La educación inclusiva como política en época de derechos humanos

La educación inclusiva como política en época de derechos humanos

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Para Touraine (2000), «las manifestaciones más claras del espíritu y la organización de la sociedad son sus normas jurídicas y su programa educativo». Para combatir la discriminación y la exclusión de las personas discapacitadas a través de la ratificación de las convenciones internacionales de derechos humanos y las legislaciones nacionales antidiscriminatorias.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el 13 de diciembre de 2006. Hay en la actualidad 144 países signatarios de la convención y ochenta y ocho signatarios del Protocolo Opcional que establece las provisiones para que las personas apelen contra cuestiones de discriminación ante el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad. De los signatarios de la convención, la han ratificado ochenta y cuatro, y del Protocolo Opcional, cincuenta y dos. El artículo 24 de la convención establece las estipulaciones del acuerdo para la educación. Hay que reconocer que algunos países signatarios, incluido el Reino Unido, han aplicado su ratificación con «reservas» acerca de determinadas secciones de la convención, incluyendo el artículo 24, relativo a la educación y las personas con discapacidad.

En definitiva, muchas de las naciones signatarias tienen sus propias legislaciones sobre derechos humanos y antidiscriminatorias, que incluyen las previsiones para solicitar medidas contra la discriminación sobre la base de la discapacidad.

Por otro lado continúa siendo un logro importante el aseguramiento de la legislación sobre la discriminación por discapacidad con respecto a las cuestiones de discriminación basada en la discapacidad pueden ser probadas ante la ley.

La redacción y la ratificación de la legislación contra la discriminación por discapacidad representa la culminación de largas y costosas batallas de las personas discapacitadas y sus aliadas para garantizar los derechos de participación en la vida de la comunidad. Cuando pasamos a las cuestiones normativas relativas a las capacidades cognitivas y la conducta todo se hace mucho más complicado y emocional y económicamente destructivo.

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