LA INFLACIÓN EN EL PERU EN LOS AÑOS 1979 – 2000

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INDICADORES ENTRE 1979 Y 1984
Sólo consideremos algunos indicadores para el período que va entre 1979 y 1984. El producto por habitante había caído 11%. La inversión por habitante estaba en 27% menos. Los salarios reales del sector privado eran 16,6% menores que en 1979, y los del sector público 41% menores que en 1981. En 1984 los ingresos de los campesinos eran 12,5% menores que en 1979. La inflación anual fue de 61% en 1979 y de 111,5% en 1984. En fin, pueden añadirse cifras sobre empleo y desempleo, y sobre desigualdad en el ingreso. El hecho es que en la mayoría de estos indicadores el deterioro era muy fuerte y el descenso venía desde 1975 . Tal deterioro y la consiguiente acumulación de demandas tenían que ver con las respuestas fallidas a los problemas estructurales del país, como la desventajosa relación entre los actores económicos nacionales y el mercado internacional; la vulnerabilidad y dependencia de nuestro propio mercado; la brecha recurrente entre crecimiento demográfico y crecimiento del producto; la fuerte concentración del ingreso; la relación poco equilibrada entre los sectores industriales, extractivos y el agro, que afectaba a este último; los términos de intercambio favorables a Lima, las ciudades y la costa, frente a las deprimidas provincias, el campo, la sierra y la selva; el hipercentralismo político y la extremada concentración económica en Lima; los altos niveles de desempleo, disfrazados en la categoría de subempleo; el atraso tecnológico, educativo, en salud, vivienda, transportes y energía, que el mal estado de la economía se encargaba de hacer más pronunciado haciendo más vulnerable y dependiente al país. Algunos de los problemas que García debía encarar eran urgentes: la deuda externa, por ejemplo. El gobierno de Belaunde había dejado de pagar al Fondo Monetario Internacional, y cumplir con los compromisos adquiridos era imposible pues se tendría que echar mano de todo el ingreso por exportaciones. Un segundo problema urgente era la recesión, ya que el producto por habitante estaba bajando en relación al comienzo de la década. Un tercero era la violencia senderista que asolaba a buena parte del país: de once víctimas en 1980 se había subido a tres mil quinientas ochenta y ocho en 1984 y el estado de emergencia cubría a cuatro departamentos del país después de haber comenzado con cinco provincias ayacuchanas. Un cuarto problema era la corrupción de las instituciones públicas, incluida la administración de justicia y la Policía Nacional. Todo ello ya configuraba una agenda sumamente recargada y compleja para el joven presidente. Desde la partida, tal amplitud de temas insinuaba un problema de gobernabilidad para el Perú . Las opciones que se abrían ante el presidente eran la de un gobierno que optara por un rumbo pragmático y diera prioridad a alguno de ellos, o de un gobierno que asumiera un papel mesiánico y pretendiera abordar todos los que considerara fundamentales . En la cultura política del país, aún antes de que García asumiera el mando, ya existían elementos que presionaban a favor de la segunda opción. Uno de ellos es el presidencialismo, que venía consolidándose desde 1980 . Ya había, primero, un presidencialismo del régimen constitucional pues el gobernante tiene una serie de atribuciones como la observación y el veto de las leyes, la iniciativa legislativa y la potestad de elaborar el presupuesto. El presidente también tiene la atribución de designar a todo su gabinete, que es responsable ante el Congreso, pero si éste retira sucesivamente su confianza a tres gabinetes, puede llamar a elecciones para un nuevo Congreso. En cambio, el Congreso no puede destituir al presidente excepto en casos sumamente graves.

También había un presidencialismo en el voto ya que una parte importante del electorado tendía a no votar por congresistas, lo cual, en el caso del candidato elegido como presidente, significaba una gran brecha entre su votación y la muy rezagada votación de los congresistas de su lista. Ello creaba la imagen de un respaldo bastante más fuerte para el presidente que para el Congreso. Junto con esto existía una tendencia a que el voto por el candidato vencedor de la primera vuelta arrastrara la mayor proporción de votos por congresistas, lo cual le garantizaba una mayoría por lo menos relativa. Pero como entre 1978 y 1985 se daba una alta volatilidad del voto, lo que terminaba ocurriendo era el paso de una mayoría absoluta a otra, obteniéndose así una mayoría absoluta en el Congreso para el partido de gobierno. El otro presidencialismo proviene del sistema de elecciones, cuyo cronograma establece que las elecciones al Congreso se realizan simultáneamente a las elecciones presidenciales, hecho que no sólo favorece la mencionada influencia del voto presidencial sobre el voto parlamentario sino que, al no permitir tampoco renovaciones parciales ni la revocación de los congresistas, mantiene la composición del Congreso hasta el cambio de presidente. También alimentó al presidencialismo el modus operandi del Congreso. Es decir, la práctica muy frecuente de los congresistas del gobierno anterior a García de ceder facultades legislativas al Ejecutivo o de abdicar de sus funciones de fiscalización e investigación, sin percatarse de que ello crea la imagen de un parlamento ineficaz frente a un Ejecutivo activo y dinámico. Finalmente, es también un factor de presidencialismo el centralismo extremo del país. Al llegar García al gobierno, más del 95% del ingreso y del gasto público estaba a cargo del Ejecutivo, no había gobiernos regionales y los municipios tenían escasas atribuciones como gobiernos locales. Este contexto presidencialista provoca una tendencia a que el gobernante, como sostiene una comentada cita de Cynthia McClintock, “asuma el manto del mesías” . Pero, además, en los partidos existentes en el país había una viva herencia caudillista, con jefes fuertes y partidos débiles que conduce al tema, aún en discusión, de si en el Perú existía o no un sistema de partidos y qué grado de consolidación tenía. Sin embargo, la mayoría de autores coincide en que tal sistema de partidos estaba apreciablemente lejos de su consolidación . Era difícil que hubiera sido de otra manera. Los partidos se construyen en una relación de mutua determinación con los contextos democráticos. Pero entre 1930 y 1985 hubo apenas veintidós años de democracias muy breves e interrumpidas, y treinta y tres años de dictaduras con períodos tan largos como trece, ocho y diez años en ciertos casos. Además, algunos de esos breves períodos democráticos se abrieron con la condición del veto o la ilegalidad de algunos partidos. El culto al jefe, como prolongación del caudillismo dentro del primer partido moderno del país -el APRA-, se desarrolló con la ayuda de la persecución a dicho partido y del veto a su líder. Dicho culto ya estaba presente en el peculiar estilo de conducción que tenía Haya de la Torre, pero él mismo había dado otro referente de lealtad y de identidad para sus militantes: el programa. Eventualmente, desde ese referente se alzaron disidencias muy importantes contra el propio Haya. Pero las condiciones de persecución apagaron la intensidad de los debates o sirvieron como argumento para disuadir o expulsar a los discrepantes, añadiéndole aún más gravitación al que denominaron “Jefe” con mayúsculas. Eso debilitaba a la elite de dirigentes que lo rodeaban, a tal punto que, desaparecido el conductor, el partido casi se derrumba por una pugna entre corrientes poco acostumbradas al debate. Para los cuadros y la masa aprista resultó providencial la aparición de Alan García. Él los rescató de una división y abrió paso a una generación que, con su liderazgo, tomó el control del partido sin que éste se escindiera. Pero la apariencia providencial de su papel, sus semejanzas oratorias con Haya y el éxito del candidato para llevarlos a la tierra prometida del gobierno, hacían del aprismo, otra vez, un partido disponible para el caudillismo.

El otro partido grande del Perú, Acción Popular, había ganado dos elecciones, pero era más un movimiento que un partido; no tenía una ideología y su programa era siempre de corto plazo. Ello lo hacía aún más dependiente de la figura de su propio jefe, Fernando Belaunde, quien decidió en 1978 no presentarse a las elecciones para la Asamblea Constituyente porque tenía seguidores en todo el país, pero no organización. Después del fracaso de su segundo gobierno, entre 1980 y 1985, el destino de su partido era toda una incógnita. El Partido Popular Cristiano sí era un partido programático y venía creciendo lentamente, pero le faltaba bastante para ser una organización nacional que compitiera por el gobierno con posibilidades de triunfo. Su líder, Luis Bedoya Reyes, no imponía tantas distancias respecto a su estado mayor como Haya y Belaunde, pero era de todas maneras otro jefe. En 1985 se acercaba al retiro y el PPC pronto tendría que encarar su sucesión. La Izquierda Unida no era aún un partido; era la combinación de un movimiento con un conjunto de pequeños partidos de cuadros izquierdistas. Su fuerza estaba en su implantación social, bastante mayor que la de sus competidores. Y su debilidad era la ausencia de un encuadre partidario. Ante tal carencia, la fórmula de un frente y de un candidato independiente de los partidos resultaba salvadora en el corto plazo. Pero en 1985 todavía tenía que pasar muchas pruebas para consolidarse. Una de ellas precisamente era la proclividad caudillista que estaba desarrollando el líder del frente, Alfonso Barrantes. Una agenda de problemas muy recargada y compleja, un débil sistema de partidos, un visible caudillismo dentro de éstos, un fuerte presidencialismo y un centralismo muy marcado eran los rasgos más saltantes de la democracia peruana cuando Alan García estaba a punto de asumir el gobierno . Como condiciones a su favor estaba el hecho de que había ganado no sólo la presidencia sino la mayoría del Congreso. No tenía grandes resistencias ni a la derecha ni a la izquierda. No había en el país, además de los grupos subversivos, ninguna fuerza importante interesada en boicotear su gestión. Pese a los agudos problemas nacionales, hasta los más escépticos estaban seguros de que, por lo menos, lo iba a hacer mejor que Fernando Belaunde. Nadie se imaginó cómo dejaría al país cinco años después y que entre sus legados iba a figurar un personaje más o menos extraño a la tradición política peruana. Ese personaje iba a ser Alberto Kenyo Fujimori Fujimori, que en muchos aspectos fue una ruptura con los modos de García pero en otros una continuidad.

Dueño de la escena
El primer año de gobierno de un presidente es cuando mejor marchan sus relaciones con los diversos sectores del país. Es el período conocido como la “luna de miel” del mandatario. Sus acciones y sus discursos son esperados y seguidos con mayor interés que en el resto de su gobierno. Es cuando más protagonismo tiene en la escena política. Por razones como éstas es que suele ser el año propicio para introducir los cambios que se consideren más urgentes o más delicados.

En su primer año, Alan García llevó estas posibilidades hasta extremos inusuales. El nuevo presidente no sólo fue el protagonista sino en realidad copó el escenario. La singularidad de sus medidas y su estilo para comunicarlas opacó a sus competidores hasta casi hacerlos invisibles. Sólo algunos intentaron argumentar, sin mayor eco, que no iba por buen camino. La gran mayoría de actores políticos y sociales, incluidos los grandes empresarios; que más tarde se convertirían en sus archienemigos; optaron al inicio por sumarse al coro de aprobaciones, vítores y entusiasmos que rodeó al presidente. Fue algo más que una luna de miel . Pero el asunto no quedó en la escena nacional. Ésta fue rápidamente desbordada por la figura de Alan García. Su visibilidad y la expectativa respecto a sus actos llegaron a ser importantes en la esfera internacional.

Desde el balcón
García hizo muchas cosas singulares que explican tal impacto en su primer año de gobierno. Una de ellas fue seguir empleando la plaza pública para comunicar sus medidas y sus razones. Ya no desde el estrado de los mítines apristas, sino ahora desde uno de los balcones de Palacio de Gobierno. En ese lugar, hacia el mediodía, apareció repetidas veces y con ayuda de altavoces comenzaba a hablar. Primero ante un grupo, luego ante la multitud que se congregaba en la Plaza de Armas2. Varias de sus medidas fueron anunciadas o defendidas desde allí, con la efectiva oratoria que lo caracterizaba.

El discurso desde el balcón cumplía varios objetivos. Promovía la ilusión de la comunicación directa, casi personal, entre el presidente y la masa; y hacía creer que se gobernaba con y para el pueblo. Jugaba, dentro de la memoria de los apristas, con el recuerdo del tribuno de plaza que fue Haya de la Torre. En ese sentido, validaba la condición de nuevo Haya que Alan quería consolidar dentro del APRA. Finalmente, no dejaba a los medios de lado, pues éstos igual le iban a dar sus próximas primeras planas, ya sea en la televisión o en la prensa escrita.

En definitiva, la meta más importante que cumplía el “balconazo” era servir a la construcción dentro del país y del aprismo de un liderazgo personalista: el de Alan García. En la misma línea se ubicaban otras formas de actuación personal en ese primer año: se aparecía en los mercados para inspeccionar los precios, en almacenes de empresas estatales para revisar sus activos, en panaderías para verificar la elaboración del “pan popular”, o incluso en terrenos invadidos por gentes sin techo, a fin de ofrecerles un lugar para su vivienda. Aludiendo a este estilo, algunos alegaron que era poco conveniente que el presidente se siguiera comportando como candidato. En realidad, García no estaba pensando en candidatura alguna sino apuntaba hacia un liderazgo individual perdurable, mas allá de candidaturas coyunturales que además no estaban aún en agenda.

Necesidad del caudillo
¿Por qué tenía que ser un liderazgo individual marcadamente personalista? Había razones que iban más allá de la pura ambición personal o de la capacidad de liderazgo de Alan García. Veamos algunas.
Desde la perspectiva del partido, el aprismo tiene un fondo histórico de culto a la personalidad. A la muerte de Haya, algunos pensaron que la monarquía ejercida dentro el partido por el jefe fundador podía ser reemplazada por otro régimen interno: una república encabezada por una elite de iguales. No pudo ser así. Lo que hubo fue una áspera disputa entre dos grupos de dirigentes que casi destruye al aprismo. La aparición de Alan fue providencial para devolverle a la organización los bríos que había perdido en las últimas décadas. Para muchos apristas, el triunfo de 1985 confirmaba que el papel de conductor ya tenía un dueño después de Haya. El destino del aprismo aparecía nuevamente subsumido en la suerte individual de un nuevo líder que comenzaba a hacerse, como Haya, incontestable dentro del partido.

Desde la perspectiva del propio Alan García, hoy parece claro que su predisposición al liderazgo personalista tuvo también que ver con la brecha ideológica que había entre él y la mayoría de dirigentes apristas. Salvo algunas frases rituales, su lenguaje era distinto al de las generaciones apristas que lo antecedieron en el partido.

En efecto, Alan era uno de los más destacados dirigentes del pequeño grupo de jóvenes que promovían una renovación ideológica del aprismo. El partido se había vuelto, por obra del propio Haya, una organización conservadora entre los años sesenta y setenta. Sólo en la Asamblea Constituyente, ya al final de su vida, Haya pareció haber recuperado algo de su espíritu de reforma. Desde los años setenta y luego en la oposición al gobierno de centro derecha de Fernando Belaunde, un grupo de apristas, entre ellos Alan García, redescubrieron un discurso izquierdista.

El mismo Alan, un frecuentador de los medios socialdemócratas mientras vivió en Europa en los setenta, era quien llevaba más lejos esa nueva radicalización aprista con tesis más o menos elaboradas respecto al obstáculo que para nuestros países significaba el capital financiero internacional.

La mayoría de dirigentes apristas no se identificaba con esta radicalización ideológica. Había una distancia, casi una brecha, entre ellos y su nuevo líder. Para algunos de esos dirigentes sonó extraña la alusión a un “Estado nacionalista, democrático y popular” que Alan hizo en su primer discurso como presidente ante el Congreso de la República4. Aplaudían sus discursos porque en la retórica de Alan había algo de los años fundacionales o porque se rendían ante su elocuencia. Pero quedaban lejos de percatarse o de involucrarse con las consecuencias prácticas de los mismos. Antes de que el partido como tal asumiera la nueva orientación, Alan ya se encontraba gobernando. No hubo tiempo para alcanzar una cierta homogeneidad ideológica. Entonces el presidente tendría que gobernar forzando al partido a seguirlo. Y sólo podría hacerlo eficazmente acentuando la fuerza de su papel personal, consolidando otra vez el clima monárquico en el aprismo.

Siempre desde la perspectiva de Alan, es probable que su opción por el liderazgo personalista tuviera que ver con sus percepciones respecto al fatigoso entramado institucional del país. Desde el Estado, una compleja telaraña burocrática podría hacer fracasar cualquier medida aunque ésta fuera correcta y justa. Pero, a la vez, por su separación del pueblo llano, esta telaraña era débil. Desde la sociedad, una vasta red de movimientos y organizaciones sociales, incluidos muchos municipios, eran controlados por la izquierda, aunque esta fuerza no tenía una expresión unificada en el terreno político. Por ello, una alianza entre la figura individual del mandataño y las masas podía ser la herramienta única e imprescindible para doblegar las resistencias de las diversas burocracias estatales o para pasar por encima de las izquierdas.

Por lo demás, la historia política reciente en el Perú hablaba de partidos con jefes incuestionables en casi todos los casos y de gobiernos de figuras fuertes. La política ya era así en el Perú. En ese aspecto, Alan no la renovaba sino sólo la llevaba a un extremo. La regla del liderazgo individual, del conductor fuerte, había venido funcionando por encima de los contrapesos institucionales prescritos por la formalidad constitucional. “Si queremos cambiar al partido y al país, yo personalmente tendré que espolearlos”; Alan no pronunció esta frase pero sus actos sí la expresaron.

Otra razón coyuntural hacía aceptable la figura de un líder fuerte. El gobierno saliente dejaba al país con una recesión agravada por los desastres naturales y por la actividad terrorista de Sendero Luminoso. La industria nativa había sufrido las consecuencias de una abrupta apertura al mercado internacional, mientras que la excesiva inversión pública había agudizado el déficit fiscal. Buena parte de esa inversión se había financiado con crédito externo cuyo pago se convirtió en un serio problema. En el último año del gobierno precedente se había dejado de pagar la deuda, declarándose una virtual moratoria de facto . Casos escandalosos de corrupción se agregaban a la inflación, el desempleo y el terrorismo que afectaban al país. Tal situación, prácticamente de emergencia, hacía que el Perú estuviera dispuesto para un liderazgo como el de García.
Los cambios que Alan esperaba realizar en el país también influyeron en el rumbo personalista que adoptó su estilo de liderazgo. Se trataba de un conjunto de reformas radicales que requerirían de un liderazgo activo y visible de su parte, dentro y fuera del país. Tenía que comprarse el pleito él mismo. Un sentido de inevitable misión personal debe haber aparecido en algún momento en el joven presidente cuando resolvió que el futuro del partido, del país y que incluso ciertos temas de interés para otros países como el Perú, estaban unidos a su persona y a sus decisiones. Es obvio, por lo que hizo en su primer año de gobierno, que afrontó ese futuro resueltamente, con un despliegue excepcional de iniciativas y de voluntad política.

La heterodoxia nacionalista
Las primeras iniciativas del presidente, como es usual en el Perú, fueron anunciadas en su mensaje ante el Congreso cuando asumió la presidencia de la República. En adelante, cada mensaje vinculado a esa fecha suscitó rumores y una cierta ansiedad, especialmente entre políticos y empresarios .

En ese mensaje, al revés de lo que se venía haciendo desde mediados de los años setenta en el Perú, Alan anunció una estabilización y un crecimiento económicos basados en un punto de partida muy audaz: el crecimiento del consumo. Su plan de emergencia se situó en las antípodas de los planes aplicados desde 1974, cuando se inició la larga serie de ajustes y programas de estabilización que comenzaban por restringir el consumo. Habían transcurrido más de veinte años con ese tipo de ajustes que comprimían la economía de los trabajadores y del pueblo con resultados totalmente nulos e incluso funestos para los propios empresarios pues también se había reducido el mercado para sus productos.

En algún momento Alan explicó la simple lógica de su esquema económico: el aumento del consumo mediante una mejora gradual de los salarios reales llevaría a un alza en las ventas de las empresas y de los productores agrarios, y ésta, a su vez, incidiría en un aumento en las utilidades, lo que haría posible un aumento de la inversión, de la producción, de los puestos de trabajo y de la recaudación fiscal. El ciclo parecía ser capaz de repetirse hasta el infinito.
Al inicio los grandes sacrificados de esta heterodoxia serían el propio Estado y las empresas estatales, pues los precios de sus servicios iban a ser reducidos y congelados. Pero luego vendría la reactivación que haría posible recuperar sus ingresos. La lógica de la heterodoxia parecía perfecta, pero tenía un eslabón crítico: la inversión privada. Alan apostaba que los empresarios iban a responder a sus mayores ventas necesariamente con un tipo de inversión productiva y no especulativa.

El otro punto importante de la nueva economía heterodoxa tenía grandes implicaciones políticas, incluso internacionales. Era la tesis respecto a la deuda externa. Su gobierno no iba a dedicar más del 10% de las exportaciones al pago de la misma.

El plan de emergencia y la tesis sobre la deuda externa eran los dos puntos del programa que mejor encarnaban la orientación nacionalista del nuevo gobierno. Ambos estaban pensados en una línea que buscaba el fortalecimiento y la mayor autonomía de los agentes productivos nacionales, desde el productor agrario hasta la empresa industrial. A la inversa, pretendía reducir la gravitación que sobre la economía y el destino del país ejercían actores ubicados en el hemisferio norte. Eso suponía políticas gubernamentales que intervinieran e interfirieran visiblemente sobre la lógica del mercado.

De esta manera, García recogía el nacionalismo primigenio del aprismo. En el caso de su planteamiento relativo a la deuda también estaba incluida la proyección de integración continental que Haya de la Torre le dio a su nacionalismo. El eco de la tesis sobre el nacionalismo indoamericano se dejaba escuchar nítidamente, por lo menos a los oídos de los militantes apristas. La deuda no era un problema exclusivo del Perú y la idea de vincular los pagos a las capacidades económicas de cada país calzaba con los pareceres entonces vigentes en varios gobiernos latinoamericanos .

Cabe tener en cuenta que, a mediados de los ochenta, había un amplio cuestionamiento en América Latina a las recetas ortodoxas alentadas por el FMI . De hecho, en nuestro país, en los tramos finales del gobierno de Fernando Belaunde, la aplicación de políticas económicas acordadas con el FMI estaba dejando un contexto de recesión, hiperinflación, caída de los salarios reales e, incluso, como ya se ha dicho, retrasos en el pago de la deuda. En ese momento era poco creíble que la continuidad de esas políticas bajaría la inflación y haría crecer la economía. Belaunde mismo, en su último año, había ensayado una fórmula de transacción con el FMI y propuso una “austeridad sin recesión”, pero no funcionó. En ese contexto es que García y su primer equipo económico optan por una política heterodoxa y de autonomía respecto al FMI.

Hubo otras medidas económicas que se ubicaron dentro de la heterodoxia nacionalista que Alan estaba inaugurando. Éstas fueron la rescisión de los contratos petroleros con tres empresas estadounidenses y el control del tipo de cambio, la priorización del agro y la reforma alimentaria.

En el aspecto político puso el acento en la regionalización del país, la reorganización de las fuerzas policiales y en la represión al terrorismo, sin tolerar violaciones a los derechos humanos. Algunos anuncios más puntuales fueron la reducción de compras militares, la obtención de la estabilidad laboral y la duplicación de penas a los funcionarios públicos que delinquiesen.

El aliento al consumo
El 1 de agosto, el premier Luis Alva Castro expuso con mayor detalle el plan de emergencia destinado a “estabilizar los precios productivos”, es decir, el salario nominal, el tipo de cambio y la tasa de interés. Un día antes, en su primer “balconazo”, Alan García había adelantado una política antiinflacionaria “que no afecte los ingresos de las mayorías” y una política cambiaria “sin devaluaciones traumáticas”.

En efecto, el plan de emergencia incluyó un conjunto de medidas que expresaban claramente cómo García y Alva esperaban lograr tal defensa del consumo mediante la administración de los precios desde el Estado: salarios, tipo de cambio, combustibles, tasas de interés bancario, tarifas de agua, electricidad y teléfono, medicamentos, materiales de construcción y alimentos esenciales. Algunos de estos precios fueron rebajados (intereses bancarios, medicamentos y materiales de construcción), otros simplemente congelados al precio que tenían el 27 de julio (alimentos, alquileres), y otros subieron algo (tipo de cambio, tarifas de servicios públicos), pero se anunció que permanecerían congelados hasta fin de año. Los salarios aumentaron un 25% y se anunciaron incrementos trimestrales.

En agosto y setiembre se dio inicio a tres políticas. Primero, el apoyo al agro con la disminución radical, en un 50%, de la tasa de interés en préstamos para los agricultores; segundo, se declaró de urgencia la realización de programas de desarrollo en treinta y nueve microrregiones y se crearon ocho distritos financieros para favorecerlas, de igual forma que se diseñó el “Plan Puno” para la realización de microirrigaciones y pequeños reservorios. En tercer lugar, Alan anunció la creación de un programa de empleo temporal masivo: el PAIT (Programa de Apoyo al Ingreso Temporal) que, según el entonces jefe de Cooperación Popular, Víctor López, a fin de este período habría generado más de cuarenta y cinco mil puestos de trabajo. A ello podría añadirse algunas medidas como la creación del llamado “pan popular” y la eliminación del “papel sellado” para la realización de trámites.

En octubre, el aliento al consumo y a los empresarios industriales se radicalizó: hubo una reducción en las tasas de interés y en las tarifas de servicios públicos. Se prohibió la importación de doscientos bienes que competían con la industria nacional y se exoneró del impuesto general a las ventas (IGV) a productos de primera necesidad. A inicios de noviembre pasaron al régimen de regulación los precios de las empresas monopólicas.

Empresarios embelesados y sindicatos demandantes
Las reacciones frente a la heterodoxia nacionalista fueron de apoyo virtualmente unánime. En particular, cabe recordar el entusiasmo de los líderes empresariales. Gonzalo Garland, presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), apoyó explícitamente la tesis de Alan respecto a la deuda externa . Más obvio fue el respaldo que vino desde el líder de la izquierda Alfonso Barrantes, por entonces alcalde de Lima. El Senado, en sus distintas bancadas partidarias, apoyó unánimemente la decisión de rescindir y renegociar los contratos con las empresas petroleras. Igual apoyo recibió cuando el gobierno de los EE.UU. habló de represalias si no se reconocían las demandas de la empresa Belco, si había retrasos en los pagos por la deuda y cuando se declaró “valor deteriorado” al crédito peruano.

La popularidad de García era enorme durante sus primeros meses de gobierno. En todas partes era recibido con aplausos y vítores. No perdía la oportunidad de embelesar a sus seguidores con una oratoria inflamada de citas del poeta César Vallejo y alusiones bíblicas. Llegó al gobierno con el 45% de los votos. A mediados de agosto, una encuesta de la empresa CPI le otorgaba el 98% de apoyo en Lima a su programa económico, especialmente a la congelación y el control de precios; mientras que veinte días más tarde una encuesta de POP registró un nivel de aprobación del 76% de los limeños a la gestión gubernamental .

Quienes más festejaron fueron los empresarios industriales y los empresarios de la construcción. En noviembre, luego de un discurso de Alan en la Conferencia Anual de Empresarios (CADE), el presidente de ADEX reconoce que el discurso de García en el CADE “coincide con los planteamientos de ADEX”, mientras que el presidente del máximo gremio de los empresarios, la Confederación de Instituciones de la Empresa Privada (CONFIEP), Julio Piccini, lo califica de “justo y oportuno”. Días más tarde, el mismo dirigente manifiesta que el gobierno aprista está teniendo un notable éxito”. La Sociedad Nacional de Industrias (SNI), por su par-te, publica un comunicado casi apologético en el que reconoce que las medidas contra la inflación son “un conjunto singularmente articulado en sus propósitos que, a diferencia de los métodos seguidos en el pasado reciente, procura ser coherente con las demás variables de la economía nacional .

En un nuevo mensaje en febrero de 1986, Alan García profundiza aún más la política económica seguida hasta entonces y explica las medidas como parte del “salto histórico” que necesita el país. Empresarios como el constructor Julio Piccini afirmaron que “en su mayoría las medidas dictadas por el gobierno son correctas”. Octavio Mavila, otro líder empresarial, expresó: “las medidas son magníficas para reactivar la industria peruana”.

En junio de 1986, después de otro mensaje del ministro Luis Alva Castro que mantuvo el mismo sesgo alentador del consumo sólo que con algún relajamiento del control de precios, los empresarios volvieron a expresar sus simpatías. Miguel Vega Alvear, de CONFIEP, opinó que el mensaje había “sido muy positivo”, Ricardo Vega Llona, de ADEX, manifestó que “permitirá recuperar la rentabilidad perdida al sector exportador”.

El idilio entre Alan y los empresarios fue total hasta finales del primer año de gobierno. Había razones para ello. Aún si no les gustaba del todo su tendencia controlista, el hecho es que gran parte de sus costos productivos y financieros habían bajado. Por otro lado, la inflación también bajó y junto con la tasa de cambio se mantuvieron estables incluso hasta mediados de 1986.

Sin embargo, desde muy temprano, a fines de 1985, comenzaron las señales de alarma en la economía. Los gremios de empresarios empezaron a quejarse del alza en sus costos, de falta de crédito y de dificultades tributarias. El otro problema era el tipo de cambio. Su alza inicial benefició a los exportadores, pero luego se mantuvo estático, mientras la inflación, así fuera a bajos niveles, crecía. Los exportadores presionaron y obtuvieron en compensación un dólar financiero más barato que el del mercado. Eso significaba una fuente adicional de desgaste para la economía fiscal.

En el caso de los exportadores, el gobierno podía haber argumentado que ya recibían costos de producción y costos financieros bajos respecto a la primera mitad del año. Sin embargo, la presión de éstos se mantuvo y el gobierno cedió. Aquí se reprodujo un comportamiento típico de los empresarios peruanos: siempre demandan más de los gobiernos aún si éstos les conceden tanto como Alan en su primer año.

Este comportamiento se expresó también en el nuevo presidente de la CONFIEP. Miguel Vega Alvear, empresario cercano a uno de los principales banqueros del país, reemplazó en el cargo a Julio Piccini, que era un empresario de la construcción. El entusiasmo de Piccini con Alan García probablemente reflejaba lo bien que le estaba yendo a su sector, que en efecto se encontraba entre los principales beneficiados. Y aunque al resto de sectores de los negocios no les fue mal en ese primer año, su liderazgo no podía hacer tantas concesiones; tenía que ser más demandante con el gobierno. Por eso, Vega Alvear fue más cauto, incluso frío, en sus declaraciones .

Al culminar su primer año de gobierno, el romance de los empresarios con García ya no era tan sólido como en los primeros meses. Puede sostenerse que un sector todavía lo apoyaba apasionadamente: los industriales y constructores; y otro se iba distanciando cada vez más: los banqueros y mineros.

Entre tanto, desde la otra ribera social -desde los sindicatos y las provincias- también se planteaban demandas. Habían sido los principales afectados por las medidas de ajuste durante el gobierno anterior. Si bien su situación había mejorado con las medidas del nuevo gobierno , todavía tenían reclamos pendientes.

Una serie de huelgas de diversas federaciones de empleados públicos y de trabajadores de las empresas del Estado tuvieron lugar en el primer semestre de 1986. El gobierno trató de salirles al paso mediante una combinación de concesiones parciales y de ofrecimientos. Recibió y dialogó con los dirigentes sindicales, especialmente en sus primeros meses. Luego, cuando las huelgas proliferaron y se hicieron prolongadas, el propio Alan amenazó con poner mano dura. Pero parecía claro que si la economía no crecía con cierta velocidad, la capacidad de maniobra del gobierno se reduciría cada vez más frente a las demandas sociales y las presiones de los empresarios.

Entre fines de 1985 y toda la primera mitad de 1986, quizá a raíz de los primeros seriales de alarma que aparecían en la economía, el gobierno comenzó a presionar a los empresarios para que concretaran compromisos de inversión. Éstos respondieron con evasivas o exigieron más incentivos. Con el correr del tiempo, el tema de la inversión privada se tornó crítico no sólo para la economía sino para la relación entre el gobierno y los empresarios.

Ambivalencias de la política agraria y la descentralización
El agro, la regionalización y la reforma alimentaria también estaban entre las principales metas anunciadas en el primer mensaje de Alan García.

Pretendían ser una respuesta al Perú centralista, expoliador del agro y dependiente en materia alimentaria.

En ese sentido, el estímulo a la producción agropecuaria se dio dentro de un esquema parecido al de la producción industrial: precios manejados desde el Estado; intereses bancarios reducidos, especialmente para la zona del llamado trapecio andino -la más pobre del país-; reducción en el precio de los fertilizantes; precios de refugio para los productores agrarios; y reducción e incluso exoneración de impuestos. Esto estuvo acompañado con las grandes obras de irrigación de la costa y el apoyo a la parcelación de las tierras.

El presidente le dedicó particular atención a Puno y aludió a un plan especial para este departamento. Después de que campesinos y comuneros comenzaran a ocupar las tierras de las empresas asociativas, en su mensaje de medidas económicas de febrero de 1986 Alan decretó la reestructuración y redimensionamiento de dichas empresas en Puno. Cuando el departamento fue afectado por los desastres naturales, los campesinos fueron beneficiados con la condonación de sus deudas.

Pero todas estas medidas iban acompañadas de otras que afectaban al agro, como la congelación de precios de los productos alimenticios. De hecho, había una contradicción: el plan de emergencia iniciado en agosto de 1985 se preocupaba del consumo urbano bastante más que de la producción agraria.

La reducción de los intereses de los préstamos bancarios dirigidos al agro y de los precios de los fertilizantes o las exoneraciones de impuestos, no bastaban para paliar los efectos de la congelación de precios. Casi desde los primeros meses de gobierno hubo indicios de escasez y de especulación en las ciudades, y se tuvo que proceder a las primeras alzas de precios de los alimentos. Pero en diciembre la escasez de alimentos se hizo grave. El malestar encontró un chivo expiatorio: el ministro de Agricultura Mario Barturén tuvo que renunciar.

El nuevo ministro fue Remigio Morales Bermúdez, quien optó por lo más fácil: la importación masiva de alimentos, una medida que al inicio fue defendida con el argumento de la emergencia, pero que se hizo permanente y sería cada vez más costosa para el gobierno y perjudicial para la economía agraría. La inconsistencia de la política agraria nunca fue superada. El propio Morales Bermúdez se volvió un crítico de la congelación de precios de los alimentos pero, a la vez, era partidario de su importación. No obstante, como veremos más adelante, uno de los sectores más beneficiados en el primer año del gobierno aprista fueron los campesinos.

Pero hubo otros detalles que mostraron cómo el consumo urbano, por la obvia importancia política que tenía, iba defendiéndose a costa de derribar todo el discurso sobre la prioridad del agro y la reforma alimentaria. Uno de ellos fue el pan popular, un pan para consumo masivo a bajo precio, de trigo menos refinado, pero trigo al fin, en un país más bien maicero. El otro fue el conflicto con las fábricas de leche. El gobierno quería que produzcan leche en polvo para consumo popular aprovechando la gran cantidad de ese producto que no era comprada a los ganaderos.

Los productores agrarios no tardaron en reaccionar. Además de que la política de precios del gobierno los afectaba, muchos habían sido víctimas de inundaciones en el verano y ya no tenían mucha paciencia. Las organizaciones de campesinos azucareros, algodoneros, cafetaleros y arroceros protagonizaron paros y bloqueos de carreteras en el primer semestre de 1986. Su demanda común era que mejoren sus precios.
García intentó mantener la iniciativa con los Rimanakuy, unos encuentros entre el presidente acompañado de sus ministros y las organizaciones comuneras y campesinas, donde éstas llevaban sus peticiones y él exponía su política valiéndose, como siempre, de su impactante elocuencia. No dejaban de ser eventos interesantes y valiosos para quien quisiera conocer el mundo andino y campesino. Alan era un estudiante permanente. Pero también debe haber sido una fuente de tensión personal recoger tantas demandas acumuladas por la gente que formaba parte de ese mundo.

En cuanto a la regionalización, a la que a veces también denominaba descentralización, García fue claro al inicio en que no tendría como eje a las capitales departamentales sino que se centraría en el impulso a proyectos de desarrollo en microrregiones y en la formación de distritos financieros para que los recursos fiscales generados en las regiones se inviertan allí.

Pasar por encima de las capitales departamentales equivalía a prescindir de los principales espacios de construcción de liderazgos locales o regionales. También equivalía a pasar por encima de las pequeñas sociedades civiles existentes en esos espacios . Sin ellas, la relación directa con las microrregiones sólo fortalecería al centralismo. Esta inconsistencia parece haber sido asumida sin problemas por García ya que su propósito era justamente eludir a tales liderazgos locales. En estos primeros años prefería poner en escena una descentralización formal y mediocre pues no quería una descentralización que se le escapara de las manos y arriesgara su propio liderazgo personalista.

Aún así, García trató de que ese esquema de descentralización produjera algún tipo de resultados. Se reunió varias veces, incluso trayéndolos a Lima, con los alcaldes provincianos, prefectos y funcionarios de las Corporaciones Departamentales de Desarrollo (CORDEs) para pedirles mayor dinamismo en la ejecución de proyectos. Después llegó a criticar su lentitud.

Donde mejor se apreció la inconsistencia de la descentralización de García fue en su relación con los municipios. Inicialmente les transfirió la recaudación de algunos impuestos. Ofreció que la llamada Cooperación Popular, un organismo de obras públicas con participación popular, dejaría de ser un organismo centralizado y que pasaría a los municipios. También ofreció que las principales empresas estatales trasladarían sus sedes a ciudades provincianas. Pero programas sociales importantes como el PAIT permanecieron bajo control del Ejecutivo.

Cuando en la agenda del gobierno apareció el tema de las elecciones municipales, el presidente mostró con toda claridad la incoherencia entre su retórica descentralista y su estilo de liderazgo y de gobierno. Desde el primer semestre de 1986 García intervino abiertamente en la campaña electoral acompañando al candidato de su partido, Jorge del Castillo. Lo hizo además con la aprobación de proyectos y leyes con las que invadía las atribuciones municipales electorales de la dupla García-del Castillo. Alfonso Barrantes, el alcalde izquierdista de Lima, protestó por esta invasión en sus atribuciones, pero el presidente hizo caso omiso a las quejas de su amigo.

García también intervino en las competencias municipales con una ley que le daba a las municipalidades un plazo perentorio para que otorguen títulos de propiedad a los ocupantes de terrenos en los pueblos jóvenes. La titulación era una aspiración muy sensible para centenares de miles de pobladores urbanos, pero implicaba diversos problemas legales nada sencillos de resolver para los municipios. El presidente la usó como un tema electoral.

No obstante, el problema del centralismo permanecía y dio lugar a manifestaciones de descontento que eran más visibles precisamente en las capitales de departamento. En el primer año hubo paros por reclamaciones regionales en Iquitos, Pasco y Cusco. Y el movimiento regional más importante fue la huelga general de San Martín, cuyo foco fue Tarapoto.

El laberinto institucional
Para un presidente como Alan García que consideraba que el país y su partido necesitaban un liderazgo personalista, y que se había lanzado a consolidar tal liderazgo desde el gobierno, resultaba un contrasentido que pudiera poner en práctica una reforma para fortalecer las instituciones. Con frecuencia, y también sería el caso del gobierno aprista, un líder fuerte y personalista equivale a instituciones débiles en el sentido de subordinadas al gobernante.
Sin embargo, incluso desde un gobierno personalista pueden promoverse instituciones menos corruptas y organismos de seguridad y de defensa menos violentos contra la propia población. En un primer momento, algo de eso intentó hacer García.

Aunque no fue uno de los temas más elaborados de su discurso inicial, García también aludió a la necesidad de una reforma de las instituciones del Estado. La reorganización de las fuerzas policiales, la represión a la corrupción y el respeto a los derechos humanos estuvieron entre los puntos más saltantes de su mensaje inicial. Aunque no fueran los únicos asuntos dentro del complejo tema de las instituciones del Estado, pueden ser considerados como los símbolos que resumían tres grandes áreas de problemas.

La represión a la corrupción tenía que ver con la administración honesta de los recursos del Estado. Complejo asunto, con múltiples implicaciones en un país como el Perú. Tras las estatizaciones del período velasquista, la cantidad de recursos en manos de funcionarios públicos se había multiplicado sin que se hubiera desarrollado algún sistema de fiscalización ciudadana además de la prensa independiente. La única fiscalización reconocida era la que dependía de los organismos del propio Estado, como las contralorías del Ejecutivo, o el propio Congreso, lo cual era absolutamente insuficiente en un régimen de Ejecutivo fuerte como el que se estableció en la Constitución de 1978. Bastaba que un gobierno tuviera control del Congreso para que las probabilidades de impunidad fueran cercanas al cien por ciento.

Los avances de un gobierno en un tema como éste podían ser una significativa fuente de legitimidad. García pareció percatarse de ello y al inicio de su gobierno anunció que se duplicarían las penas a los funcionarios que delinquieran. En el curso de su primer año, el Congreso debatió acusaciones constitucionales contra ministros del anterior gobierno, pero al término del mismo no hubo ningún sancionado visible. Fue un tiempo desaprovechado.

Policías, jueces y maestros
La reorganización de las fuerzas policiales aludía al campo de la ley y del orden. Entre el final del anterior gobierno y el nuevo, un caso de narcotráfico, el más importante que se había descubierto hasta ese momento, involucraba a funcionarios policiales del más alto nivel e incluso a un asesor de la oficina del ministro del Interior. Más allá de eso no podía llegar la corrupción en la Policía. Fue otro tema potencialmente rentable para el gobierno en términos de legitimidad.

La reorganización anunciada por el gobierno se expresó primero en una depuración. Miles de policías fueron destituidos, incluyendo una gran cantidad de oficiales de todos los niveles. También se procedió, en febrero de 1986, a la unificación de las tres secciones de la Policía bajo una sola dirección general. Los resultados en términos de lo que ocurría con la Policía o con su imagen en la calle no mejoró, pero los cambios mencionados dejaron la sensación de que estaban teniendo lugar ciertos avances.

En cuanto a otros asuntos relacionados con el orden público se puede mencionar la incidencia de los secuestros y del narcotráfico. Sobre lo primero, el Ministerio del Interior y la Policía comenzaban a reaccionar. Respecto a las drogas fueron visibles los operativos Cóndor, que consistían en bombardear las pistas de aterrizaje de las avionetas colombianas que transportaban pasta básica de coca, materia prima de la cocaína. Semejante respuesta a tan grave delito dejó la impresión de que al menos algo se estaba haciendo.

Otro tema muy importante dentro de la reforma institucional era el Poder Judicial. Al principio se habló de la necesidad de moralizar este poder del Estado. Las autoridades judiciales reaccionaron reivindicando la autonomía de su institución y argumentaron que los cambios sólo podrían ser hechos desde dentro. Aun cuando algunos parlamentarios apristas continuaron hablando de la moralización, el gobierno como tal no llegó a presentar en el primer año una propuesta al respecto y permaneció como un tema intocado hasta el final.

En algún momento el presidente también habló de una reforma educativa, pero tampoco pasó nada. Sólo se trató de otro anuncio que generó discusión y se disolvió luego en el silencio. Una constante de su gobierno fue esa: los anuncios que no llegaban a concretarse ni siquiera en proyectos de ley pero que en su momento provocaban debates. También mencionó una revolución en la atención de la salud. Otro anuncio que nunca se concretó fue la disolución del Sistema Nacional de Comunicación Social, un organismo creado durante el gobierno militar para regimentar a la prensa pero que se mantuvo desde 1980 con funciones no bien definidas.

Sendero, los militares y el caso Accomarca
El problema de la subversión planteaba a García una doble pregunta: qué hacer con Sendero Luminoso y qué hacer con las Fuerzas Armadas. El gobierno anterior literalmente se había quedado sin respuestas.

Sendero, un grupo maoísta subversivo, había desconcertado a las elites políticas con sus tácticas terroristas y una organización aparentemente invulnerable. Los militares, llamados para contener a Sendero, también desconcertaban a esas elites con su propio despliegue de terror en las zonas de emergencia y con sus demandas de atribuciones excepcionales.

Al principio, García parecía decidido a hacer cumplir su decisión de llevar adelante una política antisubversiva que respetara los derechos humanos. Pero al parecer no tenía nada claro con respecto a la política antisubversiva en sí misma, más allá de la idea de la Comisión de Paz. Probablemente García y los líderes de su entorno esperaban que las mejoras en el agro y en la situación de los pobres de las ciudades iban a dejar sin bases sociales y a producir una lenta y automática asfixia de los grupos subversivos. La revolución aprista abrumaría a la revuelta senderista. De ello se desprende que la cuestión del terrorismo no era una prioridad para García, y que su política antisubversiva se reducía a su programa económico, a la participación militar y a sus invocaciones en el campo de los derechos humanos.

Apenas comenzado su gobierno, se denunció que efectivos militares habían cometido masacres de campesinos en Pucayacu y Accomarca: alrededor de treinta y dos personas —la cifra exacta nunca se supo—, incluyendo niños, habían sido asesinados después de ser arrestados.

El gobierno reaccionó rápidamente y pidió un informe al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Luego se dispuso el pase al retiro del jefe máximo de las Fuerzas Armadas, el general del aire César Enrico Praeli; el relevo de sus cargos de dos generales encargados de la zona de los sucesos, Sinesio Jarama y Wilfredo Mori; y el inicio de un juicio al responsable directo de la masacre, el subteniente Telmo Hurtado Hurtado. En el Congreso se formó una comisión investigadora del caso, integrada por parlamentarios de todos los partidos. Fue una reacción ejemplar hasta cierto punto.

Donde esta reacción ya no fue ejemplar fue cuando se pretendió que el caso Accomarca quedara como un asunto de responsabilidad particular del autor directo y de los oficiales generales relevados. La mayoría de la comisión investigadora sostuvo que el caso era el resultado de “una política contrainsurgente violadora de los derechos humanos”, y que antes habían ocurrido más crímenes que debieran ser investigados; que debía darse una norma para que casos similares se vean en el fuero común y no en el militar; y propuso que para dilucidar casos previos se continúe la investigación citando a los ministros y jefes militares anteriores.

En diciembre, el Senado, cuya mayoría era aprista, resolvió que no había más que investigar y dejó que la decisión sobre el fuero judicial para el caso Accomarca y el teniente involucrado fuera tomada por la Corte Suprema. En marzo de 1986 la Corte decidió que le correspondía al fuero militar. En el ínterin, bajo fuertes presiones que no pudo resistir, el presidente de la comisión investigadora del caso, el senador aprista Javier Valle Riestra, renunció a la misma . Es obvio que el principal foco de estas presiones provenía de los mandos militares que no querían que la investigación siguiera .

Fuerzas Armadas y autoridad democrática
Detrás de este caso vinculado a la lucha contra la subversión se encuentra un problema antiguo y común a los Estados modernos, más agudo en países como los de América Latina con sociedades civiles ciertamente débiles. Es el problema de la presión constante que ejercen las Fuerzas Armadas para sustraerse al control de las autoridades civiles democráticamente elegidas. Es su tendencia a configurarse como institución con su propia legalidad, escrita o no escrita, que se acentúa notablemente en situaciones de conflicto interno como el planteado por los grupos subversivos. Si se llama a las Fuerzas Armadas, éstas suelen demandar que se les deje actuar casi en total libertad, con sus propios procedimientos, para los cuales la ley y la autoridad democrática quedan sin vigencia por estar supuestamente concebidas sólo para tiempos normales.

La rentabilidad política de la heterodoxia
Al terminar su primer año de gobierno, García había decidido continuar la política económica centrada en el subsidio estatal a la demanda. Con ella venían ganando casi todos, especialmente los empresarios industriales. También iba a continuar, incluso a radicalizar, su cuestionamiento a las exigencias del Fondo Monetario Internacional y las críticas a las prácticas monopólicas de algunas empresas. El objetivo político más cercano eran las elecciones municipales, programadas para noviembre. Ya había algunas señas de que el programa económico no iba del todo bien, pero mantenía su popularidad. Por ello es que pudo funcionar la abierta e intensa campaña de García a favor de su partido.

La gran mayoría del país, con excepción de los trabajadores de la administración pública y de los servicios estatales, todavía se veía favorecida por el programa económico. Sólo los especialistas y algún sector de empresarios advertían en público que este programa no podía sostenerse por mucho tiempo. Gran parte de la gente estaba lejana de esa percepción y la mayoría de empresarios preferían sacar beneficios de las posibilidades de negocios que ofrecía la economía heterodoxa antes que involucrarse en discusiones inoportunas.

Por eso en el mensaje del 28 de julio de 1986 García pudo hacer prevalecer los aspectos positivos de la economía por sobre el incómodo tema del caso de los penales. El mensaje fue bien recibido por los medios y por la mayoría de los políticos y la ciudadanía. No resultó preocupante ni siquiera el tono controlista, planificador e intervencionista que desplegó el presidente cuando sustentó la continuidad de su programa económico. Menos todavía cuando definió tal programa para 1986-1987 como “una economía de resistencia al imperialismo”.

Las principales medidas en las que se concretó dicha “economía de resistencia” fueron la suspensión por dos años de las remesas de dólares al exterior, sea por concepto de utilidades, depreciación o deuda privada; la regulación del crédito por parte del Banco Central de Reserva y la Superintendencia de Banca y Seguros para evitar la concentración y los monopolios; la intervención de la empresa productora de leche Gloria para peruanizarla. Además, se ratificaron otras medidas relativas al control cambiario y al pago limitado de la deuda externa que ahora ya no dependería sólo de las exportaciones sino del nivel de nuevos créditos concertados. Algo así como un desafiante “si no vendo y no me prestan, no pago .

En materia de descentralización García anunció la creación de las regiones de Puno, Tumbes-Piura y Amazónica; el otorgamiento de autonomía administrativa a las CORDEs y el canon portuario a todos los puertos. En materia de empleo se creó el programa ocupacional de emergencia (PROEM) con una vigencia de dos años; este sistema facultaba a las empresas públicas y privadas a contratar personal a plazo fijo . Otra medida importante fue el descongelamiento de las cuentas de ahorros en moneda extranjera menores a mil dólares.

Estas medidas mantuvieron el fuerte estímulo a la demanda iniciado en julio de 1985 y consolidaron las expectativas positivas respecto a la evolución de la economía en el corto plazo. Si además se dejaba prácticamente en suspenso la ley de estabilidad laboral y se bajaba el tono frente a las Fuerzas Armadas, la derecha tenía razones para batir palmas.

Así, el periodista Manuel D’Ornellas, muy influyente en las esferas empresariales, escribió en su leída columna del diario Expreso: “sólo con FBT [Fernando Belaunde Terry], y ahora con García, he sentido como mía la estrofa del vals que dice: tengo el orgullo de ser peruano…”. Por su parte, el líder izquierdista Alfonso Barrantes reconoció coincidencias con su política sobre la deuda externa, la regionalización y la suspensión de remesas al extranjero.

Hubo críticas, pero provinieron de sectores muy focalizados. Una parte de la izquierda, por ejemplo, sostuvo que fue un mensaje intrascendente y con silencios “memorables”. Luis Bedoya Reyes, por su parte, acuñó la palabra “dirigismo” para cuestionar el programa económico. También algunos gremios no hegemónicos entre los empresarios, como los comerciantes afectados por los controles de precios o los exportadores mineros perjudicados por el bajo tipo de cambio, alertaron sobre los riesgos de una devaluación y, más aún, sobre el estatismo, pero nadie los escuchó .

El Perú inelegible: “Yo no me quemo solo”
Cuando después de las negativas del gobierno para pagar las cuotas comprometidas por la deuda el FMI declaró al Perú, en agosto de 1986, país inelegible para nuevos créditos, García encontró una oportunidad para reimpulsar su liderazgo. Él y sus funcionarios minimizaron la importancia del hecho. El presidente del Banco Central, Leonel Figueroa, declaró que no afectaría la ayuda externa que recibía el Perú a través de otras fuentes financieras. El ministro de Economía Luis Alva Castro explicó en una presentación ante el Senado que el país recibiría créditos del Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Andino de Reservas (FAR), que sumaban alrededor de mil millones de dólares en 1986 y 1987.

Lo que consiguió García es que un ala de la izquierda respaldara a su gobierno en la controversia y que la derecha quedara sin iniciativa. Alfonso Barrantes afirmó que el gobierno y la oposición debían luchar juntos contra esta “agresión” y los líderes comunistas de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) fueron a Palacio a expresar su respaldo al presidente.

García explotó la ocasión hasta el límite. En realidad la había buscado. Después de la decisión del FMI salió al balcón, reafirmó su política sobre la deuda externa, llamó a la unidad nacional y exclamó “yo no me quemo sólo.., me quemo con todos ustedes”. Una frase cargada de premoniciones pero que en ese momento fue saludada con nutridos aplausos. A juzgar por el discurso uno podía creer que se trataba de la resuelta marcha al sacrificio de un líder y su pueblo.

Mientras esto ocurría, el presidente García siguió fustigando al capital financiero internacional y al FMI en cualquier medio a su alcance, mejor si se trataba de un foro internacional. El mismo día en que cumplía su primer año en el gobierno un diario local reprodujo unas declaraciones suyas al diario L’Unitá de Roma, donde dijo que era “socialista y antiimperialista” y que no sería “un segundo Allende”.
A comienzos de setiembre, en la cumbre de los No Alineados en Harare, García definió al sistema financiero internacional como “un modelo de apartheid financiero” y propuso una reforma del mismo, mediante una conferencia internacional sobre política monetaria y de crédito. En octubre, en la asamblea del FMI y el Banco Mundial, el primer ministro Luis Alva Castro anunció que el Perú reduciría aún más sus pagos por concepto de deuda en 1987. Un mes después, el mismo Alva Castro propuso en un seminario en la ONU que se diera un plazo de cincuenta años y un interés del 1 al 2% para el pago de la deuda. La política de García no estaba aislada. En julio, la mayoría de delegados ante el Consejo Económico y Social de la ONU aprobó una resolución promovida por el Perú en la que se denunciaba la masiva transferencia de recursos de los países del Tercer Mundo a los países del norte. Además era una política que afectaba la cotización, por lo menos, de la propia deuda peruana. Los papeles de los acreedores se cotizaban por estos meses en un 20% de su valor nominal.

Naturalmente, el presidente extendió sus cuestionamientos a los aspectos más políticos de las relaciones internacionales: apoyó efusivamente el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas y denunció el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, un pacto militar que, por cierto, había quedado en ridículo después del apoyo estadounidense y chileno a las fuerzas británicas en el conflicto de Las Malvinas.

Un nacionalismo inconsistente
García y su gobierno parecían pues muy audaces y dispuestos a la inmolación en su brega contra el sistema financiero internacional. ¿Pero de qué sacrificio y de qué fuego sagrado se trataba? De ninguno. Era una extraña revolución antiimperialista. En vez de hacer sacrificios, su política económica más bien financiaba la producción y la demanda con una fiesta de créditos y precios baratos. Para que nadie se preocupe, en setiembre de 1986 el presidente anunció un nuevo aumento de sueldos y salarios, con reajustes regulados, y aseguró que los salarios crecerían más que los índices de precios, que la variación de los precios sería siempre menor que la devaluación y que había reservas de divisas para tres años más.

En realidad, lo que ya se estaba quemando eran justamente las reservas internacionales pues el programa de resistencia al imperialismo fomentó una fiebre de importaciones desde el inicio y descuidó la exportación minera. Pero, además, una parte de las divisas perdidas tuvieron que ver con créditos que se desaprovecharon. El 17 de julio, justo antes del mensaje de García ante el Congreso, el Perú no pudo hacer uso de 550 millones de dólares que el BID ofrecía para llevar a cabo diversos proyectos debido a la ausencia de una contraparte nacional, tal como lo señaló la representante de esa entidad en el país, Maritza Eyzaguirre.

Otra de las decisiones de García que se ubicó en la misma línea de nacionalismo inconsistente fue la “peruanización” de Leche Gloria S.A., una empresa que no era bien vista por los ganaderos y campesinos de los valles productores de leche. Era uno de los casos típicos para quienes quisieran alegar la irracionalidad de la producción de alimentos cuando ésta es controlada por empresas transnacionales. Se aducía el desperdicio de la producción de los pequeños ganaderos, el abuso en los precios que se les pagaban y el costoso envase de lata. Ocho días después de la anunciada intervención del Estado, la Sociedad Nestlé ya se había apresurado a vender sus acciones en Leche Gloria a un grupo de empresarios peruanos, “cumpliendo con la obligación de peruanización enunciada por el gobierno”.

Este tipo de medidas se dio en un momento en que uno de los rubros en que mayor era la fiebre de importaciones era el de los alimentos. La anunciada lucha contra la dependencia alimentaria era ya un tema olvidado. Por lo demás, después de la venta de Gloria S.A. a empresarios peruanos, los mismos vicios invocados como razones para peruanizarla siguieron existiendo.

Las luces del programa económico
Sin embargo, es innegable que los resultados del programa económico dejaban temporalmente en la sombra a sus gruesas fallas. A fines de 1986, que era realmente cuando se podía hacer la primera evaluación de la economía alanista, la inflación había caído, el producto seguía creciendo, los salarios reales aumentando e incluso el creciente riesgo de una crisis de reservas aparecía oculto por medidas como el pago en soles de los certificados bancarios en moneda extranjera, la compra de divisas en el mercado paralelo por parte del Banco Central, la afluencia de capitales y la repatriación de divisas, todo ello debido a que el tipo de cambio fijado por el gobierno estuvo bastante por encima del que resultaba del equilibrio del mercado .

Estos factores produjeron una considerable expansión monetaria, la que se incrementó en los últimos tres meses de 1985 con la emisión para financiar al Banco Agrario. Por otro lado, en la segunda mitad de 1986, el déficit fiscal también generó abundancia de dinero. La inversión fluyó sobre la naciente Bolsa limeña. El índice bursátil de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) creció en 502% en dólares durante el primer año de gobierno. La compra de bienes de consumo duradero se disparó “produciéndose inclusive listas de espera para la compra de artículos tales como automóviles”, recuerda Velarde . En la segunda mitad de 1986 también generó expectativa la creación del Instituto de Comercio Exterior.

Fue esta expansión monetaria y no el alza de salarios; como se creía; lo que reactivó la economía en el primer año y medio de gobierno aprista. Las alzas de salarios fueron más bien consecuencias y no causas de la reactivación: “Durante el primer año de García, [el dinero] se expandió 227%, frente a una inflación del 67,7%, siendo de tal magnitud que más que compensó la pérdida de reservas que se inició a partir de marzo de 1986” .

Esta cantidad de dinero disponible fue la que estimuló el consumo que pondría a trabajar y reactivaría la economía nacional durante el primer año y medio. Es obvio que los grandes empresarios, comerciantes y banqueros fueron los más beneficiados. Pero también se beneficiaron los más pobres.

Entre los beneficiarios de la política económica, después de las clases altas, estuvieron los sectores de menores ingresos y específicamente los agricultores y campesinos.

“En 1986 el ingreso de los pobres fue el que más aumentó, de lejos; escribió Richard Webb; En el campo, cada habitante recibió 100 dólares más … [lo que] representa una mejora de 30% en sólo un año … en casi todas las regiones, los jornaleros cobraron de 40 a 80% más, en términos reales. O sea, el jornal diario subió mucho más que la inflación … En las ciudades los trabajadores de construcción y las empleadas domésticas vieron subir sus sueldos en casi un 50%, en términos reales, mientras que el salario real en agosto de 1986 fue un 37% más alto, comparado con doce meses antes” .

Este éxito se debió, según Webb, al aumento del 30% en los ingresos del agro, producido por los precios más altos pagados por el consumidor —en promedio los precios de los alimentos subieron más del doble—, además de los subsidios al crédito, los fertilizantes y otros insumos por parte del gobierno. En ellos estaban incluidos “los subsidios pagados por el Banco Agrario mediante tasas de interés baratas y créditos no cobrados” . La notable mejora económica en el primer tramo de su gobierno explica la popularidad de García, el exitoso desempeño electoral de ese año y la expectativa creada por la regionalización promovida por el gobierno. Los siguientes años, sin embargo, demostrarían que estos grandes éxitos económicos y políticos no sólo eran irrepetibles sino también reversibles.

Los primeros síntomas
El 26 de setiembre de 1986 García anunció medidas que buscaban tranquilizar al Perú luego de la declaratoria de inelegibilidad por el FMI. Sostuvo que había reservas de divisas suficientes para los próximos tres años, que los salarios subirían más que los precios y los precios menos que la devaluación, pues no habría devaluaciones traumáticas. Aseguró, finalmente, que la producción crecería 6% para 1987.

El mensaje implícito era que se venían, por lo menos, devaluaciones graduales. De hecho, después de haberse mantenido en el mismo nivel durante un año, el dólar del mercado libre había comenzado a subir lentamente, lo cual era un indicador de la desconfianza de la gente en la economía del país. Y también mostraba que el país había estado aumentando su consumo o sus importaciones a niveles mayores que su producción o sus exportaciones. Las declaraciones de García sobre el alto nivel de reservas en divisas podían ser ciertas, pero no bastaban para convencer respecto a que tal situación se pudiera mantener.
Los cuestionamientos a la política controlista venían especialmente, como se ha visto, de los comerciantes y mineros. A mediados de octubre, en el congreso de la CONFIEP, el gremio de gremios de los empresarios, el temperamento dominante fue que efectivamente el programa de emergencia no daba para más . En ese mismo evento, el ministro de Economía y presidente del Consejo de Ministros, Luis Alva Castro, propuso una política económica de consenso y los empresarios retrucaron con una propuesta para un acuerdo que incluyera la concertación económica y un pacto social . De ambos lados, una cierta ansiedad por lo que vendría en el futuro propiciaba una disposición para transar.

“Apuesten conmigo”
Un mes después, el 13 de noviembre, en la Conferencia Anual de Empresarios (CADE), éstos y el ministro Alva Castro volvieron a hablar de concertación. Alva Castro propuso nueve puntos para un acuerdo en el que destacaban la alianza entre el Estado y los empresarios y el impulso a la inversión productiva privada y pública. Igualmente propuso seis metas económicas para 1987, sumamente optimistas. Curiosamente, el líder de los empresarios exportadores, Ricardo Vega Llona, planteó un congreso económico nacional, un antiguo postulado aprista, como medio para la mentada concertación.

Cinco días más tarde, el mismo Alva Castro y el jefe del Instituto Nacional de Planificación (INP), Javier Tantaleán, presentaron lo que sería la propuesta del gobierno para un Plan Nacional de Desarrollo 1986-1990. Este plan había sido cuidadosamente trabajado por un equipo que se formó antes de que García ganara las elecciones. Allí, 1987 era definido como el año de la inversión, y las metas anuales de crecimiento hasta 1990 también eran sumamente ambiciosas: más del 6% del producto, más del 7% del salario y más del 11% de la inversión. La CONFIEP replicó con la conformación de un equipo para que formule un plan de desarrollo de largo plazo, presidido por el economista Felipe Ortiz de Zevallos.
Al clausurar CADE, Alan García también había pedido a los empresarios que inviertan: “Apuesten conmigo por el Perú”, les dijo. El presidente y sus ministros parecían convencidos entonces de que la palabra mágica para superar el agotamiento de su esquema económico era inversión. García subrayó, sin embargo, que no habrían cambios en la política económica ni tampoco devaluaciones.

Una declaración poco creíble y que seguramente cayó mal entre los empresarios pues el tipo de cambio congelado ya se estaba derritiendo a ojos de todos. Tanto, que apenas dos semanas después, el 2 de diciembre, el propio gobierno dispuso una clarísima devaluación a través de varias medidas cambiarias. Y al día siguiente, García mismo dio un mensaje para anunciar un paquete de medidas económicas que mantenían las metas ambiciosas pero significaban el abandono definitivo de la rígida economía controlista de inicios de su gobierno. Ahora se establecía un programa que se situaba a medio camino entre el controlismo y la adaptación al mercado, y que incorporaba medidas de incentivos a la inversión y de aliento a las exportaciones manufactureras.

Como era de esperarse, la mayor parte de los empresarios saludaron efusivamente la nueva política económica. Ricardo Vega Llona, dirigente de los exportadores, proclamó que eran medidas “altamente positivas” y Julio Piccini, de los constructores, manifestó que eran “acertadas y lograrán que los empresarios reinviertan”. Era natural: estaban entre los más favorecidos. Las medidas otorgaban nuevos beneficios a un sector de los empresarios. No ocurría igual, por ejemplo, con los mineros, cuyo gremio, la Sociedad Nacional de Minería, protestó una vez más.

Sin embargo, lo que el gobierno estaba esperando como respuesta de parte de los empresarios era que inviertan en los niveles necesarios como para que se cumplan las metas que se estaban fijando para los años siguientes. Ese fue un punto decisivo para las decisiones que después se tomaron.

La heterodoxia se atasca
A partir de enero de 1987, mientras García y su ministro de Economía hacían denodados esfuerzos por comprometer la inversión privada, comenzaron a sentirse los efectos de los cambios introducidos al programa económico a fines de 1986. Esos cambios habían aflojado el rígido corsé controlista que ya no funcionaba ni como control ni como aliento a los empresarios y productores, y además generaba desequilibrios fiscales, cambiarios y de comercio exterior. Se pasó a un esquema que aún era básicamente controlista pero ligeramente más adaptado al mercado. Se expresó en un nuevo y complicado sistema de precios, en devaluaciones mensuales y en nuevos incentivos a la inversión privada. La inversión privada era la obsesión, la panacea. Y como parte de las medidas para promoverla se creó un Consejo Nacional de Inversiones, integrado por representantes del Estado, empresarios y sindicatos, cuyo propósito sería maximizar el ahorro y la inversión para garantizar el muy optimista 6% de crecimiento que se esperaba alcanzar a fin de año.

Pero el severo controlismo precedente había ocultado presiones alcistas que se habían venido acumulando. Cuando se aflojaron los controles, la inflación dio un salto. Estuvo en niveles inferiores al 4% mensual en 1986 y en enero de 1987 fue de 6,6%. Hasta julio el promedio mensual de la inflación estuvo alrededor de 5,5% y en julio mismo pasó del 7%.

Más allá de los sofisticados sistemas de precios, el alza de la inflación reflejaba por fin lo que había estado ocurriendo: el país había consumido más de lo que producía. Ese mecanismo incentivó la producción por un breve período y luego, cuando se vio que no era sostenible, comenzó a atascarse. García y sus ministros trataban de destrabarlo con incentivos y compromisos de inversión pero sin introducir los cambios necesarios para generar la confianza de los inversionistas, en gran parte porque esos cambios significaban medidas costosas para su popularidad, para su liderazgo.

Los apóstoles van a los tribunales
García, en un proceder coherente con su protagonismo individual, trató de obtener la anhelada inversión no sólo con medidas de validez general. Él y sus ministros buscaron, desde mediados de 1986, compromisos particulares entre su gobierno y los grandes grupos económicos, los llamados “doce apóstoles” . Pero había señales muy claras de que las brechas en la economía fiscal iban a producir más inflación y eso llevaba a los agentes productivos a cuestionar nuevamente los sistemas de precios . Eso indicaba la proximidad de turbulencias en los mercados, y frente a ello ni la más apasionada retórica de García convencería a los fríos apóstoles; que hasta ayer nomás eran cercanos amigos suyos; de abrir sus talegas.

El 3 de abril García optó por reafirmarse en su esquema económico. En un mensaje televisado ratificó la meta del 6% de crecimiento para el año, informó que el precio de la gasolina subiría en 20% pero que se mantendría en el nuevo nivel hasta fines de año, y que se premiaría con un tipo de cambio especial a los capitales repatriados. A la vez, anunció exoneraciones tributarias y la creación de un fondo de inversiones y otro de reactivación agropecuaria.

Inicialmente, estas medidas fueron bien recibidas por los empresarios, como cada vez que el gobierno anunciaba nuevos incentivos . Pero el 8 de abril el gobierno dio a conocer una arriesgada medida de presión a los grupos económicos. Era un decreto supremo que obligaba a las empresas bancarias, financieras, de seguros, e industrias de bebidas, tabaco, textiles, conservas de pescado y empresas de comercio, a adquirir bonos de inversión del tesoro público hasta por un monto equivalente al 20% de sus utilidades en 1986 .

La norma hizo saltar a los empresarios hasta el techo. La Asociación de Exportadores, la Confederación Nacional de Comerciantes, la Sociedad Nacional de Industrias, las Cámaras de Comercio de Lima y Arequipa y la Confederación de Instituciones de la Empresa Privada protestaron mediante comunicados y declaraciones de sus principales dirigentes.

También utilizaron el trato personal directo, acostumbrado por el presidente García. El 15 de abril, el grupo de los “doce apóstoles”, acompañados por Ricardo Vega Llona de CONFIEP, visitaron al mandatario para expresar sus objeciones a estos bonos. No debió haber sido una reunión muy relajada pues días más tarde esta última institución cuestionaría la política económica del gobierno, reclamaría “estabilidad en las reglas del juego”, criticaría el “espíritu controlista”, los “dispositivos no concertados” y demandaría la eliminación de los bonos de inversión y las licencias de importación.

Como los empresarios suelen ser los mejores políticos, no dejaron de utilizar un tercer terreno, el judicial. El 8 de julio lograron que un juez ordenara la suspensión de la aplicación de los bonos de inversión del tesoro público, aceptando un recurso de amparo presentado por los principales gremios empresariales. Dos días más tarde el gobierno anunció que anularía dicho dispositivo. Fue la antesala de un conflicto bastante mayor que estallaría más tarde entre García y los empresarios.

De qué inversión se hablaba
Luis Alva Castro, entonces ministro de Economía, sostuvo que los frustrados bonos iban a significar unos 80 millones de dólares para el Fondo de Inversiones y Empleo. También señaló que para lograr un crecimiento anual del 6% se necesitaban 4 mil millones de dólares. El tema de los montos de inversión requeridos y el papel de los capitalistas peruanos fue objeto de una discusión intensa entre mediados de 1986 y mediados de 1987.

Según un artículo sobre las tratativas entre el gobierno y los principales grupos económicos publicado en setiembre de 1986 por el economista Felipe Ortiz de Zevallos , “para que el Perú pueda crecer adecuadamente” se requería alrededor 2000 millones de dólares (de los que el Estado ejecuta, “a menudo mal”, cerca de la mitad), por lo que tocaría al sector privado invertir un poco más de 1000 millones de dólares al año. Esa sería la cifra que el mandatario pediría al iniciar “un trato directo con las cabezas de grupo empresariales nacionales a fin de que las utilidades logradas en función de la reactivación inducida de la demanda interna se reinviertan efectivamente en el Perú y en proyectos que sean de interés del gobierno”.

Dirigiéndose a los empresarios, el conocido economista precisó que “la decisión de impulsar una concertación de este tipo en el momento actual no es gratuita. Obedece a la conciencia del gobierno respecto del agotamiento de los efectos benéficos del programa económico si es que la inversión productiva no aumenta; a la creencia de los principales asesores presidenciales en que el dirigismo y la concertación constituyen mecanismos más eficaces que el mercado y la libre elección para orientar los programas de inversión de un sector privado al cual por ahora reconocen, aunque a regañadientes, una mayor eficiencia que el sector público”.

Ortiz de Zevallos concluía advirtiendo que “los empresarios que no estén hoy a la altura del papel que les corresponde desempeñar y se contenten, a cambio de la atención privada de sus demandas específicas, con el espacio que el gobierno les imponga o tenga a bien asignarles, mal podrían quejarse cuando en el futuro; otros asesores, tal vez de este mismo gobierno, levanten las banderas de la planificación compulsiva y la estatización general.”

El economista Jürgen Schuldt hizo una advertencia similar : “si los empresarios no invierten estoy segurísimo de que habrá socializaciones… [y habrá] un Estado poderoso que negociará permanentemente con las transnacionales y los grupos de poder”. El mismo Ortiz de Zevallos había mencionado en el artículo citado la “velada amenaza de expropiación en caso de que no exista reinversión”.

Pese a todo esto -y a la oportuna observación de Ortiz de Zevallos- la esperada reinversión no se produjo o, en todo caso, no se produjo en la medida necesaria. Según un estudio del economista Alfredo Thorne la inversión en 1985-86 fue mucho más baja que la estimada por las cifras oficiales . Las causas de esta baja apuesta fueron varias. En primer lugar, la rentabilidad no subió mucho: el único sector que tuvo un aumento en este rubro fue el no exportador, e inclusive en este caso se concentró en el último trimestre de 1986; mientras que los sectores minero y de exportación no tradicional sufrieron un deterioro debido a la fuerte caída de los precios internacionales y al tipo de cambio real poco favorable durante el año 1986. En segundo lugar, las empresas dedicaron gran parte de los recursos de la reactivación a reducir sus deudas, recomponer su capital de trabajo y poner en movimiento la capacidad instalada ociosa. La economía había sufrido una recesión durante casi tres años. En tercer lugar, en el caso del sector no exportador, una parte de los recursos se asignaron a inversiones de corta duración y a inversiones en valores.

Como se aprecia, no podía esperarse una inversión masiva de empresas de todos los sectores. Prácticamente sólo las empresas no exportadoras tenían utilidades para reinvertir, pero prefirieron guardarlas o invertirlas en la Bolsa. “Pero más que una actitud especulativa -sostiene Thorne- esto indica una actitud de espera a que el modelo se consolide y a lograr ahorros suficientes. Si las empresas hubieran desconfiado de este gobierno desde un comienzo, esta hubiera sido la forma y lugar menos apropiados para mantener los ahorros generados” . En todo caso, si bien no en los montos estimados como necesarios por el gobierno y diversos economistas, habían excedentes “a la espera del momento óptimo para realizar la inversión” .

Sin brújula
El decreto sobre los bonos de inversión y su anulación por un juez marcaron el final de los esfuerzos por concertar compromisos de inversión entre el gobierno y los empresarios con participación protagónica del presidente García. En ello parece haber incidido la resistencia del presidente para introducir ajustes necesarios para estabilizar una economía que había acumulado desequilibrios importantes. García, cuidadoso de su popularidad, quiso mantener su dispendioso esquema económico de “impulso a la demanda” y hacer fluir la inversión privada dentro de tal esquema. Pero ese esquema, precisamente, ya no generaba consenso ni propiciaba concertación.

Al pretender forzar la inversión mediante los bonos compulsivos, García no sólo se expuso al desgaste político que significó el fracaso de tal intento sino que incrementó el clima de desconfianza y de incertidumbre económica. Dos semanas después del decreto del 8 de abril, la cotización del dólar saltó de 21 a 27 intis en la calle. Fue un gran error político, con graves consecuencias inmediatas en el entorno económico. El sentido de ubicación y la cierta lucidez que lo habían caracterizado como candidato en 1985 no estuvieron por ningún lado cuando firmó ese decreto.
Esa desorientación, e incluso una descoordinación clamorosa, se apreciaron también en el equipo económico del gobierno. A mediados de mayo, el ministro de Economía Luis Alva Castro sostuvo que el programa económico no se había agotado pero que había una continua pérdida de divisas internacionales. Tal declaración informaba del deterioro del tipo de cambio y era una invitación para que la gente compre dólares.

A los directores del Banco Central se les ocurrió que si liberalizaban la venta de dólares se frenarían las “expectativas alcistas”. Así lo hicieron a fines de mayo con la consiguiente pérdida de dólares para el Banco y de dinero para el Estado, pues muchas personas acudieron a comprar dólares a un precio menor que el de la calle mientras que dicha moneda continuaba subiendo . El 31 de mayo el dólar de la calle ya estaba en 32 intis y días más tarde el Banco Central decidió dejar de vender sus dólares. Las versiones de esos días señalaron que se había llegado a vender por debajo de su precio en el mercado unos 60 millones de dólares .

En junio, economistas de posiciones distintas como el diputado de izquierda Fernando Sánchez Albavera y Felipe Ortiz de Zevallos coincidían ya no solamente en que la heterodoxia económica se había agotado sino en que los problemas se estaban agravando y colocando al Perú al borde de una crisis muy aguda. Sánchez urgió por medidas de ajuste para reducir el déficit fiscal y Ortiz de Zevallos señaló el alto riesgo de una hiperinflación. Incluso un funcionario de confianza del Ejecutivo, Jaysuño Abrámovich, presidente de Petroperú, advirtió que pronto se tendría que importar petróleo en vista de que la política fiscal y cambiaria había dejado a la empresa estatal sin recursos para la exploración y había ocasionado que la empresa Occidental disminuya su producción.

A todo ello se añadió el deterioro cada vez más agudo de las relaciones con la banca multilateral. El retraso en los pagos al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo llevó a la suspensión o a anuncios de suspensión de los créditos que estos organismos dieron a conocer en junio, afectando aún más las expectativas sobre el desenvolvimiento de la economía. Las críticas que García seguía haciendo al “sistema económico mundial”, su apoyo al “no alineamiento” y sus planteamientos respecto a “la corresponsabilidad” de países deudores acreedores y deudores, podían ser razonables, pero ya comenzaban a sonar a discurso desgastado por lo fallida que estaba resultando su política eco-nómica en el Perú .

El gobierno siguió, sin embargo, aprobando medidas que correspondían al esquema ya quebrado: promulgó una ley de actividad empresarial del Estado, el plan nacional de desarrollo y unos dispositivos de protección al mercado interno. Pero el dólar de la calle, cual indicador de una fiebre endiablada, siguió subiendo: el 9 de julio llegó a los 36 intis y el 16 de julio a 45 intis. Era uno de los signos de que antes del mensaje del 28 de julio el programa heterodoxo de Alan García y sus asesores se había agotado, y de que 1987 no estaba siendo el año de la inversión como había ofrecido.

Pasando la factura
El cuarto mensaje de Alan García ante el Congreso de la República, en julio de 1988, estuvo dominado por un tono de rectificación. Sus palabras buscaron algo de consenso para continuar su gobierno, que ahora afrontaba una serie de agudos conflictos.

En un breve pasaje de su discurso todavía reivindicó el proyecto de estatización de la banca , pero no fue uno de los temas centrales del mensaje y lamentó que a raíz de tal proyecto hubieran surgido diferencias “convertidas en discrepancias permanentes para algunos sectores”.

Se trató de un discurso con intenciones balsámicas. Durante las dos semanas anteriores los relacionistas públicos del presidente se encargaron de adelantar a la prensa el contenido del mensaje: no habría sorpresas ni proyectos polémicos. Ni la situación del gobierno ni la del país estaban para más tensiones. El presidente intentó relajar las que ya habían y cambió su estilo ampuloso por otro mesurado y discreto que era el que las circunstancias hacían casi obligatorio.

Por tanto, no se refirió a muchos temas. Y al que le dio la mayor importancia fue al terrorismo, frente al que anunció proyectos de ley dirigidos a lograr una mayor eficacia en la acción represiva. Precisó que la figura del terrorismo no debía circunscribirse solamente a los actos terroristas sino ampliarse a la asociación, colaboración o propaganda respecto a dichos actos. Igualmente, que la investigación debería volver a ser una atribución policial sin la intervención de los fiscales y, finalmente, que se sancione duramente la tenencia ilegal de armas y explosivos.

El tema económico, por supuesto, no le fue muy cómodo. Admitió que 1988 sería un año difícil y que se tendrían que hacer correcciones, especialmente para recuperar divisas y promover las exportaciones. No precisó qué ideas tenía respecto a la superación del déficit fiscal pero sí fue enfático en afirmar que no habría acuerdos con el FMI.

Algo más entusiasta e identificado estuvo al hablar de la regionalización, uno de los pocos temas en los que aún tenía cierta credibilidad. De hecho sería su tema predilecto en los dos años de gobierno que le quedaban. Manifestó que era “el cambio de mayor trascendencia que podemos haber emprendido en este siglo”. Le propuso al Congreso que continúe con la creación de nuevas regiones y que se avance a la celebración de las elecciones de los gobiernos regionales.

Otros puntos de su mensaje, a manera de propuestas, fueron la formación de directorios tripartitos de las empresas estatales con participación de representantes del Estado, la empresa privada y los trabajadores. Igualmente, la regionalización del seguro social y la apertura a seguros sociales privados. En estas propuestas pareció recoger algo de los planteamientos privatizadores que ya comenzaba a mencionar la derecha. También propuso, por enésima vez, un proceso de diálogo y concertación de la política económica con los empresarios y trabajadores.

El mensaje traía elementos como para tranquilizar a todos los sectores políticos, incluido el propio Partido Aprista. Fue mejor recibido por la derecha y los empresarios que por la izquierda y los sindicatos. Rafael Villegas, presidente de la CONFIEP, y el propio Mario Vargas Llosa observaron que había vacíos en el tema económico pero que se trataba de un mensaje “positivo” . Para Jorge del Prado, del Partido Comunista, el mensaje tuvo omisiones significativas y no fue una “una autocrítica seria”. El 1 de agosto, la Federación de Empleados Bancarios, una de las principales bases de la CGTP, inició una huelga general indefinida. Hay indicios de que en ese momento una parte importante de la derecha consideró ya vencidos al partido de gobierno y al propio García, y comenzó a descargar sus ataques más duros contra la izquierda y los sindicatos. En un mitin del naciente Frente Democrático el 5 de agosto, Vargas Llosa afirmó: “hay que salvar al país de la ineptitud aprista y del peligro marxista”. El vértigo de la hiperinflación.

Había razones de sobra para aplicar un golpe de timón en la política económica. Las “correcciones graduales” del ministro Villanueva y su economista César Robles sólo estaban alimentando la hoguera inflacionaria. A fines de julio de 1988 la inflación mensual ya había superado el 30% y el dólar estaba por encima de los 200 intis. Pero había también recesión. Como un reflejo directo de la inestabilidad económica y del desorden en los mercados, la producción también cayó. En el segundo trimestre esa caída fue cercana al 4%. Entre los sectores más afectados estuvieron la industria y la construcción, precisamente dos de los más favorecidos por el programa inicial de García, aunque también dos sectores clásicamente proveedores de divisas: la minería y la pesca. Ello agravaba el indicador más espectacular de la crisis en ese momento: la pérdida de reservas internacionales.

En ese entonces ya se debatía la orientación del viraje económico que había que dar desde el gobierno. Desde la derecha, los empresarios y los políticos coincidieron en que era preciso volver a las recetas ortodoxas, vale decir, reducir el gasto fiscal y los subsidios, liberalizar el precio del dólar y eliminar los controles de precios, a lo cual agregaban la reconciliación con el FMI. Algunos, como Vargas Llosa, adelantaron opiniones a favor de la privatización de las empresas públicas. Desde la izquierda se puso el énfasis en la defensa de la economía popular, cuidando los salarios y una canasta de consumo básico, y en la redistribución de la carga tributaria en la lógica de que los impuestos debería ser más altos en el caso de los que más tenían. A esto se sumaba una moratoria unilateral en los pagos por la deuda externa.
En términos simples, ambas propuestas conllevaban una redistribución de los ingresos del país. La de los empresarios y la derecha suponía una fuerte reducción —a un ritmo gradual o de un solo golpe— de los salarios y del empleo de los trabajadores, de los servicios públicos accesibles para los más pobres y una mayor vulnerabilidad de la economía campesina. Lo que defendía esta opción eran las condiciones para que la gran inversión privada pudiera ser rentable en el corto plazo.

La alternativa de la izquierda suponía básicamente una reducción en la renta de los financistas, comerciantes e industriales del país y en las cobranzas de la banca acreedora del Perú. Lo que se defendía eran las condiciones de trabajo, de producción y de vida de los trabajadores y los productores populares de las ciudades y del campo.
La discusión de fondo era quién iba a pagar la parte más grande de la factura, lo que implicaba una confrontación política. La crisis la pagarían aquellos cuya mano fuera doblegada en una eventual prueba de fuerzas políticas. En realidad, cuando Vargas Llosa se refería al peligro que significaba la izquierda y cuando denostaba de los paros y las huelgas con las que se defendieron los trabajadores en 1988 , lo que hacía era darle forma al relato ideológico que los empresarios necesitaban para pasarle la factura de la crisis a los que menos tenían para pagarla.

El “paquetazo” de setiembre de 1988
Mientras tal debate tenía lugar, las respuestas que dieron García y sus ministros sólo aceleraron la inflación hasta niveles de vértigo. Semanas antes del “paquete” de medidas del ministro Abel Salinas todo el mundo tenía la convicción que se venían alzas muy severas. El dólar saltó hasta casi los 300 intis y la especulación y la escasez de productos alimenticios afectaba a todos los mercados. Salinas asumió el Ministerio de Economía el 2 de setiembre, después de que el propio presidente García anunció medidas “drásticas y severas” para detener la inflación “cueste lo que cueste”. Agosto había concluido con una inflación superior al 20%.
El “paquete” fue anunciado el 6 de setiembre en un mensaje televisado. Las alzas de precios alcanzaron niveles traumáticos. La gasolina subió en un 300%, los alimentos en un promedio de 150%, se unificó el tipo de cambio, se encareció el crédito poniendo impuestos adicionales sobre tasas que ya superaban el 250% y se suspendieron las exoneraciones tributarias. Como paliativos se anunciaron aumentos de salarios y el retorno del programa de apoyo al ingreso temporal (PAIT). Como era de esperarse, al final del mes el dólar de la calle pasó de los 420 intis y la inflación de agosto fue de aproximadamente 115%.

Salvo el anuncio de que los nuevos precios se mantendrían congelados por 120 días, es decir hasta enero de 1989, el mensaje del ministro Salinas parecía revelar que el gobierno había optado por una opción cercana a la ortodoxia preconizada por la derecha y por los empresarios. Más seria que su afirmación de que se trataba de “medidas duras que darán seguridad a los salarios de los más pobres” resultaba ésta de que se había optado por dejar las correcciones graduales pues “el gradualismo puede conducir al país a la hiperinflación”. Nueve días más tarde, el 15 de se-tiembre, hizo una exposición ante el Congreso que bien podía haber sido la de cualquier ministro del gobierno de Fernando Belaunde cuando anunciaba ajustes similares. Dijo que las medidas buscaban cerrar las brechas que originaban la inflación: la cambiaria, la fiscal y la externa. En el ínterin sostuvo que no habría más emisión monetaria y que se reiniciaría el diálogo con los organismos internacionales de crédito. Este último anuncio coincidió con los que hizo el primer ministro, que aún era el veterano Armando Villanueva.

A pesar de su severidad, las medidas del “paquete” Salinas tenían serías inconsistencias. En ellas se proyectaba la sombra de García y sus contradicciones de siempre. No dejaban claro cómo se iba a reducir el gasto público, lo cual fue advertido rápidamente por el economista Manuel Moreyra, integrante en ese momento de la alianza conducida por Vargas Llosa. Por otro lado, más que bajar la inflación, pues era obvio que los precios se iban a disparar, el objetivo prioritario parecía ser reducir la brecha externa, lo cual fue señalado por Javier Iguíñiz, el economista jefe de la comisión de plan de gobierno de Izquierda Unida. Iguíñiz afirmó: “su éxito es provocar más miseria y desempleo para ahorrar divisas” .

Esta opinión resultó profética. La inflación no bajó, pero se provocó una de las recesiones más dramáticas de la historia mundial , lo cual quería decir, en efecto, menos trabajo y más miseria. Pero subió en algo la disponibilidad de divisas del tesoro.

Y es que desde una perspectiva ortodoxa, a la que parecía aproximarse Salinas, los precios de los servicios públicos y el tipo de cambio todavía seguían muy rezagados. Por otro lado, los precios privados se manejaron con un desacierto insuperable: primero se los liberó por diez días, lo que causó una estampida de alzas; y luego se liberó definitivamente una gran parte de éstos, pero igual quedaron altos6. Asimismo, el anuncio de que todavía se mantenían subsidios a los alimentos y el de aumentos en los sueldos y salarios, aunque se dijera que quedarían congelados por ciento veinte días, hacía prever más emisión monetaria.

A estas señales negativas se sumaron las declaraciones del presidente García en el sentido de que su gobierno no negociaría con el FMI, lo cual contradecía las gestiones que en esos mismos días hacía el ministro Salinas; y las versiones de que García estuvo a punto de renunciar la noche del “paquetazo” y de que no respaldaba a Abel Salinas. Además había un agitado ambiente de huelgas sindicales y movilizaciones campesinas en de- manda de aumentos y atención del Estado. Expresando tal panorama la hiperinflación y la fiebre del dólar siguieron su curso. La inflación fue del 41% en octubre y el dólar al final de ese mes llegó a los 508 intis. En la primera quincena de noviembre reapareció la escasez de alimentos y el primer ministro Armando Villanueva debió admitir que tendría que haber un nuevo “paquete”, pues la famosa brecha fiscal no se había cerrado y volvían a escasear las divisas.

La “evaluación sociopolítica del presidente”
Al anunciar el flamante “paquete” el 22 de noviembre, Abel Salinas sustentó lo opuesto que cuando presentó el primero; ahora prefería los “ajustes graduales”. En estas nuevas medidas el aumento de la gasolina y las tarifas de los servicios públicos y la devaluación llegaron al 100%. Los alimentos básicos subieron en un promedio de 150%. Hubo, otra vez, aumentos salariales para paliar el efecto de las alzas. ¿En qué consistía el gradualismo? En que todavía existían subsidios a los precios de los alimentos. Salinas precisó en su mensaje que el arroz, la leche y el pan todavía estaban, respectivamente, en precios que eran el 25, 33 y 70% de su valor real. Estos subsidios se iban a recortar gradualmente. Por otro lado, los intereses bancarios se colocarían en niveles cercanos a la devaluación mensual. El nuevo programa duraría ahora seis meses. El anterior había expirado apenas a la mitad de los ciento veinte días que le dieron de vida.

Naturalmente, el ministro volvió a mencionar que los objetivos de los nuevos ajustes eran, “de ser posible”, detener el proceso inflacionario y reactivar la economía. Lo curioso es que a los pocos días se retiró del cargo. A través de sus declaraciones el país pudo saber que las inconsistencias de su plan económico tenían mucho que ver con las decisiones o indecisiones del presidente. Salinas manifestó que “el contenido del programa económico era netamente técnico pero no concordó con la evaluación sociopolítica que buscó imponer el presidente” , lo cual revelaba que el ministro, en un acto de extraordinaria solidaridad con García, antes de renunciar había defendido un gradualismo en el que no creía y había anunciado alzas que no le parecían suficientes.

El sucesor de Salinas, el diputado Carlos Rivas Dávila, mucho más complaciente con el presidente, se presentó en diciembre ante el Congreso para sustentar el gradualismo en el que ya ni Salinas creía. Rivas sólo añadió que se eliminarían los aumentos indexados para los trabajadores que tenían esa conquista pues era “suicida” mantenerlos.

A fines de noviembre el dólar estaba en 720 intis y a fines de diciembre en 1700 intis. La inflación acumulada al final del año fue de 1722%. Por tanto lo que resultaba suicida era esa gestión económica llena de marchas y contramarchas, que no convencían ni aplacaban a los empresarios y cuyo costo lo estaban pagando el salario y el empleo de los trabajadores, o la economía popular en general. La hiperinflación parecía un caballo desbocado.

A fines de año, mientras la CGTP hacía otro paro nacional, la CONFIEP indignada le exigía al gobierno que responda qué es lo que pretendía y a dónde quería llevar al país. El economista Felipe Ortiz de Zevallos manifestó que el contexto económico de enero de 1989 era “similar al Perú después de la guerra con Chile”. La comparación con la experiencia bélica del siglo pasado no era exagerada, sobre todo porque Sendero y el MRTA habían continuado con mayor intensidad, especialmente el primero, sus provocadoras aventuras guerrilleras. A ellos se sumó, como otro actor del terror político el grupo paramilitar llamado Comando Rodrigo Franco.

Estado de emergencia contra los sindicatos
Al final de 1988 el presidente García tuvo que volver a poner al terrorismo como un problema prioritario. Dijo que 1989 debería ser “el año de la unidad nacional contra el terrorismo”, pero no había mostrado ni ideas ni iniciativas novedosas ni eficaces a lo largo del año. Además de sus leyes anunciadas en julio, García autorizó que se siguieran extendiendo los estados de emergencia que desde 1980 no dejaban de ampliarse hacia nuevas zonas.

Tales estados de emergencia suprimían las garantías y los derechos civiles de las personas en el supuesto de que eso facilitaba la acción represiva de las fuerzas del orden. Al amparo de la legislación de emergencia se establecían verdaderos gobiernos militares, denominados comandos político militares en las zonas que quedaban bajo esa calificación. A fines de octubre toda la sierra central fue declarada en emergencia, sumándose a la sierra centro sur, a Lima y al valle del Huallaga.

Estos estados de emergencia no sirvieron de mucho para frenar ni a Sendero ni al MRTA, y después del “paquete” fueron mucho más útiles para contener y reprimir con mayor violencia la reacción sindical y popular.

El “paquete” de setiembre de 1988 enfrentó al gobierno de Alan García con los trabajadores y los productores agrarios con una violencia considerablemente más intensa que el conflicto que tuvo con los banqueros y empresarios a propósito del proyecto de estatización. De hecho, este conflicto fue bastante más mediático y jurídico en comparación con la lucha emprendida por los sindicalistas y las organizaciones campesinas para defender sus salarios o sus condiciones de producción.
Mientras el conflicto con los banqueros y los empresarios se desarrolló casi exclusivamente como un caballeresco torneo de retóricas y de recursos legalistas, en el otro caso hubo centenares de dirigentes y militantes sindicales golpeados y arrestados, decenas de ellos recibieron heridas de bala o de perdigones, varios estudiantes fueron muertos por disparos de la policía en Lima y otras ciudades del país. Es más, mientras las calles de estas ciudades o ciertos tramos de las carreteras eran escenario de la violencia policial, el 8 de octubre el superintendente general de la banca Hugo García Salvatecci repuso en sus cargos a los dueños del Banco Wiese, los únicos propietarios que todavía no habían retomado su banco. Obviamente fue una decisión conversada previamente al más alto nivel .

Lo que estas paradojas mostraban era que el presidente García había optado por pasarle la factura de los costos de la crisis a la parte menos favorecida de la mesa: los trabajadores, los productores campesinos, los proletarios. Como en otros asuntos de su gobierno aquí tampoco hubo una decisión coherente y exenta de vacilaciones. Por el contrario, esta decisión de fondo estuvo acompañada de otras que las contradecían. Parecía caminar en la oscuridad y que los golpes le hicieran corregirse a cada paso.

En cualquier caso, se sabía que una decisión como la del “paquetazo” produciría reacciones populares, y en efecto las hubo. Comenzaron con numerosos saqueos, el primero de los cuales ocurrió un día antes de que Salinas anunciara las alzas. Una turba saqueó las tiendas ubicadas a lo largo de cinco cuadras en el jirón Gamarra, en La Victoria, un barrio limeño. Luego de las medidas los saqueos o conatos de saqueos ocurrieron en casi todas las ciudades del país con episodios que se prolongaron por tres semanas.

Era la reacción de la gente pobre que encontraba de pronto que el circulante que tenía en los bolsillos valía apenas un tercio del día anterior y que por tanto le iba a durar sólo para una tercera parte del mes o de la semana. Ante la perspectiva del hambre sólo faltaba un audaz que se atreviera primero. Por encima de cualquier aprehensión moral, el saqueo era una manera de hablar con las manos: sálvese quien pueda.
El pueblo lucha
El otro tipo de reacciones se ubicaron entre las respuestas más organizadas. En las cuatro semanas siguientes hubo marchas, mítines y paros provinciales de trabajadores, amas de casa o pobladores en Arequipa, Cusco, Huancayo, Puerto Maldonado, Ayacucho y Chimbote. En algunos de estos casos los paros fueron de dos días o más. Los ganaderos de Arequipa, los productores de arroz de Chiclayo, los azucareros del norte y los campesinos de Puno bloquearon carreteras para demandar menores precios de los insumos o más altos para sus productos.

En Lima, además de saqueos en los primeros días, hubo una masiva marcha de amas de casa de pueblos jóvenes, una nutrida marcha de estudiantes y profesores de la Universidad San Marcos, y una marcha de la CGTP entre las principales respuestas populares en las primeras semanas después del “paquetazo”. Las tres marchas mencionadas fueron enfrentadas y violentamente disueltas por las fuerzas policiales al igual que las marchas del sindicato de trabajadores del Servicio Industrial de la Marina (SIMA). En la marcha de las mujeres fueron arrestadas cientos de ellas y dos congresistas de izquierda fueron golpeados por los policías.

La CGTP convocó a un paro nacional para el 13 de octubre. El día anterior un policía disparó sobre estudiantes de San Marcos y mató a uno de ellos. Un hecho idéntico había ocurrido tres meses atrás. El día anterior al paro de la CGTP del 18 y 19 de julio otro estudiante de San Marcos fue muerto por un disparo de otro policía. En las vísperas del paro la policía ingresó a la municipalidad de Vitarte y arrestó a cuarenta personas, entre ellos el teniente alcalde cuando se reunían para apoyar la paralización. Durante el paro, la policía detuvo a dos dirigentes de la CGTP y al alcalde del distrito de San Martín. Efectivos policiales también intervinieron el local de la federación de luz y fuerza y detuvieron a veintisiete sindicalistas. Unos dieciocho de esos detenidos fueron señalados como sospechosos de terrorismo, pero tuvieron que ser liberados a los pocos días pues la acusación era insostenible .

Los usos de la emergencia: La huelga de los mineros
Estaba claro: la legislación antisubversiva que no servía para detener a los grupos guerrilleros sería usada para prohibir huelgas, marchas, reuniones y para irrumpir en locales sindicales y arrestar a los sindicalistas. También para disparar sobre los estudiantes . Incluso el lenguaje oficial comenzó a presentar las luchas sindicales como instrumentos de Sendero y del MRTA.

Unos días antes del paro el presidente aprista de la Cámara de Senadores había hecho declaraciones que pretendían presentar a la CGTP y a los movimientos populares de esos días como aliados del terrorismo . El propio presidente García había hecho declaraciones similares refiriéndose a la huelga minera iniciada en julio y suspendida antes del paro de la CGTP.

Este mismo procedimiento, paso tras paso, fue usado con más violencia frente a la huelga minera que se inició otra vez el 16 de octubre y frente a las nuevas protestas sindicales y populares después del segundo paquete de medidas en noviembre. La federación minera, una de las más combativas organizaciones sindicales del Perú, buscaba que las empresas mineras acepten negociar un pliego único de los sindicatos mineros en lugar de negociaciones que separaban a un sindicato de los otros. Existían dispositivos legales que avalaban la pretensión de la federación, incluyendo un acuerdo del 18 de agosto con el gobierno. La Sociedad Nacional de Minería y Petróleo se opuso y la huelga comenzó.

Esta huelga estuvo rodeada tanto por la violencia de las fuerzas del orden como por la violencia de los grupos subversivos. A esto se sumaron las abiertas acusaciones de parte de voceros del gobierno y de las empresas mineras de que la federación estaba aliada o era un instrumento del terrorismo. Todos parecían interesados en hacer de la federación otro actor y otro blanco de la violencia política que entonces asolaba al Perú. Los senderistas asesinaron a dos trabajadores mineros porque supuestamente se oponían a la huelga. Los emerretistas detonaron bombas en dos locales de las empresas. El denominado Comando Rodrigo Franco amenazó de muerte al secretario general de la federación Saúl Cantoral. La Sociedad de Minería fabricó un cliché que lo estampaba en todos sus comunicados: denominó “huelga político terrorista” al conflicto.

A cinco días de iniciada la huelga, la policía ingresó al local de la federación y arrestó a veintitrés dirigentes que días después tuvieron que ser liberados. A la vez, el gobierno decretó en emergencia a la actividad minera, otorgando a las empresas la facultad de despedir a los huelguistas. En una de las marchas de los mineros hacia la ciudad de Arequipa, nueve de ellos y la diputada de izquierda Cristala Constantinides fueron heridos con perdigones. La más violenta acción policial tuvo lugar el 29 de noviembre cuando centenares de policías ingresaron al campus de la Universidad de San Marcos para atacar el campamento que los mineros habían acondicionado allí junto con sus mujeres e hijos. Bombas lacrimógenas, perdigones y balas dejaron un saldo de treinta mineros heridos, tres de ellos de bala, y más de cuatrocientos detenidos. Fue el clímax de la represión policial contra los sindicatos.

Sin duda, los oficiales de la policía tenían órdenes para actuar así. Y en esas órdenes seguramente estaban presentes, como justificación o pretexto, los discursos que colocaban al terrorismo como el siniestro líder de la huelga desde las sombras. Tres días antes de la incursión en el campus de San Marcos, la Sociedad de Minería afirmó en un comunicado: “Una cúpula sindical pretende paralizar el país continuando una huelga político terrorista”. El mismo día de la incursión el ministro de Energía y Minas de García había afirmado que era un organismo senderista el que había “tomado la decisión de mantener la huelga minera con el propósito de romper el sistema democrático”. Antes, el diario Expreso afirmó en un editorial que en la huelga minera “Sendero agita en las sombras”.

Después del segundo “paquete”, las protestas populares más importantes fueron tratadas casi de la misma manera que los mineros. En dos marchas de protesta ocurridas en el Cusco la represión policial dejó un saldo de treinta y cinco heridos, veinte de ellos con perdigones y bala, y más de un centenar de detenidos. En Huancayo la policía ingresó a reprimir a los estudiantes en dos oportunidades, dejando un estudiante muerto en cada ocasión. En Arequipa, otra protesta de los universitarios dejó a seis estudiantes heridos también con perdigones de la policía. La CGTP convocó a un nuevo paro general para el 1 de diciembre, pero ya el terror de distintos signos, más el miedo a perder un doble jornal, hizo que este paro fuera en realidad débil .

Lo que predominó en la respuesta del gobierno de García ante las protestas sindicales y populares fueron las acciones represivas, cuya violencia se amparó en el estado de emergencia y que fue más intensa allí donde era visible la influencia de la izquierda en las organizaciones populares, como en Cusco, Arequipa, Huancayo y Lima. El gobierno le hizo un triple gran servicio a los sectores más autoritarios de los empresarios y la derecha. Primero, castigar duramente a varias de las organizaciones sindicales y populares más fuertes, dejándolas desgastadas y exhaustas. Segundo, ayudar a desacreditarlas con la acusación de ser aliadas del terrorismo. Tercero, dejarles la lección de que frente a la protesta popular se podía recurrir a la legislación antisubversiva para reprimirlas legalmente con mucha violencia.

Las oscilaciones de García y las furias de la CONFIEP
Sin embargo, la intensidad de la protesta de las distintas federaciones que entraron en huelga logró importantes concesiones del gobierno. Es bastante probable que en esas concesiones también haya jugado un papel el propio presidente, incómodo quizás porque su gobierno estaba terminando muy unido a los empresarios mineros en este caso, mientras que su policía disparaba miles de perdigones sobre la gente del pueblo.

Después de que la represión a los mineros llegara a su clímax, el gobierno aceptó un acuerdo con la federación minera en el que se le reconocía nuevamente su derecho a negociar en bloque, entre otras concesiones.

A los trabajadores bancarios, petroleros y demás sectores que habían sido afectados por un decreto que eliminaba los aumentos indexados y que se fueron a la huelga por ello, les otorgó la derogación del decreto respectivo. A los gremios de transportistas que hicieron paros para aumentar sus tarifas les hizo igualmente algunas concesiones. A una intensa huelga campesina desarrollada en el Callejón de Huaylas con bloqueos de carreteras, envió a un representante personal que logró su levantamiento a cambio de un acta de acuerdos.
En algunas oportunidades los gremios de empresarios cuestionaron las decisiones de gobierno y apelaron a la vía judicial con recursos de amparo. Fue el caso de la Asociación de Bancos respecto a la norma que restituía los aumentos indexados. El propio García había encontrado que los tribunales podían ser el mejor lugar para resolver los conflictos laborales, igual como ocurrió con el proyecto de estatización. Una vez más, se abstenía de tomar responsabilidad para resolver las profundas tensiones que sus decisiones ocasionaban.

Hacia el final del año, así como había retrocedido parcialmente del shock que le autorizó aplicar a Abel Salinas, también dejó parcialmente la dureza que había autorizado poner en práctica contra los sindicatos. En setiembre había decidido, probablemente con grandes aprehensiones, que la crisis la tenían que pagar los trabajadores, los campesinos, y cuando vio las espirales de protesta y represión que eso estaba generando decidió dar otra de sus sabidas contramarchas.

Eso es lo que sacaba de sus casillas a los empresarios y a la derecha. Un pronunciamiento de la CONFIEP publicado el 2 de diciembre a manera de carta abierta a Alan García, decía: “Usted señor Presidente es el responsable de la aguda crisis. Usted tiene que decirle al país lo que pretende” . Lo que quería en realidad la CONFIEP era saber si García terminaría de pasar la factura al pueblo trabajador o si iba a postergar indefinidamente la situación. El presidente había vuelto a las andadas. En setiembre parecía que iba hacer dócilmente la voluntad de los empresarios pero luego se detuvo, por su propia voluntad o porque se lo impuso la protesta popular. Así, a fines de 1988 los empresarios se preguntaban ¿ahora a qué juega este hombre?

“Que renuncie”
Antes del “paquete” de setiembre ya se habían hecho pedidos para que García renuncie. Uno de los primeros fue el derechista Luis Bedoya Reyes, quien a inicios de año propuso que se tome una licencia temporal. Después de las medidas económicas los pedidos y rumores de renuncia, golpe y autogolpe se multiplicaron.

Las diversas demandas en este sentido, en su mayoría provenientes de la derecha y de los empresarios pero también de la izquierda, pusieron en evidencia que en este período estaba en crisis su legitimidad como gobernante. Incluso su liderazgo en el Partido Aprista: la conducción monárquica que había restablecido después del debate sobre la estatización estuvo a punto de colapsar. Fue el período más difícil para el presidente y si logró superarlo no fue tanto por sus virtudes personales sino por el auxilio que recibió de varios actores políticos importantes en ese momento.

Según versiones periodísticas, García habló de renunciar en medio de la discusión anterior al “paquete” económico de setiembre. También se habló de un conato de golpe en aquellas horas. Su esposa y sus hijos, según nota de la agencia UPI, viajaron esa noche fuera del país. Lo que sí fue visto y escuchado por todo el mundo fueron los pedidos de renuncia del presidente que hicieron diversos líderes políticos y gremiales entre setiembre y fines de año.

Desde la izquierda, el radical PUM demandó la renuncia de García y la convocatoria adelantada a elecciones por el Congreso. En un mensaje televisado del 11 de setiembre, el líder derechista Luis Bedoya Reyes se refirió a la inestabilidad emocional del presidente: “Es lo que llaman un acelerado”, dijo aludiendo obviamente a una de las figuras constitucionales para que la presidencia quede vacante. En el Congreso, uno de los parlamen- tarios del PPC, el partido de Bedoya, presentó un proyecto para regla- mentar el procedimiento de renuncia de un presidente, el cual tenía evidentemente, nombre propio. En Arequipa, su singular alcalde Luis Cáceres Velásquez también pidió esa renuncia.

Entre los más apasionados peticionarios de la renuncia de García estuvieron algunos de los empresarios o políticos de derecha que lo habían apoyado con gran fervor hasta el día que se le ocurrió estatizar la banca , entre ellos, Ricardo Vega Llona, dirigente de los empresarios exportadores y luego de la CONFIEP; y también Francisco Pardo Mesones, el banquero integrante de la lista de regidores del partido aprista en la municipalidad de Lima. O el grupo Solidaridad y Democracia, de Javier Silva Ruete, que apoyó el programa heterodoxo hasta julio de 1987. Un congresista de este grupo, Aurelio Loret de Mola, expuso en televisión y en el Congreso un mensaje en el que le encararon al presidente “su obligación de renunciar”.

Otros pedidos de renuncia vinieron de portavoces de la derecha que habían mantenido prudente distancia frente a García, entre ellos la revista Oiga, el diario Expreso, el ex presidente Francisco Morales Bermúdez y el general en retiro Luis Cisneros.

Rumor de sables y silencio de Alan
Los rumores de golpe surgieron también inmediatamente después del “paquetazo”. La agencia UPI informó sobre ello. Que no se trataba sólo de simples rumores quedó claro el 11 de octubre, cuando el general Víctor Raúl Silva Tuesta, jefe de la I Región Militar, fue destituido y obligado a pasar al retiro por haber hecho indagaciones entre sus colegas respecto a una eventual intentona .

La percepción sobre la aguda crisis política por la que atravesaba el país se hizo patente en declaraciones como las de Fernando Belaunde, quien el 22 de setiembre habló de un “vacío de poder” y pidió a García que tome decisiones. El propio presidente dejó de hacer apariciones y declaraciones públicas entre el 14 de setiembre y el 11 de octubre. Nunca había callado tanto este político que antes que cualquier otra cosa era un declamador incansable.

Aun cuando algunos militares como el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Germán Vucetich, el comandante general del Ejército, general Artemio Palomino, y el ministro de Defensa, general Enrique López Albújar, tuvieron que descartar la posibilidad del golpe de Estado, las versiones sobre su probabilidad y los pedidos de renuncia siguieron escuchándose hasta después de diciembre de 1988.
Lo que estos rumores y versiones manifestaban era que el presidente se había convertido en la principal fuente de inestabilidad y de incertidumbre. Después del segundo “paquetazo” en noviembre, cuando el gobierno anunció que volvía a la política de las correcciones graduales y la CONFIEP preguntó al presidente a dónde quería llevar al país, la suspicacia se sumó a la desconfianza.

Existían entonces versiones acerca de un autogolpe que estaría propiciando el mandatario. Mario Vargas Llosa declaró en enero que “acaso sea el primer interesado en una quiebra del orden institucional”.

Rebelión en el reino
A todo esto se sumó la patética crisis del liderazgo de García en el Partido Aprista. Después del “paquete” de Salinas, en una furiosa reacción, un grupo de dieciocho diputados apristas encabezados por Wálter Cuestas, pidió la renuncia y la investigación de los asesores del presidente en materia económica. Efectivamente algunos de esos ministros o asesores tuvieron que irse. El primero fue el argentino Daniel Carbonetto . Aunque esa reacción también podía leerse como una velada pero dura crítica al presidente. Y efectivamente lo fue.

En el XVI congreso del partido celebrado en Lima entre el 16 y 18 de diciembre, había un nutrido contingente de delegados, especialmente de la juventud aprista, decididos a cuestionar la gestión del gobierno. Iban dispuestos a que el partido tome medidas para controlarlo mejor. Aparentemente se trataba de reacciones espontáneas, pero es muy probable que dirigentes como Luis Alva Castro las alentaran.

García acudió a inaugurar el congreso aprista. Fue decidido a apabullar a sus críticos a punta de oratoria y declamación, mas no le resultó. Los enardecidos delegados lo recibieron con el lema “Haya no ha muerto sigue siendo el jefe”, y a lo largo de su discurso lo interrumpieron con gritos como “fuera los amigos”, luego con “el APRA al poder” y cerraron con “moralización”. De nada sirvieron las amenazas de “disciplina de guerra” que el veterano y leal Armando Villanueva había hecho a los disidentes, ni los procesos disciplinarios abiertos a los diputados cuestionadores.

García se retiró del congreso e inmediatamente le dirigió una carta en la que devolvía el cargo de presidente del partido . El congreso, que fue tenso y conflictivo de principio a fin, aceptó esa devolución y suprimió el cargo de presidente. Luis Alva Castro fue elegido como nuevo secretario general después de derrotar a Carlos Roca y de que Luis Negreiros se retirara de la competencia.

Fue la hora más crítica de García dentro del APRA. Tambaleó la monarquía interna que había comenzado a consolidar desde que ganó las elecciones. En ese momento el diputado aprista José Barba se atrevió a sostener que García era el “principal obstáculo” para una relación más fluida del partido con el gobierno. Pero en ese mismo congreso un detalle insinuó que aún no había caído. El diputado Wálter Cuestas, que había liderado a los dieciocho diputados cuestionadores, postuló a la subsecretaría general en la lista de Alva Castro pero no resultó elegido. En su lugar fue elegido un discutible sindicalista. Alguna extraña combinación de presiones y transacciones terminaron en un veto sobre Cuestas, un militante que había apoyado a Alan García antes de 1985, cuando aún pugnaba por ser candidato a presidente.

Por qué no cayó García
Los rumores de golpe, las demandas de renuncia, la destitución del general Silva Tuesta, la crisis de García en su propio partido, la desconfianza y las suspicacias sobre el rumbo del país, expresaron la situación inédita que vivió el Perú entre setiembre y diciembre. A la polarización generada por el proyecto de estatización, a la intensa actividad subversiva y a las acciones de grupos paramilitares se sumaron desde setiembre una seria hiperinflación, una aguda recesión también inédita y una alta efervescencia laboral y social. En medio de todo ello, el presidente, después de haber salido de escena durante tres semanas, volvió a aparecer y contradijo a su ministro de Economía Abel Salinas generando aún más incertidumbre.

Los rumores acerca de que García buscaba un autogolpe se apoyaban en el proceso descrito. Las preguntas que emergen son ¿por qué no fue derrocado? ¿Por qué no se le impuso la renuncia y la entrega del mando a su vicepresidente? ¿Por qué no ganó adherentes la propuesta de adelantar las elecciones?

Hubo una combinación muy singular de intereses políticos alrededor de la permanencia de García en el gobierno. Y esa convergencia se puede explicar por varias razones.

Para la oposición, y especialmente para la derecha, tenían que ser García y el Partido Aprista los que cargaran con el costo político de una crisis tan intensa que todavía iba a tener síntomas más graves. La derecha, en particular, necesitaba a García como punching ball para golpearlo sin derribarlo, mientras responsabilizaba a las ideas de izquierda por la crisis, contrastándolas con los resultados de su presunta aplicación.

Después del “paquete” de Salinas, Mario Vargas Llosa dio el 15 de setiembre un mensaje por televisión en el que afirmó que la crisis se debía a la aplicación por García de “un modelo económico socializante y marxista, calcado del programa de Izquierda Unida”. Aclaró, por supuesto, que “no pedimos que el presidente García renuncie pero sí que deje de tratar a sus ministros como meros amanuenses”. A su vez, la CONFIEP dio una conferencia de prensa el 21 de setiembre y emitió un manifiesto en el que pidió a la oposición “dar una tregua al gobierno”, “superar la crisis dentro de los cauces institucionales”, y demandó la “unidad nacional”. De paso su representante Reynaldo Gubbins reprochó que “la iz-quierda aplaudió en un principio al programa económico”. El mismo día de las medidas económicas, Rafael Villegas, presidente de la CONFIEP, había pedido “calma” a la población y pocos días después el propio Vargas Llosa calificó a las medidas anunciadas el 6 de setiembre como “inevitables”.

El 13 de octubre, día del paro de la CGTP, Villegas expresó su desacuerdo con tal medida y con el planteamiento de la renuncia de García que había hecho el otrora amigo de éste Ricardo Vega Llona. Después de que el grupo SODE hizo su propuesta en el mismo sentido, varios líderes de derecha, entre ellos Fernando Belaunde, el mismo Villegas nuevamente, Ricardo Amiel del PPC y el asesor Hernando de Soto, también expresaron su desacuerdo.

A su vez, el 6 de octubre, Alfonso Barrantes pidió a todos “no hacer leña del árbol caído” en alusión al alud de cuestionamientos sobre García y un mes más tarde propuso la unidad nacional en torno a “un programa mínimo consultado con la CGTP, la CONFIEP y otras organizaciones”. Por estos días CADE sugirió un pacto de solidaridad nacional entre los empresarios, el gobierno y los trabajadores, y el PPC planteó un pacto por el progreso del Perú. Todas estas propuestas eran de viabilidad muy reducida o nula en medio de la polarización, pero con ellas se trataba de reducir las tensiones alrededor del gobierno. De hecho sirvieron para sostenerlo.

Cada uno en lo suyo
Otra razón que salvó a García de caer es que tanto desde la derecha como desde la izquierda la preocupación central de los aspirantes a reemplazarlo era ajustar las piezas para su futura campaña electoral. Unos estaban todavía en plena fase de cohesión y otros habían entrado a una fase de depuración. Pensaban fijamente en las elecciones del 1990 y en que necesitaban tiempo para terminar de acomodar sus cuadros. Una campaña para un cambio de gobierno en ese momento sólo los hubiera distraído de esa necesidad.

Desde agosto de 1988, antes del “paquete”, Mario Vargas Llosa y Alfonso Barrantes actuaban ya como dos candidatos. El líder de la derecha se dedicó a actividades típicamente de tal, como viajar a presidir mítines a las provincias, presentar el programa de su Movimiento Libertad y anunciar la cruzada que había decidido emprender contra la izquierda. El 1 de noviembre, por ejemplo, prometió usar “todas las armas que me ofrece la democracia para impedir que el comunismo llegue al poder en el Perú”.

Mientras tanto promovía la idea de una candidatura unitaria del Frente Democrático para las elecciones municipales del año entrante. A fines de diciembre “aceptó” finalmente ser el candidato presidencial del frente en 1990 y hasta se permitió poner una condición: que el programa de la alianza refleje su pensamiento personal y que suponga un mandato claro y transparente .

Por su parte, Alfonso Barrantes venía promoviendo su propia fórmula política desde agosto. En ese mes propuso un “gobierno de unidad nacional”. A la vez también le ponía condiciones a la Izquierda Unida. El mismo día que era magnánimo con García para que no lo hagan leña, afirmó que el PUM tenía “una línea militarista incompatible con las tesis fundacionales de la IU”. Más tarde sus seguidores, agrupados en la llamada Convergencia Socialista, lanzaron su candidatura a la vez que demandaron la separación del PUM del frente izquierdista.

El propio PUM se vio afectado por una grave escisión que estalló en la misma semana del “paquetazo”. Aunque parecían discusiones sobre asuntos más radicales, esta corriente, una de las más fuertes de la IU, se dividió en tres debido a diferencias que también tenían que ver con las elecciones de 1990. Por lo menos una parte de los que se fueron querían apoyar a Barrantes. Sin embargo, el asunto de fondo serían las discrepancias entre las líneas “insurreccionales” y las “democráticas”.

Estas divisiones anunciaban un difícil proceso hacia el I Congreso de IU en el año siguiente. Eran la señal de que mientras la derecha se afanaba por cohesionarse, la izquierda se esmeraba en dividirse.

La corte pide disculpas
Un factor adicional que salvó a García fue la propia dirigencia de su partido. Los dirigentes que salieron elegidos en el XVI congreso, incluido Luis Alva Castro, apagaron el conato de rebelión contra el liderazgo de García apenas culminó el evento partidario. Aquella carta con la que Alan renunció a la presidencia del partido fue respondida por otra de Alva Castro. En ésta le manifestó que se había “llamado severamente la atención” a los que gritaron lemas en su contra y que “el XVI congreso del partido está contigo y te respalda”. Después de unos días de concluido el congreso, la nueva dirigencia se dirigió a Trujillo a jurar sus cargos ante la tumba de Haya de la Torre. Al día siguiente, llegó hasta Palacio de Gobierno a expresarle su respaldo al sucesor de Haya, Alan García. Le habían aceptado que ya no sea el presidente del partido, pero aún lo reconocían como el heredero del jefe. Sus asesores podían estar en cuestión, pero no él mismo.

En esta actitud primó, sin duda, la formación aprista, según la cual el partido, como decía la carta de Alva, “es lo permanente”, el reino que hay que cuidar por encima de todo: la fe, la unión, la disciplina y la acción que había dejado Haya como mandamientos. Pero también la necesidad del líder, que en el aprismo toma la forma de la necesidad de un monarca. Naturalmente, también pesó el juego propio que tenía Alva Castro. Él necesitaba que el gobierno termine formalmente su período para desempeñar el papel de candidato que con tanto esfuerzo y paciencia había buscado. No tenía el carisma ni la oratoria de Alan y tuvo que compensar eso con una laboriosidad de sacrificado dirigente. Una interrupción del mandato de Alan significaba tenerlo de vuelta en casa, haciéndole sombra otra vez a su larga labor de organización con un solo discurso o un solo arranque impulsivo de esos que todos le conocían.

The friends of Peru
Incluso a determinados actores internacionales les convenía que García siguiera en el cargo para presentarlo como una viva lección de adónde llevaba la insubordinación contra las reglas del juego internacional y los discursos contra el pago de la deuda y el imperialismo: de vuelta a las oficinas de los acreedores. Entre el 26 y el 29 de setiembre, el director del FMI, Michel Camdessus; el director del Banco Mundial, Barber Conable; y el embajador de Estados Unidos en Lima, Alexander Watson, declararon su satisfacción por el reinicio del diálogo entre los funcionarios del gobierno y los organismos internacionales. Conable fue algo ácido: “el caso del Perú muestra la inevitabilidad de los programas de ajuste”, dijo, con esa sobria convicción que distingue a los funcionarios de su tipo.

Por todas estas razones es que ni el derechista Luis Bedoya Reyes ni el izquierdista Javier Diez Canseco pudieron hacer que sus propuestas de licenciar a García o de adelantar las elecciones ganaran hegemonía en sus respectivos campos. Y si hubo algunos militares que quisieron encabezar un pronunciamiento, varios representantes de otras esferas del poder, ya sean peruanas o extranjeras, deben haberlos disuadido con frases solemnes acerca de las virtudes de la democracia.

Mientras todos los observadores hablaban de la peor crisis, inflación, recesión y subversión del siglo, generales como Artemio Palomino, presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y Enrique López Albújar, ministro de Defensa, descartaron el golpe varias veces ante la prensa y expresaron las seguras lealtadas de los hombres de uniforme a la democracia peruana. Sí señor, quien pasó por Lima en esos días debe haber creído que teníamos las Fuerzas Armadas más democráticas del orbe.

GOBIERNO DE FUJIMORI
En las elecciones generales de 1990, Fujimori fue uno de los candidatos a la presidencia del Perú, al frente de una agrupación fundada por él, Cambio 90, que obtuvo, en la primera vuelta, aproximadamente el 29% de los votos, quedando en segundo lugar, tras el novelista Mario Vargas Llosa, que consiguió el 34% de los sufragios. Durante la campaña electoral, Fujimori hizo un llamamiento especial a los votantes de las zonas rurales, a los indígenas, a los mestizos y a las clases menos favorecidas, que desconfiaban de la relación de Vargas Llosa con la elite del país y que podían creer en el programa populista de Fujimori. Ambos candidatos prometieron mejorar la desastrosa situación económica de Perú, la cual se había complicado por los estragos causados por los ataques terroristas de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

El programa de Fujimori se basaba principalmente en el desarrollo económico y en la mejora de las condiciones de vida de los campesinos. Ganó la segunda vuelta de las elecciones con el 60% de los votos; la mayoría más importante jamás alcanzada por un candidato en Perú; lo que le convirtió en la primera persona de ascendencia japonesa que gobernaba el país. Inmediatamente después de su elección, Fujimori pudo superar la resistencia de la oposición para poder cumplir los términos establecidos por el Fondo Monetario Internacional, con el fin de habilitar a Perú para la concesión de créditos, y estableció relaciones con Japón, con la esperanza de conseguir préstamos de dicho país. Su programa de estabilización económica hizo disminuir la tasa de inflación, pero no logró mejorar la debilitada economía peruana. En abril de 1992, Fujimori disolvió el Congreso, anuló algunos puntos de la Constitución y detuvo a sus rivales políticos, argumentando que todas estas medidas estaban destinadas a combatir al grupo Sendero Luminoso y a los narcotraficantes. En el mes de septiembre, el líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán Reynoso, fue capturado, juzgado y condenado a cadena perpetua. El 13 de noviembre, se frustró un intento de golpe de Estado, y, el 22 de noviembre, fue elegido un nuevo Congreso. El partido mayoritario, conocido como Nueva Mayoría-Cambio 90, mantuvo en el poder a Fujimori, que fue reelegido en las elecciones presidenciales de abril de 1995, frente a la candidatura del antiguo secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Javier Pérez de Cuéllar, luego de haber conseguido una reforma constitucional que le permitía repetir mandato.

Hubo de afrontar la más grave crisis de su gobierno cuando, en diciembre de 1996, un comando del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) asaltó la Embajada japonesa en Lima, reteniendo a una gran cantidad de rehenes para solicitar a cambio de su liberación la de los presos pertenecientes a la organización. El 11 de febrero del año siguiente, se reanudaron las negociaciones entre el gobierno y el MRTA (que entonces todavía retenía a 72 personas), rotas desde el 28 de diciembre, y el 2 y el 3 de marzo el propio Fujimori viajó a la República Dominicana y Cuba para negociar el posible exilio de los asaltantes del MRTA. Finalmente, el 22 de abril, tropas del Ejército peruano dirigidas personalmente por el propio Fujimori, tomaron por asalto la Embajada, acabando con la vida de los 14 miembros del MRTA y liberando a 71 de los 72 secuestrados (pereciendo uno de ellos en el combate, además de dos de los asaltantes).

El Presidente Ing. Alberto Fujimori Fujimori en su segundo período ha orientado su gobierno a repotenciar el turísmo, modernizar la educación, así como incrementar el nivel de ahorro doméstico, promocionar el sistema privado de pensiones, además de reducir las ineficiencias del sector público. Pero el objetivo principal de este nuevo gobierno es la privatización de las empresas estatales. La decisión del gobierno de deshacerse de la totalidad de sus aproximadamente 200 empresas públicas fue tomada en un momento en que la mayor parte del continente estaba haciendo lo mismo, reflejando una tendencia mundial.

Para fortalecer y profundizar el programa de privatizaciones, en 1994 el gobierno aprobó un programa de venta de pequeños lotes de acciones denominado “participación ciudadana” orientado a difundir el capitalismo corporativo por medio de la oferta de una parte de las acciones de las compañías destinadas a ser privatizadas a un gran número de personas. Esta acción tuvo la aceptación de la población que veía a esta iniciativa como una gran oportunidad de asegurar el futuro de sus familias. Los beneficios de las privatizaciones han sido de gran alcance, incluso sobrepasando los efectos inmediatos de aportar al Tesoro público fondos de gran necesidad para invertir en infraestructura social.

Aspectos principales del gobierno fujimori
• Aspecto Económico. Desde 1990 la economía ha dado señales claras de encaminarse hacia la estabilidad. De una hiperinflación de 7649,7% anual, la inflación bajo a niveles internacionales (15,4% en 1994) y se espera que se sitúe alrededor de 10% en 1995. En 1994, el crecimiento del PBI en el Perú fue el más alto en el mundo, situándose en 12,9% anual. La disciplina fiscal mantenida por el sector público ha permitido no sólo el equilibrio fiscal, sino también un incremento significativo de la presión tributaria, que al final de 1994 alcanzó 12,5% del PBI.

• Aspecto Legal.- Cuando el Presidente Fujimori asumió a mediados de los noventa, se comenzó a cambiar la legislación (de varias décadas de antigüedad) responsable de la desincentivación de la inversión privada, reemplazándola por un marco legal nuevo destinado a promover y garantizar un margen de seguridad adecuado para los proyectos financiados con capitales privados tanto peruanos como extranjeros. Todos los impuestos a las exportaciones han sido eliminados y sólo rigen dos aranceles a las importaciones, 15% y 25% (el primero se aplica a más de 97% de las importaciones).

• Todos los sectores de la economía.- Todos los sectores económicos están abiertos a la iniciativa privada local y extranjera, al tiempo que la liberalización en sectores como el financiero está contribuyendo a aumentar la libre competencia.

• Proceso de Privatización.- Los inversionistas pueden participar en privatizaciones de empresas de sectores como el de minería y petróleo, el sector energético, el agro-industrial y el pesquero, entre otros. Empresas extranjeras han participado exitosamente en las más importantes privatizaciones realizadas hasta la fecha, con los ingresos de privatizaciones llegando casi a los US$ 4 mil millones además de compromisos de inversión que superan los US$ 2 mil millones.

• Concesiones para el Suministro de Servicios Públicos.- La creación de una Ley para la Promoción de la Inversión Privada en Obras de Infraestructura y de Servicios Públicos permite a inversionistas tanto peruanos como extranjeros solicitar concesiones para la construcción y administración de infraestructuras y obras públicas y para el suministro de servicios públicos.

• Proceso de Pacificación.- Quizás una de las cosas más importantes para los peruanos fue el compromiso del gobierno de terminar de una vez por todas con los dos movimientos terroristas. Este anhelo peruano se hizo realidad gracias a una estrecha coordinación entre la población, el gobierno y las fuerzas armadas, junto con medidas legales más duras, como la aplicación de la cadena perpetua para los terroristas. Todas estas medidas han permitido ir cerrando el capítulo de la guerra contra el terrorismo. Tanto Sendero Luminoso como el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, han sido duramente golpeados tras la captura de sus jefes máximos y la rendición de miles de sus cuadros.

Las normas adoptadas desde 1991 permitieron al Perú reducir la inflación en un nivel anual de más de 7,000% en 1990 a 9,4%. La implementación del programa de estabilización y de reformas estructurales, el PBI creció a una tasa promedio de 7,3% anual entre 1993 y 1998. Las reformas practicadas por este gobierno se destacan la liberalización de los flujos de capitales externos, eliminándose el control de cambios; la eliminación de restricciones a las importaciones y la reducción del nivel y la dispersión de los aranceles.

En este gobierno se resalta una apertura total de la economía a la inversión extranjera y el retiro del estado de la actividad empresarial manteniéndose su rol normativo y regulador. El estado se preocupa fundamentalmente de proveer salud, educación, seguridad, justicia y la elaboración de programas destinados a elevar la productividad y los ingresos de los sectores menos favorecidos dentro de nuestra sociedad.

Entre 1991 y 1994 los niveles de pobreza se han reducido en más del 15% y la pobreza extrema que abarcaba al 25% de la población y ahora llega al 19%.

La inflación del mes de marzo ascendía a 1.12 los servicios que más subieron en este mes fueron la enseñanza, las tarifas de servicios telefónicos y los precios de los productos alimenticios.

Aunque existe bajos índices de inflación eso no quiere decir que las condiciones en que vive la mayoría de peruanos haya mejorado, lo más importante es la generación de empleo que en esos momentos atraviesa el Perú.

La situación de la economía peruana en julio de 1990 estaba caracterizada por:
 Un proceso hiperinflacionario que ya duraba 24 meses y que en los últimos doce meses mostró tasas de inflación mensual del orden del 40%.
 Una caída dramática de los salarios reales, que en el caso del salario mínimo alcanzó el 50%.
 Un déficit fiscal del orden del 7% del PBI, como consecuencia fundamental de la caída de la recaudación fiscal a menos del 4% del PBI, y del enorme retraso en los precios relativos de los bienes y tarifas públicos.
 Un nivel de actividad en descenso, habiendo el PBI caído en 8.4% y 11.8% en 1988 y 1989 respectivamente.
 Una precaria situación de la balanza de pagos reflejada en un nivel negativo de RIN de 105 millones de dólares y una posición de cambio también negativa de 1,071 millones de dólares.
 Un tipo de cambio oficial (denominado MUC, donde se transaban aproximadamente el 30% de las importaciones)que era menos de un tercio del tipo de cambio del mercado paralelo.
 Una aislamiento de la comunidad financiera internacional, habiendo la deuda externa alcanzado los 20,000 millones de dólares, con atrasos del orden de 2,000 millones de dólares con los organismos multilaterales.
 Una disminución significativa de la intermediación financiera.
 Una pérdida total de credibilidad en el gobierno.

El objetivo central del programa de estabilización era la reducción drástica de la inflación. Este objetivo debería ser alcanzado al menor costo posible en términos de caída del nivel de actividad económica y de los ingresos reales.

El diseño de un programa para reducir drásticamente la inflación depende ciertamente de las características de la misma. Si bien el desequilibrio fiscal y su financiamiento con emisión monetaria fue la principal causa de la inflación, es necesario conocer la importancia de la inercia en este proceso inflacionario. Si el elemento inercial existe y es muy importante, entonces se requiere no solamente corregir los desequilibrios fundamentales existentes en la economía tales como, por ejemplo, el déficit fiscal, sino también utilizar políticas complementarias para eliminar dicha inercia.

El elemento inercial de la inflación se presenta generalmente en procesos de altas tasas de inflación abierta. Se afirma que existe inercia cuando la inflación presente es función básicamente de la inflación pasada.

Esta relación entre la inflación presente y pasada proviene, a su vez, de los mecanismos formales e informales de indexación que operan en una economía.

Hay quienes han señalado la existencia de inercia en el proceso inflacionario durante el régimen de García. Así, los mecanismos formales estarían dados por la indexación mensual de los salarios, sobre la base de la inflación del mes anterior y, en alguna medida, de los precios y tarifas públicas y el tipo de cambio MUC, que se venían reajustando mensualmente tomando en cuenta también la inflación del mes anterior. sin embargo, cabe resaltar que los reajustes de estos precios no se realizaban estrictamente por montos que reflejaban el total de la inflación pasada.

Sin embargo, los incrementos salariales estaban sujetos a topes y los precios públicos fueron creciendo en forma más bien errática, generalmente en montos menores o iguales a la tasa de inflación pasada, excepto en el caso de los llamados “paquetes”, donde los incrementos se realizaban por encima de la inflación, con el fin de tratar de “recuperar” el atraso incurrido.

Estos “paquetes” no se habían producido desde 1989. De esta manera, la indexación formal de estos precios al efectuarse por una proporción menor a la inflación pasada, contribuiría más bien, manteniendo otras variables constantes, a una reducción paulatina de la tasa de inflación.

A fines de julio de 1990, la situación económica del Perú se encontraba fuertemente deteriorada. La inflación continuaba siendo alta y sostenida.

La situación fiscal era grave, no tanto por los niveles del déficit (de 6.4% del PBI en el primer semestre para el Gobierno central y de 0.9% del PBI en el mismo semestre para las empresas estatales) sino por la naturaleza del mismo, resultado de una reducción impresionante de los ingresos estatales (los ingresos tributarios se estimaban en 4% del PBI) y la emisión monetaria requerida para financiarlo, en una situación de casi iliquidez en la economía.

En tales condiciones, el nuevo gobierno, iniciado en agosto de 1990, tenía dos opciones para intentar la estabilización de la economía:
1) Un ajuste gradual, basado en la aplicación inmediata de impuestos directos y la reducción de retrasos en los pagos tributarios, el mantenimiento de la tasa de cambio real y de los salarios reales, que permitiera la obtención de un nivel de equilibrio relativamente satisfactorio para los diferentes agentes económicos y
2) Un ajuste tipo “shock”, que pretendiera eliminar todos los desequilibrios macroeconómicos, los retrasos en los precios públicos y los mecanismos de indexación de manera inmediata.

La política de estabilización puesta en práctica por el gobierno de Fujimori, además de una marcada recesión del aparato productivo, ha tenido duros efectos sobre las remuneraciones de la población. Si entre 1985 y 1990 éstas se redujeron a la mitad de lo que eran en 1985, con el “fuji-shock” se han visto reducidas nuevamente en un 50%.

La voceada concertación, eje del programa de Fujimori en la campaña electoral, ha sido reemplazada por políticas laborales de corte vertical y autoritario, encaminadas a garantizar las drásticas políticas salariales exigidas por el FMI.

Desdibujadas del panorama las posibilidades de concertación, la respuesta del sindicalismo organizado viene enmarcándose.

Dos semanas después de la aplicación del paquete de alzas más duro que haya conocido la población, la CGTP convocó a un paro nacional del que peligrosamente quiso apropiarse Sendero Luminoso.
Aunque con una plataforma que no cuestionaba el eje del programa económico, la CGTP esperaba que fuese expresión del malestar popular. Sin embargo, el paro fue más bien débil en el mundo fabril, y ello no sólo por la presencia notoria de las fuerzas del orden.

Con el fracaso del paro general —y de la marcha previa convocada por la CGTP— fracasaba el intento del sindicalismo y de algunos sectores de izquierda que, por vías radicales, buscaban ponerse a la cabeza de la oposición.

A principios de 1991, los resultados del programa eran explicados por la inexistencia o falta de profundidad de las “reformas estructurales” (liberalización de precios y de los mercados cambiario, crediticio y laboral, apertura del comercio exterior, reducción arancelaria, eliminación de monopolios, privatización de empresas estatales, minimización del Estado, etc.). AL igual que en la década de los años sesenta y setenta, el Perú revivió aquella argumentación de que los problemas económicos se explicaban por la existencia de problemas de orden estructural que “trataban el desarrollo del país”. En forma consecuente, entre marzo y abril de 1991, con el cambio del Ministro de Economía y Finanzas y del Primer Ministro, se tomaron una serie de medidas orientadas a modificar la institucionalidad y la organización económica del país. En relación a la inversión extranjera se eliminaron todas las restricciones referidas a la transferencia al exterior de utilidades, regalías y contraprestaciones y el Congreso ratificó el Convenio constitutivo del Acuerdo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA). En relación al mercado laboral se incorporaron nuevas causales de despido y se estableció un régimen indemnizatorio cancelatorio con transferencias semestrales al sistema financiero a nombre de los empleados.

En relación al sector fiscal, se declaró la reorganización de la Superintendencia de Administración Tributaria, ordenándose el cruce de informaciones para reducir la evasión tributaria. Adicionalmente, se estableció un sistema de crédito fiscal contra el impuesto a al renta y al patrimonio empresarial por los impuestos indirectos pagados por los exportadores no-tradicionales. Sin embargo, resultó insuficiente por las pérdidas generalizadas de las empresas y la no consideración del impuesto selectivo al consumo de los combustibles y a la electricidad. Tampoco significó mayor novedad ya que el de los impuestos a las ventas se encontraba en vigencia desde hacía algunos años y el de los aranceles podía obtenerse a través del régimen de admisión temporal.

En relación a las empresas estatales se puso en venta 23 de las mismas; se eliminó la exclusividad estatal en la operación de los almacenes fiscales de puertos y aeropuertos se dejó sin efecto los privilegios que gozaban varias de ellas, por ejemplo, en la exclusividad de las compras estatales, obligándolas a competir con las del sector privado.

En relación al sistema financiero, se legisló un mayor nivel de capital social para su funcionamiento, se autorizó la existencia de la banca múltiple y se prohibió la especializada.

Así mismo, se eliminó la obligación de entregar al banco central la moneda extranjera proveniente de las exportaciones, se autorizó las cuentas en moneda extranjera en el exterior, la libre transferencia de capitales, la obtención directa de créditos en el exterior y se anuló la exclusividad del Estado en la prestación de servicios de reaseguro.

Sin embargo, lo más trascendente para la actividad productiva en general y la industria en particular se dio en relación al comercio exterior. Se volvió a modificar la estructura arancelaria reduciéndola a tres tasas: 25, 15 y 5%, la última sólo para los insumos de la industria siderúrgica aunque, la moda estadística quedó en 15% y el promedio en 17%.

Así mismo, se eliminaron casi todos los registros y restricciones restantes de carácter para-arancelario en las operaciones de importación o exportación de bienes y se eliminaron las autorizaciones previas para el intercambio temporal de materia primas e insumos utilizados en los productos exportados.

No fue insuficiencia de las “reformas estructurales” la causa de los graves problemas del programa peruano iniciado en agosto de 1990.

Reactivación: palabra clave. Pero no palabra mágica. No basta con pronunciarla para que se haga realidad. En los tiempos previos a las elecciones al CCD empezó a ser pronunciada por el presidente Fujimori. Y también por el ministro de economía.

La economía nacional atraviesa por una severa crisis que se manifiesta principalmente en una significativa reducción de los niveles de actividad productiva. El producto bruto interno (PBI) ha experimentado una contracción acumulada del orden del 3.5%, durante el período de enero a octubre de este año en comparación con el período similar del año 1991. La recesión afecta a todos los sectores productivos, manifestándose una contracción de la producción del 7.8% en el sector agropecuario, 7.1% en la minería, 7.4% en el sector manufacturero y 21% en al pesca. La reducción en los niveles de actividad económica se aúna tanto al deprimido ingreso real de la población como a los elevados y crecientes índices de subempleo y desempleo. La crisis, que puso al borde del colapso al aparato productivo, presenta un cuadro más complejo que el de otros ciclos recesivos experimentados en el país. La contracción de la actividad productiva tiene una duración mayor, registrándose desde 1988 una retracción acumulada del nivel de actividad del orden del 25%. Como se indicó en el párrafo anterior, la recesión es generalizada, afectando de manera dramática y creciente tanto a los sectores orientados al mercado interno como a los de exportación.

Finalmente, a diferencia de otros períodos recesivos, a la contracción de los niveles de actividad se suma una situación financiera extremadamente frágil del aparato productivo nacional, que ha comprometido seriamente al sistema financiero.
Los diferentes análisis de la crisis económica han enfatizado los elementos de corto plazo que afectan a la actividad productiva. Es as{í que, según voceros oficialistas, la recesión respondería principalmente a factores exógenos a la política económica, señalando como causales de la contracción de la producción los trastornos climatológicos, asociados al “Fenómeno de El Niño”, la severa restricción energética a la que se han visto sometidas las empresas, el efecto del toque de queda vehicular y el mal manejo económico de gobiernos anteriores.

Si bien es cierto se reconoce que un programa de estabilización produce necesariamente un efecto recesivo en el corto plazo, se señala que en el caso peruano el impacto recesivo del programa económico ha sido incrementado significativamente, en su magnitud y su duración, por un manejo fiscal y monetario extremadamente rígido, y por la secuencia en que se han instrumentado las diversas reformas estructurales. Como en la mayoría de los debates, ambas posiciones tienen un contenido de verdad. Sin embargo, al analizar la situación económica actual y las posibles alternativas para superar la crisis, es imprescindible diferenciar con claridad las fluctuaciones de corto plazo en el nivel de actividad económica, que pueden responder a efectos climatológicos y a decisiones de política económica, de las tendencias seculares que han marcado el desarrollo de la economía peruana en los últimos dos decenios. En este sentido, quizá la característica más saltante del desarrollo económico nacional es la tendencia, que se observa en el largo plazo, hacia una progresiva reducción de las tasas de crecimiento de la producción. La tasa de crecimiento del PBI, promedio anual, ha experimentado una reducción permanente desde 1975, arrojando resultados negativos desde 1980.

Esta tendencia es compartida por los principales sectores productivos, en particular por el sector manufacturero y el de la construcción. La situación actual de la economía responde en gran medida a este proceso de contracción secular de los niveles de actividad económica, el cual se ha agravado, en el corto plazo, por efecto tanto del programa de estabilización como del de ajuste estructural al que está sometida la economía. La ausencia de definiciones por parte del gobierno con respecto a medidas concretas para reactivar la economía, responde a la lógica que predomina en el programa económico, tal como lo ha señalado el ministro Boloña, las reformas estructurales constituyen “los cimientos más grandes para poder crecer”. Es así que el problema del crecimiento económico no prima en las decisiones de corto plazo, y se conceptualiza este como un resultado esperado y natural del programa de liberalización y reestructuración de la economía que se viene aplicando en diferentes frentes. El crecimiento sostenido de la economía es un objetivo de mediano plazo, en el corto plazo, priman los objetivos de estabilización económica y viabilidad externa en la balanza de pagos. El problema central del programa radica en la compatibilidad de las acciones y objetivos del corto plazo con las posibilidades de crecimiento económico en el futuro.

El programa económico se encuentra atrapado entre las urgencias del corto plazo y las necesidades del largo plazo. Su futuro, así como el del sector productivo nacional, depende de que se logren conjugar con habilidad estos dos elementos en el más breve plazo.

Después de cinco años (1988-1992) de sistemática caída en los niveles de producción del país, el PBI mostró por segundo año consecutivo una significativa variación positiva. Esta, más que un crecimiento de la economía, no hace sino reflejar una recuperación parcial de los índices de producción registrados a mediados de la década pasada. Si analizamos la naturaleza del actual proceso de recuperación económica, encontramos que este descansa en elementos muy distantes de los que deberían impulsar el crecimiento de un modelo orientado, supuestamente, a la exportación.

Así, recuperación productiva del año anterior se debió más a la mejora en las condiciones climáticas y al gasto en construcción de carreteras, con créditos de la banca multilateral, que a un dinamismo de nuestras exportaciones. La persistencia de estos elementos, unida a un aumento de la inversión privada y a un mayor gasto público derivado de la importante mejora de la presión tributaria, ha irradiado en crecimiento al conjunto de aquellos sectores económicos que han podido mantenerse en el hoy abierto y desregulado mercado peruano.

Una economía abierta como la nuestra no puede sostener indefinidamente el actual proceso de reactivación productiva. Los crecientes déficit que este ocasionada en nuestra balanza comercial (importaciones mayores a las exportaciones) se están financiando transitoriamente con las divisas provenientes de la repatriación de capitales, del capital especulativo, del narcotráfico y de la privatización de las empresas públicas. Tanto la primera como la última de las citadas fuentes no convencionales se dan por una sola vez. De otro lado, el capital especulativo es muy sensible a las variaciones en la tasa de interés y está saliendo del país. En este escenario, la única fuente de divisas no convencional que permanecerá en el tiempo es el narcotráfico. En otras palabras, la sostenibilidad del actual proceso reactivador está íntimamente ligada a la necesidad de contar con un sector generador de bienes transables en crecimiento y que, literalmente, “jale” al conjunto de la economía. Así como en el pasado la industrialización basada en la sustitución de importaciones fue la que ordenó tras de sí a toda la economía, la viabilidad del actual modelo descansaba en trasladar ese papel central al sector exportador.

El problema de la estructura de precios relativos afecta las condiciones del mercado de trabajo. El capital productivo busca preservar márgenes de ganancia a costa del factor trabajo.

La recuperación de la economía, de continuar las actuales tasas cercanas al 10%, posibilitará que el PBI per capita supere los niveles de 1990. Sin embargo, esta mejora en la estadística de producción no reflejará un aumento en el bienestar de la mayoría de la población del país. Si hasta los últimos meses de 1992 la menor producción industrial iba acompañada de menor empleo, la posterior recuperación de los índices de producción manufacturera no sólo no permitió una absorción del empleo perdido durante el proceso recesivo sino que incluso inicialmente, favoreció una mayor expulsión del mismo.

Los cambios introducidos en el modo de organización del trabajo en la industria han conducido a una intensificación del uso de la fuerza de trabajo. Esto explica el que la mayor registrada de puestos de trabajo. Al revés, los requerimientos de mano de obra para una misma cantidad de producto han disminuido. El creciente temor al despido entre los trabajadores los habría inducido a conformarse con este incremento de la producción basado solo en su mayor esfuerzo. Este crecimiento sin empleo ha conducido a una elevación muy importante en la productividad de la industria. En 1993 esta creció, en promedio, poco más del 16%. Este año continúa en aumento, sin una sensible mejoría en los salarios reales, esta divergencia entre el índice de productividad y el del costo de la mano de obra no hace sino incrementar el margen de ganancias de la industria. Si este se ve mermado por el costo del capital financiero y de los precios públicos, lo recupera por el lado del trabajo, como se viene comprobando.

La falta de empleo es considerada por la población como uno de los principales problemas del país. La tasa de desempleo en 1993 fue de 9,8%, la más alta de la historia, En ella no se considera el desempleo oculto, que es el de la población que deja de seguir buscando trabajo ante la imposibilidad de encontrarlo.

Esto no quiere decir que no se haya producido una (auto)generación de puestos de trabajo. En 1993 la creación de empleo se dio en mayor magnitud en el llamado sector formal de la economía, pero, siguiendo la orientación que marca la actual estructura distorsionada de precios relativos, que tiende a favorecer al capital financiero y especulativo y castigar al sector productivo, la generación de empleo ocurrió con mayor magnitud en el sector de servicios no personales, en aquellas actividades ligadas al dinamismo del mercado de capitales; y no en el sector productivo.

El actual crecimiento económico no solamente es un crecimiento sin empleo, sino con un persistente aumento de la pobreza. Las reformas estructurales puestas en prácticas han generado un grupo de “nuevos pobres” que está constituido principalmente por los trabajadores desplazados del sector moderno de la economía y los empleados despedidos del sector público que tuvieron dificultad en re-insertarse adecuadamente en el mercado de trabajo. En general, la reducción de ingresos por debajo del costo de una canasta de consumo básica empujó a dicho grupo de población hacia la condición de pobres. Si bien pueden continuar en posesión de algunos de sus medios de existencia previos (casas, bienes duraderos, etc.), la reducción permanente de sus ingresos los llevaría a empezar a sufrir carencias básicas, agudizándose aún más el problema de la pobreza en nuestro país.

El modelo económico en curso de ese año llevo a la más desigual distribución del ingreso registrada en el país. Así, el aumento del ingreso nacional en 1993 implicó sólo un incremento en las utilidades de las empresas y en mucho menor grado en los ingresos de los genéricamente llamados trabajadores independientes.

Mientras que la participación de las utilidades de las empresas aumentó de 50,9% en 1992 a 54,4% en 1993, la participación de las remuneraciones disminuyó del 15,5% a 13,9% respectivamente.

La liberalización de los mercados en el contexto de una desigual distribución del ingreso y, específicamente, de bajos niveles salariales de la mayoría de la población, conduce a que un gran sector de ella se vea excluido de los beneficios del crecimiento económico. Asegurar la viabilidad del modelo económico en el largo plazo para por incorporar a toda la población a los beneficios del crecimiento.

A fines de 1997, la economía peruana se encuentra en una fase de expansión económica (con tasas de inversión en aumento que ya pueden sostener tasas de crecimiento de más de 5.5%), con una tasa de inflación anual debajo de 7% y con un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos en descenso.
Una economía de mercado necesita de arreglos institucionales que permitan su normal funcionamiento, pudiendo estos últimos afectar el desempeño global del sistema si aparecen, de un lado, trabas al funcionamiento de la economía o, de otro lado, problemas de regulación ante la presencia de fallas de mercado.

En estos aspectos se ha avanzado mucho en los 90, pero al parecer han comenzado a presentarse algunos retrocesos pro cálculos políticos y/o falta de convicción en los beneficios. Asimismo, aún falta mucho por hacer en materia de calidad del gasto público, que debería realizarse de acuerdo a criterios técnicos de evaluación social de proyectos y buscando mejorar las capacidades de la población.

Según las encuestas de opinión, el principal problema de la población es la falta de empleo,. Sin embargo, cuando se ven las cifras de desempleo (debajo del 10%) parece que éste ni fuera tan importante como lo es en Argentina, España o Francia. Lo que estaría ocurriendo es una imprecisión de orden semántico, los encuestados se refieren más bien a al “falta de empleo con ingresos más elevados”.

Así, el problema central sería el subempleo (subempleo por ingresos) y no la “falta de empleo” tomada como un absoluto. Es decir, el verdadero problema es la pobreza, puesto que en el Perú la pobreza y subempleo son dos caras de la misma moneda.

Para intentar eliminarla, la economía debería ser capaz de generar una demanda de trabajo que lleve a los salarios reales a niveles cada vez mayores. Sólo así se podrá combatir de manera sostenible el subempleo y la pobreza.

Sin embargo, para que el crecimiento sea sostenido y permita eliminar paulatinamente la pobreza a través de distintos mecanismos, se requiere de un marco de estabilidad macroeconómica, política e institucional, este debería se provisto por el Estado; de lo contrario, se correría el riesgo de detener el proceso de desarrollo de las fuerzas productivas en que se encuentra empeñada la economía nacional.

En el año 2000; la inflación está controlada y estabilizada. Los años difíciles de gran inflación quedaron atrás y el Perú se encontraba tratando de situarnos en niveles internacionales. El crecimiento de precios al consumidor, acumuló al primer semestre 1,69%, mientras que la variación anualizada del IPC se sitúa en 3,21%, reflejando en gran medida la mayor cotización del crudo, producto del cual somos netamente importadores.

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ANEXOS