ESTABILIDAD LABORAL: RESEÑA HISTÓRICA

ESTABILIDAD LABORAL: RESEÑA HISTÓRICA

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En la época virreynal creemos oportuno señalar que ya existía la Estabilidad Laboral, pero con sistemas muy distintos a los empleados actualmente. Uno de ellos era por ejemplo. La venta de oficios, el cual consistía en que la corona española subastaba algunos empleos públicos, los cuales eran adjudicados al mejor postor. El total de dichos subastas, se destinaban como ingreso para el Estado.

Existía otro impuesto, denominado MEDIA ANATA, en la que el empleado publico pagaba como impuesto a la corona una cantidad que equivalía a la mitad de su sueldo del primer año con lo que aseguraba a perpetuidad, la propiedad de su empleo.

El 29 de diciembre de 1855, comienza el debate de lo que seria la constitución política de 1856, en la que se discute el artículo 6° que suprimía la propiedad del empleo. Esta posición provoca la protesta de los empleados públicos, clase media así como la tenaz oposición de varios representantes, quienes se enfrentan a los liberales que sustentaban este ante-proyecto de la supresión de la propiedad de empleos que en ese entonces la podíamos considerar como una forma de estabilidad absoluta. Algunas fundamentaciones se centraba en que no se podía hablar de propiedad del empleo ya sea publico o privado, ya que el único derecho para su establecimiento era la demostración de idoneidad para el cargo. Después de un amplio debate la convención nacional, explico los verdaderos alcances del artículo 6° señalando que en la Republica no se conoce privilegios hereditarios, fueron personales ni  empleos ni propiedad.

Este tipo de propiedad de empleo representaba un privilegio solo para unos cuantos, o sea los descendientes del sistema colonial, dueños de tierra, comercio, minas, etc. los que incluso al comprar un puesto publico, se lo aseguraba de por vida, incluso hasta para sus descendientes, no se consideraban meritos, ni conocimientos, era un trabajo con categoría de perpetuo.

La ley 4916 expedida en 1928 en su art. 28, ya contiene un elemento de la realidad laboral al prescribir que el empleador no remitía la carta de despedida prescrita por el arto. 16 debía pagar por omisión al trabajador el equivalente a tres mensualidades de trabajo.

Años después en 1962, la ley 14221 establece el aviso de despedida para el obrero en 15 días de anticipación. Sin embargo, el Decreto Ley 14857, dejo sin efecto la importante medida hasta que el Decreto Ley 18741 nuevamente amparo al trabajador en general que era despedido sin causa justa.

La vigencia del nuevo citado dispositivo empero en la practica dio lugar a muchos abusos, tanto de los trabajadores como de los empresarios pues estos por ejemplo empezaron a despedir a sus servidores antes de que cumplieran los tres meses de prueba, acentuando así la desocupación que ya se hacia sentir en el país desde entonces.

Dicha situación se pretendió enmendar con el Decreto Ley 22126 que se dio cuando Francisco Morales Bermudez estaba al frente del gobierno militar en 1968 el que fue duramente criticado porque en forma inconsulta se elevo el plazo de prueba nada menos que a tres anos y porque esta situación no influyo en nada tampoco por detener las despedidas ni por  crear nuevas fuentes de trabajo.

Otras criticas señalaron que los empleadores se beneficiaron al poder invocar nuevas causales de despido incluyéndose la huelga, y de servirse de la intervención policial, la intervención directa de la organización sindical y de la inestabilidad para los trabajadores que se incorporaron en lo sucesivo a la producción se critico también que se  prescribiera como falta grave la disminución deliberada y reiterativa del rendimiento en la labor, porque posibilitaba que la empresa con ese pretexto despidieron en forma masiva a sus trabajadores. Igualmente, que la ley permitiera que la Autoridad Policial interviniera en la verificación de los hechos pertinentes y que se hiciera constan en una parte que posteriormente pidiera servir de prueba.

Se observo que el nuevo dispositivo cercenara las instancias de apelación y revisión, reduciéndolas de tres a dos y que se hubiera abreviado el termino a 30 días, para que el trabajador ejercitara la acción de reposición pasado el cual prescribió la acción.

Se sostuvo que el Decreto ley en cuestión era la negación de la estabilidad laboral por la ampliación del plazo de prueba y que negaba el derecho a huelga o paro, pues consideraba como delito a la huelga y esto era antidemocrático y retrogrado, ya que era jurídicamente inadmisible que el estado disolviera el contrato de trabajo por un acto ajeno a la voluntad de las partes, considerando que los trabajadores declaran la huelga y la acatan no por capricho, por prepotencia o sin razón, sino por necesidad, porque demandan mejores condiciones laborales o porque exigen remuneraciones mas justas.

Finalmente, se critico señalando que el Decreto Ley facultaba en forma inconveniente al Ministerio de Trabajo para conceder de los recursos de los empleadores solicitando suspender las labores en forma parcial y total para reducir personal y disminuir turnos o para rescindir los contratos de trabajo por liquidación de la empresa y que estas solicitudes podrían ser sustituidas por la modificación de las condiciones de labor, proviniesen de pacto o costumbre; pues la prescripción estaba dirigida a anular dicho pacto y los servidores ante la alternativa del despido y la renuncia a ciertos derechos adquiridos, no podrían menos que escoger el mal menor.

Los decretos leyes 19411 y 22126, es materia de estabilidad en el trabajo, no tenia una norma referente superprimaria a la cual ceñirse. La estabilidad labora ingreso al derecho peruano del trabajo, como gran pare de las normas que lo integran, por acto del legislador, sin que este estuviera obligado o encuadrado por una norma jurídica de jerarquía suprema, como lo son las que integran la constitución política. En tal virtud, la estabilidad laboral establecida por ley, podía modificarse sustancialmente, en su concepto y sistema de aplicación o, inclusive, suprimirse, siempre que tales cambios o supresión se hicieran mediante otra norma de igual jerarquía.

Al promulgarse al constitución de 1979 y entrar en vigencia a partir del 28 de julio de 1980; el derecho a la estabilidad laboral quedo consagrado constitucionalmente. sin embargo la inconstitucionalidad del D.L. No. 22126 que entonces seguía vigente; motivo un proyecto de ley para regular la concordancia con el articulo 49 de la constitución el derecho de estabilidad es trabajo, siendo publicado el 7  de agosto de 1985 y promulgado el 4 de junio de 1986 como Ley 24514, reglamentado mediante el D.S. No. 003-88-TR (D.6.02.88) que fue complementado posteriormente con el D.S. No. 016-91-TR (13-03-91) Mediante esta ley, gozaban de estabilidad absoluta los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada o de las empresas publicas sometidas al régimen de la actividad privada. Para gozar de este beneficio los trabajadores debían: laborar cuatro o más horas diarias, para un solo empleador y haber superado el periodo de prueba de tres meses.

El 12 de noviembre de 1991, fue publicado el Decreto legislativo No. 728, «Ley de Fomento del empleo», con vigencia a partir del 12 de diciembre del mismo año; estableciéndose en la legislación del Perú, un doble régimen laboral.

El primer régimen era aplicable a los trabajadores que al 12 de diciembre de 1991 ya gozaban de estabilidad en el trabajo (sujetos a la ley No. 24514, del 4 de junio de 1986).

En el segundo régimen, establecido por el D. Legislativo No. 728, se encuentran los trabajadores ingresados a laborar a partir del 12 de diciembre de 1991, y los que voluntariamente y por escrito decidieron acogerse a este régimen.

En 1996 la ley No. 24514 fue derogada; y todos los trabajadores quedaron bajo el régimen del D. Legislativo No. 728, reglamentada por el Decreto Supremo No. 003-97-TR.

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