Gobierno civil.

Gobierno civil.

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De las cinco grandes audiencias, que en su mayor extensión llegó a comprender el virreinato, las de Panamá y Santiago, si bien reconocían la autoridad del virrey y apelaban a él para las necesidades de la guerra y remisión de los situados, prevalidas de la distancia se conducían con mucha independencia; las de Quito y Charcas, reconociendo en todo su superioridad, se tomaban muchas libertades; sólo la audiencia de Lima, que gozaba de suma consideración, le estaba sometida, en cuanto permitía la independencia de las funciones judiciales. Entre los eminentes magistrados de Lima hubo hombres tan entendidos como Solórzano y tan justificados como Padilla. La audiencia del Cuzco, cuya necesidad se había hecho sentir desde el siglo diecisiete, no dejó de corresponder a los fines de su erección.

 

Para las necesidades de la administración civil el territorio actual del Perú, no contando el de las montañas, estuvo divido en provincias, que en los últimos tiempos del coloniaje se distribuyeron en las ocho intendencias de Trujillo, Tarma, Lima, Huancavelica, Huamanga, Cuzco, Arequipa y Puno. A la intendencia de Trujillo pertenecieron los antiguos corregimientos de Piura, Saña o Lambayeque, Chota, Cajamarca, Chachapoyas, Lulla y Chillaos, Pataz o Cajamarquilla, Huamachuco y Trujillo; a la de Tarma, Huaylas, Conchucos, Cajatambo, Huamalíes, Huánuco, Panataguas, Tarma y Jauja; a la de Lima, el Cercado, Santa, Chancay, Canta, Huarochirí, Yauyos, Cañete e Ica; a la de Huancavelica, Tayacaja, Huancavelica, Castrovirreina y Angaraes; a la de Huamanga, Huanta, Anco, Huamanga, Vilcas Guaman o Cangallo, Andahuaylas, Lucanas y Parinacochas; a la del Cuzco, Abancay, Cuzco, Quispicanchi, Paucartambo, Calca y Lares, Chilques y Mages, Cotabamba, Tinta o Canas y Canchis, Aymaraes y Chumbivilcas; a la de Arequipa, Camaná, Arequipa, Condesuyos, Cailloma, Moquegua, Arica y Tarapacá; y a la de Puno Lampa, Puno o Paucarcolla, Chucuito, Azángaro y Carabaya. Los corregidores, cuya duración varió de tres a cinco años, eran los bajaes de las provincias y generalmente tan malos que solía tenerse por peor al último. La creación de intendentes para mejorar el gobierno sólo pudo remediar en parte abusos seculares.

 

El régimen municipal estaba siempre confiado a los cabildos, teniendo el de Lima el privilegio de no admitir corregidor. Los regidores, que compraban sus plazas a perpetuidad, nombraban de su seno o entre los demás vecinos dos alcaldes anuales, cuya elección debía ser confirmada por el virrey. En los pueblos de indios había también alcaldes, por elección popular en el nombre, y en realidad impuestos por el cura o el corregidor. Los caciques que conservaban su jurisdicción tradicional y hereditaria, la ejercían más especialmente para integrar las mitas, recaudar tributos o imponer otras exacciones. El comercio reconocía la autoridad protectora del consulado, que ayudaba también al gobierno en los grandes negocios de hacienda. La minería recibió fomento y regularidad de su tribunal especial, y en Potosí y Huancavelica hubo una organización administrativa bastante desarrollada. Había protectores de indios entre los fiscales de las audiencias y en todas las provincias sus cajas de censo tuvieron una administración especial. También había jueces particulares para la mejor distribución de las aguas, alcaldes de hermandad para la seguridad de los campos, y otros funcionarios de policía. Un oidor debía visitar el distrito cada tres años. Sea por la corte, sea por el virrey o por los tribunales se enviaban de tiempo en tiempo jueces pesquisidores. La ley había fijado las atribuciones, deberes y subordinación de las respectivas autoridades, minuciosas reglas de buen gobierno, ordenanzas de gremios, obrajes, minería y comercio, medidas suntuarias, en suma, cuanto parecía conducir a la marcha de la sociedad según los principios de paz, justicia y prosperidad.

 

Una parte de la actividad administrativa se gastaba en las prácticas de etiqueta y en las controversias de jurisdicción. El ceremonial se cuidaba con tanto más escrúpulo, cuanto que ocultaba con las fascinadoras apariencias de superioridad la debilidad real del gobierno. Las competencias de autoridad, muy frecuentes por alegatos de fuero, circunstancias locales u otras causas se revestían de gran trascendencia cuando ocurrían entre el virrey y la audiencia; porque se temía la colisión aparente entre el ejercicio de la soberanía reservado al representante del Rey y la independencia reconocida en los tribunales.

 

El mayor escollo de la buena administración era la corrupción de los empleados, que por la distancia del poder central, la escasa influencia de la opinión pública, sus ningunas raíces en los pueblos y la confianza en la impunidad llegaba a veces a un grado espantoso. Representando el empleo más a menudo un favor o un precio, que la recompensa del mérito, se ejercía principalmente con el designio de improvisar una fortuna sin detenerse en los medios. La vara de la justicia se transformaba en vara de comerciante; se buscaban expedientes para paliar las iniquidades, torciendo con más o menos habilidad el curso de las causas; los pleitos se hacían interminables, especialmente si los asuntos eran de tal cuantía, que pudiese apelarse al Consejo de Indias; la protección acordada a los indígenas por multiplicadas leyes y recomendada constantemente por los Soberanos venía a ser tan ilusoria que en el dictamen de hombres muy justificados lo mejor que podía hacer el gobierno era no ocuparse de ellos.

 

Con la opresión de los indios contrastaba la licencia de los blancos, cuya obediencia a la ley se medía por su voluntad en las provincias no muy remotas, y que formando cierta aristocracia de color reproducían el desorden de los tiempos feudales.

 

Para las razas mezcladas que tenían una posición excepcional bajo el nombre de castas o gente de medio pelo, existía la alternativa frecuente de oprimir o ser oprimidos; produciendo los estragos del rayo entre los desvalidos indios, siendo objeto de escándalo por sus demasías en las grandes poblaciones e inspirando serios recelos al gobierno por su espíritu osado, solían asegurar la impunidad de sus excesos, ya en el desamparo de los lugares, ya en los sagrados que les ofrecían el clero y la nobleza; mas otras veces, sin que fuesen muy culpables, salían al presidio de Valdivia, a la extracción de piedras en la isla de San Lorenzo, que por su destino se llamaba la galera, u a otros trabajos forzados.

 

Las más sentidas quejas contra el gobierno de los virreyes eran por haber defraudado a los beneméritos del país del premio, que la naturaleza y las leyes parecían asegurarle; la venalidad o el favoritismo distribuían el mayor número de empleos y gracias; aunque sea en el virreinato, sea en otros dominios españoles brillaron muchos peruanos en altos puestos, eran tantas y tan elevadas las aspiraciones que nunca la autoridad podía aparecer justificada en la distribución de las recompensas. La empleo manía fue desde muy antiguo una verdadera plaga; ocasión hubo en que los pretendientes se contaron por millares, y pasaron de dos mil las cédulas para la expectativa de premios. Mientras el trabajo no obtuviese la debida estimación y escasearan las posiciones apetecibles, no había para los desheredados de la fortuna otra perspectiva que pretender o vivir a expensas de la caridad pública y privada.

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