Alianzas estratégicas. Redes estratégicas y competitividad

Alianzas estratégicas. Redes estratégicas y competitividad

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OVTA (Overseas Vocational Training Association) es una organización perteneciente al Ministerio de laboral, de salud y bienestar de Japón, siendo su objetivo el de fomentar recursos humanos en las regiones del mundo. En el marco de la alianza con OVTA, el Instituto de Desarrollo Empresarial de ASIVA, dictó por tercer año consecutivo el curso en Tecnologías de la Información y Comunicación «APEC IT-Training Course», con el objetivo de nivelar la Brecha Digital entre las regiones vía desarrollo, en el marco de las regiones de APEC.
PREX y AOTS
PREX (Pacific Resource Exchange Center) es una organización proveniente de Osaka, Japón. Su misión es promover el desarrollo de recursos humanos para autoridades
gubernamentales y gerentes ejecutivos en regiones de Asia-Pacifico. A través de distintos subsidios, como es el caso de los subsidios de JICA perteneciente al ministerio de relaciones exteriores y de AOTS perteneciente al ministerio economía e industrial del gobierno de Japón, realiza los cursos y seminarios.
AOTS
(The Association for Overseas Technical Scholarship) fue creada en 1959 con el apoyo del ministerio de comercio internacional y de la industria -actualmente ministerio de la economía, comercial y de la industria: METI- como la primera organización técnica de cooperación sobre una base privada en Japón. Su objetivo principal es promover la cooperación económica internacional y realzar el desarrollo económico mutuo y relaciones amistosas entre esos países y Japón. Redes estratégicas y competitividad Para ser competitivo en la economía interconectada actual hay que acatar las reglas del sistema comercial y responder a las exigencias cada vez mayores de los mercados. Para estar a la altura de este desafío, las pequeñas empresas de los países en desarrollo deben ser eficaces, aplicar métodos innovadores y disponer de una infraestructura de apoyo dinámica.
En fin de cuentas, y a pesar de algunos reveses, la liberalización del comercio ha mejorado la situación económica de la mayoría de los países. Aunque la culminación de la actual serie de negociaciones de la OMC aportaría nuevas ventajas, en especial para los países en desarrollo, muchos países que no producen bienes ni servicios capaces de competir a nivel mundial consideran que participar en dichas negociaciones carece de sentido. En realidad, esta opinión restrictiva está cambiando, conforme aumenta el número de empresarios y otros interlocutores convencidos del interés de las negociaciones. Para no quedar marginados, los países en desarrollo deberían tener un papel más activo en las negociaciones comerciales y elevar la competitividad de sus exportaciones. En octubre de 2003, Rubens Ricupero, Secretario General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), habló con el personal del CCI sobre la contribución del Centro a la UNCTAD XI (São Paulo, Brasil, junio de 2004).
Refiriéndose al bloqueo de las negociaciones comerciales en Cancún, dijo: “Sólo los países con capacidad de oferta tienen interés en participar en las conversaciones multilaterales. ¿Qué pueden decir los que no están preparados para exportar? Los países deben impulsar la negociación de productos respecto de los cuales tienen o podrían tener ventajas comparativas. La actual serie de negociaciones de la OMC es una oportunidad para hacer comprender a los legisladores que una buena capacidad exportadora es indispensable para competir en la economía mundial”, agregó. Con respecto al comercio y el desarrollo, el Sr. Ricupero destacó tres temas transversales previstos para la UNCTAD XI, que los países pueden abordar a fin de mejorar su situación económica y social: comercio y pobreza, comercio y cuestiones de género, y comercio e industrias creativas. El CCI respalda estas prioridades, que seguirán vigentes después de la UNCTAD XI. Segunda sesión La ecología y el medio ambiente relacionado con el comercio. Comercio y Medio Ambiente Antecedentes En 1972 se realizó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano en Estocolmo, Suecia. Durante los trabajos preparatorios de la Conferencia, su Secretario General pidió a la Secretaría del GATT que elaborara un documento que contribuyera a la Conferencia. En respuesta a esa petición la Secretaría preparó un estudio titulado “Lucha contra la contaminación industrial y comercio internacional”. En reunión del Concejo del GATT celebrada en 1971 a este respecto, el Director General hizo hincapié en que la obligación de combatir la contaminación no debía dar lugar a la creación de nuevos obstáculos al comercio o a impedir la superación de los ya entonces existentes. De acuerdo con lo anterior, es que muchos de los representantes asistentes a esa reunión se manifestaron a favor de la presión de un órgano permanente que examinara las repercusiones de la lucha contra la contaminación en el comercio internacional.
Es así que en noviembre de 1971 el Consejo del GATT acordó crear el Grupo sobre Medidas Ambientales y el Comercio Internacional cuya función principal sería entre otras: “I. Examinar, previa petición, toda cuestión específicamente relacionada con los aspectos de política comercial de las medidas destinadas a luchar contra la contaminación y a proteger el medio ambiente, especialmente en lo que respecta a la aplicación de las disposiciones del Acuerdo General”. El Grupo no se convocó sino hasta 1991 a instancias de la Asociación Europea de Libre Comercio. En el marco de esta convocatoria se generó un debate alrededor de la pertinencia de que el GATT se ocupara de cuestiones ambientales de carácter general ya que se ocupaban de la materia varias otras organizaciones internacionales. El debate en torno a cómo el Acuerdo General había de abordar la relación comercio-medio ambiente también se presentó en el seno de las distintas Rondas de negociación comercial: Ronda Tokio (1973-1979) y Ronda Uruguay (1986-1994) sobre todo en las mesas referente a los obstáculo técnicos al comercio. Se hacía referencia a los problemas que podían presentarse como consecuencia de las regulaciones adoptadas por los países participantes para alcanzar objetivos ambientales. Las disposiciones comerciales contenidas en acuerdos multilaterales ambientales tales como el Protocolo de Montreal, el Convenio de Basilea y la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres atrajeron especial atención por parte del GATT y ahora constituyen un tema de la agenda del Comité sobre Comercio y Medio Ambiente en el seno de la OMC. Las opiniones manifestadas en debates formales e informales celebrados en las organizaciones promotoras de los Acuerdos Multilaterales Ambientales y en el Consejo del GATT se generalizaron en el sentido de que las medidas adoptadas por las partes contratantes en la aplicación de las disposiciones comerciales de los instrumentos ambientales multilaterales, exigen en algunos casos que las Partes discriminan a los países no signatarios de los instrumentos. Lo anterior podía justificarse con arreglo a las disposiciones del Artículo XX del Acuerdo General –Excepciones Generales-. No obstante la distinción al amparo del Artículo XX es necesario que las partes contratantes se aseguren de que las medidas por ellas tomadas en aplicación de las disposiciones comerciales de los instrumentos anteriormente mencionados cumplan las condiciones generales y específicas estipuladas en el artículo. El Artículo XX inciso b y g del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio dice lo siguiente:
“A reserva de que no se apliquen las medidas enumeradas a continuación en forma que constituyan un medio de discriminación arbitrario o injustificable entre los países en que prevalezca las mismas condiciones, o una restricción encubierta al comercio internacional, ninguna disposición del presente Acuerdo será interpretado en el sentido de impedir que toda parte contratante adopte o palique las medidas: b) necesarias para proteger la vida de las personas y de los animales o preservar los vegetales; […] g) relativas a la conservación de los recursos naturales agotables, a condición de que tales medidas se apliquen conjuntamente con restricciones a la producción o al consumo nacionales.” Teniendo en cuenta lo anterior, es relevante destacar que la reunión ministerial del GATT en abril de 1994 puede ser identificada como el inicio de una discusión abierta y consistente sobre todos aquellos asuntos relacionados con el tema comercio-medio ambiente y sus implicaciones para el sistema comercial multilateral. Reconociendo la relevancia del debate en torno a como debía la nueva organización aborda desde sus ámbitos de competencia el tema comercio-medio ambiente, la Decisión Ministerial de Marrakesh sobre Comercio y Medio Ambiente del 14 de abril de 1994, aseguró que los vínculos entre las políticas comerciales y ambientales y de desarrollo sostenible fueran tomadas en cuenta. La decisión anteriormente mencionada dispone el establecimiento del Comité sobre Comercio y Medio Ambiente (CTE, por sus siglas en inglés) de la OMC reviniendo un programa de trabajo detallado para el mismo. Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, reunido en Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992, y reafirmando la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, aprobada en Estocolmo el 16 de junio de 1972, y tratando de basarse en ella, tiene el objetivo de establecer una alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación de nuevos niveles de cooperación entre los Estados, los sectores claves de las sociedades y las personas.
Procurando alcanzar acuerdos internacionales en los que se respeten los intereses de todos y se proteja la integridad del sistema ambiental y de desarrollo mundial, Reconociendo la naturaleza integral e interdependiente de la Tierra, nuestro hogar, Proclama que: PRINCIPIO 1.- Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. PRINCIPIO 2.- De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos según sus propias políticas ambientales y de desarrollo, y la responsabilidad de velar por que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daños al medio ambiente de otros Estados o de zonas que estén fuera de los límites de la jurisdicción nacional. PRINCIPIO 3.- El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras. PRINCIPIO 4.- A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada. PRINCIPIO 5.- Todos los Estados y todas las personas deberán cooperar en la tarea esencial de erradicar la pobreza como requisito indispensable del desarrollo sostenible, a fin de reducir las disparidades en los niveles de vida y responder mejor a las necesidades de la mayoría de los pueblos del mundo. PRINCIPIO 6.- Se deberá dar especial prioridad a la situación y las necesidades especiales de los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados y los más vulnerables desde el punto de vista ambiental. En las medidas internacionales que se adopten con respecto al medio ambiente y al desarrollo también se deberían tener en cuenta los intereses y las necesidades de todos los países.
PRINCIPIO 7.- Los Estados deberán cooperar con espíritu de solidaridad mundial para conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la Tierra. En vista de que han contribuido en distinta medida a la degradación del medio ambiente mundial, los Estados tienen responsabilidades comunes pero diferenciadas. Los países desarrollados reconocen la responsabilidad que les cabe en la búsqueda internacional del desarrollo sostenible, en vista de las presiones que sus sociedades ejercen en el medio ambiente mundial y de las tecnologías y los recursos financieros de que disponen. PRINCIPIO 8.- Para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para todas las personas, los Estados deberían reducir y eliminar las modalidades de producción y consumo insostenibles y fomentar políticas demográficas apropiadas. PRINCIPIO 9.- Los Estados deberían cooperar en el fortalecimiento de su propia capacidad de lograr el desarrollo sostenible, aumentando el saber científico mediante el intercambio de conocimientos científicos y tecnológicos, e intensificando el desarrollo, la adaptación, la difusión y la transferencia de tecnologías, entre estas, tecnologías nuevas e innovadoras. PRINCIPIO 10.- El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes. PRINCIPIO 11.- Los Estados deberán promulgar leyes eficaces sobre el medio ambiente. Las normas, los objetivos de ordenación y las prioridades ambientales deberían reflejar el contexto ambiental y de desarrollo al que se aplican. Las normas aplicadas por algunos países pueden resultar inadecuadas y representar un costo social y económico injustificado para otros países, en particular los países en desarrollo.
PRINCIPIO 12.- Los Estados deberían cooperar en la promoción de un sistema económico internacional favorable y abierto que llevara al crecimiento económico y el desarrollo sostenible de todos los países, a fin de abordar en mejor forma los problemas de la degradación ambiental. Las medidas de política comercial con fines ambientales no deberían constituir un medio de discriminación arbitraria o injustificable ni una restricción velada del comercio internacional. Se debería evitar tomar medidas unilaterales para solucionar los problemas ambientales que se producen fuera de la jurisdicción del país importador. Las medidas destinadas a tratar los problemas ambientales transfronterizos o mundiales deberían, en la medida de lo posible, basarse en un consenso internacional. PRINCIPIO 13.- Los Estados deberán desarrollar la legislación nacional relativa a la responsabilidad y la indemnización respecto de las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales. Los Estados deberán cooperar asimismo de manera expedita y más decidida en la elaboración de nuevas leyes internacionales sobre responsabilidad e indemnización por los efectos adversos de los daños ambientales causados por las actividades realizadas dentro de su jurisdicción, o bajo su control, en zonas situadas fuera de su jurisdicción. PRINCIPIO 14.- Los Estados deberían cooperar efectivamente para desalentar o evitar la reubicación y la transferencia a otros Estados de cualesquiera actividades y sustancias que causen degradación ambiental grave o se consideren nocivas para la salud humana. PRINCIPIO 15.- Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. PRINCIPIO 16.- Las autoridades nacionales deberían procurar fomentar la internalización de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el criterio de que el que contamina debe, en PRINCIPIO, cargar con los costos de la contaminación, teniendo debidamente en cuenta el interés público y sin distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales.
PRINCIPIO 17.- Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el medio ambiente y que este sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente. PRINCIPIO 18 Los Estados deberán notificar inmediatamente a otros Estados de los desastres naturales u otras situaciones de emergencia que puedan producir efectos nocivos súbitos en el medio ambiente de esos Estados. La comunidad internacional deberá hacer todo lo posible por ayudar a los Estados que resulten afectados. PRINCIPIO 19.- Los Estados deberán proporcionar la información pertinente y notificar previamente y en forma oportuna a los Estados que posiblemente resulten afectados por actividades que puedan tener considerables efectos ambientales transfronterizos adversos, y deberán celebrar consultas con esos Estados en una fecha temprana y de buena fe. PRINCIPIO 20.- Las mujeres desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo. Es, por tanto, imprescindible contar con su plena participación para lograr el desarrollo sostenible. PRINCIPIO 21.- Debería movilizarse la creatividad, los ideales y el valor de los jóvenes del mundo para forjar una alianza mundial orientada a lograr el desarrollo sostenible y asegurar un mejor futuro para todos. PRINCIPIO 22.- Las poblaciones indígenas y sus comunidades, así como otras comunidades locales, desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales. Los Estados deberían reconocer y apoyar debidamente su identidad, cultura e intereses y hacer posible su participación efectiva en el logro del desarrollo sostenible. PRINCIPIO 23.- Deben protegerse el medio ambiente y los recursos naturales de los pueblos sometidos a opresión, dominación y ocupación.
PRINCIPIO 24.- La guerra es, por definición, enemiga del desarrollo sostenible. En consecuencia, los Estados deberán respetar las disposiciones de derecho internacional que protegen al medio ambiente en épocas de conflicto armado, y cooperar en su ulterior desarrollo, según sea necesario. PRINCIPIO 25.- La paz, el desarrollo y la protección del medio ambiente son interdependientes e inseparables. PRINCIPIO 26.- Los Estados deberán resolver pacíficamente todas sus controversias sobre el medio ambiente por medios que corresponda con arreglo a la Carta de las Naciones Unidas. PRINCIPIO 27.- Los Estados y las personas deberán cooperar de buena fe y con espíritu de solidaridad en la aplicación de los principios consagrados en esta Declaración y en el ulterior desarrollo del derecho internacional en la esfera del desarrollo sostenible.
Derecho del medio ambiente La ONU es pionera en la codificación y desarrollo jurídico para la protección del medio ambiente. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente administra muchos de esos tratados, entre los que mencionamos a continuación:
 Boletines informativos del GEO-4 (2007)
 Últimas acciones del Programa Ambiental del Caribe
 Protocolo de Fuentes Terrestres de Contaminación Marina (1999)
 Protocolo de Áreas de Flora y Fauna Especialmente Protegidas , SPAW (adoptado en 1990, entrada en vigor en 2000)
 Convención internacional de lucha contra la desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificación, en particular en Africa (1994)
 Acuerdos de Lusaka sobre operaciones conjuntas de represión del comercio ilícito de fauna y flora silvestres (1994; promovido por PNUMA)
 Convenio sobre la Diversidad Biológica (1992)
 Convención Marco sobre el Cambio Climático (1992)
 Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación (1989) (promovido por el PNUMA)
 Convenio de Viena sobre la capa de ozono (1985)
 Protocolo de Montreal (1987) y enmiendas: para preservar la capa de ozono de la atmósfera (promovido por el PNUMA)
 Convenio de Cartagena (adoptado en 1983, entrada en vigor en 1986)
 Protocolo de Derrames de Petróleo (adoptado en 1983, entrada en vigor en 1986)
 Programa Ambiental del Caribe y el Convenio de Cartagena (1983)
 Convención sobre la contaminación transfronteriza del aire a gran distancia («Convenio sobre la lluvia ácida) y 4 Protocolos (1979; promovidos por la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa para reducir la contaminación atmosférica en Europa y América del Norte)
 Convención sobre el Comercio Internacional de las Especies amenazadas de Fauna y Flora (1973; promovido por el PNUMA)
 Convenio sobre las marismas de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas (1972; promovido por la UNESCO)
 Convenio relativo a la protección de la herencia cultural y natural mundial (1972; promovido por la UNESCO)
 Convenio internacional sobre cooperación, preparación, y lucha contra la contaminación por hidrocarburos (1990; promovido por la Organización Marítima Internacional u OMI)
 Convenio internacional sobre prevención de la contaminación marina por los buques (1973; promovido por la OMI)
 Convenio internacional por lanzamiento de desechos (1972; promovido por la OMI) (Ver Convenios de la OMI; solo en inglés)
 Convenio internacional sobre intervención en alta mar en los casos de accidentes de contaminación de las aguas por hidrocarburos (1969; promovido por la OMI)
 Convenio internacional sobre prevención de la Contaminación de las aguas de mar por los hidrocarburos (1954; promovido por la OMI)
 Convenio de Rotterdam para la aplicación al procedimiento de consentimiento fundamentado previo a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos que son objeto de comercio internacional (1998), permite a los países importadores de esas sustancias decidir que productos químicos desean recibir y rechazar los que no estén en condiciones de manejar de forma segura. (PNUMA/FAO)

La Competitividad

Concepto de competitividad
Es difícil definir el concepto de competitividad, si bien sus consecuencias suponen una alteración constante en la estructura del comercio mundial, tanto entre países como entre sectores industriales o cuotas de empresas en cada mercado. La competitividad es una variable compleja en la que inciden un gran número de factores tanto de tipo macroeconómico como microeconómico.
Un país competitivo venderá bienes y servicios a nivel internacional y aumentará progresivamente la renta real de sus habitantes. Para ello es necesario aumentar la productividad, es decir, obtener una producción mayor con la misma cantidad de trabajo y mejorar la relación calidad/precio de los productos. También será necesario vender esa producción en el exterior mediante un marketing internacional adecuado.
El estudio de la competitividad en términos microeconómicos exige analizar el sector en el que actúa la empresa, así como su propia estrategia empresarial. Cada sector es diferente en cuanto a utilización de factores de producción, consumo de inputs, capacidad de explotación d economías de escala y de innovación tecnológicas. A todo ello hay que añadir las características particulares de cada empresa que inciden en su competitividad, tales como los recursos humanos, la capacidad financiera, los canales de distribución, la imagen de marca, etc., La competitividad en la empresa va asociada a la obtención de beneficios a largo plazo, lo que significará una mejor remuneración de los factores productivos y una participación creciente de subproductos en los mercados internacionales.

Factores de competitividad de un país
¿De qué depende la competitividad internacional de las empresas de un determinado país? En las teorías clásicas del comercio internacional se explicaban los flujos de exportación de exportación e importación por la diferente dotación de factores (trabajo y capital) de que disponían los países. No se incluían factores como la especialización de los recursos humanos, la actuación de los gobiernos o la competencia entre empresas del mismo sector. Sólo muy recientemente se han desarrollado modelos o teorías para explicar la importancia del entorno nacional e internacional en la competitividad de la empresa
El Informe e Competitividad Mundial y las aportaciones de M. Porter consideran los factores o criterios que determinan la competitividad a tener en cuenta:
• Potencial económico nacional, considera que existe una relación entre la competencia del mercado interno y la competitividad de las empresas en el contexto internacional, La riqueza de un país incide en la formación de capital y con ello en la obtención de mejoras de competitividad. Las empresas cuyos mercados locales tienen gran tamaño y un elevado poder de compra, tienen mayor facilidad para competir en el exterior.
• Internacionalización, se analiza la participación de cada país en los flujos comerciales y de inversión en el mercado internacional. Se considera que existe una relación directa entre competitividad y resultados favorables en el exterior y entre asignación de recursos más eficiente e inversión internacional
• Gobierno, una política económica del gobierno que favorezca la competencia entre empresas, establezca un marco macroeconómico y social estable y reduzca la incertidumbre contribuirá a la obtención de buenos resultados económicos de sus empresas en el exterior.
• Financiación, en este punto se consideran la calidad y amplitud de los servicios financieros a los que tienen acceso las empresas y el funcionamiento de los mercados de valores. También se incluyen los instrumentos para la cobertura de riesgos en las operaciones exteriores.
• Infraestructura, comprende tanto la dotación de recursos naturales (materias primas o energía) como los sistemas de transportes y telecomunicaciones que permitan el máximo desarrollo de las empresas.
• Dirección, se valora el grado con que las empresas son dirigidas de acuerdo con unas técnicas innovadoras y eficientes. Conjuntamente con las direcciones funcionales de marketing y finanzas, considera también la dirección de producción como un elemento relevante en la dirección estratégica.
• Ciencia y tecnología, en este punto se evalúan las capacidades de creación y divulgación de avances tecnológicos y conocimientos científicos como un elemento esencial para el desarrollo sostenido de los países.
• Capital humano, se analiza la dotación del factor trabajo, tanto en un aspecto cuantitativo (población activa, población total) como cualitativo (motivación y cualificación de la mano d obra), también se consideran las condiciones de vida de la población de acuerdo con los índices de inversión en sanidad y ocio.
El concepto de competitividad que se refleja a través de todos estos factores es el de ventajas competitivas, concepto más amplio que el de la ventaja comparativa de las teorías clásicas del comercio internacional. En el mundo actual, la competitividad se ve afectada por muchas variables, que además están sometidas a la influencia de todos los agentes económicos y sociales.

Las aportaciones de M. Porter
M. Porter en sus libros “Ventaja Competitiva y La venta competitiva de las Naciones” considera que el entorno en el que se mueve la empresa se puede definir como un núcleo competitivo que está formado no sólo por los factores productivos, sino también por un conjunto de agentes y fuerzan que operan en el mercado y que hacen que cada sector presente un perfil de competitividad distinto. Estos factores son:
• La demanda interna, cuanto más exigentes sean los consumidores y más sofisticadas sean sus necesidades, en mayor medida estarán obligadas las empresas a mejorar su oferta de productos.
• La dotación de recursos productivos y sus costos, si el país dispone de recursos esto le permitirá competir en el mercado del exterior.
• La relación entre empresas de un mismo sector (cliente-proveedor) o entre sectores diferentes también indican ventajas competitivas.
• El nivel de competencia de un sector en cada país también incide en la competitividad de las empresas. Cuando la competencia es muy fuerte las empresas tienden a mejorar, ser más creativas o especializarse como única forma de sobrevivir. Otra alternativa es salir al exterior, para aprovechar economía de escala que no pueden conseguir en su mercado debido a la elevada competencia.
• La actuación del gobierno, a través d una acertada política económica, también tiene cierto margen para mejorar la competitividad internacional de las empresas.

Entorno general: Variables de Políticas Económicas
El éxito o el fracaso de una empresa que actúa en una determinada economía puede estar condicionado por la política económica que se practique en ella. El margen de maniobra de las empresas es limitado debido a la fuerte competencia a que tienen que enfrentarse. Por ello, los directivos de las empresas tendrán que aprovechar todas las posibilidades que les ofrece el entorno económico en el que desenvuelven. En este sentido, la competitividad de una economía abierta sólo puede alterarse sustancialmente a través d medidas de política económica.
Existe un amplio marco de actuaciones de política económica a través del cual los gobiernos pueden mejorar la competitividad. Entre ellas se destacan las siguientes:
• La política monetaria y fiscal, el objetivo es crear un marco favorable a la inversión y a la formación bruta de capital que serán imprescindible para competir con éxito tanto sobre estrategias basadas en los precios, como cuando se orienta la diferenciación del producto.
• Las políticas que regulan los mercados de capital y trabajo, en el caso del capital, lo más importante es ofrecer financiación a largo plazo en buenas condiciones, proporcionar recursos financieros adecuados a las necesidades de las PYMES y fomentar la creación de sociedades de capital-riesgo que sirvan de instrumento para desarrollar proyectos y crear nuevas empresas. El mercado de trabajo se regula a través de la legislación laboral.
• La política de defensa de la competencia, el objetivo es evitar que se produzcan distorsiones en el funcionamiento de los mercados de bienes y servicios como, por ejemplo, los monopolios públicos que no tengan una justificación de bien o servicio público. Se trata de beneficiar al consumidor a través de una eficiente asignación y distribución de recursos.
• La política de inversiones públicas, incluye varios elementos, entre os que podrían distinguir la política de infraestructura (transportes comunicaciones, etc.), la política de formación técnica y la política de promoción comercial (marketing internacional)
• La política industrial y tecnológica, desde la óptica de la competitividad debe instrumentarse una política de competencia que no apoye industrias o empresas ineficaces, sino que permita que sea el propio mercado el que seleccione y establezca los criterios orientadores para la promoción industrial.

Las ventajas competitivas en la empresa
Pero la competitividad de la empresa también depende de su propia actuación en cuanto al desarrollo de sus recursos y capacidades, es decir, las variables internas. Se trata de obtener ventajas competitivas en base a estrategias de:
• Reducción de costos
• Diferenciación del producto
• De segmentación del mercado.

Normas legales del Comercio Internacional
• Decreto Ley No. 26020 Ley Orgánica de la Superintendencia Nacional de Aduanas
• Decreto Legislativo No. 1053 Ley General de Aduanas, que comprende: Sección primera, disposiciones generales, Sección segunda, sujetos de la obligación aduanera, Sección tercera, regimenes aduaneros, Sección cuarta, ingreso y salida de mercancías, Sección quinta, destinación aduanera de la mercancías, Sección sexta, régimen tributario aduanero, Sección sétima, control, agilización del levante y retiro de las mercancías, Sección octava, prenda aduanera, Sección novena, disposición de las mercancías, Sección décima, de las infracciones y sanciones y Sección undécima, procedimientos aduaneros.
• Decreto Supremo No.010-2009-EF, Reglamento de la Ley General de Aduanas
• Ley No. 29176 – Ley de Simplificación Aduanera, que tiene por finalidad la facilitación del comercio exterior, proceso que supone la armonización y simplificación de los procedimientos comerciales y aduaneros, así como de los sistemas de intercambio de información vinculados al comercio internacional.
• Ley No. 28008 Ley de los delitos aduaneros.

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