Régimen Laboral de la Micro y Pequeña Empresa

Régimen Laboral de la Micro y Pequeña Empresa

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Económicamente hablando, la legislación laboral se justifica por las imperfecciones en el mercado que requieren de una intervención externa.  Desde otro punto de vista, es un instrumento para asegurar derechos fundamentales mínimos para los individuos de una sociedad.  Como punto medio entre estas dos concepciones, existe un consenso amplio de que la regulación laboral debe asegurar un balance entre la protección de los derechos de los trabajadores y el adecuado funcionamiento del mercado de trabajo.  No obstante este consenso sobre el balance entre protección y eficiencia, en la legislación laboral del Perú; y en general en América Latina; ha predominado el primero de estos objetivos.

Un considerable número de estudios ha demostrado que América Latina cuenta con una de las regulaciones laborales más proteccionistas del mundo.  Un ejercicio comparativo usando dos bases de datos independientes, con un conjunto muy grande de países de los cinco continentes indica que América Latina tiene la legislación laboral más proteccionista del mundo (Jaramillo y Saavedra 2003)[1]

La legislación condiciona el funcionamiento del mercado laboral, aunque con frecuencia la teoría no es suficiente para predecir el efecto de algunas normas laborales.  Así, por ejemplo, la respuesta del empleo a cambios en disposiciones normativas puede variar en función de la valoración por parte de los trabajadores de los beneficios provistos, determinando su disposición a sacrificar parte de su salario por estos beneficios.  Por otro lado, las opciones tecnológicas disponibles influyen sobre las decisiones de contratación de las empresas.  Así también, la valoración que los agentes tienen del futuro influye sobre sus preferencias frente a mecanismos de ahorro forzado o la percepción del riesgo de su negocio y la necesidad de proveer para eventos contingentes.[2]

Para comprender la relación entre normatividad y mercado laboral es crítico entender que, independientemente de lo que la legislación prescriba y de los deseos de quienes formulan las leyes, es el mercado el que determina quién asume los costos de la regulación laboral.  Así, parte de los beneficios sociales obligatorios pueden estar siendo asumidos por el trabajador, a través de un menor salario, o por los desempleados, pues los empleadores perciben en el costo del despido un mayor costo en la contratación y por lo tanto, contratan menos.  La distribución de los costos dependerá de las condiciones de la oferta y la demanda de la mano de obra.  Así mismo, legislación orientada a determinados objetivos puede tener efectos indirectos sobre otros aspectos y grupos del mercado laboral e, incluso; al influir sobre el comportamiento de los actores; llegar a resultados opuestos a los esperados.  Finalmente, eludir o incumplir la norma es una opción para empleadores y trabajadores puesto que vigilar el cumplimiento es costoso y hacer cumplir la ley puede tener efectos más negativos (cierre de empresas, mayor desocupación) que una supervisión laxa (informalidad).  Mientras más costoso es cumplir con la ley, mayores son los incentivos a la informalidad.

Como mencionáramos, la legislación laboral contiene provisiones para la protección del empleo (características del contrato), así como establece beneficios ligados al vínculo laboral.  La protección del empleo es “el conjunto de arreglos institucionales para la contratación y el despido” .  Conceptualmente, las normas de protección del empleo constituyen impuestos a la reasignación de la mano de obra.  Puesto que la reasignación de mano de obra se orienta a elevar la productividad, abandonando producción no rentable o sustituyendo tecnologías obsoletas o trabajadores poco productivos, la protección del empleo es un impuesto a la productividad.  La deseabilidad social de la protección del empleo, por tanto, debe contrapesarse con la pérdida de productividad que genera.

Dentro de las facultades otorgadas por Ley Nº 29157 al Poder Ejecutivo para que legislara sobre diversas materias  relacionadas con la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú – Estados Unidos y con el apoyo de la competitividad económica para su aprovechamiento, se expidió el Decreto Legislativo Nº 1086 (28-06-08), el cual modifica algunos aspectos de la Ley Nº 28015, motivo por el cual vamos a detallar sus alcances.

Las MYPE deben reunir las siguientes características concurrentes:

  • El incremento en el monto máximo de ventas anuales señalado para la Pequeña Empresa será determinado por Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas cada dos (2) años y no será menor a la variación porcentual acumulada del PBI nominal durante el referido período.
  • Las entidades públicas y privadas promoverán la uniformidad de los criterios de medición a fin de construir una base de datos homogénea que permita dar coherencia al diseño y aplicación de las políticas públicas de promoción y formalización del sector.

En toda empresa, cualquiera sea su dimensión, ubicación geográfica o actividad, se deben respetar los derechos laborales fundamentales. Por tanto, deben cumplir lo siguiente:

  • No utilizar, ni apoyar el trabajo infantil, entendido como aquel trabajo brindado por personas cuya edad es inferior a las mínimas autorizadas por el Código de los Niños y Adolescentes.
  • Garantizar que los salarios y beneficios percibidos por los trabajadores cumplan, como mínimo, con la normatividad legal.
  • No utilizar ni auspiciar el uso de trabajo forzado, ni apoyar o encubrir el uso de castigos corporales.
  • Garantizar que los trabajadores no podrán ser discriminados en base a raza, credo, género, origen y, en general, en base a cualquier otra característica personal, creencia o afiliación. Igualmente, no podrá efectuar o auspiciar ningún tipo de discriminación al remunerar, capacitar, entrenar, promocionar, despedir o jubilar a su personal.
  • Respetar el derecho de los trabajadores a formar sindicatos y no interferir con el derecho de los trabajadores a elegir, o no elegir, y a afiliarse o no a organizaciones legalmente establecidas.
  • Proporcionar un ambiente seguro y saludable de trabajo.

Se aplica a todos los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, que presten servicios en las micro y pequeñas empresas, así como a sus conductores y empleadores.

Los contratos laborales de los trabajadores celebrados con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 1086 continuarán rigiéndose bajo sus mismos términos y condiciones, y bajo el imperio de las leyes que rigieron su celebración.

El régimen laboral especial no será aplicable a los trabajadores que cesen con posterioridad a su entrada en vigencia y vuelvan a ser contratados inmediatamente por el mismo empleador, bajo cualquier modalidad, salvo que haya transcurrido un (1) año desde el cese.

No están comprendidas ni pueden acceder a los beneficios establecidos las empresas que, no obstante cumplir con las características definidas en este Decreto Legislativo, conformen un grupo económico que en conjunto no reúnan tales características, tengan vinculación económica con otras empresas o grupos económicos nacionales o extranjeros que no cumplan con dichas características, falseen información o dividan sus unidades empresariales, bajo sanción de multa e inhabilitación de contratar con el estado por un período no menor de un (1) año ni mayor de dos (2) años.

Los criterios para establecer la vinculación económica y la aplicación de las sanciones serán establecidas en el reglamento.

El Régimen Laboral Especial comprende: remuneración, jornada de trabajo de ocho (8) horas, horario de trabajo y trabajo en sobre tiempo, descanso semanal, descanso vacacional, descanso por días feriados, protección contra el despido injustificado.[3]

Los trabajadores de la microempresa comprendidos tienen derecho a percibir por lo menos la Remuneración Mínima Vital. Con acuerdo del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo podrá establecerse, mediante Decreto Supremo, una remuneración mensual menor.

Los trabajadores de la Pequeña Empresa tienen derecho a un Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo a cargo de su empleador, cuando corresponda, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, modificatorias y normas reglamentarias; y a un seguro de vida a cargo de su empleador, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 688, Ley de Consolidación de Beneficios Sociales, y modificatorias.

Los trabajadores que pertenecen a pequeñas empresas; tienen el derecho a participar en las utilidades, de acuerdo con el Decreto Legislativo Nº 892 y su reglamento.

Los trabajadores de la pequeña empresa tendrán derecho, además, a la compensación por tiempo de servicios, con arreglo a las normas del régimen común, computada a razón de quince (15) remuneraciones diarias por año completo de servicios, hasta alcanzar un máximo de noventa (90) remuneraciones diarias.

Para lo que son trabajadores de microempresas no tienen este beneficio, tal igual como era con la Ley Nº 28015.

Los trabajadores de la pequeña empresa tendrán derecho a percibir dos gratificaciones en el año con ocasión de las Fiestas Patrias y la Navidad, siempre que cumplan con lo dispuesto en la normativa correspondiente, en lo que les sea aplicable.

El monto de las gratificaciones es equivalente a media remuneración cada una para los trabajadores de microempresas no reciben este beneficio. Los trabajadores y la Micro y Pequeña Empresa comprendidas en el Régimen Laboral Especial podrán pactar mejores condiciones laborales, respetando los derechos reconocidos en la norma materia de análisis.

El Régimen Laboral Especial es de naturaleza permanente. La empresa cuyo nivel de ventas o el número de trabajadores promedio de dos (2) años consecutivos supere el nivel de ventas o el número de trabajadores límites establecidos en la presente Ley para clasificar a una empresa como micro o pequeña empresa, podrá conservar por un (1) año calendario el Régimen Laboral Especial correspondiente. Luego de este período, la empresa pasará definitivamente al régimen laboral que le corresponda.

El trabajador de la Micro y Pequeña Empresa que cumpla el récord establecido en el artículo 10 del Decreto Legislativo Nº 713, Ley de Consolidación de Descansos Remunerados de los Trabajadores sujetos al Régimen Laboral de la Actividad Privada, tendrá derecho como mínimo a quince (15) días calendario de descanso por cada año completo de servicios.

En ambos casos, rige lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 713 en lo que le sea aplicable.

El importe de la indemnización por despido injustificado para el trabajador de la microempresa es equivalente a diez (10) remuneraciones diarias por cada año completo de servicios con un máximo de noventa (90) remuneraciones diarias.

En el caso del trabajador de la pequeña empresa, la indemnización por despido injustificado es equivalente a veinte (20) remuneraciones diarias por cada año completo de servicios con un máximo de ciento veinte (120) remuneraciones diarias. En ambos casos, las fracciones de año se abonan por dozavos.

Para las pequeñas empresas, el empleador deberá de aportar el 9% para EsSALUD, mientras para las microempresas existe un régimen especial de salud.

La afiliación de los trabajadores y conductores de la Microempresa al Régimen Semisubsidiado del Seguro Integral de Salud comprenderá a sus derechohabientes. Su costo será parcialmente subsidiado por el estado condicionado a la presentación anual del certificado de inscripción o reinscripción vigente del Registro Nacional de Micro y Pequeña Empresa (RENAMyPE) del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y a la relación de trabajadores, conductores y sus derechohabientes. El procedimiento de afiliación será establecido en el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1086.

El empleador deberá efectuar un aporte mensual por cada trabajador afiliado, equivalente a la mitad del aporte mensual total del Régimen Semisubsidiado en Salud del Seguro Integral de Salud, el que será complementado por un monto igual por parte del estado, a fin de que el trabajador y sus derechohabientes accedan al Listado Priorizado de Intervenciones Sanitarias establecido en el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 004-2007-SA. Esta disposición se aplica, asimismo, en el caso de los conductores de la microempresa.[4]

Este beneficio no se extiende a los trabajadores independientes que se afilien voluntariamente al Régimen Semisubsidiado del Seguro Integral de Salud, quienes, para lograr su afiliación, deberán acreditar la evaluación socioeconómica del Sistema Focalización de Hogares (SISFOH).

Para los trabajadores de las empresas acogidas al pequeñas empresas, es obligatorio el aporte previsional al Sistema Nacional de Pensiones (ONP) o al Sistema Privado de Pensiones (AFP); para los trabajadores de microempresa, es opcional este aporte. Sin embargo, se crea el Sistema de Pensiones Sociales, el mismo que tendrá un aporte por parte del trabajador y por el estado.

Se ha creado el Sistema de Pensiones Sociales, de carácter voluntario, para los trabajadores y conductores de la microempresa que se encuentren bajo los alcances de la Ley Nº 28015 y sus modificatorias.

Sólo podrán afiliarse al Sistema de Pensiones Sociales los trabajadores y conductores de la microempresa. No están comprendidos en los alcances del presente sistema los trabajadores que se encuentren afiliados o sean beneficiarios de otro régimen previsional.

El aporte mensual de cada afiliado será establecido mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, el cual será hasta un máximo de cuatro por ciento (4%) de la Remuneración Mínima Vital correspondiente, sobre la base de doce (12) aportaciones al año. El afiliado podrá efectuar voluntariamente aportes mayores al mínimo.

En la Cuenta Individual del Afiliado al Sistema de Pensiones Sociales se registrarán sus aportes y la rentabilidad acumulados.

La implementación de dicha cuenta individual correrá a cargo de la Administradora de Fondos de Pensiones, compañía de seguros o banco seleccionada en la subasta, cuyos requisitos y condiciones se establecerán en el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1086.

El aporte del estado se efectuará anualmente hasta por la suma equivalente de los aportes mínimos mensuales que realice efectivamente el afiliado. El pago del aporte del estado se efectuará de conformidad con las previsiones presupuestarias y las condiciones que se establezcan en el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1086.


[1]  La primera de estas bases de datos es la Doing Business Database,la cual fue desarrolllada como parte de un proyecto liderado por el Banco Mundial, que busca establecer un conjunto de información útil para analizar y comparar el costo de iniciar y desarrollar un negocio en diferentes países y regiones del mundo. Veáse World Bank 2003, Doing Business 2004 y Botero, Djankov, La Porta, Lopez-de-Silanes y Shleifer 2002, The Regulation of Labor.  La definición de protección aquí es bastante amplia, incluyendo regulación de contratos temporales, salarios mínimos, comportamiento de las cortes laborales, entre otros.  La segunda fuente es la base de datos de Heckman y Pagés (eds) 2002, Law and Employment: Lessons from Latin America and the Caribbean.  Ésta se enfoca en el costo esperado del despido.

[2]   http://www.confiep.org.pe/facipub/upload/publicaciones/1/233/mercado_laboral.doc.

[3] Dr. Ludmin Gustavo Jiménez Coronado. Régimen Laboral de las MYPES. Actualidad Empresarial, Nº 164 – Primera Quincena de Agosto 2008

[4] Estudio Caballero Bustamante. Régimen laboral de las Pymes. Informe sectorial. 2008.

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