CARACTERÍSTICAS:
Cuando se habla de garantías en las relaciones clientes banco se puede aludir a la demanda u ofrecimiento de garantías por parte de los solicitantes de crédito, como condición para que un banco conceda su apoyo financiero a la clientela; se trata de exigencia y obtención de garantías para respaldar los compromisos de los clientes con su banco y el buen fin del negocio principal de los bancos.
Al respecto la doctrina anota que, el dinero que los bancos dan a crédito a las empresas es el mismo que ellos recibieron a crédito en forma de depósitos del público; por lo tanto, las garantías que adopten los bancos en las operaciones activas aseguran el buen fin de las operaciones pasivas. En la práctica los clientes imponen gravámenes de su propio patrimonio en respaldo de los créditos que les fueran otorgados por los bancos.
Cuando se hablan de garantías personales se puede aludir a la fianza y el aval como garantías de los clientes convienen en comprometer cuando reciben apoyo crediticio de los bancos; así también se habla de fianza bancaria y de aval bancario cuando los bancos garantizan con su firma a sus clientes frente a compromisos de carácter financiero vinculados con negocios de las empresas conocidos en la práctica como créditos de firma o créditos no por caja; la ley de Títulos y Valores promulgadas por la Ley Nro. 27287 del 17 de junio del 2000 norma también como garantías personales el aval y la fianza como formas de garantizar títulos valores; y por último para aludir a formas perspicaces y sutiles de asegurar el buen fin de compromisos y obligaciones con un mercado sesgo financiero tales como las cartas patrocinio o “letrera di patronage” en la terminología italiana; las cartas de recomendación o comfort letters; las garantías a primera demanda o contrato de GPD; el llamado contra aval o contra garantía; el aval y la cosuscripción cambiara; y en fin, del fideicomiso en garantía.
Como garantías de los títulos valores de la Ley Nro. 27287 que promulga la Ley de Títulos Valores como aspectos genéricos estipula en su artículo 56 lo siguiente;
1. El cumplimiento de las obligaciones que representan los títulos valores puede estar garantizado total o parcialmente por cualquier garantía personal o real u otras formas de aseguramiento que permita la ley, inclusive por fideicomisos de garantía.
2. Para que dichas garantías surtan efecto a favor de cualquier tenedor, debe dejarse constancia de ello en el mismo título o registro respectivo.
3. Si no se señala a la persona garantizada, se presume que el la garantía opera en respaldo del obligado principal.
4. A falta de mención expresa del monto o límite de la garantía, se entiende que garantiza todas las obligaciones y el importe total que representa el título valor.
5. En la constitución y ejecución de garantías de valores mobiliarios y de valores en representación por anotación en cuenta, se observarán además las disposiciones especiales.
LA FIANZA
Como garantía que los clientes comprometen con los bancos, según el Código Civil Peruano, por la fianza el fiador se obliga frente al acreedor a cumplir determinada prestación; en garantía de una obligación ajena, si esta no es cumplida por el deudor.
La fianza puede constituirse no solo a favor del deudor sino de otro fiador. Entre otros caracteres de la fianza, prescribe el Código que:
i. La fianza debe constar por escrito, bajo sanción de nulidad.
ii. Puede prestarse fianza en garantía de obligaciones futuras determinadas o determinables cuyo importe no sea aún conocido.
iii. Solo queda obligado el fiador por aquello a que expresamente se hubiese comprometido, no pudiendo exceder d el o que debe el deudor.
iv. El factor debe ser una persona capaz de obligarse, propietaria de bienes suficientes para cubrir la obligación y realizables dentro del territorio de la República.
En la fianza como forma de garantizar títulos valores, la Ley de Títulos Valores vigentes respecto a la responsabilidad del factor que puntualiza que:
a. La fianza que conste en el mismo título valor o en el respectivo registro tiene carácter de solidaria y el fiador no goza del beneficio de excusión, aún cuando no se haya dejado constancia de ello en el título o en el respectivo registro del valor con representación por anotación en cuenta, salvo que de modo expreso se haya señalado lo contrario.
b. El fiador queda sujeto a la acción cambiaria, del mismo modo durante el mismo plazo y en los mismos términos que contra su afianzado.
c. El fiador puede oponer al tenedor del título valor los medios de defensa personales de su afianzado.
EL AVAL
Es una garantía mediante la cual una persona reconocida solvencia se compromete a cumplir con la contraprestación correspondiente al crédito contenido en una letra de cambio u otro título valor si es obligado principal incumple su obligación.
En tal sentido según la Ley de Títulos Valores del año 2000 estipula que, con excepción del obligado principal, el aval puede ser otorgado por cualquiera de los que intervienen en el título valor o por un tercero.
En el caso de ser uno de los intervenientes, éste debe señalar en modo expreso su adicional condición de avalista.
FORMALIDADES DEL AVAL
1. El aval debe constar en el anverso o reverso del mismo título valor avalado o en hoja adherida a el, observando este último caso las formalidades establecidas en la ley.
2. El aval se expresa con la cláusula “aval” o “por aval”, la indicación de la persona avalada y el nombre, el número del documento oficial de identidad, domicilio y firma del avalista.
3. Podrá prescindirse de la cláusula “aval” o “por aval”, cuando esta garantía conste en el anverso del documento.
4. Si no se señala a la persona avalada, se entiende otorgada a favor del obligado principal, o de ser el caso del girador.
5. A falta de indicación del domicilio del avalista, se presume que domicilia para todos los fines de ley respecto al ejercicio de las acciones derivadas del título valor, en el mismo domicilio de su avalado o, en su caso, en lugar de pago.
6. Si no se señala el monto avalado, se presume que es el importe del título valor.
PÓLIZA DE CRÉDITO
Las pólizas de crédito o líneas de crédito constituyen un elevado porcentaje del total de las operaciones de activo de los bancos, gracias a su operatividad, las empresas, en general, financian las insuficiencias transitorias de tesorería, debido a la falta de regularidad en las entradas y salidas de dinero, sin necesidad de invertir en la adquisición de bienes o servicios concretos que haya que detallar a la entidad.
De igual modo que ocurre con los préstamos, la entidad financiera va a realizar un estudio previo a la concesión del crédito y si todo es conforme, se formaliza el contrato en una póliza de crédito que verificará un corredor de comercio, en la que quedan especificadas todas las condiciones bilaterales.
La operatoria es sencilla, se abre una cuenta corriente circunscrita a la operación, en la que la entidad ingresa el importe del crédito, que viene determinado por la necesidad de liquidez y limitado por la capacidad de endeudamiento del solicitante. Para movilizar los saldos, disponen los titulares, de idénticos instrumentos que con la cuenta corriente, tarjetas, talonarios de cheques y pagarés, realizando transferencias, etc.
El horizonte temporal de esta herramienta de financiación es el corto plazo, semestral o anual, con la posibilidad de renovación a vencimiento, siempre que las condiciones iniciales no hayan variado.
El tipo de interés aplicable puede ser fijo o variable con un índice de referencia para operaciones a tres meses, y la liquidación de intereses suele ser trimestral, y la amortización del capital el mismo día de vencimiento. Se pagan intereses por el saldo dispuesto hasta el límite concedido, si se supera éste, la entidad financiera carga en la cuenta y por el importe propasado, intereses muy superiores, similares a los intereses de descubierto. Si llegado el día de vencimiento, el capital no ha sido devuelto, mientras no se reponga, devengan intereses de demora, por la cantidad dispuesta, a favor de la entidad, al mismo tipo porcentual que los de excedidos.
Con respectos a los gastos, como ocurría en otras operaciones de activo de los bancos, se cargan en la cuenta, directamente, las comisiones de apertura y estudio, la póliza es intervenida por el corredor de comercio, y los correspondientes impuestos de actos jurídicos documentados.
La entidad también repercute una comisión de no disposición, constituida por un porcentaje diario sobre el saldo que la entidad deja de utilizar al ponerlo a disposición del cliente y que éste no moviliza, cabe la posibilidad de que incluya otro tipo de comisiones que pueden ser, por apunte, o por reclamación de excedidos, todas ellas negociables.
Una modalidad especial son los créditos hipotecarios, su funcionamiento es similar al préstamo hipotecario, con la particularidad de que el capital amortizado puede disponerse de nuevo. En definitiva, es un a línea de crédito abierta constantemente y lista para usar, con la garantía que la respalda que es el inmueble hipotecado. Se formaliza como una póliza de crédito, en la que se puede emplear el capital total prestado desde el inicio de la operación para la finalidad que desee el solicitante, concretando la devolución como si de un préstamo se tratara, mediante cuotas, pudiendo reutilizar la parte de capital amortizado, y fijando en contrato un plazo de devolución.
TARJETAS DE CRÉDITO
Las tarjetas bancarias resultan una herramienta muy ágil y cómoda para realizar pagos y cobros, actualmente aceptan las tarjetas en la mayoría de los establecimientos a la hora de pagar.
Generalmente, existen dos variedades de tarjetas: las de débito y las de crédito. Las de débito sirven para movilizar los fondos depositados en cuentas corrientes o libretas de ahorro, no tienen límite, excepto el saldo total de la cuenta, por eso, y siguiendo la Recomendación de la Comisión Europea, es conveniente limitar la responsabilidad del usuario a una cantidad máxima, no representan un riesgo para la entidad, se carga automáticamente en cuenta la operación de compra o disposición de efectivo. Estas operaciones no suponen coste para el usuario, excepto para el caso de utilizar cajeros de una entidad diferente a pesar de pertenecer a la misma red emisora de la tarjeta. Otro gasto asociado a las tarjetas de débito que puede surgir, dependiendo de la entidad y de los servicios contratados, es su renovación anual o bianual, o incluso pueden cobrar la apertura o emisión.
Las tarjetas de crédito son igualmente un medio de pago, pero la entidad concede al titular un crédito en lugar de disponer de los saldos que mantenga en cuenta.
Es un producto muy versátil aceptado en multitud de establecimientos tanto nacionales como internacionales, y la utilización en países de la zona euro no comporta comisiones adicionales. De este modo, se puede pagar compras o sacar dinero en efectivo aunque no se disponga de fondos en el momento de realizarlos, puesto que el cargo se realiza en función de las necesidades del cliente, aunque generalmente se estipula en contrato que se haga a final de cada mes o principio del siguiente sin el gravoso pago de intereses.
En tal caso, si se emplea para realizar compras, no supone coste para el poseedor de la tarjeta, no así, si la disposición es de dinero en un cajero automático, por lo que el banco cobrará una comisión con un mínimo. Y en ambos casos, cuando se desee aplazar o fraccionar el pago más tarde del día designado, (ultimo del mes o primeros días del siguiente) se deberán abonar los correspondientes intereses, que desde luego, son bastante elevados, existiendo distintas modalidades de amortización del capital prestado.
Como consecuencia del riesgo que implican para la entidad, ofrecen unos límites de disposición mensual del crédito y el cual oscila según sean las tarjetas clásicas o las tarjetas de crédito oro que a la vez que aumenta ese límite, incrementa el coste anual de renovación, que es una comisión fija.
Los préstamos, como operación de activo de las entidades de crédito, suponen una herramienta de financiación muy utilizada por el público en general. Se basa en la cesión por parte del prestamista de una cantidad de dinero, al prestatario, comprometiéndose éste, a devolverlo en la forma y en los plazos contratados.
El plazo de la operación se determina en función del importe máximo de la cuota y el tipo de interés adoptado. El tipo de interés puede ser:
• Fijo
A lo largo de la vida del préstamo, el tipo de interés se mantiene constante. La ventaja para el cliente, es que las cuotas a pagar son iguales durante toda la operación , así que en base a ésta, se calcula el plazo del préstamo. Dicho plazo, suele ser inferior al plazo ofrecido en préstamos a interés variable, en general, no supera los 20 años, debido a que para la entidad implica asumir mayor riesgo concediendo a tipo fijo. Este riesgo se materializa en el caso de subida de los tipos de interés, puesto que la cuota que paga un cliente con préstamo a tipo fijo, es constante, estaría pagando menos que el tipo de interés que se paga en el mercado al haberse encarecido.
Asociado al mayor riesgo, además de limitaciones en el plazo, las comisiones son más elevadas, tanto las de apertura, para trasladar la demanda a préstamos a tipo variable, como las de cancelación, para el caso contrario, en que la evolución del interés en el mercado fuera descendente, y el elevado coste de cancelar el préstamo, haga que el prestatario renuncie a tal posibilidad.
• Variable:
En el contrato de préstamo se especifica un índice aplicable durante toda la vida de la operación, al que se le añade un diferencial constante. Al ir referenciado a un índice, cuando éste aumente, el tipo de interés, y por lo tanto la cuota, aumentan, y viceversa. Estas revisiones suelen ser anuales, por lo tanto, la cuotas a pagar, durante el año, hasta la siguiente revisión serán idénticas.
Las entidades financieras utilizan índices con plazos determinados, el más habitual, para operaciones a un año. Los Bancos publican mensualmente los tipos de índices oficiales sobre los que referenciar los préstamos.
Por lo tanto, el tipo de interés a pagar por el préstamo, viene definido por el índice negociado con el banco más el diferencial, y el redondeo, si así se encuentra estipulado en el contrato. El hecho de aplicar un tipo de interés que se ajusta a la realidad del mercado, implica cierta seguridad para ambas partes, y esto supone que la entidad ofrece amplias posibilidades para contratar el plazo de la operación que mejor se adecue a la capacidad económica del prestamista.
• Mixto:
Es una combinación de los anteriores, surge para subsanar las desventajas individuales de ambos. En el inicio de la operación, se aplica un tipo de interés fijo, durante un tiempo superior al año, normalmente oscila entre dos y cinco años, y transcurrido este tiempo, se referencia a un índice al que se le añade un diferencial, como un préstamo a tipo variable, durante el tiempo que resta a la amortización final de la operación.
La fórmula más extendida para el pago de intereses son los pospagables u ordinarios, se abonan al final del periodo de devengo, mensual, trimestral, semestral, o anualmente, si bien, aunque no muy usuales, existe la opción de préstamos con intereses prepagables o anticipados.
Para los préstamos con intereses ordinarios se aplican distintos métodos de amortización, tanto para tipos fijos como variables. El método francés o de términos amortizativos constantes, cada periodo se paga una cuantía constante, compuesta por los intereses que irán decreciendo conforme disminuye el capital a amortizar, y la amortización del capital que aumenta según se van pagando las cuotas o haciendo uso del léxico financiero, los de términos amortizativos. Un segundo sistema de amortización es el de cuotas de amortización constantes, en el que de la cuota total pagada mensualmente, por ejemplo, la parte destinada a amortizar capital es siempre constante. Otra modalidad derivada de la anterior, es el sistema americano, en este caso el reembolso del principal se produce al final de la vida del préstamo, mientras cada mensualidad se compone únicamente de pago de intereses. En el caso más concreto de préstamos hipotecarios, existen otros métodos como los de términos amortizativos crecientes o decrecientes, siguiendo una determinada progresión.
Así mismo, es posible contratar préstamos con carencia total, cuando durante un periodo determinado, no suele superar los dos años, no se realiza ningún pago, o carencia parcial en el que durante ese tiempo inicial, sólo se pagan intereses. Al final del diferimiento, se convierte en un préstamo normal.
Desde hace ya algunos años, se toman operaciones de préstamo en divisa distinta a la nacional, principalmente en dólar estadounidense, dólar canadiense, yen japonés, franco suizo, etc. El tipo de interés puede ser fijo o variable, en este caso, lo habitual es tomar como referencia el Libor. A pesar de que pueda resultar más económico, los riesgos anexos a la operación son múltiples, pueden existir variaciones en el tipo de interés, variaciones en el tipo de cambio, y si éstas son adversas, puede encarecer el préstamo. Respecto al resto de condiciones es similar a un préstamo en moneda nacional en cuanto a comisiones y gastos, el cambio de divisa no supone coste, fiscalmente se aplica las mismas normas y las garantías pueden ser tanto personales como hipotecarias.
A la hora de calcular el coste efectivo de la operación, es necesario tener en cuenta las comisiones y gastos asociados. Los préstamos personales, al tener un plazo inferior al de los hipotecarios, son más sensibles a estos gastos al calcular el coste real, si bien estos últimos, sufren unos gastos añadidos previos a la propia formalización del contrato de préstamo, como por ejemplo, la tasación del inmueble, o la comprobación del estado de cargas de la vivienda en el Registro de la Propiedad que corresponda.
Otra serie de gastos a tener en cuenta a la hora de calcular la TAE, y que son comunes tanto a operaciones de crédito como de préstamo, son las comisiones de apertura y estudio, siendo necesario recabar la información relativa a todos los gastos específicos de cada operación en particular, para poder seleccionar la alternativa económica y financiera más adecuada. Información que obligatoriamente tienen que procurar las entidades financieras.
La principal diferencia entre una operación de préstamo y una de crédito, radica en el plazo y en la forma de disposición del capital. El plazo de la operación también suele ser distintivo de un préstamo personal o un préstamo hipotecario, pero en este caso, la diferencia estriba en las garantías que hay que aportar para disponer del capital.
PRÉSTAMO PERSONAL
La entidad financiera pone a disposición del prestatario una suma de dinero que podrá usar libremente sin necesidad de destinarlo al consumo de un bien o asunto específico. Como operación de activo para el banco, supone un riesgo, y para tener seguridad de recuperar el dinero prestado, analizará y estudiará la solvencia y la situación patrimonial del solicitante en los términos ya vistos, puesto que, el titular del préstamo personal responde con todo su patrimonio, tanto presente como futuro, y esta es la garantía de la operación.
Como norma general, el plazo es a corto o medio, el importe no supera al concedido en préstamos hipotecarios, característica que hace que los gastos y comisiones aumenten el coste real de la operación.
Los gastos que repercute la entidad al cliente, son la comisión de apertura o de estudio que se generan por la gestión y tramitación del préstamo, (no pueden cobrar separadamente ni comisión de estudio ni de administración), integrada por un porcentaje sobre el nominal, y en ocasiones con un mínimo, aplicando el mayor; interviene en la firma un fedatario público, el corredor de comercio, que aplica un porcentaje sobre el principal solicitado; y la mayoría de las entidades exigen como requisito un seguro de vida indicando como beneficiario al prestamista.
Otros posibles gastos a añadir al préstamo, son las amortizaciones parciales o la cancelación anticipada de la operación, que cobrarán en forma de porcentaje sobre el capital amortizado.
PRÉSTAMO HIPOTECARIO
La característica distintiva de estos préstamos es la garantía que asegura la operación, es decir, el inmueble que queda hipotecado, y en caso de impago por parte del prestatario, el banco se resarce de la deuda pendiente vendiendo, a través de subasta pública, el bien afecto al contrato de préstamo.
El hecho de que el préstamo esté respaldado por una garantía real, implica que el tipo de interés aplicado sea inferior al que se ofrece para préstamos con garantía personal. No obstante, el banco realizará el estudio previo a la concesión, del patrimonio y solvencia del solicitante, sea persona física o jurídica.
En base a este estudio y a la tasación del inmueble, se limita el importe máximo del préstamo, concediendo, en general, una cuantía inferior al 100% del valor del bien.
El plazo, al igual que el importe, es superior al otorgado en préstamos personales, y depende de la modalidad de préstamo que se haya seleccionado y de la cuota periódica a pagar.
Comparativamente, los gastos anexos al hipotecario, son mas elevados que los soportados por otros préstamos, gastos que al distribuirlos en más largo plazo de tiempo, financieramente diluyen su efecto en el cálculo del TAE.
Surgen unos gastos con antelación a la formalización del contrato de préstamo: la tasación del inmueble y la comprobación del estado de cargas de la vivienda en el Registro de la Propiedad que corresponda. Otros gastos derivados de la constitución del préstamo, son las comisiones de apertura y estudio, el notario como fedatario público, la inscripción en el Registro de la Propiedad de las escrituras de préstamo hipotecario, los impuestos de actos jurídicos documentados recaudados por cada comunidad autónoma, un porcentaje sobre el valor de la responsabilidad hipotecaria, la gestoría encargada tramitar las gestiones anteriores, gasto éste que aunque pueda parecer accesorio, en general, es ineludible, del mismo modo que los seguros de vida de los titulares y de incendios del bien hipotecado.
Otra comisión, negociable, al igual que las ya mencionadas, y como en el caso de los préstamos personales, es la de amortización parcial y cancelación total anticipada de la operación.
Conforme se pagan las cuotas del préstamo, se va amortizando el capital prestado, y no se puede reutilizar, pero una vez devuelta la totalidad de la hipoteca concedida, el inmueble queda libre de cargas, por lo que de nuevo puede servir como garantía para financiar otra operación.
Existen una serie de ventajas, frente a otras operaciones, de beneficiarse de los cambios en las condiciones de mercado, como la posibilidad de negociar una novación y pactar los nuevos requisitos, por ejemplo, bajada del tipo de interés, y la subrogación a otra entidad financiera que ofrezca mejores condiciones, en cualquiera de los dos casos, resulta imprescindible calcular el coste que conllevan para decidir si interesa llevarlas a cabo.
Las operaciones de activo para las entidades financieras, implican prestar recursos a sus clientes acordando con ellos una retribución que pagarán en forma de tipo de interés, o bien realizar inversiones con la intención de obtener una rentabilidad.
En general, las operaciones de activo suponen un riesgo para la entidad financiera ante la posibilidad de impago total o parcial de un préstamo o un crédito. Teniendo en cuenta esta característica podríamos descomponer las cuentas de activo para los bancos en dos tipos genéricos:
A. Operaciones que conllevan movimientos de fondos y en las que el banco experimenta un riesgo:
Operaciones de préstamo.
Operaciones de crédito en cuenta corriente.
Descuento de efectos.
B. Operaciones que en principio, no representan movimiento de dinero, puesto que únicamente representan un compromiso por parte del banco, pero ocasionalmente, pueden producir movimiento de capital ocasionando para la entidad la asunción de riesgo:
Tarjetas de crédito.
Créditos documentarios.
Avales.
Garantías.
Desde el punto de vista financiero, tanto para personas físicas como jurídicas, se clasifican las operaciones, en general, en las que se realizan en el corto plazo como las pólizas de crédito, el descuento comercial, anticipo de recibos bancarios, factoring, tarjetas de crédito, etc., y los productos más habituales utilizados para el largo plazo como los préstamos hipotecarios, préstamos personales, leasing, etc.
Debido a que cualquier operación de crédito o préstamo suponen un riesgo para la entidad financiera, ésta tiene que analizar minuciosamente la solvencia y el patrimonio, en definitiva la capacidad que tiene la persona física o jurídica de generar fondos para devolver el dinero que han tomado prestado.
La documentación exigida para realizar el estudio y determinar si se le concede la operación de cesión de fondos, varía en función de si la solicitud la realiza una empresa o un particular. En términos generales, el banco necesita la identificación de la persona física o jurídica, escrituras de constitución y de poderes si fuera necesario, esto es, de los titulares que van a firmar la solicitud de la operación, documento este, imprescindible para poder recabar información de los ficheros de datos sobre incumplimiento de obligaciones dinerarias, es decir, registros donde aparecen importes impagados de letras de cambio, pagarés, cheques y otros documentos comerciales; así como, de la Central de información de Riesgos, que proporciona información de todas las operaciones de activo vigentes, préstamos, créditos, líneas de descuento comercial.
La entidad requiere, además, documentos oficiales que demuestren la capacidad de ingresos, últimas declaraciones de la renta, de impuestos, últimas nóminas, etc., para el caso de sociedades, estados contables oficiales, balance y cuenta de resultados, impuesto sociedades, etc., a partir de esta información será capaz de deducir la generación de recursos del solicitante para poder hacer frente a la devolución del principal y calcular la cuantía máxima de endeudamiento.
El banco demanda, también, los justificantes de patrimonio, escrituras de propiedad, declaraciones confidenciales de bienes, tanto de la sociedad como de los socios si fuera de reciente creación, documentos que dotan de garantía a la operación.
Con la información aportada por el cliente, se procede al análisis, y si resulta satisfactorio, la operación se lleva a cabo, en caso contrario, se solicitarán mayores garantías o se denegará la concesión del préstamo o crédito.
Las principales garantías que exigen las entidades financieras para dar conformidad a las operaciones de crédito o préstamo son las reales: prenda e hipoteca, y las personales: respondiendo de la deuda con todo el patrimonio presente y futuro, o los avales de terceros que responden subsidiariamente del pago, en caso de que el deudor principal no devuelva el dinero al banco.
Fiscalmente, es indiferente disponer de recursos ajenos a través de póliza de crédito o contrato de préstamo. Para las personas jurídicas los gastos de formalización y los intereses son deducibles como gastos. Sin embargo, para las personas físicas es necesario distinguir entre lo que serían gastos empresariales o gastos personales que no impliquen inversión estricta. Así, existen deducciones de los intereses en ciertos regímenes de tributación para personas físicas, siempre que se trate de un préstamo o crédito para la inversión, es decir, que la financiación esté destinada a la adquisición de elementos y bienes afectos a la actividad profesional o empresarial, en contraposición a lo que sería en préstamo o crédito al consumo, que no goza de ninguna ventaja fiscal. De igual forma, los préstamos hipotecarios se benefician de un tratamiento fiscal muy favorable cuando el particular obtiene los fondos con el objeto de adquirir o mejorar la vivienda habitual