Las políticas públicas y el entorno de la gerencia

Las políticas públicas y el entorno de la gerencia

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Chávez  (2008) define las políticas públicas como el: «Conjunto de principios y enunciados que orientan la acción del Estado o que fijan su posición respecto de las relaciones internacionales y en el interior frente a los niveles de gobierno, nacional, regional y local, así como a los sectores, empresas públicas y a las necesidades ciudadanas». (P. 93)

De hecho, la gerencia pública guía su desenvolvimiento a partir de las orientaciones que reciben de las políticas públicas. Se podría afirmar que estas son los pilares fundamentales de la razón de ser de las entidades públicas. Ahora bien, en este contexto se mueven las contradicciones propias del Estado: existencia de intereses políticos diversos, clientelas, corruptelas, etc., de allí que es función primordial de las entidades armonizar esta contradicción, y lograr niveles aceptables de eficiencia y eficacia en el cumplimiento de sus funciones y competencias establecidas en la Constitución Política y las leyes orgánicas.

En este contexto, las políticas públicas se pueden clasificar en tres tipos básicos:

En primer lugar, se encuentran las políticas de regulación económica, que afectan, directa o indirectamente, la gestión de las gerencias públicas. El efecto, positivo o negativo, depende de la orientación y el manejo que puedan llegar a tener las políticas laboral, monetaria, fiscal y de crédito interno y externo.

Es decir, que la acción del Estado, a través del Gobierno Nacional, Regional o Local termina incidiendo en el avance, estancamiento o retroceso del desarrollo, por ejemplo, el manejo de la política laboral puede generar distorsiones en el mercado de trabajo que afectan, por una parte, la movilidad de la fuerza de trabajo y crean, por otra, asimetrías y trato diferente entre la fuerza de trabajo empleada en el sector privado y el sector público.

De la misma manera, una política fiscal restrictiva y centralizadora disminuye los niveles de inversión social que impactan directamente la cobertura y eficacia de las gerencias públicas, al tiempo que una política devaluacionista fomenta  las exportaciones, pero encarece la deuda pública externa. Todas estas medidas condicionan la gestión del gerente público, sus provisiones de recursos, su capacidad de interlocución con el sector privado y su posibilidad de igualar técnicamente los niveles de gestión empresarial de carácter privado, disminuyendo significativamente su capacidad de decisión para solucionar problemas e impulsar el desarrollo económico social.

En segundo lugar se encuentran las políticas e descentralización y legitimación social, que se dirigen, básicamente, a construir un marco propicio para la gobernabilidad del país. El proceso de descentralización del Estado se enmarca dentro de este tipo de políticas.

Así entonces, el Gobierno Nacional se encarga de la formulación de las políticas generales de desarrollo económico y social que normalmente se plasman en los denominados planes nacionales de desarrollo o planes estratégicos de desarrollo. Los gobiernos subnacionales, regionales y locales, por su parte, se encargan de la ejecución de dichas políticas, a través de sus diferentes niveles gerenciales, sus dependencias y empresas. En este nivel, el proceso de planeación y gestión del desarrollo se enmarca dentro de los planes territoriales de desarrollo, que pueden ser regionales, provinciales o distritales.

Es importante resaltar que la gestión de las gerencias públicas territoriales deben seguir las directivas y orientaciones del Gobierno Nacional, generándose una fuerte dependencia, disminuyendo las autonomías política, económica y administrativa que la Constitución Política otorga a los Gobiernos Locales y Regionales.

El tercer tipo de políticas públicas son las políticas gerenciales, que se orientan fundamentalmente a garantizar reglas de juego claras para la gestión de las municipalidades, regiones, sectores, entidades y empresas públicas de todos los niveles del ordenamiento político-administrativo del país. Por ello, el gobierno nacional y el poder legislativo generan los marcos normativos que rigen la acción de los gerentes públicos, los ámbitos de las responsabilidades de cada una y los objetivos que deben cumplir. Así, entonces, las autonomías se ven disminuidas por decir lo menos.

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