SECRETO BANCARIO

SECRETO BANCARIO

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a)    En el mundo:

Como indica De La Espriella: «…En la historia financiera de los países de Europa, la primera referencia en el mundo relacionada con el secreto bancario se menciona en las regulaciones del Banco Ambrosiano de Milán (siglo XVI), cuando se mencionan estipulaciones sobre la necesaria discreción de sus empleados…”.[1]

En Francia Luis XIII, en el año de 1639, promulgó un decreto en el que resaltaba la importancia para el comercio y las finanzas, de la discreción y reserva de las actividades de la banca; pero, el verdadero sentido del secreto bancario, como se le conoce en la actualidad, aparece en Octubre de 1706 en la Grande Ordennance Sur le Commerce, y en 1724, en una sentencia del Consejo, por la que se establecía una Bolsa en París, y decía: «Los agentes de cambio no podrán mencionar, en ningún caso, a las personas que les hayan encargado negocios, a las que tendrán que guardar un secreto inviolable y deberán servirles  con fidelidad en cualquier circunstancia de la negociación”[2].

       “…El secreto profesional, derivado de una relación de confianza, tuvo por primera vez su refrendo legal y una protección penal en los estatutos de la Kocniglíche Giro-und Lehn-Banko de Berlín en 1765, y en 1846 el Banco de Prusia también menciona la noción de reserva bancaria en sus reglamentos la noción de la reserva bancaria…”[3].

       “…El concepto de reserva bancaria se encuentra bien generalizado en la mayoría de países de Europa y en algunos de América. Alemania, califica el secreto bancario, como una parte de los derechos humanos, y Suiza ha sido considerada como la precursora de este sistema, no porque allí se observe con más esmero o rigurosidad que en los demás, sino por ser uno de los pocos países en donde esta violación está considerada como una ofensa criminal y por la creencia de que su modalidad de las cuentas cifradas sea de por sí un sinónimo de reserva. Sin embargo, muy en contra de esta idea, el mismo celo y diligencia lo observan la mayoría de las otras naciones”[4].

b)   En el Perú:

No se tiene a ciencia cierta una fecha exacta de cuando se da el primer caso del delito de lavado de activos en el Perú usando el secreto bancario como escudo o fachada para esos fines, pero tiene su virtual desarrollo durante la nefasta década del Gobierno de Fujimori-Montesinos; y es asi que solo se pudo detectar los casos de narcotráfico y lavado de activos cuando ya se habían dado las consecuencias.

       Con fecha 13 de Noviembre del 2000, el pleno del Congreso de la República acordó conformar una Comisión Investigadora con el objeto de determinar el origen, el movimiento y el monto actual del dinero existente en las cuentas bancarias que tiene el ex -asesor Vladimiro Montesinos Torres, en el Perú y en el extranjero, como producto de los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas y corrupción de funcionarios, en el período comprendido entre 1990 y el cese de sus funciones como asesor del servicio de inteligencia nacional.

       Se designó como integrantes de la referida Comisión a los congresistas Luis Chang Ching, Adolfo Luis Amorín Bueno, David Waisman Rjavinsthi, Ernesto Gamarra Olivares y Ana Elena Townsend Diez Canseco. Posteriormente la comisión fue modificada en sus integrantes con fecha 24 de enero del 2001, por Carlos Cuaresma Sánchez en remplazo de Ernesto Gamarra Olivares, al haberse visionado un video en el pleno del Congreso, en el que el último de los citados aparece involucrado en un presunto acto de corrupción.

       En el transcurso de los 210 días aproximadamente de la investigación, período entre el 15 de noviembre del 2000 -fecha de instalación de la Comisión- al 12 de junio del 2001, la Comisión tuvo 159 sesiones entre públicas y reservadas y recibió 145 testimoniales.

       La Comisión, para poder llevar adelante el encargo recibido, tuvo diversas líneas de investigación vinculadas al origen de los fondos como narcotráfico, enriquecimiento ilícito, corrupción de funcionarios, lavado de dinero, tráfico de influencias y de armas. Tenemos que destacar que la comisión tiene un acervo documentario en bóveda desagregado en 108 ítems, 1599 volúmenes, lo que configura 1´084,156 folios aproximadamente; mucha información es estrictamente secreta y de seguridad nacional.

       Se levantó el secreto bancario a 390 personas y la reserva tributaria a otras 368, entre ex – altos funcionarios del Estado y miembros de la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas. La Comisión interpuso denuncias penales en 15 casos puntuales plenamente identificados de los que resultaron 222 personas denunciadas; asimismo, la Comisión efectuó 6 denuncias constitucionales en las que se encuentran comprendidos 12 altos funcionarios plenamente identificados.

       En el curso de las investigaciones desarrolladas por la comisión, se logró detectar distintas cuentas en el extranjero que corresponden a Vladimiro Montesinos Torres, a personas y/o empresas vinculadas con él. Dichas cuentas se encontraron -hasta la etapa que hemos alcanzado en la investigación- en Estados Unidos, Gran Caimán , Suiza , México y Bolivia .

       A modo de ejemplo, señalaremos que en el Swiss Bank Corporation, Montesinos abrió cuentas a nombre de distintas empresas como: Delmar Services (marzo de 1993), Cross International (marzo de 1994) y Ranger Limited (agosto de 1994); al abrir estas cuentas, Vladimiro Montesinos intentó ocultar la identidad del verdadero titular, para ese efecto, se constituyeron las mencionadas empresas en países como Bahamas, conocido paraíso financiero, a fin de impedir que se llegue a conocer quién era el verdadero propietario. Los accionistas y directores de esas empresas son a su vez otras personas jurídicas, lo cual hace muy difícil llegar a descubrir quién es el verdadero propietario. No obstante, de la documentación se desprende inequívocamente que Vladimiro Montesinos era verdaderamente el beneficiario de esas cuentas.

       Entre las cuentas revisadas, tanto nacionales como en el extranjero de las personas involucradas en transacciones financieras sospechosas, se avanzó la investigación financiera del 42% de las cuentas (164 personas), de las cuales el 10% tienen movimientos significativos (37 personas), el 14% con movimientos pocos significativos (56 personas) y el 18% no registran cuentas (71 personas).

       Sólo con los movimientos más significativos se ha determinado lo siguiente: 17 bancos, 32 personas examinadas, 2,016 meses revisados y un movimiento patrimonial total de U.S. $ 368´673, 141 .

       La cantidad total de dinero involucrado en los movimientos y transferencias bancarias alcanza la suma aproximada de US$ 246´148, 353 según el siguiente detalle:

  • Suiza: US$ 105,569,713.51
  • Estados Unidos: US$ 50´775,820.64
  • Gran Caimán: US$ 33´ 671,705.78
  • México: US$ 2´290,000.00
  • Bolivia: US$ 210,000.00
  • Panamá : US$ 13´631,113.57
  • Bahamas: US$ 40´000,000.00

     En total : US$ 246´148,353.00.

     Los fondos bloqueados en el exterior a Vladimiro Montesinos y personas vinculadas y que pretenden ser repatriadas al Perú, alcanzan la cantidad de US$ 166´655,214. 29.

     Con fecha 15 de junio del 2001, la Comisión Investigadora presentó a la opinión pública una ayuda memoria del trabajo realizado, no constituyendo este informe final, al no haberse concluido con el encargo recibido por lo insuficiente del tiempo y frente a la magnitud de los hechos ilícitos y del número de personas involucradas que sobrepasaron cualquier calculo inicial.

     A modo de conclusión debemos señalar que la Comisión, genéricamente conocida como Comisión Waisman, por ser David Waisman R., ex Congresista y ex 2do Vicepresidente de La República quien la presidió, reivindicó con su valiosa labor la utilidad de la fiscalización parlamentaria tan venida a menos en la ultima década, para identificar a personas involucradas en actos ilícitos y para el esclarecimiento total y pleno de hechos que van en contra de la moral pública y en detrimento del interés nacional.

     La investigación parlamentaria, a diferencia de la función jurisdiccional, permite al Congreso ejercer un control sobre los actos del Poder Ejecutivo, mediante la técnica de realizar indagaciones, análisis y búsqueda de la verdad, utilizando declaraciones u opiniones de expertos en determinadas materias y de los propios funcionarios públicos, para hacer efectiva la responsabilidad política de los infractores por violar la Constitución Política del Estado y la legislación vigente.

     “…El Congreso Nacional, a través de la Comisión Waisman, tiene información valiosa y exacta sobre las modalidades de la corrupción montesinista y sus métodos para enriquecerse gracias a compras sobrevaluadas de armamentos o mediante cobro de cupos al narcotráfico y esto sin mencionar el chantaje a personas naturales y jurídicas mal ut!ilizando el poder político, lo que constituía una red mafiosa…”[5]

     “…Por la Comisión han desfilado testaferros y altos funcionarios públicos, todos al servicio de un todo mal poderoso personaje que es la antítesis de lo que debe ser un verdadero sistema cristalino político peruano; la verdad debe abrirse paso y deberá recaer todo el peso de la ley para que los actos y personajes sean juzgados no solamentepor los tribunales formales de justicia sino por lo que es más importante:

c)    En las Instituciones del Sector Bancario:

       “…En Julio del 2006, se expidió la sentencia a penas entre ocho y 30 años de prisión contra los presuntos integrantes de “Los Norteños”, por tráfico ilícito de drogas y lavado de activos, la Primera Sala Penal con Reos en Cárcel dispuso el decomiso de los bienes muebles e inmuebles que fueron embargados de manera preventiva.


       El vocal superior Aldo Figueroa Navarro, presidente del colegiado que emitió la resolución de manera unánime, explicó que la procedencia ilícita del referido patrimonio quedó plenamente probada durante el desarrollo del juicio oral.


       Manifestó, asimismo, que la reparación civil de 100 millones de nuevos soles, a cancelar solidariamente por los condenados, fue fijada bajo criterios objetivos, racionales y ponderables.


Figueroa Navarro refirió que el proceso contra “Los Norteños” fue sumamente complejo por tratarse de una banda permanente, compartimentada y clandestina, dedicada al tráfico de drogas, bajo la modalidad de acopio, transporte, procesamiento, almacenamiento y lavado de dinero que operaba a nivel nacional e internacional.


       El expediente 24–2001, tiene más de 100 mil fojas y está referido a la incautación del cargamento más grande de clorhidrato de cocaína en el país, 3,276 kilogramos, el 9 de enero de 1995.

       Dadas estas características, indicó, el Colegiado que preside –integrado además por los doctores Juan Quispe Alcalá y Marco Lizárraga Rebaza– realizó un examen prolijo de las pruebasactuadas, imponiendo, incluso, penas superiores a las propuestas por el Ministerio Público…”[6].


       Debido a que todos los sentenciados interpusieron recurso de nulidad, el caso está siendo revisado por la Corte Suprema de Justicia.


[1] De la Espriella Ossio, Alfonso. El Secreto Bancario, Historia de la Banca en Colombia. Editorial Temis LTDA,  Primera edición 1979. Bogotá-Colombia, Pág. 59.

[2] De la Espriella Ossio, Alfonso. El Secreto Bancario, Historia de la Banca en Colombia. Editorial Temis LTDA,  Primera edición 1979. Bogotá-Colombia, Pág. 59.

[3] De la Espriella Ossio, Alfonso. Ob. Cit. Pág. 59.

[4] Blossiers Manzzini, Juan Losé. Derecho Bancario, Fuentes doctrinales. Editorial ZEZ, Primera edición Noviembre de 1998, Lima Perú, Pág. 179. 

[5] En internet: http://www.pj.gob.pe/detalle_noticia.asp?codigo=2561

[6] En Internet: http://www.uif.gob.pe/NoticiaCompleta.asp?id=125.

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