DICTADURAS MILITARES E INTOLERANCIA PÚBLICA EN EL PERU EN EL SIGLO XX

1. INICIOS DEL SIGLO XX
Durante el primer gobierno de don Augusto B. Leguía se presentaron diversos problemas fronterizos entre los que destaca el ocurrido con el vecino país de Colombia, entre 1911 y 1913. Este altercado se debió fundamentalmente a los choques producidos entre caucheros y tropas. A esto se sumaba la falta de delimitación del territorio.

Colombia le disputaba al Perú la zona de los ríos Caquetá o Yapurá y Putumayo sin tener derecho. Desde fines del siglo pasado la explotación del caucho en esa zona dio lugar a algunos conflictos que perturbaron la paz. La situación se agravó en 1911 al enviar el gobierno colombiano una expedición militar a la zona del bajo Caquetá para ocupar la orilla derecha que era del Perú, produciéndose un enfrentamiento entre las tropas peruanas y colombianas en el río Caquetá, cabe destacar el gesto heroico del Teniente A. P. Clavero, quien perdiera la vida en el enfrentamiento.

Asimismo se produjo también el incidente de la Pedrera, en la cual el señor presidente Augusto B. Leguía en justa defensa de la soberanía nacional, envió una expedición al mando del entonces Comandante Oscar R. Benavides, produciéndose los días 10, 11 y 12 de julio un encuentro armado en el lugar denominado La Pedrera, en el río Caquetá, que dió por resultado el desande de los colombianos y la ocupación de Puerto Córdoba por las tropas peruanas.

Más tarde un acuerdo firmado entre ambos países, restableció momentáneamente la paz en la región, pero quedando el asunto de la fijación de los límites sin resolverse ya que se sometería a un Arbitraje y lo cual terminaría con la confirmación del Tratado Salomón Lozano.

Don Augusto B. Leguía, candidato triunfante en las elecciones presidenciales de 1919, afrontaba la posibilidad de que se anulara su triunfo, en vista de haberse producido irregularidades durante el desarrollo de las elecciones. Ante esta situación, en la madrugada del 4 de julio se sublevó con la ayuda de sus partidarios y de las fuerzas de la gendarmería de la capital, asaltando el palacio de gobierno ante la pasividad del ejército, tomó preso al presidente Pardo y lo deportó a Europa. Leguía asumió el gobierno como presidente provisorio disolviendo el congreso, este nuevo régimen fue bautizado con el nombre de Patria Nueva, convocó a un plebiscito para reformar la constitución de 1860 y a elecciones para un nuevo Congreso de la República. El nuevo parlamento elegido adoptó el nombre de Asamblea Nacional y proclamó a Leguía Presidente Constitucional para un período de 5 años que empezó el 12 de octubre. Esta nueva Constitución fue promulgada el 18 de enero de 1920 y sus principales innovaciones fueron que elevó el período presidencial de 4 a 5 años, implantó la renovación total de las cámaras legislativas, creó los congresos regionales en el centro, norte y sur de la república, reconoció la existencia legal de las comunidades indígenas, entre otras disposiciones. El gobierno de Leguía, se caracterizó por un gobierno de carácter personal con orientación hacía la dictadura, violando los derechos ciudadanos que la nueva constitución garantizaba. Durante el inicio de su mandato presidencial los diarios El Comercio y La Prensa fueron asaltados, la Prensa fue confiscada, acabando con la libertad de expresión.

En el congreso se deshizo de la oposición, convirtiendo a este poder en sumiso a su mandato; las municipalidades elegidas por voto popular, fueron reemplazadas por personal designado por su gobierno, sus enemigos políticos fueron perseguidos, presos, deportados y hasta fusilados. Al termino de su mandato en 1924, el congreso sumiso a su mandato, reformó el artículo de la constitución que prohibía la reelección presidencial, y fue nuevamente elegido en elecciones fraudulentas. Muchas fueron las rebeliones que ocurrieron en la república contra la dictadura de los once años y muchas también las muertes producidas, siendo las mas notorias, la del Coronel Samuel de Alcázar, quien fue fusilado en Cajamarca en 1924 y la misteriosa muerte del Sr. Augusto Durand, a bordo del crucero Almirante Grau en donde estaba prisionero.

La política económica desarrollada durante el mandato presidencial de Leguía fue desastrosa para el país, a pesar que después de la guerra con Chile, la deuda externa del Perú quedó cancelada por el contrato Grace, durante la dictadura de los once años de Leguía se incrementó inconteniblemente la deuda externa por la contratación de 10 empréstitos en EE.UU., que determinaron la penetración capitalista norteamericana en nuestro país. Estos empréstitos fueron realizados para atender los servicios del estado, realizar obras de irrigación en la costa, cubrir déficit en los presupuestos, realizar obras públicas, y para cancelar saldos de los empréstitos anteriores. Los empréstitos y las obras públicas, produjeron una pasajera bonanza en la nación, favorecieron la formación de nuevas fortunas al amparo de la dictadura, pero al final el resultado fue la crisis económica en la nación que estalló incontenible en 1929. El proceso de industrialización nacional orientado por los gobiernos anteriores no prosiguió y el país sucumbió bajo el dominio del imperialismo.

Entre las obras públicas realizadas por el gobierno de los once años están la modernización de la capital, como la gran plaza San Martín con el bello monumento al fundador de nuestra independencia que en 1921 fue inaugurada con ocasión de celebrarse el primer centenario de la independencia Nacional. Surgieron nuevas urbanizaciones en torno a la antigua ciudad, se continuó la obra de pavimentación de las calles y avenidas, se construyeron nuevos edificios públicos, se construyó el parque de la reserva. se inició la construcción del terminal marítimo en el Callao. Se realizaron obras de irrigación en la costa, como la de pampas en el Imperial en Cañete; las pampas de Olmos en Lambayeque. Se hicieron obras de aguas y desagüe en varias ciudades, entre ellas, Lima y Balnearios, Callao Arequipa Piura, Ica. Se construyeron diversas carreteras en los departamentos con el producto de la Ley de Conscripción Vial que obligaba a todos los ciudadanos a colaborar en la construcción de carreteras. Se construyó el ferrocarril de Chimbote a Recuay, se inauguró el ferrocarril de Huancayo a Huancavelica y se terminó el del Cusco a Santa Ana. Se trató de construir el ferrocarril a la selva, partiendo de un punto en la costa norte hasta Yurimaguas, pero los diversos proyectos fracasaron.

El litigio de petróleo de la Brea y Pariñas recibió una desgraciada solución, causando grandes perjuicios al país beneficiando al imperialismo británico y Norteamericano, que en vez de someter el litigio al arbitraje internacional, como lo mandaba la ley 3016 dictada por el Congreso, se pactó con el representante británico en Lima (2 de marzo de 1922) un convenio por el cual se reconocía que la propiedad de la Brea y Pariñas comprendía 41,614 pertenencias, que se pagaría al gobierno durante cincuenta años treinta soles por pertenencia que no se hallare en trabajo al tiempo del pago, así mismo se fijó como único otro impuesto que los propietarios y arrendatarios pagarían el impuesto a la exportación del petróleo, el mismo que no podría ser aumentado durante veinte años. Por concepto de contribuciones u otro pago adeudado al estado peruano, el propietario de La Brea y Pariñas pagaba al estado un millón de dólares. Por este acuerdo, el gobierno exoneró a los explotadores de dicho yacimiento del importante impuesto denominado canon de producción, que hubiese reportado muchos millones de soles. Este acuerdo fue aprobado por un tribunal especial que se reunió en París, el 22 de abril de ese año de 1922, y que estuvo conformado por el Presidente de la Corte Federal de Suiza, un representante inglés y uno peruano. Este tribunal sustituyó al congreso de la Nación, lo que fue ilegal. A este convenio se le conoce con el nombre de Laudo de París. En 1925, la INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY compró a los sucesores de William Keswick sus derechos de propiedad sobre La Brea y Pariñas, quedando esta compañía con un privilegio desastroso para el país.

Otro convenio lesivo a los intereses del país fue el que firmó en 1928 (aprobado el 9 de noviembre) con la PERUVIAN CORPORATION por el cual se le cedía a perpetuidad los ferrocarriles nacionales que explotaba esta compañía imperialista inglesa, de acuerdo al contrato Grace y al convenio de 1907 y concediéndole la preferencia en toda construcción y explotación de ferrocarriles.

La política internacional del señor Leguía fue en esta etapa no solo inconveniente sino lesiva a los intereses nacionales. Durante la dictadura de los once años firmó el desastroso tratado de límites con Colombia y el inconveniente tratado con Chile. Entre otros hechos de gobierno de los once años cabe mencionar la reforma de la policía, para lo cual se contrató los servicios de una misión española de la Guardia Civil (1921). Se incorporó el arma aérea a la defensa nacional, creándose la base aérea militar de Las Palmas y en Ancón se instaló una base de hidroaviación. La armada se incrementó con cuatro submarinos. El aviador civil norteamericano Elmer J. Faucett inició el transporte comercial de pasajeros, dando nacimiento a la gran empresa que lleva su nombre. Se mejoró el servicio de Correos y telégrafos. Se promulgó el código penal de 1924. Se dieron varias leyes y resoluciones de carácter social, siendo la mas importante, la ley 4916 de 7 de febrero de 1924, que estableció la indemnización por tiempo de servicios en los empleados; se fijó el plazo para ser despedidos del trabajo y se estableció la obligación del empleador de otorgar póliza de vida al trabajador. Durante este gobierno se incrementó la inmigración Japonesa.

El 22 de agosto de 1930, la guarnición de Arequipa se sublevó contra el gobierno, este movimiento revolucionario estaba comandado por el comandante Luis Sánchez Cerro, quien recibió el apoyo del país, cansado de once años de dictadura, hasta que el 25 de agosto Leguía se vio obligado a renunciar del mando, produciéndose el asalto popular a la casa del expresidente y de sus principales colaboradores. El 27 llegó a Lima el comandante Sánchez Cerro y fue recibida apoteósicamente, formándose una Junta Militar de Gobierno bajo su presidencia. El señor Leguía quedó prisionero. Con Leguía separado del mandato presidencial de la república, el Perú entró en una etapa de profunda crisis política, económica y social, los partidos políticos tradicionales estaban en crisis y se produjo la aparición de otros nuevos de tendencia revolucionaria social, uno de ellos el partido Aprista, la grave crisis económica que padecía el Perú desde 1929 se agravó con la crisis política, el panorama social y político devino en disturbios de obreros y conflictos universitarios en diferentes lugares de la capital y del país. Esta situación hizo que Sánchez Cerro convocara a elecciones generales para Presidente de la República y de un nuevo congreso, presentándose como candidato. Esta nueva situación originó que ocurrieran levantamientos en el Callao, Arequipa y otros lugares, obligando a Sánchez Cerro a renunciar junto con los demás miembros de la Junta (1 de marzo de 1931). Después de 10 días de caos político, el 11 de marzo asumió el mando una Junta Nacional de Gobierno presidida por el ilustre político señor David Samanez Ocampo.

La Junta Nacional de Gobierno convocó a elecciones para presidente de la república y para un Congreso Constituyente que dictara una nueva constitución, además dictó otras disposiciones para hacer frente a la crisis económica y social que se vivía. La Junta cumplió con dar las más amplias garantías y libertad electoral, por lo cual se presentaron como candidatos, el comandante Sánchez Cerro apoyado por su partido la Unión Revolucionaria y la colaboración del partido civil; el señor Víctor Raúl Haya de la Torre por el partido Aprista, y los doctores Arturo Osores y José María de la Jara y Ureta. La lucha se concentró entre los dos primeros candidatos. Realizada las elecciones, el jurado nacional de elecciones proclamó presidente electo a Sánchez Cerro y a los representantes ganadores de la elección al congreso.

El 8 de diciembre se instaló el Congreso Constituyente y ese mismo día el comandante Sánchez Cerro juró el cargo de Presidente Constitucional, quien inició su mandato contando en el congreso con una mayoría que a los pocos dias lo ascendió a general de brigada, también existía una minoría integrada principalmente por miembros del partido Aprista quienes hicieron una gran oposición y que poco después en su mayor parte era apresada y deportada. Este congreso constituyente se dedicó a discutir la nueva constitución, que fue promulgada por el Presidente Sánchez Cerro el 9 de abril de 1933. Desde el primer momento, el gobierno y la oposición se enfrascaron en un gran enfrentamiento caracterizando a este gobierno por las continuas incidencias políticas que sumieron al país en una profunda intranquilidad. Para reprimir a la oposición, el congreso aprobó leyes muy severas que le fueron enviadas por el gobierno entre ellas una llamada ley de emergencia que otorgó al gobierno poderes especiales, lo que le permitió apresar y deportar a 23 representantes de la minoría, se clausuró la universidad de San Marcos y las persecuciones, prisiones y deportaciones fueron asunto de todos los días.

A pesar de lo drástica de La ley de emergencia, no consiguió imponer el orden, ocurriendo incidencias como el atentado en la Iglesia de Miraflores; una rebelión de marineros en los buques de la escuadra en el Callao; una sangrienta sublevación de civiles en Trujillo y Huaraz; una sublevación militar en Cajamarca, en la que falleció el jefe de la misma Comandante Jiménez y otras mas, que dieron como resultado la detención y ejecución de muchas personas ordenadas por cortes marciales.

A esta grave situación política y social que vivía el país, ocurrió un serio incidente con Colombia que condujo al país a un virtual estado de guerra con el país vecino. El incidente se originó el 1 de setiembre de 1932, cuando un grupo de civiles peruanos residentes en la población de Leticia ubicado dentro del llamado Trapecio Amazónico cedido a Colombia por el tratado firmado en la dictadura del señor Leguía, depusieron sin mayor violencia a las autoridades colombianas, dominaron a la policía local y se apoderaron del lugar. El hecho sorprendió tanto al gobierno de Colombia como al del Perú. Se iniciaron negociaciones con la colaboración de otros países para arreglar la situación, pero Colombia y el Perú enviaron sus fuerzas terrestres, navales y aéreas a la región, produciéndose varios choques armados en la zona fronteriza de Putumayo.

El gobierno peruano nombró como jefe de las fuerzas armadas al general Oscar R. Benavides y llamó a los ciudadanos a prestar su concurso para la defensa de la patria. El domingo 30 de abril de 1933, el Presidente Sánchez Cerro concurrió al antiguo hipódromo de Santa Beatriz (hoy campo de Marte), a la salida del hipódromo fue asesinado por un individuo quien le disparo por la espalda a quemarropa, el asesino Abelardo Mendoza Leyva, fue muerto en el mismo lugar de los hechos por los guardias y edecanes que custodiaban al Presidente. El Congreso Constituyente declaró el Estado de Sitio y suspendió las garantías individuales.

El mismo día del asesinato del presidente Sánchez Cerro, el Congreso designó al general Benavides como Presidente del Perú hasta 1936, tiempo en que terminaba el período presidencial del fallecido. En 1936 al concluir el período presidencial de Benavides, se convocó a elecciones, las cuales después de realizadas dio como ganador a don Luis Antonio Eguiguren del Partido Social Demócrata, pero ante denuncias del Ejecutivo de que los votos eran apristas (partido rechazado y proscrito por el Jurado Nacional de Elecciones), el Congreso declaró nulas las elecciones y prorrogó el mandato presidencial de Benavides hasta 1939.

El gobierno del general Oscar R. Benavides, con el apoyo del ejército, instauró un gobierno personalista buscando el orden interno tratando de imponer «paz y concordia», dictó como primera medida una Ley de Amnistía general, prometiendo el establecimiento de las libertades públicas lo cual fue conseguido a costa de fuerza y autoritarismo. Durante el gobierno del general Benavides fue desapareciendo la crisis económica anterior, se dictó medidas que crearon confianza en la industria y el comercio. Se reinició el progreso material del país sin la necesidad de recurrir a los empréstitos extranjeros. Se terminó la modernización del puerto del Callao y se inició la construcción del de Matarani para impulsar el comercio. Se realizó una importante política vial con la construcción de la carretera Panamericana y otros caminos, entre ellos de penetración a la selva, rompiendo el aislamiento en que estaban muchos pueblos, y completando esta obra de vinculación se suprimió el impuesto del Peaje que se pagaba en muchos caminos y carreteras. Se realizaron obras de agua y desagüe en varias ciudades. Con motivo de cumplirse en 1935 el cuarto centenario de la fundación de Lima, se realizaron obras de modernización de la capital, entre ellas la del palacio de gobierno y la plaza de armas que adquirieron su actual estructura. La ley del Seguro Social fue presentada al Congreso el 26 de noviembre de 1935 por el Dr. Edgardo Rebagliati, quien después fue el primer gerente general y fundador del Seguro Social, obligatorio para los obreros; Se construyeron barrios obreros y restaurantes populares. En el campo de la educación superior, se reabrió la Universidad de San Marcos clausurada por el gobierno del general Sánchez Cerro.

En el aspecto internacional, el general Benavides invitó al presidente electo de Colombia don Alfonso López para dar una solución pacífica al conflicto fronterizo que desde la época del presidente Sánchez Cerro estaba pendiente, las conversaciones concluyeron en aceptar la fórmula propuesta por la Liga de las Naciones Unidas en la cual se establecía que el Perú desocuparía el territorio invadido o en disputa mientras se resolvía el problema. El 25 de marzo de 1934, se firmó en Ginebra un acuerdo por medio del cual se hizo el armisticio, Leticia fue desocupada, Perú y Colombia nombraban a sus representantes que se reunieron en Río de Janeiro bajo la presidencia del Ministro de Relaciones Exteriores del Brasil, Afranio Mello Franco, en la cual se acordó:
1. La reafirmación del Tratado de 1922, es decir definitivamente se le daba a Colombia el Trapecio Amazónico, dando validez al Tratado de Salomón-Lozano, efectuado durante la presidencia de Leguía.
2. Se garantizaba la libre navegación y tránsito por el Amazonas, complementándose con los acuerdos y convenios sobre pasaportes en la región amazónica, cooperación y ventajas aduaneras, tráfico de mercaderías e intercambios intelectuales y culturales, etc.

Próximo a terminar su período en 1939, el general Benavides convocó a elecciones generales para Presidente de la República y Congreso. Se presentaron como candidatos el Dr. Manuel Prado y el Dr. José Quesada.

El proceso electoral fue tranquilo, gozándose de libertades limitadas, que al término el Dr. Manuel Prado fue declarado Presidente Electo por el Jurado Nacional de Elecciones, asumiendo el mando ante el Congreso recién instalado, el 8 de diciembre de 1939.

El 13 de Mayo de 1830, Ecuador formó su República al separarse de la Gran Colombia, desde aquella fecha hasta estos días aquel país había realizado reclamos insistentes, provocaciones e incursiones en el territorio del Perú. Estos reclamos infundados que duran más de 110 años. Con la finalidad de hacer frente a estas incursiones ecuatorianas, el presidente Prado creó el Agrupamiento del Norte, bajo el comando del General de Brigada Eloy A. Ureta y del jefe de estado Mayor General, Tnte. Coronel Miguel A. Monteza Tafur, el Tnte. Coronel Gumercindo Egúsquiza, y el mayor Absalón Jaimes. En los primeros días de Julio las tropas peruanas fueron ubicadas en los puestos fronterizos de Aguas Verdes, Porvenir, Las Palmas, Uña de gato, Lechugal, Quebrada seca, Matapalo y El Coral.

2. LA VIDA POLÍTICA DESDE 1939 HASTA 1968
2.1. SITUACIÓN POLÍTICA DEL PFRU
Características
Entre l939 y l968 el Perú vive la llamada historia inmediata o historia del presente que en términos generales, y para dar necesaria visión, tiene las características siguientes:
a. Incapacidad política.- A raíz de la crisis económica del capitalismo en 1930, la sociedad peruana experimentó una di-versidad de cambios que ocasionaron una ola dé conflictos socia-les y políticos. Tales movimientos requirieron de una solución que obligaron la intervención de los distintos sectores dominantes y del Estado, sin Embargo en tales circunstancias. demostraron incapacidad política. No obstante, sería injusto ver el problema unílateralmente, tampoco los sectores medios atinaron a movilizar políticamente, y de manera eficaz a los sectores populares para acabar con la dominación oligárquica
b. Surgimiento de los partidos políticos de las clases medias y radicales.- Los partidos populares de tinte anti-imperialista o social-de¬mócrata organizados hacia 1930, dirigidos por profesionales de la política e inspirados en las grandes corrientes del pensamiento político mundial, como los partidos Aprista y Comunista, fueron desplazados ante la imposibilidad de efectuar los cambios de las estructuras tradicionales por un nuevo tipo de partido, que aglutino medias ascendentes, de Lima y provincias.
c. Pugna entre el ejército, el APRA y los partidos marxistas.- Los sectores tradicionales del país no fueron capaces de organizar un partido político afín a su ideología: capaz ele asumir la responsabilidad de promover cl desarrollo nacional Ante el surgimiento de los partidos populares que amenazaban sus; pri-vilegios, a las Fuerzas Armadas, enfrentándolas a los partidos políticos ya construidos, entre 1930 y 1968. De este modo se puso de manifiesto una pugna entre el Ejército y el APRA y después, entre el Ejército y los partidos marxistas.
d. El Ejército árbitro de la vida política.- La finalidad fundamental del Estado, que es velar por el bie¬nestar social, fue captada por las fuerzas conservadoras; después de su maduración ideológica, desarrolla su propio proyecto na¬cional orientado a favorecer a los estratos más necesitados. El ejército se transforma así en el árbitro indiscutible de la vida po¬lítica, en momentos de crisis, por el poder armado que dispone.

2.2. PERIODIFICACION
Para una mejor comprensión la etapa que estudiamos se puede dividir en varios periodos:

A. El gobierno del Dr. Manuel Prado Ugarteche (1939- 1945)
En l939 Benavides decidió convocar a comicios presidencia¬les. Previamente llevó a cabo un plebiscito con el propósito de aprobar algunas reformas constitucionales, como la de disminuir las facultades legislativas del Congreso en materia económica y aumentar el ejercicio presidencial a seis años. Con ellas aspiraba a robustecer el poder del Presidente de la República. Dichas enmiendas fueron aprobadas por el 870/o del electorado.

Al iniciar su periodo Manuel Prado dio una especie de am¬nistía, por la cual los presos apristas recobraron su libertad y el APRA salió de la clandestinidad.

Muy pronto dio muestras de ser político sagaz y realista. Rápidamente consiguió el respaldo del Parlamento. de los militares de importantes sectores políticos y de la ciudadanía que anhelaba la paz pública.

B. El gobierno del Dr. José Luis Bustamante y Rivero (1945-1948)
Esta etapa fue breve, intensa y violenta, dentro de un clima democrático. Empezó al término de la Segunda Guerra Mundial (1945) y concluyó sorpresivamente en 1948. El Doctor José Luis Bustamante y Rivero llegó al poder respaldado por una amplia corriente de oposición agrupada en el Frente Democratica Nacional, de la que formada parte el Partido Aprista, que derrotó a su opositor, al general Eloy G. Ureta, vencedor de Zarumilla, en la guerra con el Ecuador, y fuera propuesto por Unión Revolucionaria.

Bustamante asumió el poder el 28 de julio de 1945. Ese mismo día promulgó una ley de amnistía, excarcelando a los pre¬sos políticos y permitiendo el retorno de los desterrados.

El Frente Democrático Nacional empezó a desintegrarse dada su composición heterogénea y el Partido Aprista que era minoría en el Congreso, pasó a la oposición.
La oligarquía tradicional, que miraba con desconfianza la tendencia renovadora del gobierno optó también por la oposición.

C. El gobierno del general Manuel A. Odria (1948- 1956)
Odría instaló en el Perú un régimen de dictadura militante como tal no respetó la Constitución ni los derechos humanos elementales Persiguió ferozmente y desterró a militantes apristas y comunistas. En los inicios de la «guerra fría», gracias a la ley de seguridad interior, Haya de la Torre se asiló en la embajada de Colombia, en donde permaneció hasta 1954, ante la negativa del gobierno para que abandone el país. Después de cinco años se le deportó, despojándole de la ciudadanía peruana, después que lo absolvió el Tribunal Internacional de La Haya.

La primera fue la Junta Militar de 1948 a 1950. En ese periodo, apoyado exclusivamente por el ejército, gobernó sin Parlamento mediante Decreto Leyes

La segunda etapa comprende de 1950 a 1956 como presi¬dente Constitucional. En 1950 fue elegido como candidato único, después de hacer apresar a su opositor el general Ernesto Montagne.

D. El segundo gobierno de Manuel Prado (1956 – 1962)
En 1956 Manuel A. Odría convocó a elecciones. Se presen¬taron tres candidatos: Manuel Prado, ex Presidente del Perú, re¬cién llegado de Europa, Hernando de Lavalle, apoyado por Odría e inicialmente por el Apra y Fernando Belaúnde por cl Frente Nacional de Juventúdes. El 17 de junio de 1956 triunfó Manuel Prado, favorecido por el Partido Aprista. Es que Prado hábilmente ofreció a Ramiro Prialé, secretario General del Par¬tido Aprista, la legalidad el mismo día en que asumía la pre¬sidencia.

Al amparo del acuerdo apro-pradista emergieron nuevos sec¬tores medios con planteamientos reformistas como el Partido De¬mócrata Cristiano, el Movimiento Social Progresista y Acción Po¬pular que buscaban representar los movimientos campesinos, la movilización de la población migrante hacinada en las barriadas y las luchas obreras.

Uno de sus Primeros actos, para limitar la presencia de los nuevos grupos políticos, fue la de constituir la «Comisión para la Reforma Agraria y la Vivienda» destinada a proponer solucio¬nes a los problemas agrarios y de la vivienda. De ese modo el Estado desorganizaba’ la creciente participación política de los sectores populares y de sus intermediarios.

E. El gobierno de la junta militar (1962 – 1963)
En junio de 1962 se realizaron las elecciones generales. De los 11 candidatos a la Presidencia sólo tres obtuvieron una vo¬tación importante: Víctor Raúl Haya de la Torre con 558 237 vo¬tos, Fernando Belaúnde Terry con 543828 y el general Manuel Odría 452404. Ninguno obtuvo la mayoría necesaria, por lo tanto el Congreso Nacional tenía que resolver el problema.

Durante su gestión decretó la reforma agraria en La Convención y logró apresar al jefe guerrillero Hugo Blanco. Se creó el Instituto Nacional de Planificación y se dio el nuevo Estatuto Electoral que establecía el sistema de la cifra repartidora, que permitía la presencia de la mayoría como de la mayoría como de la minoría en Parlamento.

En 1963 fueron a su promesa, la Junta Militar realizó elecciones generales.

Tres fueron los grandes bloques políticos. La Alianza Acción Popular-Democracia Cristiana, el Apra y la Unión Nacional Odriísta. Ganó el candidato de la Alianza, arquitecto Fernando Belaúnde Terry.

F. Primer gobierno de Fernando Beláunde Te¬rry (1963 – 1968)
El arquitecto Belaúnde asumió el mando supremo de la nación el 23 de julio de 1963 con el apoyo de la Democrática Cristiana, pero no logró tener mayoría en el Congreso Nacional en donde el partido Aprista y la Unión Nacional Odriísta tenían mayoría absoluta. En consecuencia, su gobierno se caracterizó por la pugna entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.

En el Congreso Nacional el APRA y la representación Odriísta se unieron y formaron la Coalición, que frenó el Pro¬grama del Ejecutivo. Esto fue considerado como una claudicación a los ideales apristas y motivó la renuncia de un grupo de dirigentes nacionales y la perdida definitiva de su ascendencia en la población universitaria. En el Congreso Nacional la Coalición parlamentaria se de¬dicó a censurar ministros, obligándolos a renunciar.

G. Movimiento Militar de Juan Velasco Alvarado
Siendo presidente de la República del Perú, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, y cuando faltaban 9 meses y 25 días para que terminara su mandato, el 3 de octubre de 1968 a las 3:30 horas de la madrugada fue violentamente sacado del Palacio de Gobierno, por oficiales del ejército y conducido a la división blindada, desde donde a las 7:02 a.m. fue embarcado en un avión especial y deportado con rumbo a Buenos Aires, Argentina. El movimiento militar fue encabezado por el general de división, Juan Velasco Alvarado, quien se desempeñaba como Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, quien a las doce horas del mismo día anunciaba la formación de la Junta Militar Revolucionaria, compuesta por un gabinete castrense del ejército, marina y aviación. Este acto fue calificado por los historiadores como otro de fuerza e imposición al orden democrático establecido en el país.

El golpe militar del general Juan Velasco Alvarado, justificaba su intervención por los siguientes puntos:
1. Por el descrédito creado como consecuencia de la devaluación monetaria, ejerciendo una enorme presión en las clases más necesitadas del país.
2. Por la proliferación del contrabando, actividad que fue apoyada por importantes hombres del gobierno y parlamento quienes también tuvieron participación en estos actos.
3. Por la falta de principio de autoridad del gobierno.
4. Por la inadecuada administración del dinero del estado, con el aumento exagerado de la burocracia motivos principales de la devaluación.
5. Por la inmoralidad parlamentaria, que dictaba leyes en beneficio propio.
6. Por el convenio y Acta de Talara los días 12 y 13 de agosto de 1968, con la International Petroleum Company, sobre la entrega de los yacimientos de la Brea y Pariñas y concesiones de explotación de hidrocarburos, en condiciones lesivas contra el país y atentando contra la soberanía y a la dignidad nacional.
7. Por la pérdida o retiro deliberado de la página 11 del referido contrato denunciado por el Ing. Carlos Loret de Mola, ex-presidente de la Petrolera Fiscal, que dejó al gobierno de Belaúnde sin la fuerza moral para sostenerse en el mando.
El Gobierno Revolucionario, dictó decretos leyes designando presidente de la República al general Juan Velasco Alvarado; declarando nulos el convenio y Acta de Talara, suscritos por el gobierno intervenido con la International Petroleum Company; reivindicando para el Estado la propiedad de los yacimientos petroquímicos de La Brea y Pariñas que indebidamente explotaban la International Petroleum Company por mas de 48 años entre otros. Siendo la una de la tarde del 9 de octubre de 1968, mientras el presidente de facto General Velasco Alvarado daba lectura a su mensaje dirigido al país, el General de brigada Fermín Málaga Prado, Comandante Militar de la 1ra. Región Militar, en representación del gobierno revolucionario tomó posesión de los yacimientos de la Brea y Pariñas y del complejo industrial de Talara.

El Gobierno Revolucionario del Gral. Juan Velasco Alvarado, en las medidas y obras que adoptó realizó drásticos cambios en la vida social, política y económica del país. Entre las principales medidas se encuentran:
 Reestructuró la composición de los ministerios, suprimiendo a algunos y creando otros, con denominaciones y funciones de cada uno de ellos.
 Implantó la reforma Agraria (24 de Junio de 1969), suprimiendo el latifundio y el minifundio, creando grandes cooperativas y sociedades agro-industriales de interés social, a quienes se les adjudicó los grandes complejos azucareros, ganaderos que quedaban bajo la administración de los trabajadores pero con intervención del gobierno revolucionario (CAPS y las SAIS).
 Por Decreto otorga el estado los derechos para la refinación del cobre y la comercialización de los productos mineros (8 de Junio de 1969, MINERO PERU).
 Crea la Ley General de Industrias, entregando al estado las industrias básicas (INDUPERU, SIDERPERU, ENTURPERU).
 Dispone que en las empresas en que la totalidad del capital sea extranjero, garantiza mediante contrato con el gobierno, razonables márgenes de utilidad y plazos adecuados para recuperar la inversión, vencidos los cuales deben transferir a peruanos el 67% de sus acciones. Cuando el capital extranjero se asocie al nacional, el contrato fijará el plazo en que éste deberá poseer no menos del 51% del accionariado.
 La Ley de la Comunidad Industrial, que señala una participación progresiva de todo el personal de la empresa en la propiedad y gestión de la misma, hasta llegar al 50% de las acciones y del directorio.
 La Ley General de Pesquería, que encarga al Estado en régimen de exclusividad la comercialización del aceite y la harina de pescado y crea la Comunidad Pesquera, a través de la cual los empleados y obreros estables tomarán parte de la propiedad gestión y ganancias de su respectiva empresa (PESCAPERU).
 La Ley General de la Minería, estableciendo en un 10% la participación de los trabajadores en las utilidades netas de su propia empresa.
 La Ley General de Telecomunicaciones, que otorga al Estado la explotación de los servicios públicos del rubro y le da el control de los de radiodifusión. A tal efecto establece que la radio y la televisión comercial sólo pueden ser explotados por empresas oficiales o por compañías estables asociadas, en las que la nación participe con un mínimo de capital accionario 25% en las de radio y 51% en las de televisión y tenga en capacidad determinante en las decisiones (ENTEL PERU).
 Establece la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE), y adquiere las acciones de los bancos Popular, Internacional, Continental y Progreso.

Después de siete años de gobierno del general Juan Velasco Alvarado, el 29 de Agosto de 1975, el general Francisco Morales Bermúdez lo «relevó» en el mando, asumiendo el control de la Junta de Gobierno, en su SEGUNDA FASE. Este segundo período del gobierno militar denominado Plan Túpac Amaru retornaron los exiliados, se reabrieron los diarios y revistas clausurados, y otros cambios dirigidos a buscar recobrar el desgaste que sufrieron las fuerzas armadas en el poder agravada con la crisis económica. El 28 de julio de 1977 el presidente anunció que el segundo semestre de 1978 se reuniría una Asamblea Constituyente, a la cual las Fuerzas Armadas entregarían el poder a la civilidad en 1980.

El 31 de Octubre de 1977, el gobierno revolucionario, presidido por el general de división Francisco Morales Bermúdez, convocó a elecciones para elegir a los miembros de la Asamblea Constituyente. El 16 de marzo de 1978, el Jurado Nacional de Elecciones, anunció que se habían inscrito doce listas de candidatos para elegir a los cien miembros de la Asamblea Constituyente. Para las elecciones votarían los ciudadanos peruanos mayores de 18 años, no tendrían voto los analfabetos.

Las elecciones se realizaron el 18 de junio de 1978, siendo el postulante que obtuvo mayor votación Víctor Raúl Haya de la Torre con 1’038,518 votos y su partido el APRA, logró obtener 37 puestos de los cien escaños. Fue seguido por el Partido Popular Cristiano (PPC) con 25 escaños; el Frente Obrero Campesino y Estudiantil del Perú (FOCEP) con 12; el Partido Social Revolucionario (PSR) 6; el Partido Comunista con 6; Unión Democrática del Perú (UDP) 4; el Frente Nacional de Trabajadores y Campesinos (FNTC) 4; la Democracia Cristiana 2; el MDP 2; la UNO 2.

Víctor Raúl Haya de la Torre, al ser el postulante elegido con la mayor cantidad de votos, presidió las sesiones de la Asamblea Constituyente, que tenía como única función discutir y aprobar la nueva Carta Magna. La nueva Constitución Política del país, se terminó de redactar en el mes de julio de 1979, bajo la presidencia del Dr. Luis Alberto Sánchez, en vista que el presidente de las sesiones Haya de la Torre, se encontraba enfermo, a pesar de su mal estado de salud llegó a firmar la Constitución, falleciendo posteriormente el 12 de agosto de 1979.

Terminada la Constitución Política del Perú, se convocó a elecciones presidenciales, para las cuales se inscribieron quince candidatos. Las elecciones fueron realizadas ordenadamente y sin incidencias, gracias al apoyo de las fuerzas armadas y policiales, el domingo 18 de mayo. Los resultados después del escrutinio de los votos fue entre el partido de Acción Popular, liderado por el ex-presidente Fernando Belaúnde Terry, y el candidato del APRA Sr. Alejandro Villanueva, el primero ganaría con el 45.36% de los votos frente al 23.40% del representante aprista. Estas elecciones sirvieron para elegir al nuevo Congreso, Acción Popular ganó la mayoría de los escaños en la Cámara de Diputados, y cerca en la de Senadores. El nuevo presidente constitucional, asumiría su cargo el 28 de Julio de 1980, fecha en que también entraría en vigencia la nueva Constitución del Perú.

h) La Dictadura de Alberto Fujimori Fujimori
Sin duda alguna, el Perú exhibió una caricatura de democracia, con un Presidente Alberto Fujimori que apoyado por las Fuerzas Armadas y su servicio de inteligencia destruyó el Estado de Derecho e impuso en su lugar un régimen dictatorial que a través de una pequeña «camarilla» domina todos los poderes del Estado.
Imitando a los pulpos, el presidente Fujimori extendio sus largos brazos a cada una de las instancias establecidas por la Constitución Nacional para fiscalizar y contrapesar la acción gubernamental. Fujimori y sus allegados civiles y militares, que aspiran a perpetuarse en el gobierno, han pervertido el ejercicio del poder político, utilizando sus cargos para obtener mezquinos intereses personales o de grupo.

Aún más, el gobierno se tomó la autoridad de desconocer la voluntad de cerca de 1 millón y medio de peruanos, que con sus firmas demandaron la realización de un Referéndum en contra de la llamada «Ley de Interpretación Auténtica», aprobada por Fujimori para facilitar una nueva e ilegal reelección presidencial.

Cada parlamentario «de la mayoría», cada Ministro de Estado, cada Juez o Fiscal en el Perú, cada Funcionario que ha deseado saborear los placeres del poder en los últimos diez años, ha tenido que renunciar a su independencia, abdicar a sus funciones y más bien convertirse en un títere de Fujimori, y de Montesinos, que los han manejado y los manejan a su capricho y en función a sus propios intereses. Quienes trataron de ejercer sus funciones con dignidad, con independencia, con criterio profesional, o bien fueron forzados a renunciar a sus principios, o tuvieron que sufrir las consecuencias de su decisión, sufriendo pronto las represalias.

Se acepto como normal en el Perú que cada Ministro o parlamentario, o juez nombrado por el gobierno recite los libretos elaborados por el Servicio de Inteligencia manejado por el ex capitán del Ejército Vladimiro Montesinos. Jamás en toda la historia del Perú Republicano se había llegado a tan inmensa degradación de la función judicial o política.

La sumisión al poder de Fujimori permite por ejemplo que la señora Blanca Nélida Colán se mantenga más de seis años como soberana de la Fiscalía de la Nación, y que en lugar de defender los intereses del estado y de la sociedad peruana, haya concentrado sus esfuerzos en lavarle la cara, con el dinero de todos los peruanos, tanto a Fujimori, como a su asesor Vladimiro Montesinos, y al general golpista Nicolás Hermoza Ríos, entre otros personajes de la farándula política del Perú.

El nepotismo que caracterizo al gobierno de Fujimori se practico desvergonzadamente en todos los niveles de la administración del estado. Tanto Fujimori, como su asesor Montesinos, y cualquier funcionario o congresista de la fila del gobierno, actuaron como que si el estado peruano fuese su propiedad privada, regalando puestos de trabajo a sus hermanos, hijas, sobrinos, y otros familiares directos e indirectos en funciones de gran responsabilidad, incluidos puestos de asesores ministeriales, diplomáticos, representantes en el exterior, jefes militares, sin considerar para nada la falta de calificación o de competencia para ejercer digna y eficientemente dichos puestos.

Para consolidar sus aspiraciones de convertirse en Presidente vitalicio del Perú, Fujimori fomento la corrupción económica de la mayoría de sus cercanos colaboradores, fundando una especie de hermandad de los ladrones de corbata y terno, que obligadamente, para evitar las sanciones correspondientes por sus delitos, tendrán que oponerse, con tanta fuerza como él, a cualquier cambio de gobierno o transición democrática.

Fueron numerosos los casos de los altos funcionarios del Estado envueltos en operaciones sucias, chantaje, enriquecimiento ilícito, entre otros delitos que se practican como parte de la función que se les ha asignado.

En su aventura totalitaria el presidente Fujimori aniquiló al Tribunal Constitucional, a fin de evitar que sus aspiraciones de reelección presidencial fueran rechazadas por este órgano supremo del Poder judicial en el Perú, que se atrevió a emitir un dictamen contrario al que Fujimori y sus aliados esperaban. Enseguida Fujimori, al margen de lo que manda la Constitución, creó organismos fantasmas, carentes de sustento constitucional, («Comisiones Ejecutivas») a fin de despojarle de sus funciones y someter bajo su autoridad a los Tribunales de Justicia y a la Fiscalía de la Nación, colocando a sus amigos en los cargos de dirección. Para Fujimori el Estado de Derecho «es un discurso de los politiqueros».

Fujimori, con la complicidad de la mayoría oficialista en el Congreso anuló arbitrariamente las principales funciones asignadas al Consejo Nacional de la Magistratura (organismo que fiscaliza la conducta funcional de los jueces) y a la Academia de la Magistratura, para después poder colocar a algunos jueces ineptos y corruptos en tribunales claves, a los cuales les correspondía pronunciarse en asuntos como la reelección presidencial, el Referéndum convocado por la oposición, denuncias de corrupción, entre otros casos.