Nación, colocando a sus amigos en los cargos de dirección. Para Fujimori el Estado de Derecho “es un discurso de los politiqueros”.
Fujimori, con la complicidad de la mayoría oficialista en el Congreso anuló arbitrariamente las principales funciones asignadas al Consejo Nacional de la Magistratura (organismo que fiscaliza la conducta funcional de los jueces) y a la Academia de la Magistratura, para después poder colocar a algunos jueces ineptos y corruptos en tribunales claves, a los cuales les correspondía pronunciarse en asuntos como la reelección presidencial, el Referéndum convocado por la oposición, denuncias de corrupción, entre otros casos.
Obstáculos para el progreso.
La naturaleza, la sociedad, la tradición y las influencias actuales ofrecen para el adelanto del Perú grandes obstáculos que conviene tener presentes para no estrellarse contra dificultades imprevistas y para no culpar a los hombres, ni a las instituciones, de lentitudes inevitables. En la costa los desiertos y terremotos, en la cordillera las escabrosidades, nieves y tempestades, en la montaña la insalubridad y los bosques, en la totalidad del territorio las largas distancias y las comunicaciones difíciles se oponen a la acción expedita de las fuerzas civilizadoras. En la sociedad hay que luchar con la escasez o dispersión de los habitantes, con la heterogeneidad o rivalidades de raza, y con el espíritu refractario que el abatimiento secular ha producido en la mayoría de los indígenas. El comunismo teocrático de los Incas, que convertía al pueblo en máquina, y la sujeción colonial, que le tenía aletargado, echaron raíces profundas que sólo podrán extirparse con el transcurso de las generaciones. La emancipación, que hubo de alcanzarse con la guerra y con el concurso de caudillos no nacidos en el Perú, dejó embarazos duraderos para el desarrollo de la fuerza moral por la sobreexcitación de las pasiones, y por el predominio de las armas. Aun después de hallarse constituida la República, y en posesión de la Independencia y Libertad, han subsistido o se han levantado otros grandes obstáculos para los progresos apacibles. Baste enumerar entre otros la falta de muchos elementos conservadores, las temeridades de la inexperiencia, el espíritu inquieto de nuestro siglo, las rivalidades o turbulencias de los estados vecinos, las violentas exigencias de las naciones poderosas, la tenacidad de la metrópoli en no entrar en francas relaciones oficiales, cuando sería ridícula toda esperanza de reivindicación, la frecuente manía de regenerar súbitamente la Nación por simples decretos, la pretensión más absurda de asegurar el imperio de la ley y las libertades públicas con turbulencias continuas, los golpes de Estado sin objeto, la lamentable imprevisión que hace vivir para el día de hoy olvidando los sucesos de ayer, una política sin sistema, una administración renovada incesantemente y los numerosos tropiezos que las mejoras efectivas encuentran en la opinión y en las costumbres.
A poco que se reflexione sobre la multitud y trascendencia de las causas que dificultan los progresos del Perú independiente, cesará la sensación penosa que produce el espectáculo de sus gobiernos tan inestables, de sus revueltas tan frecuentes, de siete constituciones alternándose en pocos años con un número casi igual de dictaduras, de la anarquía periódica y de la inquietud permanente. Lejos de desesperar, se robustecerán nuestra fe en el porvenir de la República y nuestra adhesión a los grandes principios de Independencia y Libertad al observar con calma los admirables progresos que se han hecho en menos de medio siglo tanto en la administración, como en la transformación social, en la cultura física, como en la moral.
Administración.
No obstante la falta de tradiciones y de sistema, que son indispensables para que el gobierno funcione de una manera regular y estable, saltan a la vista los adelantos en todos los ramos de la administración. Las dictaduras transitorias, lo mismo que los poderes constitucionales, reconocen en principio y a la larga se ven obligados a aceptar de hecho que la arbitrariedad debe ceder al imperio de las leyes; que el bien de la Nación ha de sobreponerse a las pretensiones extrañas; y que el círculo de la acción gubernativa no debe extralimitarse. En el poder central se circunscribe mejor la esfera de los ministros; en las provincias las demarcaciones territoriales se van modificando según las necesidades de la administración, y las autoridades subalternas se establecen en el número y forma convenientes. La organización judicial, las de la instrucción pública y beneficencia, los arreglos eclesiásticos y las medidas rentísticas avanzan de una manera casi continua. La fuerza pública satisface ya las necesidades de la policía; y si circunstancias imperiosas sostienen todavía al ejército y la armada en un pie demasiado oneroso, por lo menos se reconoce con satisfacción, que el armamento y los buques no son indignos de los pueblos más adelantados. Los códigos, reglamentos y leyes particulares ofrecen un cuerpo de legislación que honra a sus autores y podría hacer la prosperidad del Perú si hubiese tanta constancia en ejecutar, como hay buena disposición para adoptar las medidas convenientes. En los medios materiales, para que el gobierno pueda funcionar bien, se hacen continuos gastos, y donde quiera se dejan ver valiosos trabajos. Inútil es insistir en que desde la Independencia, al par que se ha fortificado y fecundado la existencia interior del Perú, se ha extendido la vida exterior con consulados, agentes diplomáticos, negociaciones, tratados y toda suerte de influencias. Grato es contemplar que al través de luchas e inquietudes y aun de aparentes retrocesos se ha engrandecido sin cesar la República, haciéndose más efectivas y seguras las declaraciones de Independencia y Libertad.
Transformación social.
Muchos cambios de instituciones y aun algunos gobiernos, que han tenido la pretensión de regenerar el Perú, han sido estériles, cuando no perjudiciales; porque pasaban por encima de las capas sociales, dejando en pie la opresión secular, que degrada las razas abatidas. Mas el movimiento general del Perú independiente, especialmente en el protectorado de San Martín y en la revolución del 54, ha elevado el nivel de la sociedad, combatiendo eficazmente la esclavitud de los negros y la servidumbre de los indios. Con la libertad personal, no sólo han sido ganados para la civilización los infelices, a quienes se han devuelto los derechos y con ellos el valor de la humanidad, sino que la Nación entera ha ganado en fuerza moral, preservándose las nuevas generaciones y la impresionable juventud de un contacto deletéreo. Todas las razas están produciendo hombres de mérito; y a medida que son más considerados, prestan a la República mayores servicios. Los orgullosos privilegiados, que las declaraban incapaces para tener pretexto de explotarlas, tienen que rendir frecuentes homenajes de admiración y respeto a las dotes eminentes de inteligencia y carácter que brillan en muchos individuos favorecidos por la educación o por el movimiento político. Esta distribución más justa de las posiciones sociales tiene además la inapreciable ventaja de borrar las preocupaciones de nacimiento y color, aproximar las castas rivales y hacer más íntima la fusión nacional, que es para el Perú la gran condición de estabilidad y grandeza.
La Independencia, al par que ha traído un movimiento constante de ascensión y de fusión en el pueblo peruano, le hace ganar más y más con el aumento de inmigración y con las multiplicadas relaciones del comercio y viajes. Es continua la corriente que trae a la República hombres activos, con hábitos de trabajo, orden y economía, que vienen a formar nuevas familias y a ejercer una influencia civilizadora por el ejemplo dado a otros y por su propio impulso. Desgraciadamente no pueden faltar advenedizos viciosos o inútiles, pero sus defectos desaparecen ante las inapreciables ventajas del aumento, que en el número y fuerza moral recibe la población. Los grandes atractivos con que llaman y retienen al extranjero una tierra privilegiada y sus hospitalarios moradores, acrecentarán extraordinariamente la inmigración el día en que el Perú sea mejor conocido, alarmen menos sus revueltas, espantosas a la distancia, y se facilite el tránsito. Entre tanto, por la mejor posición de las familias, el movimiento de la población se hace más notable, y siendo así que antes de la Independencia disminuía o se estacionaba, ha doblado ya y cuadruplicaría en la mitad del tiempo, si la paz se consolidase.
Mejoras materiales.
Subsistencias más seguras y abundantes son en el Perú, como en el resto de la tierra, la condición esencial para el aumento de nuestra especie; y sin necesidad de observaciones penosas, cualquiera puede convencerse de que el pueblo gana sin cesar en la alimentación, vestidos y casa, está mejor atendido en la débil infancia y encuentra más socorros en sus dolencias. Donde quiera se ven más personas que usan camisa limpia y demás ropa blanca; donde quiera se acrecientan los goces de la vida. Las clases acomodadas, principalmente en las grandes poblaciones, pueden saborear las ventajas del lujo. La capital de la República se embellece con edificios monumentales, y en las habitaciones más modestas ofrece ya mejores condiciones higiénicas, agua más a la mano y alumbrado más económico. Chorrillos y el Callao en sus inmediaciones, Tarma y Huancayo hacia el interior, Chiclayo, San Pedro, Ica, Tacna y otros muchos pueblos de la costa y de la sierra se han engrandecido extraordinariamente o mejorado de aspecto.
Las obras ya acabadas o en vía de construcción, que son el testimonio más elocuente del progreso material, suelen favorecerlo directamente por su destino industrial. Señálense en esta parte los almacenes de comercio, las fábricas destinadas a nuevas industrias, las oficinas rurales y los ferrocarriles, que por desgracia no corresponden todavía por su número y extensión a las necesidades ni a los recursos del país. La agricultura ya enriquecida con cultivos nuevos, más adelantados o más extensos; las minas, cuyo atraso contrasta con la opulencia mineral y el adelanto de las demás industrias; muchas artes que en el interior tienen facilidades para una gran producción; y sobre todo el comercio, alma del movimiento económico, darán al Perú una prosperidad asombrosa luego de que las vías de comunicación obtengan la atención que se merecen. Se ha duplicado en muchos lugares el valor de los terrenos, y en los más favorecidos una pequeña fracción vale hoy lo que antes no se habría dado por la hacienda entera. Las fundiciones de hierro, la ebanistería, fabricación de licores, refinería de azúcar, imprenta, fotografía y muchas artes de lujo, antes desconocidas o muy atrasadas, se hallan en un estado próspero. El comercio exterior ha triplicado por lo menos la suma de importaciones y exportaciones, dando salida al guano, salitre, lanas y otros productos valiosos, abriéndose mercados en todo el mundo civilizado y recibiendo sus dones a precios equitativos. El comercio de cabotaje se extiende más cada día, debiendo establecerse pronto una concurrencia ventajosa. La navegación por el Amazonas y sus afluentes, no sólo ofrece un inmenso porvenir por el aprovechamiento de inapreciables riquezas antes perdidas en los bosques, sino que está asegurando al Perú la posesión de sus más feraces y extensas regiones y centuplicará sus fuerzas por la unión económica y social entre todas sus partes. Los vapores llegados ya por el Mayno (sic) a 70 leguas de Lima anuncian una revolución apacible en la industria y en la población, y más influyente en la prosperidad nacional que los grandes cambios políticos.
Progreso moral.
El espíritu de asociación y las instituciones de crédito, que se desarrollan rápidamente, al mismo tiempo favorecerán el progreso económico y asegurarán la cultura moral. Mientras los peligros de la anarquía hacen temer a la multitud la disolución nacional, la corrupción y la miseria; el gran número de hombres que se asocian para empresas pacíficas, los muchos que fían su suerte al sostenimiento del crédito, el influjo social de los bancos y el desarrollo de otros elementos conservadores garantizan el acrecentamiento de la riqueza pública y privada, el progreso moral y la estabilidad de las instituciones democráticas. La espuma de la sociedad que sobrenada en las revueltas; los alarmantes escándalos, producidos por la corrupción sistemática de algunos gobiernos; la peligrosa impunidad que los azares político militares han permitido a grandes delitos; el desprecio del trabajo, propagado por los crecidos emolumentos de plazas honradas y sin fatiga; y el cinismo con que algunos desprecian la moral y las leyes, serían sin duda preludios de ruina y de muerte si su influjo deletéreo no se hallase neutralizado por la acción vivificadora de principios más poderosos.
En medio de la perturbación profunda que han sufrido las costumbres públicas, una parte de la sociedad se ve expuesta a perecer por sus propios excesos, los que producen una impresión tanto más penosa, cuanto chocan más con el carácter nacional; pero se hace admirar una cultura moral cada día más avanzada; y generaciones nuevas o perfeccionadas por la experiencia prometen mayores adelantos por su ilustración y por sus sentimientos.
Las carreras facultativas deben a la República una enseñanza más completa y más metódica, siendo la de Medicina una adquisición del último período. Las Ciencias Naturales son también un estudio nuevo, y por la observación de las riquezas que Dios ha prodigado en el suelo del Perú, han de ejercer la más benéfica influencia. La enseñanza de las artes no puede menos de levantar la industria. Los estudios filosóficos y literarios, junto con los demás ramos pertenecientes a la instrucción secundaria, ofrecen ya una organización mejor, establecimientos más numerosos y mayor concurrencia. Fuera de la enseñanza oficial, en los periódicos, en la lectura privada o de biblioteca y en las publicaciones de interés didáctico se deja percibir un gran movimiento intelectual. La historia nacional, base de todo progreso sólido, es cada día más estudiada; ha dado ya mucha luz sobre épocas poco conocidas; y aun promete aclarar las tinieblas de la remota antigüedad, descubriendo relaciones con la China. No está lejos el día en que, bien atendida la instrucción popular, y dándose a los estudios especiales tendencias más prácticas y mayor profundidad, se presente el Perú a la altura de pueblos muy ilustrados.
Con las luces vienen naturalmente aspiraciones más elevadas. Mientras la dulzura del carácter nacional se sobrepone al desborde de las pasiones, siendo siempre raros los crímenes, apacible el trato y el carácter hospitalario, se van desarrollando los sentimientos de la vida pública; el patriotismo es más ferviente, más general y más expansivo; el amor a las instituciones democráticas se extiende y arraiga; el espíritu público se anima e ilustra; se hace sentir más la necesidad del orden; el trabajo va obteniendo la consideración merecida; desaparecen las mezquinas preocupaciones, hijas del aislamiento y de las rivalidades; el carácter se retempla; y la civilización se levanta sobre bases más sólidas y más amplias.