LA INFLACIÓN EN LA ÉPOCA DE ALAN GARCÍA

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INTRODUCCIÓN

En 1985, Alan García Pérez asumió el mando en medio de la esperanza de la mayoría de los peruanos, seducidos por sus promesas de un futuro diferente. La ilusión duró apenas un año y medio, después de los cuales tuvieron que confrontar la dura realidad y comenzaron a pagar muy caro el haber escuchado los cantos de sirena del demagogo líder aprista. Durante su gobierno, el Perú sufrió la crisis económica más grande de su historia republicana.

La hiperinflación alcanzó niveles de 7.650% anual; el Producto Bruto Interno tuvo una tasa de crecimiento negativo del orden de 20% anual entre 1988 y 1990; las reservas internacionales fueron negativas en 100 millones de dólares; el déficit fiscal y cuasi fiscal alcanzó el 16% del PBI; y el crecimiento de la emisión la famosa “maquinita”- fue de la mano con la inflación. El comienzo fue esperanzador. Al culminar 1985, con Luis Alva Castro al frente del Consejo de Ministros y de la cartera de economía, el programa “heterodoxo” del APRA consiguió resultados halagüeños. Ese año, el PBI arrojó un crecimiento de 1,6%, atribuible en parte a la retracción del 12% del sector de construcción, y a la disminución de las inversiones del Estado.

Este crecimiento vino acompañado de un decrecimiento de las exportaciones y de las importaciones. El déficit fiscal se redujo a un 6,3% del PBI, y la inflación alcanzó un 158%, gracias a una política de control de precios, reducción de la tasa de interés, fijación del tipo de cambio, desdolarización de la economía y aumento del encaje bancario, entre otras medidas. Al año siguiente, la política económica logró una reactivación del consumo y los sectores incrementaron su producción. La producción creció entonces en 8,6% del PBI, se dio un respaldo financiero y promotor al agro, los salarios reales fueron aumentando, y el gobierno dio signos de mostrarse interesado en acercarse hacia una concertación con el empresariado privado. La inflación se redujo a 62,9%.
En 1987, comenzaron a notarse algunos signos preocupantes. Aunque el PBI creció por segundo año consecutivo en 7% y el sector construcción dio un salto de recuperación en proporción al 16%, la inflación ascendió al 114,5%, el déficit fiscal volvió a crecer a 10%, y las reservas cayeron en más de mil millones de dólares. Esto provocó una fuerte escasez de divisas, no obstante que era clara la política del gobierno de retener los pagos por el servicio de la deuda y distanciarse de las negociaciones con los organismos financieros internacionales. Ya para 1988, la situación se tornó dramática: se intensificó un proceso hiper inflacionario, que llegó a 1.722%, y con ello vino una aguda recesión. El PBI cayó en 8,8%.

Al año siguiente, 1989, la hiperinflación inscribió marcas mundiales: 2.775% anual. Los sectores productivos pugnaron por mantenerse operativos. Aun cuando el régimen intentó continuar inversiones públicas, capitalizar reservas y, hacia finales del año, lograr un acuerdo preliminar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a nuevos recursos externos, casi todos los sectores acusaron un decrecimiento y el PBI sufrió una caída del 12%.

LA INFLACION EN LA EPOCA DE ALAN GARCIA

I. ORIGEN DEL FRACASO
A inicios de 1990 parecía que la economía peruana había tocado fondo. Inmerso en la mayor y más prolongada inflación y recesión en el curso de su vida republicana, el país enfrentaba también altas tasas de desempleo, un persistente desequilibrio fiscal, distorsiones en los precios relativos y un creciente proceso de deterioro de la intermediación financiera.

El origen de este descalabro se encontraba en el manejo de la política económica del gobierno aprista, presidido por Alan García (1985-1990). La gestión del gobierno de García estuvo basada en una intervención amplísima del Estado en la economía, a través de la implementación de reducciones y exoneraciones de impuestos, exoneraciones arancelarias y restricción de importaciones.

Esta política intervencionista también se reflejó en el surgimiento de mercados cambiados paralelos, el establecimiento y congelamiento de precios, el manejo de aumentos de sueldos y salarios, la ejecución de programas de empleo temporal poco productivos por parte del Estado, la reducción de las tasas de interés, entre otras medidas.

Es decir, el gobierno asumió un rol controlista y de asignador de recursos, provocando distorsiones en el mercado mediante estímulos externos, que trabaron la gestión pública con complicadas normas administrativas que, además, incrementaban la discrecionalidad de los organismos públicos y generaban un contexto de erosión progresiva del Estado.

Uno de los objetivos planteados en un inicio por el gobierno de García era “pasar de una economía de conflicto y especulación a una de producción y consenso (…) en la que sería posible compatibilizar estabilidad, crecimiento, distribución y desarrollo en un contexto de planificación nacional que encuentre expresión concreta en el diálogo y la concertación económica y social” (Presidencia de la República del Perú, 1986; citado en Edwards, 1995).

En la práctica, este programa económico, definido desde el círculo oficial como “heterodoxo”, se asemejaba más a otros programas en la tradición del populismo latinoamericano, según Velarde y Rodríguez (1992a). Incluso, el caso peruano podría compararse a otros no contemporáneos como el chileno de inicios de los setenta.

En el cuadro se puede apreciar que estas experiencias comparten, entre otras, las características de un auge inicial del sector productivo que da paso al franco declive, así como de un descenso inicial de la tasa de inflación, seguido por su elevación exponencial, como ocurrió al finalizar el gobierno aprista.

La solidez de los frentes fiscal externo heredada por el Gobierno de Alan García, le permitió gozar a éste de cierto éxito durante los primeros 18 meses de aplicación del programa. Sin embargo, a medida que se agotaron los recursos externos y se deterioraron las cuentas fiscales, los indicadores macroeconómicos se revirtieron, dada la inconsistencia de las políticas implementadas. Así, en septiembre de 1988 la situación económica llegó a un punto crítico al producirse una inflación mensual de 114%, acompañada de una fuerte recesión económica (-8.2%).

1.1. REAJUSTE DE PRECIOS
Frente al advenimiento de la crisis, el Gobierno optó por reajustar sucesivamente los precios controlados, salarios y tipo de cambio, además de modificar la estructura tributaria. Sin embargo, los sucesivos paquetes de medidas no hicieron más que alimentar el clima de incertidumbre y especulación de la economía, tanto por errores de diagnóstico, como por vacilaciones en la implementación de los ajustes.

1.1.1. Hiperinflación
Se pueden identificar varios problemas de orden macroeconómico que debían ser enfrentados por el gobierno entrante. El más importante era la hiperinflación: en julio de 1986, la inflación anualizada era 4 778%, los precios mostraban una gran volatilidad y las tasas mensuales de inflación eran muy fluctuantes. Asimismo, existía una severa distorsión en la estructura de precios relativos, manifestada en un tipo de cambio muy bajo, retrasos en los precios de los servicios públicos y una reducción en los salarios reales.

1.1.2. Desequilibrio fiscal
El desequilibrio fiscal, explicado en gran parte por la reducción de los ingresos fiscales. En el Perú, la estructura del sistema tributario no contenía mecanismos de indexación de la deuda tributaria, por lo que el efecto Olivera-Tanzi explicaba parte de la dramática caída en la recaudación. Además, la existencia de una gran cantidad de impuestos y exoneraciones dificultaron la administración de los mismos. De otro lado, el gobierno incrementó los compromisos de gasto corriente del gobierno, dificultando su posterior reducción. Cabe destacar que la tributación se encontraba concentrada en un número pequeño de contribuyentes.

Es importante señalar que los intentos de frenar la inflación mediante retrasos en el precio de los servicios públicos aumentaron el déficit fiscal. Ante la incapacidad para aumentar la base imponible y falta de voluntad para reducir el gasto público, en un contexto de total restricción para acceder al crédito externo, el gobierno prefirió recurrir al financiamiento interno del BCR para solventar el déficit fiscal.

1.2. ESTRATEGIA DEL GOBIERNO PARA FRENAR LA INFLACIÓN
Una de las estrategias adoptadas por el Gobierno para intentar frenar la inflación fue el retraso en el precio de los servicios públicos. No obstante, esto sólo sirvió para aumentar el déficit fiscal y el cuasifiscal. En un contexto de total restricción para acceder al crédito externo, ante la incapacidad para aumentar la base imponible y la falta de voluntad para reducir el gasto público, el gobierno prefirió recurrir a recursos internos para solventar el déficit.

Según Paredes y Sachs (1991), “… este endeudamiento interno tomó tres formas principales: la expansión del crédito neto del Banco Central de Reserva (BCRP) la más importante de las tres, el retraso en los pagos a los proveedores internos, y la creación de bonos indexados de corto plazo, que el sistema financiero estuvo obligado a comprar…”

De igual modo, como afirman los mismos autores, el uso de la primera fuente expandió fuertemente la base monetaria, exacerbando el problema inflacionario; mientras las dos últimas incrementaron la deuda interna del sector público, postergando el problema.

Adicionalmente, existía la posibilidad de un nuevo colapso en el mercado cambiario. Luego del ajuste aplicado en 1988, las reservas del sistema financiero se habían recuperado significativamente (US$546 millones), pero en julio de 1990 las reservas se encontraban en un nivel cercano a -US$300 millones, resultado de la aplicación de un tipo de cambio preferencial para las importaciones atendidas en el Mercado Único de Cambios. Cabe destacar que la sobrevaluación de la moneda local alentó la fuga de capitales y las actividades especulativas, y perjudicó a la actividad exportadora.

1.3. ESTRUCTURA ARANCELARIA
En el frente comercial, la estructura arancelaria reflejaba una serie de problemas por resolver

De acuerdo a Seminario (1995)
“…los aranceles nominales eran muy elevados, ubicándose en el primer puesto dentro del Grupo Andino (66%). Además, existía un alto grado de dispersión, el 13% de las partidas tenían tarifas inferiores al 10%; mientras el 36% de las mismas tenían tasas mayores al 50%…”

Por último, se mantenía un gran número de prohibiciones y exenciones, siendo los sectores más protegidos el sector de prendas de vestir, bebidas y tabaco, y el sector de productos lácteos, los cuales mantenían una protección efectiva mayor a 180%.

Tal como afirman Paredes y Sachs (1991): “…la política comercial imperante mostró claros sesgos contra la exportación y las actividades agropecuarias. Así, los elevados niveles de protección y la existencia de estructuras de mercado oligopólicas permitieron un alto grado de control sobre la fijación de precios a los productores nacionales en algunos sectores industriales…”

II. SISTEMA FINANCIERO
2.1. SECTOR AFECTADO
Por otro lado, uno de los sectores más afectados durante el quinquenio
85-90 fue el financiero. La intermediación se contrajo drásticamente luego de las políticas iniciales del gobierno que expropiaron los depósitos en moneda extranjera en el sistema financiero, y a medida que el desequilibrio económico existente se profundizaba. Como consecuencia, el coeficiente de intermediación (liquidez total del sistema financiero como porcentaje del PBI) se redujo de 15% en 1980 a cerca del 5% en 1990.

TASA NOMINAL Y EFECTIVA: JULIO 1989
(En porcentajes)

2.1.1. Tensión entre el gobierno y el Sistema financiero
La tensión entre el gobierno y el sistema financiero tuvo como punto de partida la frustrada estatización de la banca. Durante su Mensaje a la Nación del 28 de julio de 1987, el presidente García anunció la estatización de todos los bancos privados, las compañías financieras y de seguros con el fin de “democratizar y descentralizar” el crédito. Este anuncio provocó una polarización de la población y el rechazo por parte del empresariado, temeroso de la extensión que podrían tomar estas expropiaciones . La implementación de esta propuesta de estatización fue finalmente fallida y contribuyó fuertemente a consolidar el ya entonces creciente nivel de desaprobación del gobierno.

2.1.2. Proceso de dolarización
Así, se desarrolló un proceso de dolarización fuera del sistema financiero, producto de la aceleración de la inflación y de la caída del rendimiento real de los activos financieros en moneda nacional; todo ello en un contexto de tasas de interés controladas. Como consecuencia lógica de la contracción de la intermediación financiera, se produjo una disminución de la disponibilidad de recursos para la inversión productiva. Por ello, el crédito de las entidades financieras al sector privado tan sólo alcanzó 5.1% del PBI en 1989.

Con el colapso de los préstamos bancarios, las empresas privadas demandantes de crédito debieron recurrir a la banca informal o “banca paralela”, donde los costos de intermediación eran abismalmente mayores a los de un sistema bancario de funcionamiento normal, incrementándose así los costos financieros de las empresas (Paredes y Sachs, 1991).

2.1.3. Banca de Fomento
Asimismo, la banca de fomento, conformada por los bancos Agrario, Industrial, Minero, Hipotecario y de la Vivienda, se encontró en una situación crítica, enfrentando una marcada descapitalización y una fuerte reducción del crédito real.

De acuerdo a Cáceres y Nagamine (1991) “… esto se explicaba por los problemas para recuperar colocaciones y la escasa captación de recursos; fenómenos derivados del creciente proceso inflacionario y la asignación de créditos a proyectos no rentables…”

Estos problemas se agravaron dado el contexto de represión financiera y de crédito subsidiado.

Así, la política de subsidios financieros a grupos de bajos ingresos, como el sector agrícola, obligó a la banca de fomento a absorber como pérdida el diferencial de intereses, agudizando más aún la crisis existente.

Por último, la suspensión del pago del servicio de la deuda externa a mediados de los ochenta, trajo consigo una notable acumulación de atrasos en el pago a los principales acreedores oficiales y privados. Así, a principios de los noventa, el Perú enfrentó una de las mayores crisis de deuda de su historia.

Según Paredes y Sachs (1991) “… la deuda externa peruana creció en el período 1985-1989 a una tasa promedio anual de 6.8%, producto de la capitalización de los atrasos, mas no de nuevos préstamos. En similar período, la deuda de toda América Latina aumentó a una tasa menor (2%)…”

2.2. DEUDA EXTERNA
Es importante señalar que la deuda externa era básicamente un problema fiscal, dado que el sector público detentaba el 85% de la deuda total. En 1989, los intereses sobre la deuda pública externa (incluyendo obligaciones del Banco Central) equivalían a alrededor del 8% del PBI, cifra superior al total de ingresos tributarios (5.2% del PBI en 1989) y al gasto total del gobierno (sin considerar gasto en intereses).

Asimismo, la banca de fomento se encontraba en una situación crítica.

De acuerdo a Cáceres & Nagamine (1991): “…los problemas para recuperar colocaciones y la escasa captación de recursos explicaban la reducción del crédito real y su descapitalización.

Estos fenómenos se derivaban del creciente proceso inflacionario y la asignación de créditos a proyectos no rentables, en un contexto de represión financiera y crédito subsidiado. La política de subsidios financieros a grupos de bajos ingresos, como el sector agrícola, obligaba a la banca de fomento a absorber como pérdida el diferencial de intereses.

Por último, el Perú enfrentaba el problema de la deuda externa, ocasionado en gran parte por la suspensión del pago del servicio de la deuda a mediados de los ochenta, que trajo consigo una notable acumulación de atrasos en el pago a los principales acreedores tanto oficiales como privados.

Según Paredes & Sachs (1991): “… la deuda externa peruana creció en el período 1985- 1989 a una tasa promedio anual de 6.8% por la capitalización de los atrasos y no por nuevos préstamos… “

En similar periodo la deuda de toda América Latina aumentaba a una tasa menor (2%). Es importante señalar que la deuda externa contraída por el sector público era equivalente al 85% de la deuda total por lo que el servicio de la misma era un problema fiscal. Si consideramos que en 1989 los intereses sobre la deuda pública externa (incluyendo obligaciones del Banco Central) equivalían alrededor de 8% del PBI, cifra superior al total de ingresos tributarios (5.2% del PBI en 1989) y al gasto total del gobierno (sin considerar gasto en intereses)

III. SITUACIÓN SOCIAL
En 1987, según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística (INEI), la población total en el Perú ascendía a 21,550 miles de habitantes, siendo el 70% habitantes urbanos, la mayoría ubicados en Lima (41%). La crisis económica anteriormente descrita, afectó en mayor medida a la población pobre (43%) que no tenían posibilidades de conseguir empleo. Los servicios públicos provistos por el Estado en materia de educación y salud se encontraban deteriorados, y sus ingresos se reducían en términos reales por efecto de la inflación.

Una de las principales consecuencias de la crisis económica se evidencia en el nivel de empleo. En los dos primeros años de gobierno de Alan García, el porcentaje de desempleados en Lima Metropolitana disminuye, debido a la expansión de la actividad económica y a la creación de programas (como el PAIT y PROEM) destinados a proporcionar empleo temporal a sectores marginales.

Sin embargo, a partir de 1988, a raíz del agotamiento del modelo heterodoxo, la expansión económica se revierte por lo que el empleo muestra una tendencia negativa. En efecto, en 1989 el porcentaje de desempleados y subempleados en Lima Metropolitana bordea el 80% mientras que la participación de la población adecuadamente empleada se reduce a 18.6% y 5.3% en 1989 y 1990 respectivamente.

En segundo lugar, existe un efecto sobre los niveles de ingreso. A partir de 1987, se aprecia una reducción significativa en el nivel de ingreso tanto en el sector privado como público, sin embargo la situación más dramática se refleja en el ingreso mínimo legal mensual (percibido por casi un tercio de la población económicamente activa) que se encontraba en US$16 en 1989.

Adicionalmente, es importante señalar, que el mayor impacto de la hiperinflación sobre los niveles de ingreso se debía al desfase entre el pago por remuneraciones y el incremento de los precios.

De acuerdo a UNICEF (1991), “…en 1989 la demora en el pago de sueldos y salarios significó un impuesto del 17.4% sobre los ingresos de la población que percibía el ingreso mínimo vital…”
Así, los crecientes desequilibrios macroeconómicos, descenso de los ingresos familiares y bajos niveles de empleo, generaron una fuerte reducción en los niveles de bienestar de la población.

En julio de 1989, aumentó el número de hogares que se encontraba por debajo de la línea de pobreza (44.3%) y empeoró la situación dentro del segmento de los pobres: el 19.6% de hogares se encontraban en situación de pobreza crónica y el 30.3% de hogares padecían al menos una carencia crítica. En 1985 estas cifras eran 5.0% y al 20.2%, respectivamente

IV. CONDICIONES POLÍTICAS
Luego de la frustrada estatización de la banca en 1987 y la experiencia hiperinflacionaria, el sector empresarial y el público en general estaban en contra de las políticas del gobierno del Presidente Alan García. Además, a partir de la segunda mitad del período, el gobierno puso en evidencia su incapacidad y falta de control, en medio de acusaciones de corrupción financiera y expansión del narcotráfico, así como debido al incremento en las operaciones terroristas en el país.

Por otro lado, los sucesivos shocks de precios (“paquetazos”) a lo largo del período fueron minando el poder de las organizaciones sindicales, y dada la expansión del subempleo y el desempleo, también debilitaron otras organizaciones laborales. Al mismo tiempo los partidos políticos tradicionales perdían representatividad y daban muestras de luchas internas lo cual demostraba que eran inadecuados para enfrentar la situación.
V. POLÍTICA FISCAL Y TRIBUTARIA
Como se mencionó anteriormente, el financiamiento del déficit fiscal y de las operaciones de la banca de fomento por parte del Banco Central de Reserva (BCR), se encontraban en la base del proceso hiperinflacionario y por ello las primeras medidas de corrección fiscal fueron anunciadas el 8 de agosto de 1990. Por el lado de los gastos se eliminaron todos los subsidios a los alimentos y se congelaron las remuneraciones al sector público. Asimismo, se creó un Comité de Caja Fiscal, encargado de programar la ejecución de gastos dependiendo de un estricto control de caja de acuerdo a la disponibilidad mensual de recursos tributarios evitando el financiamiento del déficit fiscal mediante emisión primaria del BCR.

Por el lado de los ingresos se crearon una serie de impuestos como el impuesto a las exportaciones, contribuciones de emergencia, se eliminaron una serie de exoneraciones tributarias y aumentaron las tarifas de los bienes y servicios públicos. Por ejemplo, el precio de la gasolina aumentó en 3,000%. Cabe destacar, que el ajuste se centró en impuestos indirectos gracias a la facilidad y rapidez de su recaudación.

CONCLUSIONES

 El Perú a lo largo de su historia tuvo periodos muy cambiantes en su economía, tal y como presentamos el análisis de la hiperinflación en los años 80 con Alan García hasta la inflación de 5.6 % que registra actualmente la economía peruana.
 Alan García ha pasado a la historia como el peor presidente que ha tenido el Perú. Los grandes desastres que ocasionó al país no tienen precedentes; su gobierno llevó la economía peruana a la quiebra, empobreció a la población, permitió el deterioro de la infraestructura nacional, estatizó importantes áreas de la propiedad privada, aisló al Perú del mundo, permitió el avance del terrorismo, permitió el avance de la corrupción, concentró el poder político, destruyó la administración de justicia y afectó seriamente el estado de derecho, propició una crisis moral y de valores.
 En la década de los ochenta, la economía padeció de hiperinflación, mientras declinaba el rendimiento per cápita, y se incrementaba la deuda externa. A mediado de los 80s, Perú estaba marginado del apoyo del FMI y del Banco Mundial, debido a sus grandes atrasos en la deuda.
o Se incrementó la gasolina en 30 %; el servicio postal y telefónico 20 %; agua potable y alcantarillado 10 %.
o Se devalúa el Sol en 12 %; el dólar MUC (moneda única de cambio), se fija en 13.95 intis y el dólar financiero en 17.5 intis por dólar norteamericano. Después de año y medio del gobierno aprista, los desequilibrios macroeconómicos se hacían insostenibles.
o El aprismo aplica la política de precios con 4 categorías: los controlados propiamente dichos, los de régimen especial, los regulados y los supervisados.
o Ese gobierno siempre recurrió a los recursos del Estado para impulsar un funcionamiento privado a corto plazo compatible con una baja inflación aparente. Después de 2 años de experimento de una política económica improvisada, el gobierno aprista de Alan García fue autodestruyéndose. Las empresas no invirtieron en el país y sólo se limitaron a aumentar la producción y los precios.
o A partir del tercer año de ese gobierno o desgobierno vinieron las reacciones de la población frente a los ajustes de los llamados “paquetazos”, seguido de las colas que tenían que hacer todos para conseguir una cierta cantidad de productos de primera necesidad como son leche, pan, arroz, azúcar.
o A todo eso se sumó la especulación por parte de los comerciantes para proteger su capital.
o Desde Mayo de 1988 que comenzaron los “paquetazos”, los ajustes en la economía nacional se fueron incrementando.
o El tipo de cambio subió en 227 % para gran parte de las partidas de importación y se subieron aun más los precios públicos.
o A nivel político se observaba una situación crítica y compleja por efecto de las drásticas medidas, la reducción de los ingresos, la estatización de la banca, el incremento de la burocracia.
o Los economistas señalaron que se estaba a las puertas de un manejo hiperinflacionario de la economía peruana.
o Los efectos de la desastrosa política aprista se mostró no sólo con las colas interminables para conseguir los productos alimenticios, sino que se produjeron huelgas, desabastecimiento, violencia, especulación.

GLOSARIO

• Activos financieros: Activos que generan rendimientos financieros.
• Arancel: Tarifa de impuesto que grava la importación o exportación de bienes y servicios
• Bono: Obligación financiera que estipula el pago periódico de un interés y la amortización del principal, generalmente con vencimiento a más de un año plazo.
• Déficit fiscal: Saldo negativo de la diferencia entre los ingresos y los gastos del gobierno.
• Deuda externa: Obligaciones de pago del gobierna denominadas en moneda externa.
• Divisa: Moneda extranjera.
• Emisión: Títulos valores de una empresa con iguales características. También se refiere al lanzamiento al mercado de un conjunto de títulos valores.
• Emisión pública: Emisión de títulos ofrecida a todos los inversionistas a través de una bolsa de valores.
• Exención: Bonificación fiscal a favor de la realización de una determinada transacción o de una situación financiera definida.
• Inflación: Aumento sostenido y generalizado de los índices de precios.
• Interés: Es el precio pagado por el uso de un dinero prestado.
• Liquidez: Estado de la posición de efectivo de una empresa y capacidad de cumplir con sus obligaciones de corto plazo.
• Patrimonio: propiedad real de una empresa o individuo, definida como la suma de todos los activos, menos, la suma de todos los pasivos.
• Producto Interno Bruto: Valor de los bienes y servicios producidos dentro de una economía durante un período específico.
• Quiebra: Situación en la que un individuo o empresa no está en capacidad de cumplir con las obligaciones financieras normales.
• Recesión: Situación en la que la tasa de crecimiento real de la producción de una economía es negativa.
• Redención: Terminación anticipada de un acuerdo. Posibilidad o opción de recompra de un título valor a un plazo determinado.
• Tasa de inflación: Tasa porcentual a la que crece el nivel de precios en una economía durante un período específico.
• Tasa de interés nominal: Tasa o porcentaje de rendimiento sobre la calcula el monto de interés bruto de una obligación.
• Tasa de interés real: Tasa que expresa una corriente de ingresos según su valor real, es decir, corrigiendo el efecto inflacionario.
• Valor nominal: Valor de un activo o título que aparece en el correspondiente documento.
• Valor presente: Valor actual del dinero cuyo monto se considera equivalente a un ingreso o egreso futuro de dinero.

BIBLIOGRAFIA

• Álvarez. A. (1992) Situación y Perspectivas de la Privatización en el Perú. En: Proceso de Privatización en el Perú. Foro Económico No 5. Lima.
• Apoyo (1990) Radiografía de un Desastre. El País que nos deja Alan García. En: Perú Económico. Vol 13. No 8. Lima
• Calderón, C., Ferreyra, J. & Illescas, J. (1995) Tipo de Cambio real de Equilibrio en el Perú.
• Banco Central de Reserva. Mimeo. Lima
• Banco Central de Reserva. Memoria Anual. Varios años. Lima.
• Boloña, C. & Illescas, J. (1997) Políticas Arancelarias en el Perú 1980-1997. Instituto de Economía de Libre Mercado – Universidad San Ignacio de Loyola. Lima
• Ramírez, E. (1992) ¿Heterodoxia o Populismo? : La Política Económica en el Perú bajo el Gobierno de Alan García: 1985-1990. En: Moneda. Banco Central de Reserva del Perú. Año V. No 52 y 53.

 

ANEXOS

Sector                                               Primer paquete de medidas

                                                             (agosto – setiembre 1985)

Segundo paquete de medidas

(octubre 1985)

Fiscal •       Reducción de tasas del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) que afectan los combustibles y derivados. •       Se exonera del impuesto a la renta a las actividades agropecuarias, silvicultura y productos agroindustriales; también se les exonera del impuesto al patrimonio.
Monetario y

Crediticio

•       Reducción de las tasas de interés activas y pasivas Los ingresos percibidos por los bancos por motivo de préstamos de dinero quedan exceptuados del ISC

•       Se suspende la redención y pago de los Certificados Bancarios en Moneda Extranjera (CBME) por 90 días

•       Se establecen dos mercados de moneda extranjera: el financiero y el Mercado Único de Cambios (MUC)

•       Se dispone que el Banco Central de Reserva centralice la información en las operaciones en el mercado financiero de moneda extranjera

•       Se reducen las tasas de interés de fomento al agro.

•       Se prorroga la suspensión del pago de los CBME y el retiro de depósitos de moneda extranjera hasta el 30 de abril de 1986

•       Se establecen los distritos financieros para la descentralización y democratización del crédito

•       Se autoriza al Banco Agrario a otorgar créditos a comunidades campesinas.

Comercial y

deuda exter- Sector

•       Se devalúa el dólar en 12%, el dólar MUC se fija en 13.95 y el financiero en 17.5 intis/dólar, y se congelan hasta diciembre de 1985

•       Se devalúa diferencialmente para los exportadores: tradicionales

•       (5% al valor de libre disponibilidad y el 95% al MUC) y no tradicionales (20% al valor de libre disponibilidad y 80% al MUC)  Facilitan entrega de CERTEX para las modalidades de comercio exterior

•       Amplían la lista de productos que requieren licencia previa de importación

•       Limitan el pago de deuda al 10% de las importaciones

•       Primer rol/ over, hasta enero de 1986, de la deuda a julio de 1985

•       Dan potestad al Ejecutivo para legislar sobre deuda externa hasta julio de 1986.

•       Se establece que los exportadores tradicionales recibirán: 3% en CLD 95% al MUC, y los no tradicionales: 20% en CLD y 80% al MUC; antes recibían el 100% en MUC

•       Se incrementa la lista de importaciones prohibidas (217 partidas arancelarias)

•       Se exonera del pago de aranceles, sobretasas e IGV a las importaciones agrícolas

•       Se liberan las importaciones de bienes e insumos agrícolas

•       Se autoriza al Poder Ejecutivo a legislar sobre deuda externa hasta el 31 de diciembre de 1985.

 
Precios •       Incremento del precio de la gasolina en 30% y congelamiento hasta diciembre de 1985

•        Aumento y congelamiento, hasta diciembre de 1985, de los precios de un gran número de bienes y servicios (arroz, leche, maíz, alquileres, etc.)

•        Incremento de las tarifas de servicio postal, telefónicas, eléctricas y de agua potable y alcantarillado

•        Incremento de los precios de garantía para los productores agrarios según el costo de producción

•       Disminución de las tarifas eléctricas para la agricultura en 20%.

•       Se constituye la Comisión Interministerial de Precios y   Abastecimientos para el control de los precios de los bienes y servicios.
Laboral •       Aumento general de sueldos de 15% al sector público y 22% al magisterio Aumento del sueldo mínimo vital a 135 y del ingreso mínimo a 540 intis mensuales

•       Creación del programa de apoyo al ingreso temporal (PAIT).

 
Fuente: Velarde y Rodríguez (1992a).