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Exenciones y beneficios tributarios

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El tratadista Héctor B. Villegas señala que, existen hechos o situaciones descritos hipotéticamente en otras normas, y que acaecidos en la realidad neutralizan la consecuencia normal derivada de la configuración del hecho imponible, o sea, el mandato de pagar el tributo. Estos hechos o situaciones que enervan la eficacia generadora del hecho imponible, se denominan «exenciones y beneficios tributarios»[1].

Tienen la función de interrumpir el nexo normal entre la hipótesis como causa y el mandato como consecuencia. Cuando se configuran exenciones o beneficios tributarios, la realización del hecho imponible ya no se traduce en la exigencia de pagar el tributo originariamente previsto por la norma. Vemos así que la consecuencia de la exención o beneficio es impedir (total o parcialmente) que la realización del hecho imponible se traduzca en el mandato de pago normal[2].

Ahora bien, dicho tratadista diferencia los conceptos de «exención tributaria» y «beneficio tributario». Así, señala que en la exención tributaria la desconexión entre hipótesis y mandato es total, no surge deuda tributaria de sujeto pasivo alguno; en tanto que hay beneficios tributarios cuando la desconexión entre hipótesis y mandato no es total sino parcial, siendo distintos los nombres que las leyes tributarias asignan a estos beneficios (franquicias, desgravaciones, amortizaciones aceleradas, etc)[3].

En igual sentido, se sostiene que los beneficios tributarios son tratamientos diferenciados que se otorgan a favor de determinadas zonas geográficas del país o ciertos sectores dentro del régimen tributario general con el fin de promocionar su desarrollo. En ese sentido, el concepto genérico del beneficio tributario involucra a la exoneración (o dispensa de pago), los reintegros tributarios, las reducciones de tasas, etc[4].

Se agrega que no se puede hablar de exoneraciones y otros beneficios tributarios sin señalar la nota esencial que los caracteriza: su temporalidad. Debe quedar en claro que los beneficios tributarios no son permanentes, porque tienen un tiempo de vigencia, por lo general, el plazo de duración del beneficio está señalado en la norma que lo otorga[5]. Ahora bien, si la misma norma no lo precisa, la exoneración o beneficio tributario se entenderá concedido por tres (3) años, sin que exista la posibilidad de prorrogar tácitamente ese plazo.

Problemas a resolver del impuesto

En el Perú como en cualquier país del mundo, tanto las personas naturales como las personas jurídicas se encuentran obligadas a pagar sus tributos al Fisco y eso está muy bien. Sin embargo, existe un grave problema en materia tributaria en relación a ello. Nos referimos al tratamiento tributario vigente en el Perú para las personas naturales respecto al Impuesto a la Renta el cual es de por sí muy injusto.

De un lado tenemos que las personas jurídicas (empresas) pueden deducir de su renta bruta anual de tercera categoría, de acuerdo al principio de causalidad, todos los gastos necesarios propios del giro del negocio. Sin embargo, con las personas naturales profesionales o empleados sucede todo lo contrario pues sólo deducen, por ejemplo, un 20% de la renta bruta con un tope máximo de 24 UIT (si se trata de profesionales perceptores de rentas de cuarta categoría); ó 7 UIT al año si se trata de trabajadores dependientes perceptores de rentas consideradas de la quinta categoría.

Todos estos montos son insuficientes y no reflejan la realidad económica que envuelve a las necesidades primordiales de la persona naturales y, en especial, de las familias. ¿Por qué las personas naturales, especialmente si son casadas, no pueden deducir gastos “propios de su giro” como por ejemplo, los gastos de vivienda, educación, salud, alimentación, etc., gastos que obviamente exceden a lo permitido actualmente por la ley? ¿Ello no atenta acaso contra los derechos constitucionales o fundamentales y, por tanto, contra los derechos humanos de la persona natural así como de la familia? ¿No está obligado acaso el Estado, a proteger o defender a la persona humana y a la familia como mandato supremo y fundamental de su razón de ser?

Hay mucho por hacer en materia tributaria en lo referente a la tributación de la persona natural y la familia. En resumen, se tiene tres grandes problemas a resolver que existen hoy en la legislación del Impuesto a la Renta en el Perú en lo que se refiere a la persona natural:

a)         La aplicabilidad y vigencia de los principios de capacidad contributiva, igualdad, y progresividad a la persona natural;

b)         La efectiva protección a la familia establecida en la Constitución; y, en estrecha relación con la problemática anterior

c)         La adecuada consideración de las cargas familiares.

En diversos países europeos ocurrieron ya en años anteriores estas problemáticas concernientes a la discriminación fiscal a la familia y se han ido solucionando mediante legislaciones más justas y equitativas, ganando pues la familia.

En el Perú, esta situación de discriminación fiscal a la persona natural y a la familia no se ha visto hasta la fecha cuestionada o al menos tratada. Sin embargo, consideramos que esta situación podría ameritar, no sólo la interposición de los recursos de reclamación correspondientes a la SUNAT o recursos de apelación de puro derecho al Tribunal Fiscal, sino inclusive ameritaría la interposición de acciones de amparo al Tribunal Constitucional, con lo cual en menudo aprieto se vería dicho tribunal al tener que pronunciarse sobre temas tan delicados. Recordemos que de acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 74 de la Constitución, el Estado al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los derechos fundamentales de la persona, cosa que no hace cuando bajo el seguimiento de metas de recaudación, discrimina fiscalmente a la persona humana y por ende, a la familia.


[1] “La exención tributaria puede considerarse como una especie -la más característica o típica- de un género más amplio: el de los beneficios tributarios. Efectivamente, la exención constituye un beneficio, es el resultado de una norma “de favor””. PÉREZ ROYO, Fernando, Derecho Financiero y Tributario. Parte General. Décima Edición Civitas. p. 136.

[2] VILLEGAS B, Héctor. Curso de finanzas, derecho financiero y tributario. Editorial Astrea. Buenos Aires. 2003. p. 366.

[3] Op. cit. VILLEGAS B, Héctor. p. 366-367.

[4] NAVARRO VÁSQUEZ, Guillermo y MARCONE, Rafael. Diccionario Enciclopédico Tributario. Marcone Editores. Primera Edición. Diciembre 2002. p. 32.

[5] Op. Cit. NAVARRO VÁSQUEZ, Guillermo y MARCONE, Rafael. p. 32.