Legislación nacional sobre la discapacidad

Legislación nacional sobre la discapacidad

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Según la ENEDIS (2012) la Constitución Política del Perú de 1979 es la primera norma de rango constitucional de un país de América Latina que reconoce los derechos de las personas con discapacidad. Específicamente, el artículo 19 menciona que “la persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad…”. Este artículo constituyó el sustento para la posterior emisión de una primera generación de normas legislativas sobre discapacidad.

En la Constitución Política del Perú de 1993 se explicitan los derechos de las personas con alguna discapacidad o limitación en los artículos 7 (“Todos tienen derecho a la protección de su salud (…) La persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad”) 16 (“El Estado coordina la política educativa (…) Supervisa su cumplimiento y la calidad de la educación. Es deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación adecuada por razón de su situación económica o de limitaciones mentales o físicas”) y 23 (“El trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido que trabajan”). A partir de estos artículos de la Constitución Política del Perú de 1993 se emitieron diferentes leyes sobre discapacidad, siendo las siguientes las más relevantes:

Ley N° 27050, Ley General de la Persona con Discapacidad (diciembre 1998).

Esta Ley tiene por finalidad establecer el régimen legal de protección, de atención de salud, trabajo, educación, rehabilitación, seguridad social y prevención, para que la persona con discapacidad alcance su desarrollo e integración social, económica y cultural.

En su artículo 2 define a la persona con discapacidad como “aquella que tiene una o más deficiencias evidenciadas con la pérdida significativa de alguna o algunas de sus funciones físicas, mentales o sensoriales, que impliquen la disminución o ausencia de la capacidad de realizar una actividad dentro de formas o márgenes considerados normales limitándola en el desempeño de un rol, función o ejercicio de actividades y oportunidades para participar equitativamente dentro de la sociedad”.

Se crea el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) para el logro de los fines y la aplicación de la Ley. El CONADIS tiene como objetivo contribuir a resolver los altos niveles de exclusión de las personas con discapacidad en los ámbitos de la educación, salud, empleo y accesibilidad .

Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad (diciembre 2012)

Esta Ley, pone más énfasis (respecto a la Ley 27050, a la cual deroga) en el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad y en la inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás personas. Este mayor énfasis se pone de manifiesto en la finalidad de la Ley y en la definición de las personas con discapacidad.

Esta Ley tiene la finalidad de establecer el marco legal para la promoción, protección y realización, en condiciones de igualdad, de los derechos de la persona con discapacidad, promoviendo su desarrollo e inclusión plena y efectiva en la vida política, económica, social, cultural y tecnológica. La Ley incluye en su artículo 2 una nueva definición de persona con discapacidad: “La persona con discapacidad es aquella que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente que, al interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno, no ejerza o pueda verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás”.

La Ley establece beneficios en favor de las personas con discapacidad, tales como el establecimiento de cuotas de empleo del 5% como obligación de las entidades públicas y del 3% en la actividad privada, o el derecho a pensiones no contributivas para personas con discapacidad severa. La Ley también precisa las funciones de la Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad (OREDIS) y de la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED).

Ley N° 28683, Ley de Atención Preferente en Lugares de Atención al Público (febrero 2006)

El objeto de la Ley es disponer que en los lugares de atención al público las mujeres embarazadas, las niñas, niños, las personas adultas mayores y con discapacidad, deben ser atendidas y atendidos preferentemente. Asimismo, los servicios y establecimientos de uso público de carácter estatal o privado deben implementar medidas para facilitar el uso y/o acceso adecuado para las mismas.

De esta manera, Perú cumple con lo establecido en la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2006 respecto a la responsabilidad vinculante de los Estados para asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos, económicos, sociales, culturales y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad.

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