PRIMAVERAS DEMOCRÁTICAS
1. NUEVAS FUERZAS SOCIALES EN LA ESCENA: EL REFORMISMO DEMOCRÁTICO
Desde fines de la dictadura de Odría, puede apreciarse en la escena política el fortalecimiento de nuevas fuerzas sociales que confluyen gradualmente en opciones antioligárquicas y que se expresan en los partidos reformistas que aparecen desde 1956.
El contenido de estas posiciones reformistas está marcado por la demanda d e libertades democráticas que permitan la apertura de un espacio político donde expresar las demandas de los grupos sociales que representa. Esta demanda se opone al carácter cerrado que ha tenido el régimen político del estado oligárquico. Los intereses que se expresan en el reformismo democrático son, sin embargo mas complejos y tienen su origen en los cambios estructurales producidos: el fortalecimiento del polo urbano industrial de la economía, la quiebra del orden rural tradicional; el crecimiento de las ciudades. La expansión de los servicio del Estado ha acelerado este proceso y difícilmente puede detenerse por la presión que parte de los sectores urbanos.
En efecto, es en primer término el mundo de lo urbano el que adquiere mayor peso y con su demanda, acentúa el crecimiento de actividades tales como la construcción, la industria manufacturera y el comercio grande (subempleo) para los grandes sectores inmigrantes. La demanda de servicios en estos sectores se contrapone con la política de austeridad fiscal que la oligarquía propugna. Su situación de extrema miseria, puesta a la luz pública por ubicarse en la capital y las grandes ciudades, impulsa una mayor toma de conciencia de los sectores medios que a su vez comenzarán a jugar un rol político más decisivo.
La expansión de los sectores medios gira en torno al crecimiento del Estado y de la empleocracia industrial y comercial. Se incentiva con la expansión de la educación como una manera de canalizar la presión de estos grupos sociales: el “desarrollo económico” que ya en la época es un valor que se impone, se identifica con mayores niveles de educación, aunque ello resulte siendo una falacia si no se cambian las relaciones de poder. El crecimiento de la educación secundaria es explosivo: en la década de 1950 la educación secundaria crece en 270%, pasando de 72,526 alumnos en 1950 a 198.259 en 1960. En la década de 1960 este crecimiento explosivo se traslada a la Universidad, aunque ésta no pueda recibir a toda la población que egresa de secundaria. El crecimiento de los egresantes (postulantes potenciales) es de un 320%.
La población universitaria pasa de 15,919 alumnos en: 1950 a 30,983 alumnos en 1960 y a 92,402 en 1969. El número de universidades que en 1960 era de 9, pasa en 1970 a 34.
Los grupos medios-profesionales e empleocracia encontrarán también en la oligarquía un serio límite para sus aspiraciones. Como grupo cerrado que mira hacia fuera y resulta impermeable a los cambios, no incentiva ni el empleo, ni la ampliación de las oportunidades de ascenso social que estos sectores reclaman. Las periódicas devaluaciones y las medidas que privilegian la tradicional economía de exportación impactan de inmediato en restricciones para los sectores medios. Durante el gobierno de Odría este descontento llega a expresarse incluso en la Fuerza Armada. La percepción de sus propios intereses como algo contrapuesto a la oligarquía, se presentará tanto en profesionales y tecnócratas que gradualmente asumen posiciones desarrollistas y se ligan a la burguesía industrial y al capital extranjero en el indispensable rol de ejecutivos, asesores jurídicos e intermediarios como en sectores medios que se radicalizan desde la Universidad y asumen las banderas del movimiento popular, especialmente en lo que se refiere a la reforma agraria y a las demandas de las organizaciones sindicales. La variedad de posiciones reformists y revolucionarias que se presentan en la década del 60, parte de esta generalización de posiciones antioligárquicas.
A su vez, el movimiento campesino se va convirtiendo en una fuerza social, que agrede al sistema político en su conjunto, luchando por la tierra y explicitando su posición antigamonal en toda la sierra. Su efecto no se expresa a través de representantes directos en el sistema político, pero su impacto en los sectores medios e incluso en los grupos urbano-industriales se expresará en los partidos reformistas, que asumen la reforma agraria como bandera principal. Sea por temor a la movilización campesina o por identificación parcial o total con sus iniciales demandas, el hecho es que la reforma agraria es asumida como preocupación central por otras fuerzas sociales.
La emergencia política de los sectores medios y del movimiento campesino, se produce con parciales pero significativos apoyos de la burguesía urbano-industrial. Esta se beneficia de la expansión urbana, de la política de obras públicas, de la lenta pero significativa ampliación del mercado interno urbano. Cada incentivo es arrancado de la oligarquía con esfuerzo, pero gradualmente su importancia y su capacidad de articular directamente con el capital extranjero le dará una mayor capacidad de negociación en el bloque en el poder. No puede hablarse en la década del 50, de una decidida opción antioligárquica de la burguesía industrial. Esta no es una unidad y como conjunto parece preferir un doble juego: a la vez que incentiva y apoya partidos y posiciones reformistas, concilia con la oligarquía que pragmáticamente sirvan a sus intereses más inmediatos. De esta forma la burguesía industrial incentiva el reformismo democrático a partir de la diferenciación de intereses con la oligarquía, pero en cada coyuntura juega un rol mediatizador, que en el nivel político expresa en forma poco clara sus intereses. Su origen ligado a la diversificación de parte de la oligarquía, su necesidad operativa inmediata de funcionar ligada a ésta que le controla el crédito, los incentivos estatales, etc., la dificultad de no contar con un sistema político estable lo que la oligarquía siempre aprovechó mejor hace entre otros factores que la burguesía industrial crezca a partir de un doble juego en las décadas del 50 y 60: incentivando el reformismo y a la vez pactado con la oligarquía. En traponen a pesar de las medidas que logra arrancar a la fracción hegemónica: la ampliación del mercado interno supone y requiere cambios tanto en el agro, como en la estructura de ingresos, la promoción de una política efectivamente industrialista se contradice con los intereses agroexportadores, que reclaman políticas liberales del Estado, no incentivan la protección industrial, obtienen devaluaciones y se oponen a todo intento racionalizador de la economía en vistas por ejemplo a una planificación indicativa.
La presencia de estos grupos sociales en la escena política no tendrá ya al APRA como principal agente político. En su evolución hacia posiciones más conservadores, el APRA pacta directamente con la oligarquica hasta convertirse en su aliado político más poderoso. Se requieren así nuevos representantes políticos par las posiciones reformistas. La insurgencia de Acción Popular en 1956 con el liderazgo de Belaúnde se presentará como nueva opción reformista. La aparición de la Democracia Cristiana y del Movimiento Social Progresista será también expresión de nuevas opciones que buscan representar el reformismo y captar las fuerzas sociales antioligárquicas.
2. LA COYUNTURA ELECTORAL DE 1956 Y EL GOBIERNO DE PRADO
Las elecciones de 1956 tendrán en este panorama un triple significado: la oligarquía se presenta dividida; las nuevas fuerzas sociales se expresan en la candidatura de Belaúnde y en algunas candidaturas parlamentarias regionales (DC); la victoria de Prado con apoyo aprista, mantiene a la oligarquía en el poder, pero fuertemente cuestionada. EL APRA incorpora en apoyo de la oligarquía a los sectores que articula en la antigua clase media principalmente provinciana en los campesinos del norte y en algunos sectores obreros.
En efecto, la oligarquía divide su apoyo entre Prado y Lavalle. El primero es representante directo de la fracción financiera y logra un parcial apoyo de sectores industriales. El segundo recibe más bien apoyo de los terratenientes tradicionales, identificándose en el plano político con los seguidores de Odría, los agro-exportadores, hegemónicos pero cuestionados, dividen su apoyo entre uno y otro. Fernando Belaúnde representa a las nuevas fuerzas sociales, con apoyo de los sectores medios y el significado aporte de industriales reformistas y otros grupos moderno de la construcción y los servicios.
El gobierno de Prado está marcado tanto por la pugna interna de la oligarquía, al principio, como por la lucha principal con las nuevas fuerzas sociales. En esta última jugará un rol muy importante el movimiento campesino, cuyas luchas se traslucen en los diarios y debates parlamentarios, impactando en los partidos reformistas y poniendo sobre el tapete el problema de la reforma agraria.
Prado cuenta con mayoría en el Parlamento, pero tanto Acción Popular como la Democracia Cristiana forman un activo bloque opositor que afectará al gobierno y pondrá en debate temas de impacto como el de la Internacional Petroleum Comapny, la reforma agraria y la crítica a la política económica trazada por Pedro Beltrán. El gobierno enfrenta una difícil situación económica que hace disminuir el ritmo de las obras públicas y de la inversión extranjera. El gabinete Beltrán nombrado en Julio de 1959, vuelve a aplicar la política económica favorable a los agro-exportadores, devaluando la moneda y tomando las conocidas medidas liberales, que para recuperar el equilibrio reducen el gasto público, aumentan el desempleo y cargan en los sectores medios y las clases populares los costos del “equilibrio”.
Cumpliendo bien el tradicional rol de “bisagra”, Prado procura incorporar mejor a los industriales al bloque en el poder. Les brinda una ley de promoción industrial, que impulsa la industria manufacturera aliada al capital extranjero, aunque en este intento de conciliar intereses no se logra la efectiva política de industrialización reclamaba por esta fracción. Sigue siendo esta un grupo subordinado de la burguesía, que continúa su diversificación de intereses respecto de las fracciones oligárquicas. No puede decirse sin embargo, que en este régimen, típico de compromiso encabezado por su hábil negociador se dé una ruptura entre oligarquía y burguesía industrial.
La importancia del movimiento campesino, en especial la movilización de Hugo Blanco en la Convención y Lares ha de impactar a tal punto que el propio régimen oligárquico, con Pedro Beltrán a la cabeza, forma una Comisión de Reforma Agraria y Vivienda, cuyo informe con una propuesta de reforma agraria marginal y conservadora es archivado por el Congreso por afectar parcialmente los intereses oligárquicos mas tradicionales (gamonales).
Pero el efecto más decisivo se dará en las nuevas fuerzas sociales y políticas, que irán asumiendo como prioridad el planteo de reforma agraria. Incluso los sectores modernos industriales comprenderán que la tensión generada en la sierra amenaza sus intereses de capitalistas modernos.
La dinamización del movimiento campesino y del movimiento obrero a partir de un régimen que amplía las libertades democráticas y el impacto de la Revolución Cubana, generarán al final del gobierno de Prado nuevas fuerzas de izquierda, algunas muy ligadas al movimiento estudiantil. Comienza un proceso de sindicalización que siendo parte de un todo antioligárquico, se distanciará gradualmente del reformismo.
3. COYUNTURA ELECTORAL DE 1962
La coyuntura electoral de 1962 muestra la crisis del estado oligárquico, que se altera con la intervención militar. La insurgencia de nuevas fuerzas sociales (burguesía industrial, pequeña burquesía reformista) y la movilización sindical y popular de amplios sectores, hacen de las elecciones de 1962 un momento crítico.
EL APRA lanza candidatura de Haya de la Torre, con apoyo de las fracciones financieras de la oligarquía, y de parte de los agro-exportadores. Gana por pequeño margen, sin lograr la mayoría necesaria para asumir la Presidencia de la República.
El ex-dictador Odría reaparece en la escena política con un planteamiento populista de “obras públicas”, que impactó en barrios marginales y le dio dividendos. Apoyado por la fracción terrateniente tradicional (gamonales) y parte de los agro-exportadores, el General les ofrecía las condiciones para garantizar su hegemonía y marginar a los intrusos de la escena. El reformismo sale al frente con Belaúnde (de Acción Popular), mientras que la Democracia Cristiana y el Movimiento Social Progresista se lanzan por su cuenta obteniendo un rotundo fracaso. En un lapso de 6 años, el reformismo ha tomado cuerpo a partir de la acción de la pequeña burguesía, del acercamiento a sectores populares descontentos del pacto aprista y de la incorporación de sectores universitarios y capas burocráticas emergentes. La radicalización de estos sectores ha ido en aumento, especialmente en asuntos como la reforma agraria (habiéndose denunciado en la Cámara las condiciones de vida en la sierra), reforzándose las posiciones nacionalistas con el debate sobre la IPC. La imprecisión y tenue reformismo de sus planteamientos económicos los hace atractivos para la ascendencia burguesía industrial, que brinda su apoyo desde el primer momento a la candidatura de Belaúnde.
Grupos de izquierda, ligados al partido comunista, estarán presentes en la escena pero con poco impacto en ella. El Frente de Liberación Nacional será el más activo grupo de este sector, levantando la bandera de la nacionalización del petróleo.
Las elecciones del 62 dividen al escaso electorado en tres partes casi iguales, con una ligera ventaja de Haya. La oligarquía se ha presentado dividida: apoya a candidatos distintos sin unirse ante la insurgencia de nuevas fuerzas sociales, que se expresa en el Reformismo con apoyo parcial de los modernos industriales. Se expresa así en la escena la crisis de hegemonía del bloque en el poder que lleva a la primera intervención militar institucional y antioligárquica.
Los resultados electorales obligaban a una elección presidencial en el Congreso, para lo cual los representantes debían elegir entre los tres candidatos que habían logrado mayor votación (Haya, Odría, Belaúnde). Ello forzaba las alianzas y de hecho la oligarquía propició y obtuvo el pacto entre Haya y Odría (que consagraría a este último como Presidente de la República) articulando nuevamente a las fracciones agro-exportadora, financiera y gamonal de la clase dominante.
4. EL GOLPE INSTITUCIONAL DE 1962
La Fuerza Armada se opuso a este pacto. Obviamente en su decisión intervino un fuerte rezago de antiaprismo, pero no fue éste el factor principal del golpe. El antiaprismo de la Fuerza Armada no permitirá que Haya fuera Presidente pero sí podía aceptar otro período en que el APRA estuviera en el poder, compartiéndolo con Odría, General retirado y viejo garante del pacto oligárquico-militar contra el APRA (1948).
El golpe militar tuvo una motivación reformista, expresando el cambio de mentalidad del Ejército y su apoyo a los modernos industriales y a los sectores medios. En los militares habían impactado fuertemente la discusión sobre el petróleo y la demanda de la reforma agraria. Por su función comprendían los peligros de la movilización campesina en la sierra y la necesidad de introducir cambios.
El golpe institucional del 18 de julio de 1962 interrumpe nuevamente el régimen democrático formal instalado a partir de 1956. Pero a diferencia de las intervenciones militares anteriores, su resultante no favorece a la oligarquía. Esta había opatado ya en la coyuntura electoral de 1962 por la alianza del APRA con Odría, anunciada poco antes del golpe por el propio General Odría. Surge así un gobierno transitorio que marca el inicio de la ruptura de la tradicional alianza oligárquico-militar aunque ella no se exprese en toda la política de la Junta.
En lo esencial, la Junta Militar de Gobierno opta por apoyar las posiciones reformistas antioligárquicas, definiendo su misión como transitoria y poniendo su principal interés en la organización del proceso electoral de 1962. Poco trascendió la pugna interna, pero el desplazamiento del General Pérez Godoy a principios de 1963 y la hegemonía del General Lindley Comandante General del Ejército, se interpretó como un triunfo de las posiciones belaundistas. El general Pérez Godoy era hombre vinculado a Odría y pareciera que buscó alternativamente prolongarse en el poder o brindar apoyo al Odriísmo.
La actuación de la Junta Militar de Gobierno se produce en medio de una importante movilización campesina en la Convención y Lares, encabezada por Hugo Blanco. El gobierno de Prado no pudo ni contenerla, ni parar sus efectos en la escena política. Ante ella, la Junta dictó la Ley de Bases de la Reforma Agraria y con una ley particular complementaria la aplicó en la Convención y Lares, armando un operativo que hacia intervenir directamente a oficiales del Ejército en su ejecución. Entre ellos destacarán oficiales que como el entonces Comandante Gallegos, jugarán roles importantes en el período posterior a 1968. Es la primera Ley de Reforma Agraria y la primera aplicación efectiva, adoptando un carácter de respuesta a la movilización campesina.
No es la única respuesta de la Junta Militar de Gobierno al movimiento popular. Las hay también de forma tradicional. La redada de dirigentes y luchadores sociales de izquierda, realizada en enero de 1963 casi no tiene parangón en el período anterior cubrió toda la izquierda de su época. Se especuló sobre esta medida señalándola como última maniobra del Presidente Pérez Godoy para aglutinando a los militares contra el comunismo como enemigo común, lograr su permanencia en la Presidencia. En todo caso el efectos no fue duradero.
5. LA COYUNTURA ELECTORAL DE 1963 Y EL GOBIERNO DE BELAUNDE. EMPATE HEGEMONICO EN EL PODER
La coyuntura electoral de 1963 repite básicamente la constante política del año anterior, pero con un intermedio de doce meses que hace madurar las alianzas que se perfilaron entonces. En las elecciones el APRA vuelve a lanzar a su líder Máximo Haya de la Torre y el General Odría repite su candidatura, procurando ambos no explicitar el pacto que a última hora frustraron los militares del 62. Acción Popular y la Democracia Cristiana forman la alianza AP-DC para sumando fuerzas, incrementar los votos de Belaúnde. Este gana por estrecho margen la Presidencia de la República, pero no logra mayoría en el Parlamento. La inmediata formación de la Coalición APRA UNO, que sumando sus representantes logra mayoría en ambas cámaras, anuncia un período de álgida lucha política que reproducirá la pugna Parlamento-Ejecutivo que se produjo en 1945-1948.
La Fuerza Armada deja el poder tal como lo ofreció en 1962 y vuelve prestigiada a sus cuarteles, con la imagen resultante de un poder arbitral. En ella son evidentes entonces las simpatías por el nuevo gobierno reformista. Belaúnde no sabrá aprovechar esta fuente de poder y en el nuevo gobierno, tanto la Alianza como la Coalición, pugnarán por obtener la simpatía militar en términos tradicionales de prebendas, discursos y declaraciones. Ello será visible cuando aparecen las guerrillas en 1965 y el Ejércitos tiene éxito en eliminarlas garantizando con ello tranquilidad a la burguesía en su conjunto.
El gobierno de Belaúnde se inaugura en medio de gran expectativa y entusiasmo. Las ofertas políticas de la Alianza AP-DC son vagas e imprecisas, pero su sola mención y la presencia de hombres nuevos en el gobierno alientan la esperanza en sectores medios y populares. También la moderna burguesía urbano-industrial alienta la esperanza de reforzar su poder económico con el poder político recibido por los partidos reformistas, para así poder imponer su hegemonía sobre las fracciones oligárquicas y lograr una política económica que propicie la industrialización, favorezca la expansión de su base productiva y la penetración del capital extranjero en la industria. No sólo estos grupos sociales, sino también los sectores medios reformistas, esperan del capital extranjero algo así como la varita mágica que les permitirá el desarrollo sin mayor esfuerzo nacional. La ideología capitalista se presenta entonces muy clara en sus versiones tecnocráticas que se aceptan como válidas sin mayor análisis.
El triunfalismo expresado por las posiciones reformistas se estrellará sin embargo con la impermeabilidad política de una oligarquía que ya en decadencia no acepta “que algo cambie para que todo quede como está”. Los avances del movimiento popular van a impactar a la vez en una radicalización de los sectores medios y en una defensiva reacción de los terratenientes, tanto agro-exportadores como gamonales. Estos últimos serán uno de los mayores lastres de la oligarquía: agredidos en su base material por el movimiento campesino, van a exigir la represión como única respuesta. Los planteamientos de reforma agraria son inaceptables para ellos, incluso las propuestas más conservadores, pues suponen agredir al latifundio tradicional, sus relaciones del poder gamonal. En las guerrillas de 1965 encuentran pretexto para lograr sus objetivos de represión masiva.
6. LA OPCIÓN OLIGÁRQUICA
La oligarquía se hace así más rígida. Tiene poder económico importante en el a gro y en la Banca. Puede aliarse con sectores conexos tradicionales del comercio y algunas industrias; encuentra en el APRA un aliado importante para controlar el poder político directo, reemplazando su tradicional alianza con los militares que ahora, por la evolución política e institucional de éstos, se hace más difícil. EL APRA ofrece liderazgo y capacidad de articular sectores medios antiguos y de provincias, gran parte de los trabajadores rurales del Norte, y parte importante del movimiento obrero. A pesar el viraje de sus dirigentes, el APRA es el único partido de cuadros, con organización firme que cubre casi todo el país. Los seis años de la Convivencia con Prado le han dado recursos y poder que se expresa en votos. En ese período contaron con influencia decisiva en los Ministerios de Trabajo y Educación para fortalecer su presencia en obreros y maestros. Lograron recursos para obras regionales que prestigiaron a sus parlamentarios y pudieron así tener en las elecciones de 1962 y 1963 un caudal de votos de casi un tercio del electorado que les dio efectivo poder en el Parlamento.
El odriísmo, carta muy estimada por la oligarquía, había logrado impactar en la población que rodeaba Lima y al articulara a las fracciones más tradicionales de la oligarquía (gamonales) se benefició también con electores en algunas regiones deprimidas controladas por caciques locales. Ello era el complemento necesario para una alianza con el APRA, pues le exigía mucho menos a la oligarquía dado que como tal su clientela política sólo se satisfacía con obras públicas.
Se constituyó así la opción oligárquica en la escena política con fuerzas sociales lo suficientemente poderosas como para doblegar a su enemigo inmediato en la coyuntura: el bloque reformista.
Esta opción oligárquica representa a las tres fracciones tradicionalmente conocidas como la “oligárquica” enlazadas con minoritarios sectores industriales e inmobiliarios y en alianza con el APRA que le aporta la articulación parcial de trabajadores rurales del Norte, de parte del movimiento obrero y de una pequeña burguesía provinciana y antigua políticamente. El odriísmo es representante político directo y propio de la oligarquía, logrando articular con la imagen de las obras y servicios del ochenio, a sectores urbanos en su mayor parte sub-empleados y despolitizados.
7. LA OPCIÓN REFORMISTA
Frente a esta opción está el reformismo que articula las posiciones antioligárquicas de la mayoría de sectores medios, con el apoyo de la burguesía urbano industrial y otros sectores modernos, como la construcción, parte del comercio, la pesca y los servicios. Con el liderazgo de Acción Popular y Belaúnde logran el apoyo de parte del campesinado y el proletariado. El arquitecto Belaúnde recorre todo el país y logra movilizar aspiraciones a pesar de que su partido y la Democracia Cristiana, faltos de presencia y cuadros de base, no constituyen una militancia sólida.
En esta opción hay debilidades de base, tanto en la burguesía como en la pequeña burguesía. En cuanto a la primera su opción no es definitiva. Para fortalecer su base económica, jugará a “dos bandos” en más de una ocasión. Las reformas tienen valor sólo si aumentan su poder y producen mejores condiciones de negociación con las fracciones oligárquicas en su lucha por la hegemonía.
Hay grupos económicos que van a buscar representantes en todos los partidos jugando sólo en la óptica inmediata de la mayor ganancia económica. Tal es el caso de los pesqueros. Esta opción ambigua, o más bien complementariamente alternativa, puede representar lo que es la necesidad entonces sentida por la burguesía urbano industrial: recomponer el bloque en el poder subordinando mas no eliminando a las fracciones oligárquicas.
La pequeña burguesía intelectual, profesional y política que integra la opción reformista o antioligárquica, tiene como características una ambigüedad y pobreza ideológica que será muy significativa en el proceso 1963-68. Los programas de la alianza AP-DC son ambiguos por necesidad. Frente a problemas centrales como la nacionalización de la IPC o la reforma agraria, hay posiciones contradictorias que van en el primer caso desde la inclusión de los complejos agro-industriales hasta la sola referencia a expropiaciones en las haciendas más tradicionales.
Esta ambigüedad ideológica y programática permite la presencia de profesionales y políticas ligados claramente a grupos de poder económico modernos, junto a una pequeña burguesía en proceso de radicalización. En el período 1963-68 se producirá un destancamiento a su vez hará quebrar la Alianza AP-DC y los partidos que la integran. Se producen allí lo que denominamos más adelante como pugna entre un reformismo tecnocrático y reformismo social.
8. LA IZQUIERDA
Fuera de estas grandes opciones el período 1963-68 verá engrosarse y luego dividirse a la izquierda política. En ella la fuerza principal será el partido comunista peruano que al lograr un mayor margen de juego desde el gobierno de Prado, avanzará en su penetración dentro del movimiento sindical, capitalizando la frustación de elementos apristas y reformistas según avanza el período. Su principal objetivo es convertirse en una fuerza sindical decisiva a partir de su ruptura con la CTP aprista. A ello subordina la actuación de coyuntura, en la que aparecen más bien pequeños grupos de pequeña burguesía de izquierda, que articulan con el Partido Comunista tales como el Frente de Liberación Nacional (FLN). Es tradicional en el Partido Comunista la conciliación pragmática en la coyuntura, a un punto tal que a veces parecería que desde los años 30, hay una postergación definitiva de la lucha por el poder político, expresada en la coyuntura. Ello le hace perder cuadros, especialmente en el sector universitario donde logró en esta década importantes posiciones a costa del APRA. Ya en estos años se hace presente un nuevo factor: la ruptura del Partido Comunista a partir de la pugna entre China y Rusia, repercusión necesaria en un partido umbilicalmente ligado a las decisiones de afuera, que en parte por ello nunca logró un planteamiento político adecuado a la realidad nacional. Seguidores verbales de José Carlos Mariátegui no fueron capaces de realizar el mensaje del Amauta al respecto.
En este período la izquierda se diversifica con la presencia de tesis rupturista, que con influencia cubana y a partir de los problemas que ofrece el Partido Comunista, forman diversos y pequeños partidos marxistas-leninistas varios de los cuales optan en 1965 por la guerrilla rural, sin éxito.
En conjunto esta izquierda a la que se agregan grupos desprendidos del APRA y personas desilusionadas del reformismo no juega un rol definitivo en la coyuntura política del período. Su efecto se da indirecto en la pugna antioligárquica y en el trabajo que tiene a largo plazo como perspectiva.
9. LA PUGNA EJECUTIVO-PARLAMENTO EN EL GOBIERNO DE BELAUNDE
El enfrentamiento de la oligarquía y el reformismo se produce en forma intensa en los primeros años del régimen de Belaúnde. Este comienza con lo que se conoció como los 100 primeros días del Régimen, en los que se proyectó todo el entusiasmo y la energía acumulados en el proceso electoral. En ese corto plazo que inauguró Belaúnde al anunciar que en 90 días resolvería el problema de la IPC, se dio también la elaboración agraria; la nacionalización de la Caja de Depósitos y Consignaciones, convertida en Banco de la Nación; la creación del Programa de Cooperación Popular y otras medidas importantes.
Pero el problema central estaba planteado: el Presidente no tenía mayoría en el Parlamento. La coalición APRA-UNO lo controlaba y ello le daba poderes muy concretos para impedir las reformas y desgastar la imagen del gobierno.
Se vuelve a expresar en esta ocasión el conjunto de efectos que la Constitución de 1933 produce, al diseñar un híbrido de régimen presidencial y parlamentario, que sólo ha funcionado cuando el Presidente contaba con una dócil mayoría en el Parlamento, llevando al inmovilismo al régimen que no lograra esa condición.
Según la Constitución el Presidente es Jefe del Estado peruano con efectivo poder ejecutivo. Elegido por voto universal, nombra a su criterio al Presidente del Gabinete y con éste a los Ministros, pudiendo removerlos en cualquier momento. A partir de ello, ejerce el poder administrador con todos los atributos del caso, puede observar las leyes, derecho que si bien difiere el veto, obliga a una discusión, con lo cual posterga el problema a una nueva coyuntura política. Sin embargo, el Parlamento tiene también un poder que no se limita a legislar tiene derecho a iniciativa en el gasto presupuestal, con lo cual puede alterar las inversiones del ejecutivo, sin asignarle los ingresos adecuados. Puede censurar al Gabinete o a un Ministro en particular, con interpelación o sin ella, interviene en los ascensos de coroneles, generales y sus equivalentes en la Armada, así como en la elección de los Vocales Supremos. Tiene en suma poder suficiente para interferir a tal punto en la política del Ejecutivo que su acción puede llevar a una paralización o a conciliaciones parciales o totales.
Esto ocurre en el período 1963-1967 con particular intensidad. Se produce en el nivel estrictamente parlamentario aprobación de leyes y en el nivel ejecutivo. En lo primero el ejemplo más saltante es la aprobación de una Ley de Reforma Agraria distinta a la presentada por el Ejecutivo, en la que se exime a los grandes complejos azucareros de la reforma agraria y se posibilita esta en los latifundios tradicionales pero a un costo efectivo muy alto y complejo, que dependerá de los fondos que apruebe el Parlamento. Con tales limitaciones, la reforma agraria no pudo operar. En lo que a la intervención en funciones ejecutivas se refiere el panorama es más complejo. No se trata ya de la función propiamente legislativa, que es elemental derecho del Parlamento, sino de formas tales que es dudoso que puedan corresponder a un Congreso, como las Comisiones Fiscalizadores de Empresas Públicas (de carácter casi permanente) o la presencia de delegados del Poder Legislativo en organismos ejecutivos como el Consejo Nacional Agrario.
10. DETRÁS DE LA ESCENA POLÍTICA: CRISIS DE HEGEMONÍA EN EL BLOQUE EN EL PODER
La lucha política entre Ejecutivo y Parlamento está expresando en la escena política, la crisis de hegemonía en el bloque en el poder, que progresivamente se produce desde los años 50, conforme la expansión del polo urbano-industrial desafía la hegemonía de la burguesía agro-exportadora y el carácter oligárquico del bloque en el poder.
El estado oligárquico en crisis llega por evolución al punto máximo de la lucha política. De un verdadero monopolio del poder visible en los años 30 pasa a una coyuntura en la que incluso se dividen los aparatos institucionales del Estado. Las distintas fuerzas sociales en pugna, se agrupan de tal manera que cada una en bloques, adquiere mecanismos concretos del poder, siendo forzoso la conciliación o la ruptura del régimen político.
Hay así en este período una situación de vacancia hegemónica que da como resultado un Estado cuyas políticas son contradictorias sea por conciliación o por triunfo de una de las partes según el caso. Analizando la política económica puede decirse sin embargo, que la oligarquía consigue mantener la mejor parte de las medidas que favorecían a su fracción más importante: los agro-exportadores. Sucede así, pues en el reparto institucional, le favorece el control legislativo, indispensable para asignar nuevos tributos, implantar el control de cambios o tomar medidas que lleven eficazmente a la industrialización. La devaluación de 1967 beneficiará en este sentido a la burguesía agroexportadora, como en anteriores ocasiones. Debe señalarse además que en la burguesía industrial y en el reformismo hay ambigüedad en los planteamientos de mediano plazo, para implantar una política industrialista.
Ello ocurre no sólo por falta de mecanismos políticos, sino también porque gran parte de la burguesía industrial mantiene una posición liberal tradicional que se opone por ejemplo a un rol dinamizador del Estado en industrias básicas, control de recursos, etc. que resulta necesario en un proyecto industrialista para poder articular una economía tan diversa y con un sector exportador poderoso que la burguesía industrial no puede controlar sino a través del Estado.
11. CRISIS DEL REFORMISMO Y CAIDA DE BELAUNDE
La frustación de la reforma agraria, así como de los otros planteamientos del régimen de Belaúnde, marcan desde mediados de su período presidencial la crisis del reformismo. El Poder Oligárquico es tan fuerte como para impedir que en términos reales se afecten sus intereses y va doblegando no sólo a parte de los representantes políticos del Reformismos, sino a la propia burguesía urbano-industrial para buscar nuevas fórmulas de conciliación.
12. SE QUIEBRAN LOS PARTIDOS
Desde 1963 Belaúnde y la Alianza AP-DC tuvieron la disyuntiva de aceptar la mediatización de las reformas o recurrir al apoyo político del movimiento popular para enfrentar a la coalición oligárquica. Ello se planteó como alternativa de los dos primeros años, expresándose en propuestas concretas de movilización popular campesina o en el recurso al plebiscito, para zanjar conflictos entre Ejecutivo y Parlamento en referencia a la reforma agraria. Belaúnde optó por la primera alternativa y la resultante fue un cuadro complejo que lo llevó a perder la iniciativa política en la conyuntura y a desarrollar políticas de viraje y conciliación.
La otra tendencia parte de una óptica más social que económica, ubicándose en ella elementos de la pequeña burguesía que asumiendo más en serio los planteamientos reformistas en sus valores de justicia social continúan un proceso de radicalización. En ella se ubica el vicepresidente Edgardo Seoane, que presidió la Comisión de Reforma Agraria que elaboró el proyecto de ley del Ejecutivo, se ubica también la Democracia Cristiana liderada por el Senador Cornejo Chávez y parte de los dirigentes de Acción Popular que rompen con ese partido y forman Acción Popular Socialista en 1968.
En esta tendencia, minoritaria en el poder Ejecutivo y Legislativo, pueden verse rasgos que se expresan luego radicalizados en el gobierno de la Fuerza Armada (68-75), del cual muchos de estos hombres resultan asesores o funcionarios. Con la evolución política del gobierno de Belaúnde, han de pasar progresivamente a ser opositores, primero dentro y luego fuera del gobierno.
En la opción de Belaúnde por la conciliación con la oligarquía y el pacto con el APRA, juega un rol central la posición del Ejecutivo frente a las guerrillas de 1965. En sus inicios la alianza AP-DC procuró no reprimir al movimiento campesino. Con ello el gobierno de Belaúnde retrocedio aún más en su original intento reformista, pasando cada vez más a posiciones defensivas.