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PIRÁMIDE DE HANS KELSEN

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1.1. LA FILOSOFÍA DE KELSEN

La filosofía de Kelsen se basa en la concepción de cada ley como una norma, esto es, como un ‘deber ser’. Cada ley puede derivarse de otra que otorga validez a aquélla, hasta llegar al principio de validez final, la Grundnorm o norma fundamental. Una ley aplicada por un tribunal es válida en virtud de la legislación que guía la actuación de ese tribunal y le concede el poder de hacer la ley. El poder recibido por una asamblea legislativa emana generalmente de una constitución, cuya fuerza normativa procede de la Grundnorm. De este modo, el ordenamiento jurídico se estructura de forma jerárquica: la norma inferior extrae validez de la superior. El problema implícito en el pensamiento de Kelsen consiste en la falta de justificación de la Grundnorm y de su propio criterio de validez. Esta cuestión le llevó a admitir en sus últimos trabajos que la norma fundamental podría considerarse como una ficción. Pese a estos inconvenientes, la obra de este autor tiene el inmenso valor de haber otorgado al discurso jurídico un enfoque razonado que constantemente ha sido demandado desde la filosofía.

Sobre el particular, tenemos que decir que “piramidarizar” – si cabe el término – el derecho es una forma de hacer ciencia en el sentido de categorizar las normas desde un estado superior a otro inferior, esto pasa también por ejemplo en la biología, la taxonomía es una forma de hacer ciencia en la misma, pero es insuficiente para proclamarla como ciencia: es decir, remitiéndonos solo a esta categorización tendríamos que ver también los aspectos políticos, muy ligados al derecho, pues no existe lo uno sin lo otro.

Creo que una de las cosas que podemos resaltar de la obra de Kelsen, es que el mediante esta herramienta científica pretende eliminar toda influencia psicológica, sociológica en la construcción jurídica; otro de los aspectos a considerar de la obra de Kelsen es que para él, el dato primario de la experiencia jurídica, lo constituye la norma, y cuya estructura consiste en una proposición hipotética.[1]

Sobre esto último, desde el punto de vista epistemológico (filosofía de la ciencia) diremos que una proposición hipotética no es ajena al campo científico natural, pero se debe tener mucho cuidado en el derecho porque ahí hay un hecho objetivo; las relaciones entre los grupos humanos que en el tiempo van confrontando y uniéndose lo que nos obliga a reconsiderar todo lo que se ha construido jurídicamente, porque es la política la que finalmente direcciona lo normativo. Son grupos de poder que imponen toda una estructura buscando en lo posible cierta racionalidad.

Sin embargo, a pesar de las críticas previas que hacemos a su modelo jurídico, uno de los que considero su mas grande aporte al derecho y que si tiene cierto grado de objetividad, es de haber establecido la supremacía del derecho internacional, situación que pesa aún mas con esto de lo que se ha denominado la mundialización de la economía, y que ha traído nuevos problemas como los tratados comerciales de libre comercio, problemas limítrofes entre países vecinos, y lo que mas se conoce en el mundo, el problema de los derechos humanos.

Para Kelsen pues, el fundamento de su validez del derecho estatal debe ser buscado en el derecho internacional (grundnorm); es mas, Kelsen extrapola su planteamiento planteando que el derecho internacional, por lo que la paz universal es pensable a través de un ordenamiento jurídico mundial. No obstante, reitero, la construcción adolece de objetividad y específicamente de las relaciones de poder entre los grupos humanos, esto es clave porque el derecho no es per se, para que se cumpla tiene que haber – a mi juicio – un poder que lo haga cumplir, esto nos lleva entonces a la política.

Otro aspecto adicional a interpretar es que cuando se afirma por ejemplo el carácter supra constitucional de los tratados internacionales diremos que no lo es tanto; es mas que todo un modo de consenso de las constituciones en el mundo, pues si admitimos un “supra” tendríamos que admitir que hay otro y eso nos lleva al infinito (o Dios).

En resumen, el planteamiento de Kelsen lo podemos considerar un referente en el estudio de la teoría del derecho y su ordenamiento jurídico; la pirámide de Kelsen es un intento de dar cientificidad y esto le da validez a su planteamiento; empero, hay que también evaluar sus limitaciones; así por ejemplo cuando decirnos que los escalones se interpretan que una base se hace valer por la base superior o escalón, es una categorización pero que no por ello significa que en forma absoluta el derecho adquirió la categoría de ciencia, pero que si embargo es un buen avance en ese proceso de dar cientificidad.

1.1. LA NORMA JURÍDICA

La norma jurídica es una regla u ordenación del comportamiento humano dictado por la autoridad competente del caso, con un criterio de valor y cuyo incumplimiento trae aparejado una sanción. Generalmente, impone deberes y confiere derechos. Regla o precepto de carácter obligatorio, emanado de una autoridad normativa, la cual tiene su fundamento de validez en una norma jurídica que autoriza la producción normativa de ésta, y que tiene por objeto regular las relaciones sociales, o la conducta del hombre que vive en sociedad, son diferentes a las normas sociales, ya que tienen la característica de la coercibilidad, la posiblidad legitima de recurrir al uso de la fuerza socialmente organizada en caso de su incumplimiento, busca cumplir con las finalidades concretas del ordenamiento jurídico, la paz, el orden y la seguridad. Se diferencia de otras normas de conducta en su carácter heterónomo (impuesto por otro), bilateral (frente al sujeto obligado a cumplir la norma, existe otro facultado para exigir su cumplimiento), coercible (exigible por medio de sanciones tangibles) y externo (importa el cumplimiento de la norma, no el estar convencido de la misma).[2]

1.3 CLASIFICACIONES

1.3.1. Clasificación en función de la voluntad del individuo

Normas imperativas: Obligan independientemente de la voluntad del individuo.

Normas dispositivas: Obligan cuando no existe una voluntad expresa en contrario del individuo. Algunos autores incluyen dentro de esta categoría a las normas supletivas. También puede considerarse como dispositiva la norma interpretativa, es decir, aquella que va encaminada a determinar e interpretar la voluntad de las partes.

1.3.1. Clasificación hartiana 

Hart señalaba que lo que diferencia al derecho de otros sistemas normativos es que está formado por otros sistemas de normas: normas primarias y normas secundarias.

Normas primarias: son las normas de conducta, las normas de comportamiento y que califican como prohibido, permitido y obligatorio.

Normas secundarias: son las normas que no tienen por objeto crear obligaciones sino atribuir poderes o facultades.

Las normas secundarias se introducen para remediar los defectos que padece o que tiene un sistema de derecho en el cual haya normas primarias solamente. Estos defectos serían: primero, la falta de certeza, que se remedia por las normas de reconocimiento; segundo, la inmovilidad, que se subsana mediante la norma de cambio; tercero, la ineficacia, que se pretende superar mediante las normas de adjudicación.

Mientras que las normas primarias imponen deberes y crean obligaciones, las secundarias pueden ser públicas o privadas.

Normas de cambio: son aquellas normas que nos indican cómo pueden derogarse total o parcialmente las normas del ordenamiento jurídico. Nos dicen también cómo es posible modificarlas y cómo introducir nuevas normas. Son las llamadas normas sobre la producción de normas estas normas determinan quién puede hacer estos cambios.

1.4. EXPLIQUE LA NORMA JURÍDICA EN EL ESPACIO Y EN EL TIEMPO.

El estudio de los diversos sistemas jurídicos, distintos en cuanto al tiempo y al espacio, nos pone en disposición de recoger, por una parte, la peculiaridad específica de cada uno de ellos, y por otra, aquel elemento universal que les es común y que hace que todos los sistemas jurídicos, pasados y presentes, formen una unidad, o lo que es más exacto, la unidad de la multiplicidad de los distintos sistemas jurídicos positivos existentes en los diferentes espacios y tiempos. [3]

En efecto, todo sistema jurídico, en su peculiaridad específica, sólo puede caracterizarse como un sistema jurídico único, originario, que se diferencia, por consiguiente, en mayor o menor grado, de cualquier otro sistema jurídico. Y resultaría extraño que así no fuese, cuando se piensa que cualquier sistema jurídico particular y específico no es más que una valoración en términos normativos de una realidad histórico-social dada o de la realidad histórico-social normativamente valorada. Así entendido, el Derecho es una realidad compleja, cuyos términos o elementos constitutivos son: el factual, condicionante o situacional (realidad histórico-social, caracterizada por el permanente y variado contraste de intereses no sólo económico-sociales, sino también religiosos, ideológicos, culturales, etc.), el normativo o formal y el axiológico o teleológico (sistema históricamente variado y variable en cuanto a valores y fines). Y mientras que el término normativo, formal o estructural del Derecho, ya sea condicionante, situacional o factual, es decir, la realidad histórico-social, es rígido y estático, el conjunto de situaciones factuales de las que nace (ex fado oritur iics) y a las que se refiere el Derecho, aunque se trate del término axiológico o teleológico, es decir, del conjunto de valores, fines y principios reguladores en los que se inspira todo sistema jurídico, son términos flexibles, dinámicos, históricos, y por consiguiente, mutables, variados y variables en el tiempo y en el espacio.

Por lo tanto, el Derecho, en cuanto elemento normativo y formal, es estructura, pero en cuanto elemento factual o situacional y axiológico o teleológico es también, en su conjunto, problemática histórica. Y como tal, todo sistema jurídico es estructura flexible, norma o forma que se refiere y es referible a un contenido histórico dado y concreto.

En efecto, todo sistema jurídico específico no es más que una simple traducción en términos normativos y formales, es decir, la regla, la disciplina normativa de una situación social concreta, dada, histórica, factual, operada a la luz de un sistema dado, variada y variable desde el punto de vista histórico, con valores y fines propios, típicos de una determinada sociedad en un momento dado. Y del mismo modo que el factor normativo o formal es racional, los elementos factuales y axiológicos son problemáticos. En este sentido, todo sistema jurídico es problemática racional o racionalismo problemático. Y es aquí precisamente, en el nexo dialéctico entre hecho, norma y valor, donde se halla la verdadera razón de la complejidad o de la bipolaridad y carácter antinómico propio de todo sistema jurídico: si, por una parte, esto es algo único y peculiar, puesto que se trata de la valoración normativa de una situación histórico-social específica, esto es, de una realidad factual determinada, por otra es también algo universal y común, que se encuentra en todos y cada uno de los sistemas jurídicos. Y este elemento o término universal y común no es otro que el término normativo, formal, correspondiente a la exigencia de racionalizar la acción humana, garantizándola, tutelándola, limitándola, haciéndola cierta y estable.

Así, pues, es ahora posible interpretar la realidad jurídica, y por consiguiente, cada sistema jurídico, como una realidad compleja, antinómica, bipolar, es decir, por un lado, como racionalismo, en cuanto sistema de normas, y por otro, como problemática, en cuanto historicismo, peculiaridad, concreción, o sea en cuanto sistema de hechos y valores determinados, mutables desde el punto de vista histórico. Ello quiere decir que todo sistema jurídico es al mismo tiempo universalismo, en cuanto racionalismo, y particularismo e individualismo, en cuanto problemática histórica.

De aquí se sigue que el estudio de los sistemas jurídicos, que se diferencian en el tiempo y en el espacio, lleva consigo la complejidad, el carácter antinómico y la bipolaridad del objeto motivo de su investigación, así como la correspondiente tensión entre la exigencia lógico-formal, racional de la universalidad de la normatividad, y la antinómica exigencia problemática, igualmente válida, de la problemática histórica, es decir, de la concreción de la peculiaridad. De aquí la imposibilidad, o mejor dicho la falta de validez, de intentar solucionar el estudio de los sistemas jurídicos en términos puramente racionales o de lógica formal, y también en términos puramente problemáticos, esto es, en términos ‘históricos. Pero el peligro está siempre en tratar de interpretar y definir la compleja, bipolar y antinómica realidad del Derecho, y por consiguiente, del sistema jurídico, en términos unilaterales y abstractos, aunque sean puramente racionales y problemáticos o históricos.

Esto equivale, por una parte, a la perenne tentación de dar vida a una ciencia jurídica, a una dogmática jurídica, en una construcción y sistematización conceptual de la realidad jurídica, en términos puramente racionales, o sea normativos y lógico-formales. Sin embargo, esto lleva consigo el correspondiente peligro de crear una ciencia jurídica abstracta, porque precisamente por culpa de esa necesidad de tomar, antes de resolver racionalmente o en términos puramente lógico-formales, la compleja, bipolar, antinómica realidad jurídica, se acaba por «poner entre paréntesis», es decir, por considerar como «metajurídicos» los elementos factual y axiológico, o sea por no tener en cuenta el particular y concreto elemento histórico; en suma, por prescindir de aquellos factores problemáticos constitutivos de la realidad jurídica y que se pueden hallar o están presentes en todos y cualesquiera de los sistemas jurídicos.

De aquí el siempre inmanente peligro de que la dogmática jurídica acabe por caer en un dogmatismo jurídico, es decir, en una construcción y sistematización conceptual puramente lógico-formal, normativa, excluyente; esto es, en los momentos problemáticos de la realidad histórico-social, de lo factual y de los valores, de los fines; en una palabra, de aquella dimensión problemática histórica, específica y concreta que se encuentra en todo sistema jurídico. Pero al quedar así reducida y al resolverse en términos puramente lógico-formales, la ciencia jurídica se convierte inevitablemente en ciencia problemática, histórica, y el universalismo de la ciencia jurídica se resuelve en universalismo abstracto, vacío, histórico o antihistórico, o sea problemático.

Y este es el problema de la validez o al menos de la construcción y sistematización conceptual y racional de la ciencia jurídica; problema en el que se pone de manifiesto, en toda su magnitud y evidencia, el sentido y el valor de la razón dentro de la alternativa de fondo de considerar el racionalismo en sentido abstracto, antihistórico o histórico, o lo que es igual, problemático, o en sentido concreto e histórico, o sea problemático. Y este es el problema entre universalismo abstracto y universalismo concreto histórico, problemático del sistema jurídico, y por consiguiente, de la ciencia jurídica: aquí está precisamente la perenne actualidad y validez de la lección de Vico, la de la conciencia, es decir, que verum et factum cotí’ vertuntur, o sea que entre la exigencia del universalismo y la exigencia de la problemática histórica, y por lo tanto, entre la ciencia jurídica y la historia jurídica, entre el universalismo de la ciencia jurídica y el pluralismo y especificidad de los sistemas jurídicos que se diferencian en el tiempo y en el espacio existe una correlación e interdependencia; en una palabra, una relación dialéctica, en virtud de la cual sólo desde el punto de vista abstracto podremos considerar un término aislado.

Esta es, a su vez, la propia, grande y siempre actual lección de Kant: así como las intuiciones sensibles (los hechos) son ciegos, los conceptos, las categorías están,  en sí y por sí mismas consideradas, también vacías. En efecto, si es cierto que el proceso de racionalización y normativización ilumina los hechos, es decir, la realidad efectiva e histórico-social, igualmente es cierto que son los hechos, la realidad efectiva e histórico-social la que va a convertir en concretos los conceptos, las categorías.

Está claro entonces que la exigencia, perfectamente legítima, de que la ciencia jurídica sea universal y de que el sistema jurídico se construya y sistematice desde el punto de vista conceptual, o lo que es lo mismo, se considere en su universalismo, nunca podrá «poner entre paréntesis», ni prescindir de la correspondiente exigencia, igualmente legítima, de que se tenga en cuenta la peculiaridad específica de todo sistema jurídico considerado en su concreta determinación espacio-temporal.

1.5. ¿POR QUÉ EL JUEZ IMPONE UNA SANCIÓN EN CADA JUICIO?. ¿EN QUE CASOS SE INDICA? ¿EN ALGUNOS CASOS O EN TODOS LOS JUICIOS?. INVESTIGUE USTED.

En primer lugar, se denomina sanción a la consecuencia o efecto de una conducta que constituye infracción de una norma jurídica (ley o reglamento). Dependiendo del tipo de norma incumplida o violada, puede haber sanciones penales o penas; sanciones civiles y sanciones administrativas.

Sin embargo, habitualmente la referencia a una sanción se hace como sinónimo de pena pecuniaria, es decir, una multa o, al menos, para penas leves (por ejemplo, prohibiciones para ejercer cargos). Por el mismo motivo, comúnmente se suele relacionar la expresión sanción con la Administración pública (sanciones administrativas) y el término pena se deja para el ámbito del Derecho penal.[4]

En segundo lugar, se llama sanción al acto formal mediante el cual el jefe de Estado da su conformidad a un proyecto de ley o estatuto.

No siempre se impone una sanción. Lo que el juez dicta es una sentencia, la misma puede ser absolutoria o condenatoria. El juez es llamado a juzgar el caso que se le presenta por la vía correspondiente, y luego de evaluar las pruebas que se le presentan, dictará sentencia tomando en cuenta los hechos alegados por las partes, las pruebas presentadas y su sana crítica.

Se debe tener en cuenta las distintas ramas del derecho y ver los distintos tipos de sentencias, ya que no es lo mismo una sentencia penal que una civil o laboral, en la penal te puede absolver o condenarte a prisión o multa, en el civil te puede dictar una sentencia de divorcio, reparar un daño, etc. y así en todas las ramas del derecho.

1.6. ¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE LA HERMENÉUTICA JURÍDICA Y EL PENSAMIENTO JURÍDICO Y SU TRANSCURRIR HISTÓRICO?

1.6.1. Hermenéutica Jurídica

A partir de la Revolución Francesa, y sobre todo con el movimiento llamado de la «codificación», surgió la idea de establecer un cuerpo de leyes o normas escritas estructuradas lógicamente y en virtud del cual fuera posible solucionar «mecánicamente» cualquier entuerto jurídico.

Sin embargo, esta idea o proyecto teóricamente posible, fracasó en la práctica. La razón principal consiste, fundamentalmente, en que toda norma debe expresarse necesariamente en un lenguaje, y el lenguaje (obra humana y, por lo tanto, imperfecta) se encuentra conformado por vocablos o palabras muchas veces ambiguos o susceptibles de más de un sentido (sentido que, a veces, suele cambiar incluso con el transcurso del tiempo). Por otra parte, se partía de la base de un legislador infalible o eficiente, cuando la práctica nos dice que muchas veces el legislador incurre en contradicciones u omisiones.

Finalmente, muchas veces nos encontramos ante un caso o supuesto que no aparece expresamente previsto en ninguna norma, pero al que sin embargo debe otorgarse algún tipo de solución o composición jurídica.

Por eso, para poder muchas veces desentrañar el sentido de una norma, resulta necesario recurrir a diferentes métodos (no necesariamente excluyentes entre sí) que nos ayuden ya sea a desentrañar el sentido de un texto legal o norma confusa o bien, cuando se presentan dos textos legales o normas igualmente aplicables pero contradictorios entre sí, a discernir por cuál de ellos debe optarse. Ese conjunto de métodos es lo que llamamos HERMENEUTICA JURIDICA.

1.6.1. Pensamiento Jurídico

Dependiendo del momento histórico se ha dado más importancia a un saber jurídico o a otro. Los sabedores jurídicos surgen en función de unos condicionantes sociológicos e históricos que certifican la necesidad de fijarse con más detalle en algún aspecto concreto del Derecho.[5]

Hay que afirmar que la ciencia jurídica y la filosofía jurídica han sido los polos en los que más se ha centrado la historia del pensamiento jurídico.

Hay que señalar que la apreciación del fenómeno jurídico ha estado notablemente influida por una visión clásica y después cristiana de la persona y de la sociedad.

La primera versión del Derecho toma como punto de referencia una idea de que la norma jurídica es la vía para hacer realidad la definición de la justicia ofertada en el adagio de Ulpiano: dar a cada uno aquello que le corresponde.

Esta aproximación se considera válida, porque se entiende qué corresponde a cada uno; o al menos se admite una definición de la persona y de su dignidad. Lógicamente hay que tener en cuenta que esta referencia a la persona se hacía compatible con prácticas y modos de conducta que hoy entenderíamos como contrarias a la persona. Baste pensar en la institución de la esclavitud, aunque también es cierto que se admitió esta institución para suprimir una pena de muerte entendida como única pena aplicable a los casos de delito.

Prescindiendo de los casos concretos, lo cierto es que el Derecho era considerado como una técnica supeditada a un objetivo muy concreto, que era la realización histórica de la justicia.

Por este motivo, ciencia y filosofía jurídica estaban unidos en tanto perspectivas de estudio, porque no se concebía el modo de separarlos. Y de hecho, la praxis de la justicia —que hoy se entendería como la aplicación e interpretación del Derecho, en cuanto temas centrales de la ciencia jurídica— era competencia de los sabios, es decir, de aquellos que tenían la capacidad de actuar rectamente y, por tanto, de acuerdo con criterios de justicia.

Esto significa que durante una primera etapa del Derecho, al menos hasta la aparición de todo el pensamiento clásico-cristiano, ciencia y filosofía jurídica están unidos, tanto en el estudio teórico como en la práctica habitual del Derecho.

El pensamiento clásico-cristiano, en un intento de establecer unas bases sistemáticas para explicar la justificación del Derecho positivo, oferta claves importantes de interpretación del fenómeno jurídico, aunque también se presentan graves problemas; al menos, con posterioridad, esa sistemática es utilizada desde otra visión de las cosas, y, por tanto, se interpreta ese mismo pensamiento con otros registros.

En cualquier caso, las etapas de Agustín de Hipona, y de Tomás de Aquino sientan las bases de la distinción entre el Derecho y la ley; entre las normas positivas, y las que no lo son. Y muy concretamente marcan la diferencia entre ley positiva y ley natural, para seguir la distinción hecha por Aristóteles.

Lo natural se identifica con aquéllos ámbitos de la conducta que no están supeditados al pacto entre los hombres, precisamente porque viene dado por la naturaleza; mientas que se entiende por positivo aquello que depende esencialmente del pacto entre los hombres, y, por tanto, es susceptible de cambio en función de los criterios de conveniencia que en cada momento puedan estar vigentes.

Esta diferenciación —aun manteniendo la unidad de ciencia y filosofía jurídica— se mantiene, aportando dicho pensamiento clásico-cristiano una matización, no tanto referida al orden natural y positivo del que hablaba Aristóteles, sino más bien referido ya al Derecho natural y al positivo.

La clave, sin embargo, es más concreta en los cristianos, porque lo natural, y consecuentemente la referencia a lo que se asumía como naturaleza, sólo es concebible como manifestación de la criatura, es decir, de la persona entendida como dependiente del Creador. Esto hace que se opte por una visión cristianizada del pensamiento anterior. Y lo que inicialmente se entendió como un modo de aclarar las cosas, supuso después una complicación.

Las distinciones entre Derecho y ley; Derecho natural y Derecho positivo, se empezaron a interpretar no sólo como una cuestión de sistemática, sino como distinciones reales.

Y este entramado en el mundo del pensamiento, coincidió con el caos que empezaba a existir en el orden normativo, en el que el Derecho común empezaba a quebrar y se introducían usos y costumbres locales. Es decir, empezaba a tomar cuerpo el Derecho positivo, de modo autónomo respecto a su justificación.

Por esta vía, después de la influencia cristiana, los ilustrados aportaron también un empujón a la distinción. La identificación entre ciencia y filosofía empieza a quebrar, y lógicamente la distinción de estos términos se aplica también al mundo del Derecho. La ciencia jurídica se empieza a identificar con un estudio avalorativo y aséptico de las normas positivas, mientras que a la filosofía le correspondería el análisis de la fundamentación.

Los estudios de fundamentación, sin embargo, habían sido realizados por teólogos cristianos, que entendían que no había más hombre que el redimido por Dios. Esta afirmación fue en muchos casos totalizada. Y los ilustrados reaccionaron ante esta actitud, pretendiendo una diferenciación entre moral y derecho en términos absolutos.

Se pretendió de este modo hacer un estudio del Derecho positivo desde la ciencia jurídica. Pero ese estudio tenía que estar completamente desligado del Derecho natural. Y, además, el estudio del Derecho natural tenía que salvar la diferencia entre afirmaciones de orden moral, y afirmaciones propiamente jurídicas.

Con este esquema, el Derecho natural se interpretó como una especie de ordenamiento jurídico de la naturaleza humana, que aunque en la teoría podía servir para ofrecer una interpretación del Derecho, en la práctica se caía por su propia base.

El argumento coincide con la puesta en duda de muchos términos filosóficos como podía ser el de naturaleza humana, la libertad, la referencia al otro, el concepto de autoridad, la noción de criatura, etc.

De este modo, el pensamiento cristiano se utiliza para hacer de soporte al llamado iusnaturalismo racionalista, que hace de puente para la entrada de una separación radical entre Derecho positivo y justificación del mismo, asumiendo en el Derecho las afirmaciones positivistas.

Esto confirma la distinción entre ciencia jurídica y filosofía jurídica, pero entendiéndolos no tanto como dos saberes que se completan sino que más bien se contraponen.

Posteriormente, el estudio de las ciencias sociales potenciaría el desarrollo de la sociología jurídica, como tercer saber, en el que se tiene en cuenta el entorno social del Derecho, y no tanto el problema de la legislación y de la fundamentación.

De acuerdo con esta evolución, la historia ha venido aportando una visión del Derecho muy concreta, pero casi siempre parcial. Hasta nuestro siglo, y también por la influencia del movimiento de Derecho libre, el Derecho se ha definido de una manera incompleta, o asumiendo de modo totalizante afirmaciones que no tienen ese carácter global.

Seguramente los estragos y las vulneraciones que el propio Derecho ha hecho de la persona, durante todo el siglo XX han tenido su parte positiva, que es precisamente el haber arrojado luz para interpretar más correctamente la realidad en la que se vive.

Efectivamente el Derecho es una técnica, pero no solamente eso. Y esta afirmación no obedece a criterios que podrían clasificarse como ideológicos, sino más bien hay que entenderla como manifestación de una realidad de hecho: el Derecho lo que regula es la conducta humana; y detrás de la conducta humanan, se está regulando el modo de desarrollar bienes que especifican a la condición humana; el modo de articularlo en ocasiones ha sido contrario a dicha condición. Lo que quiere decir que detrás de las normas jurídicas, el Derecho maneja elementos que no son estrictamente jurídicos, aunque su formulación necesariamente tenga que serlo.

Esta panorámica histórica confirma que el correr de los siglos ha perfeccionado el estudio del Derecho, y la distinción de los saberes jurídicos. Y sobre todo confirma que la evolución histórica es el mejor modo de interpretar la realidad en la que se vive en cada momento.


[1] LÓPEZ CALERA, N. (2004) Teoría del derecho, Comares, Granada, 2004.

[2] MORESO, J.J. y VILAJOSANA, J. (2004) Introducción a la teoría del derecho, Marcial Pons, Madrid, 2004.

[3] PÉREZ LUÑO, E. () Derechos humanos, Estado de derecho y constitución, Tecnos, Madrid, 2005.

[4] ALCOVER GARAU, Guillermo, Introducción al Derecho Mercantil, Dilex, Madrid, 2002

[5] LASARTE, Carlos, Instituciones de Derecho Civil Patrimonial, Tecnos, Madrid, 2000.