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CONTROL INTERNO POSTERIOR

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El control interno posterior, aplicado a las instituciones públicas en el Perú, está fuertemente relacionado con el control gubernamental; por ello, se piensa erróneamente que este tipo de control, corresponde al Sistema Nacional de Control que es uno de los Sistemas Administrativos de la Gestión Pública.

Es así, que en las leyes relacionadas con el control gubernamental, específicamente en la Ley Nº 27785 Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República[1], señala:

Artículo 6º.- Concepto

El control gubernamental consiste en la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública, en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado, así como del cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de política y planes de acción, evaluando los sistemas de administración, gerencia y control, con fines de su mejoramiento a través de la adopción de acciones preventivas y correctivas pertinentes.

El control gubernamental es interno y externo y su desarrollo constituye un proceso integral y permanente.

 7º Control Interno

El control interno comprende las acciones de cautela previa, simultánea y de verificación posterior que realiza la entidad sujeta a control, con la finalidad que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se efectúe correcta y eficientemente. Su ejercicio es previo, simultáneo y posterior.

El control interno previo y simultáneo compete exclusivamente a las autoridades, funcionarios y servidores públicos de las entidades como responsabilidad propia de las funciones que le son inherentes, sobre la base las normas que rigen las actividades de la organización y los procedimientos establecidos en sus planes, reglamentos, manuales y disposiciones institucionales, los que contienen las políticas y métodos de autorización, registro, verificación, evaluación, seguridad y protección.

El control interno posterior es ejercido por los responsables superiores del servidor o funcionario ejecutor, en función del cumplimiento de las disposiciones establecidas, así como por el órgano de control institucional según sus planes y programas anuales, evaluando y verificando los aspectos administrativos del uso de los recursos y bienes del Estado, así como la gestión y ejecución llevadas a cabo, en relación con las metas trazadas y resultados obtenidos.

Es responsabilidad del Titular de la entidad fomentar y supervisar el funcionamiento y confiabilidad del control interno para la evaluación de la gestión y el efectivo ejercicio de la rendición de cuentas, propendiendo a que éste contribuya con el logro de la misión y objetivos de la entidad a su cargo.

El Titular de la entidad está obligado a definir las políticas institucionales en los planes y/o programas anuales que se formulen, los que serán objeto de las verificaciones a que se refiere esta Ley.

Es decir, la Ley[2] deja claramente establecida de quien es la responsabilidad del CONTROL INTERNO POSTERIOR; sin embargo, como se repite,  este tipo de control, se relaciona erróneamente como el control gubernamental que efectúa o está a cargo del Sistema Nacional de Control, es decir, el que compete ejercer a la Contraloría General de la República, a los Órganos de Control Institucional y a las Sociedades de Auditoría externa independientes, cuando son designadas por la Contraloría[3].

Esta situación, quizás se agrava o contribuye a que se mal interprete que el control interno posterior, aparentemente compete exclusivamente al Sistema Nacional de Control; cuando se dicta la Ley Nº 28716 Ley de Control Interno de las Entidades del Estado,[4] expresando que corresponde al Titular y a los funcionarios responsables de los órganos directivos y ejecutivos de la entidad, la aprobación de las disposiciones y acciones necesarias para la implantación del sistema de control interno; sin embargo, se hace mención también al artículo 7º de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.

Es así, que en la Ley Nº 28716 Ley de Control Interno de las Entidades del Estado[5], señala:

Artículo 1º.- Objeto de la Ley

La presente Ley tiene por objeto establecer las normas para regular la elaboración, aprobación, implantación, funcionamiento, perfeccionamiento y evaluación del control interno en las entidades del Estado, con el propósito de cautelar y fortalecer los sistemas administrativos y operativos con acciones y actividades de control previo, simultáneo y posterior, contra los actos y prácticas indebidas o de corrupción, propendiendo al debido y transparente logro de los fines, objetivos y metas institucionales.

Cuando en ella se mencione al control interno, se entiende éste como el control interno gubernamental a que se refiere el artículo 7º de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.

Artículo 2º.- Ámbito de aplicación

(…) Son aplicables por los órganos y personal de la administración institucional, así como por el órgano de control institucional, conforme a su correspondiente ámbito de competencia.

La norma legal[6] continúa con la descripción de la definición del Sistema de Control Interno, sus componentes, la implantación y funcionamiento; así como, las obligaciones del Titular y funcionarios, y los demás artículos subsiguientes de la Ley; además señala que es responsabilidad de la Contraloría General de la República, los Órganos de Control Institucional y las Sociedades de Auditoría designadas y contratadas, la evaluación del control interno en las entidades del Estado, de conformidad con la normativa técnica del Sistema Nacional de Control.

Sus resultados inciden en las áreas críticas de la organización y funcionamiento de la entidad, y sirven de base para la planificación y ejecución de las acciones de control correspondientes[7].

Es decir, se orienta a que se comprenda que la evaluación del control interno en las entidades del Estado compete a los órganos confortantes del Sistema Nacional de Control; sin embargo, se debe tener en cuenta que los órganos de control institucional de las entidades del Estado, también forman parte del control interno de las entidades a las cuales pertenecen, y también en la propia Ley[8] en la Tercera disposición transitoria, complementaria y finales, se indica que constituyen definiciones básicas; entre otras, las siguientes:

       Administración Institucional: Conformante del sistema de control interno, bajo cuya denominación, se comprende al conjunto de órganos directivos, ejecutivos, operativos y administrativos de la entidad, incluyendo al Titular de ésta.

       Autoevaluaciones: Actividad desarrollada por los propios órganos y personal de la administración institucional para revisar y analizar los procesos y operaciones sujetos a su competencia funcional.

    Control Interno: Concepto fundamental de la administración y control, aplicable en las entidades del Estado para describir las acciones que corresponde adoptar a sus titulares y funcionarios para preservar, evaluar y monitorear las operaciones y la calidad de los servicios.

       Órgano de Control Institucional: Unidad orgánica especializada responsable de llevar a cabo el control gubernamental en la entidad, de conformidad con lo señalado en los artículos 7º y 17º de la Ley Nº 27785.  

Asimismo, en la mencionada Ley[9] se regula que la Contraloría General de la República, dicta la normativa técnica de control que oriente la efectiva implantación y funcionamiento del control interno en la entidades del Estado, así como su respectiva evaluación; asimismo, que dichas normas constituyen lineamientos, criterios, métodos y disposiciones para la aplicación y/o regulación del control interno en las principales áreas de su actividad administrativa u operativa  de las entidades, incluidas las relativas a la gestión financiera, logística, de personal, de obras, de sistemas computarizados y de valores éticos, entre otras; y principalmente, que a partir de dicho marco normativo, los titulares de las entidades están obligados a emitir las normas específicas aplicables a su entidad, de acuerdo a su naturaleza, estructura y funciones, las que deberán ser concordantes con la normativa técnica de control que dicte la Contraloría General de la República.

Es decir, los Titulares de la entidades públicas, tienen la obligación de emitir normas especiales aplicables a su entidad, aspecto que no se viene cumpliendo, conforme lo señalan los Informes emitidos por los Órganos de Control Institucional, producto de la Actividad de Control orientada a evaluar el proceso de implantación del control interno a partir de la vigencia de la mencionada Ley[10]

Con el fin de cumplir con lo señalado en la Ley Nº 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, la Contraloría General de la República, mediante la Resolución de Contraloría Nº 320-2006-CG[11] publicada en las separatas de normas legales del diario oficial El Peruano, de fecha 31 de diciembre de 2006, aprueba las Normas de Control Interno, aplicables a las Entidades del Estado; y con fecha 28 de octubre de 2008, emite la Resolucion de Contraloria Nº 458-2008-CG[12] que aprueba la “Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado”, estableciendo en su artículo 2º y 3º, lo siguiente:

       Artículo Segundo.- Establecer un plazo máximo de veinticuatro (24) meses para la implementación del Sistema de Control Interno a partir del día siguiente de publicada la presente Resolución.

       Al término de los doce (12) primeros meses, las entidades del Estado deberán emitir un informe con los resultados de la implementación del Sistema de Control Interno producto de su autoevaluación, señalando los avances logrados. El mismo que será remitido al Órgano de Control Institucional (OCI) de la entidad o a la Contraloría General de la República en caso de no contar con OCI; asimismo, al termino de los 12 meses siguientes deberán emitir un informe final señalando la culminación de su implementación.

       Artículo Tercero.- Cumplido el plazo máximo establecido, las entidades deberán remitir anualmente los resultados del funcionamiento del Sistema de Control Interno a través del informe de autoevaluación respectivo, como se señala en la Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno y de acuerdo a los formatos y procedimientos que oportunamente establezca la CGR. Dicho informe deberá ser remitido al Órgano de Control Institucional (OCI) de la entidad o a la Contraloría General de la República en caso de no contar con OCI.


[1] Ibiden; p. 226885 – 226886

[2] Ley Nº 27785 Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.

[3] EL PERUANO, Normas Legales; Sección Congreso de la República; p. 226887.

[4] EL PERUANO, Normas Legales; Sección Congreso de la República; p. 316871.

[5] EL PERUANO, Normas Legales; Sección Congreso de la República; p. 316871.

[6] Ibiden; p. 316871, 316872 y 316873. – Ley Nº 28716 Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.

[7] Ley Nº 28716 Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.

[8] Ibiden; p. 316873.

[9] Ley Nº 28716 Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.

[10] Ibidem; p. 316873

[11] EL PERUANO, Normas Legales; Sección Organismos Autónomos; p

[12] EL PERUANO, Normas Legales; Sección Organismos Autónomos; p