Contacto:

Contacto:

LA IMPUGNACIÓN JUDICIAL DE LOS ACTOS JURÍDICOS SOCIETARIOS 

Spread the love

A.        Consideración previa 

El articulado pertinente de la normatividad comercial societaria  únicamente señala que la convocatoria y la celebración de las juntas generales, y la representación de los socios en éstas, en la sociedad comercial de responsabilidad limitada se rigen por las disposiciones respectivas de la Sociedad Anónima; sin embargo, la citada legislación positiva nada ha dicho acerca de la impugnación o nulidad de acuerdos societarios o convocatorias a juntas ¿A qué se debe pues que éstos se rijan, también, por la normatividad de las Sociedades Anónimas? 

Es obvio pues que el legislador no se ha pronunciado sobre el tema, por eso la solución debe ser buscada tanto en la doctrina como en la jurisprudencia. Al respecto, BEAUMONT CALLIRGOS  señala que la opción para poder impugnar los acuerdos que contravienen la ley, el estatuto o los intereses de la sociedad es un asunto que en la Ley General de Sociedades no aparece para las Sociedades Comerciales de Responsabilidad Limitada. 

Y  la jurisprudencia peruana expresa que: “(…) Una vez que la Junta General -de una sociedad comercial de responsabilidad Limitada- adopta un acuerdo, nuestro ordenamiento jurídico otorga la posibilidad que se solicite su nulidad, para lo cual deberá observarse la forma prevista en el artículo 38º de la Ley General de Sociedades, Ley Nº 26887, pudiendo solicitarse su impugnación, debiendo seguirse la forma prevista en el artículo 139º del mismo cuerpo legal, siendo que para hacerse efectivos cualquiera de los supuestos jurídicos antes acotados, es necesario interponer la demanda respectiva ante el órgano jurisdiccional, a fin de que mediante sentencia firme y consentida se resuelva, sea la nulidad o la impugnación del acuerdo (…) ”; es cierto que aquí el tema se ha tocado de un modo subrepticio, pero en el campo de los precedentes administrativos regístrales se ha hecho de forma más expresa y global, así: “(…) Si bien es cierto que la sociedad comercial de responsabilidad limitada constituye un tipo legal distinto de la sociedad anónima, la escasa cantidad de normas que contiene la Ley General de Sociedades para regular su actividad ha determinado, no sólo en el Perú sino en países como España, que en la práctica se le aplique por analogía las regulaciones propias de la sociedad anónima, teniendo siempre en cuenta que la aplicación analógica no desvirtúe la naturaleza jurídica de la sociedad de responsabilidad limitada o contravengan normas específicas que la regulan (…)”          

B.      La impugnación judicial de las decisiones y/o acuerdos societarios

La antigua Ley General de Sociedades (Decreto Supremo Nº 003-85-JUS) hizo la distinción entre: (a) las acciones de impugnación de acuerdos contrarios a dicha Ley, contrarios al estatuto respectivo o que lesionen, en beneficio de uno o varios socios, los intereses de la sociedad ; (b) las acciones de impugnación de acuerdos contrarios a normas imperativas o que se funden en causales de nulidad previstas en la citada Ley o en el Código Civil ; y, (c) las impugnaciones de juntas generales o acuerdos que se funden en defecto de convocatoria o falta de quórum .

Y la actual Ley General de Sociedades (Ley Nº 26887) hace las siguientes diferencias: (a) La impugnación de acuerdos contrarios a dicha Ley, contrarios al estatuto o al pacto social respectivo  o que lesionen, en beneficio directo o indirecto de uno o varios socios, los intereses de la sociedad ; (b) la impugnación de acuerdos societarios que incurran en causal de anulabilidad ; (c) la acción de nulidad de acuerdos societarios contrarios a normas imperativas o que se funden en causales de nulidad previstas en la citada Ley o en el Código Civil ; y, (d) otras acciones de impugnación no previstas en la ley . 

La antigua Ley hacía una distinción innecesaria pues un acuerdo que incurra en causal de nulidad puede, al mismo tiempo, lesionar los intereses de la sociedad y, también, ser contrario al estatuto social. Y este mismo comentario es aplicable a la nueva Ley, si se tiene en cuenta que tales diferencias son semejantes. ¿Acaso tales impugnaciones no se refieren a un mismo objetivo: destruir un acuerdo o decisión societaria? ¿Por qué hacer distinciones irrelevantes o confusas?

Una cuestión ya no sustantiva sino de tipo procesal, es que las citadas distinciones traen como consecuencia una diferencia en la vía procedimental, así por ejemplo, según la actual Ley General de Sociedades la acción de nulidad por causal de nulidad prevista en dicha Ley o en el Código Civil se sustanciará en un proceso de conocimiento  , en cambio, la impugnación por causa de acuerdo contrario al estatuto o la a Ley se sustanciará en el proceso abreviado , sumado a ello, la impugnación sustentada en defecto de convocatoria se tramita en un proceso sumarísimo. Esto es un error -a nuestra consideración- que se viene arrastrando desde la antigua Ley General de Sociedades, pues en ésta se incurrió en ello de un modo similar, así pues, tales diferencias, además, permitirían a cualquier demandante no sólo manipular a su antojo la vía procedimental pues, también, puede hacerlo respecto a los plazos de prescripción o caducidad para el ejercicio de la correspondiente acción judicial -como veremos en el análisis de nuestro futuro informe final.